Por lo visto -y para ellos- sí.

El tema, por años, ha estado dando vuelta, pero todo explotó hace unos días con la revelación de PRISM, el proyecto secreto estadounidense que tiene la misión de investigar globalmente la Internet y en mayor alcance otros medios de comunicación, como la telefonía. Ojo, con “investigar” no me refiero a prestar ayuda en algo puntual como un sondeo policial, más bien, donde sin ningún tipo de orden judicial y por abajo de la mesa se solicitaba información respecto a tópicos conflictivos para el gobierno o directamente saber cómo se desenvuelve -en línea- una persona en específico.

PRISM fue contado por los periódicos “The Washington Post” y “The Guardian” con datos concedidos gracias a Edward Snowden, un ex-consultor y empleado en tecnologías para la CIA y la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos). Posterior al destape de este proyecto, Snowden se convirtió en un prófugo de la justicia norteamericana, siendo buscado desde China, pasando por Rusia y terminando en países latinoamericanos como Ecuador y Venezuela, donde busca asilo político.

Por ahora dejemos la búsqueda de Edward en un segundo plano. Lo que sigue es desglosar si todo esto es justificable. Además de dejar en claro nada de esto es algo nuevo. Veamos por ejemplo a “NetTraveler”, un paquete de programas maliciosos que desde el año 2004 está orientado a espiar gobiernos, centros de investigación, activistas y militares. Este se propaga por archivos adjuntos en correos -u otras formas de envío- el cual con palabras claves pretendía seducir a quien lo abriera y así instalar un programa que en trasfondo enviaba documentos de word, pdf, excel, entre otros.

Ahora miremos a Australia. ¿Qué pasó? Hoy el gobierno de dicho país, anunció la intención de remover una ley que obligaba a las empresas de telecomunicaciones el conservar por dos años los datos de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los clientes. Con eso, las autoridades, tenían fácil acceso a los datos privados de los ciudadanos.

Wp-Priva-450El fondo de la cuestión, es que los propios diputados se dieron cuenta de que todo este proceso es un peligro (así tal cual) para la privacidad de los habitantes y por sobre todo, condena el secretismo de cómo debería operar un Gobierno. Bien, ¿ah?

¿Y en nuestro querido país? Aquí estamos, en buen chileno, “a medio morir saltando”. Si bien han existido procesos judiciales donde se ha solicitado información a empresas de tecnología como Facebook o Twitter, nuestro país se está enfrentando -muy próximamente- en un tratado donde pondremos sí o sí en peligro la privacidad de todos online. El famoso Trans Pacific Partnership (TPP) pondrá en jaque nuestra libertad de cómo usamos Internet. Esto le dará el poder a Estados Unidos en cerrar Webs o clausurar el acceso a contenidos que simplemente este Gobierno encuentre en contra a lo que ellos consideren bueno o malo o directamente en contra el Copyright en software, música, cine o cualquier otra cosa que entre en los derechos de copia. Cuestión que es muy distinta a lo que nosotros utilizamos como “derechos de autor”.

Este convenio no solo le da poder al Gobierno norteamericano, sino además a las empresas que buscan controlar cada día más las distintas industrias y las personas que las consumen. Prácticamente todos los procesos en línea que sean considerados “malos”, serán tomados como acción de alguna entidad norteamericana y no por un debido proceso judicial. Estamos en pleno proceso de aprobación del TPP, el cual se ve -cada día- más desdeñado por nuestros problemas internos. Infórmese.

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