Después del intenso viaje que el Papa Francisco realizó a Birmania y Bangladesh a finales de 2017, en mitad de la crisis humanitaria sufrida por la minoría rohingya, la visita oficial con la que el pontífice argentino tenía previsto recorrer Chile y Perú fue presentada como un camino de rosas. Nada más lejos de la realidad. El escándalo por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos dentro de la Iglesia Católica chilena ha empañado las celebraciones de los cinco años de pontificado de Francisco. El Papa ha entonado el ‘mea culpa’ y en los próximos días recibirá en persona a las víctimas en el Vaticano.

Hace tan sólo unas semanas el Papa Francisco escribió personalmente una carta dirigida a los obispos chilenos en los que por primera vez admitía haber cometido un error al menospreciar las denuncias contra el sacerdote Karadima, declarado culpable en 2011 de haber cometido abusos a menores en la década de los ochenta, y contra el obispo de Osorno, Juan Barros, al que las víctimas apuntan como encubridor de los delitos cometidos por el sacerdote. No era la primera vez que Francisco pedía perdón por los abusos contra menores dentro de la Iglesia. Ni siquiera era la primera vez que lo hacía en Chile. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, las víctimas tenían nombres y apellidos.

Al cierre de esta edición, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo eran recibidos personalmente por Francisco en el Vaticano para conocerse y escucharse.

“Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente”, escribió el Papa en la extensa carta dirigida a los obispos chilenos, a los que convocó al Vaticano para una reunión para mediados de mayo. “He pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas”, añadió.

Con este mensaje Francisco intentó enmendar el error que cometió tras su defensa de Barros durante su visita a Chile. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, hablaré. No hay una sola prueba en su contra. Son todo calumnias”, sentenció entonces. El apoyo de Francisco al obispo fue más allá de las palabras. Barros estuvo presente en todos los actos oficiales, a pesar de las protestas de las víctimas y de parte del clero chileno que exigen que el obispo sea apartado de su diócesis.

La encarnizada defensa de Francisco fue recibida con indignación por las víctimas del sacerdote Karadima, que consideran a Barros cómplice de los abusos. Los ecos de las denuncias retumbaron incluso en el Vaticano. El cardenal de Boston, Sean O’Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la tutela de los menores, uno de los máximos responsables en el Vaticano en la lucha contra la pederastia, y muy cercano a Jorge Mario Bergoglio —es miembro del C9, el consejo de cardenales elegido por el Papa para la reforma de la curia—, aseguró que “expresiones que llevan el mensaje según el cual si no puedes demostrar tus acusaciones, no puedes ser creído, hacen sentir abandonadas a las personas que han sufrido reprobables violaciones criminales de su dignidad y relegan a las víctimas a un exilio de descrédito”.

Bergoglio, consciente de su metedura de pata, dio un paso atrás. Abrió una investigación para esclarecer la presunta responsabilidad del obispo en el caso Karadima y envió a Chile al mayor experto vaticano en investigaciones canónicas sobre abusos de clérigos contra menores, monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta y responsable de investigar al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Después de dos semanas en Chile y Nueva York, en las que Scicluna se entrevistó con 64 personas, el informe de 2.300 páginas que entregó fue demoledor.

La reacción de Francisco no se hizo esperar. “Tras una lectura pausada de las actas —escribió en la carta dirigida a los obispos chilenos— creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza”. Francisco aseguró que había sido víctima de “falta de información veraz y equilibrada”.

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A LA SOMBRA DE LOS ABUSOS

La elección en marzo de 2013 del Papa Francisco como máximo jerarca de la Iglesia Católica provocó un terremoto dentro y fuera de los muros vaticanos. Pero el proceso de reforma emprendido por el argentino y la anunciada política de ‘tolerancia cero’ frente a la pederastia se están encontrando con una fuerte oposición que impide que, cinco años después, los avances se materialicen. Las denuncias por abusos sexuales dentro de la Iglesia no cesan. En 2014 el Vaticano informó que durante los últimos diez años, alrededor de 900 sacerdotes habían sido expulsados. Según el periodista italiano Emiliano Fitipaldi, autor del libro Lujuria, donde revela presuntos escándalos sexuales de la Santa Sede, sólo durante los tres primeros años del pontificado de Francisco, la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió alrededor de 1.200 denuncias por abusos sexuales.

Consciente de la gravedad del problema, ese mismo año Francisco creó la comisión para la tutela de los menores, de la que formaban parte algunas víctimas de abusos sexuales, como la irlandesa Marie Collins. Pero hace justo un año Collins decidió presentar su renuncia y acusó a algunos miembros de la curia vaticana de entorpecer el trabajo de la comisión. “La falta de cooperación, particularmente desde los dicasterios que se ocupan más estrechamente de los casos de abusos, ha sido vergonzosa”, denunció Collins en un comunicado apuntando indirectamente al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Müller. El pasado mes de julio Francisco no renovó a Müller, un hecho insólito aunque esperado en el Vaticano, y en su lugar nombró al jesuita español Luis Francisco Ladaria Ferrer. La noticia se produjo sólo unos días antes de que un informe del Obispado de Regensburg, en Alemania, denunciara que unos 500 niños de la escuela del coro de la catedral de Ratisbona fueron maltratados físicamente y sufrieron abusos sexuales entre 1945 y 1990. El documento aseguraba que el entonces responsable de la diócesis, el obispo Gerhard Müller, ignoró deliberadamente las denuncias de las víctimas.

Francesco Zanardi, presidente de la asociación ABUSO, la más importante organización italiana de víctimas de abusos sexuales, sostiene que si el Papa “quisiera de verdad provocar un punto de inflexión, podría hacerlo obligando a los obispos a denunciar estos casos ante la justicia ordinaria. Desgraciadamente esto no ocurre. En la mayor parte de los casos se llevan a cabo procesos canónicos donde la víctima no tiene derecho ni siquiera a presentar a su abogado. Una violación evidente de la convención de derechos de la infancia”.

Sin tiempo para reaccionar, Bergoglio se enteró en julio pasado de la imputación por pederastia del cardenal George Pell, su brazo derecho en las finanzas vaticanas y uno de los pilares fundamentales de su reforma económica. Pell está acusado en Australia de haber abusado de menores entre 1976 y 1980 y más tarde, de haber ocultado otros casos cuando era arzobispo de Melbourne. En una decisión insólita, el Papa concedió a su ‘ministro’ de Economía una excedencia para que pudiera viajar a su país a defenderse ante la justicia.

“La imputación al cardenal Pell marca un antes y un después de este pontificado”, asegura Fitipaldi, porque el cardenal fue elegido “personalmente” por Francisco, a pesar de las sospechas que existían sobre él. Al igual que en el caso del obispo Barros, “Bergoglio lo ha defendido en estos años de todas las maneras posibles y ahora una de sus principales batallas, como es la lucha contra la pederastia dentro de la Iglesia, corre el riesgo de ser debilitada”.