Mauricio Weibel (47) trabaja afanosamente en un libro —que entregará en octubre próximo— sobre el Caso Pacogate. Sus credenciales no son menores; él destapó el Caso Milicogate. Ahora busca la hebra del entramado ocurrido en Carabineros donde se perdieron 22.500 millones de pesos.

En esta entrevista habla de cómo la evidencia judicial muestra que los bancos chilenos dejaron de reportar cientos de operaciones sospechosas entre 2011 y 2015 por la llamada “Mafia de la Intendencia”, la red de Carabineros investigada por desviar masivos fondos desde esa institución a las arcas personales de, hasta ahora, más de 70 personas que están siendo investigadas. Weibel apunta al papel de la inteligencia militar y policial en el Milicogate y el Pacogate. Tanto el Dine como la Dipolcar investigaron los ilícitos en 2011. Y en los dos cerraron las pesquisas sin destapar la corrupción.

En Carabineros, por cierto, las miradas apuntan al general director, Bruno Villalobos, quien entonces era jefe de la Dipolcar. En esa ocasión, se pidió un informe de los hechos al hoy formalizado general (r) Flavio Echeverría, el que luego fue enviado al fiscal José Morales, quien archivó la investigación. El Ministerio Público indaga ahora cómo se abortó la investigación de aquella primera alerta sobre el desfalco.

—¿Cómo se involucró en el Caso del Milicogate y ahora en un libro del Pacogate?

—Es una casualidad. A fines del año 2014, el abogado Cristián Cruz me comentó sobre un pequeño desfalco que se estaba investigando en la justicia militar sobre la Ley Reservada del Cobre. Tuve la intuición de que podía ser más grande. Creo que en el Milicogate facilitó que por meses ningún otro medio se involucró en el tema, entonces en The Clinic tomamos la decisión de contar la historia como si fuera una novela por capítulos. Así surgió la idea de hacer un libro sobre el tema con Penguin Random House.

“Es seguir el estilo de Traición a la patria, el libro sobre Milicogate que trata de la historia de los personajes: ¿qué sucedió?, ¿por qué se involucraron? Me interesa el desmadre que hay detrás. Porque finalmente no son sólo cifras. Hoy el Ministerio Público dice que hay 22.500 millones de pesos perdidos en Carabineros, cifra que reconoce la misma institución. En la acusación se habla de que un solo oficial recibió, bajo cuerda, 900 millones de pesos. Es interesante saber qué pasó en Carabineros, donde hasta ahora hay 70 personas aparentemente involucradas y nadie fue capaz de controlar eso por años”.

—¿Por qué ningún mecanismo de control detectó el desfalco?

—Fíjate que hay algunas similitudes con el Milicogate, incluso en fechas. En el Ejército, el 2011 hay una primera alerta de fraude y se desecha. Ese mismo año, está el primer aviso en el Pacogate y, curiosamente también se desecha. En el caso del Pacogate hubo 34 fiscalizaciones de la Contraloría, en el período 2012-2016, y ninguna fue capaz de detectar la situación. Hoy día estos supuestos ilícitos están prescritos administrativamente, que es distinto a lo penal, entonces uno se pregunta, cómo es que nadie hizo una ley más estricta, para que esto no prescribiera tan rápidamente.

—¿Qué otras fallas ha detectado?

—En de los equipos de inteligencia de Carabineros. Si hay personas que manejan miles de millones de dólares en Carabineros, lo mínimo es tomar resguardos, no sólo por un tema de probidad, sino porque la inteligencia policial debiera controlar qué pasa con el patrimonio de los altos oficiales. La investigación ha demostrado que hay decenas de sociedades constituidas por las personas involucradas en este caso. En el Milicogate ocurre lo mismo, la inteligencia en ningún momento fiscalizó qué pasaba con el patrimonio de quienes tenían a su cargo las compras de armas del país. Imagínate que esa gente hubiera sido pagada por una nación extranjera, para saber qué armamento compraba Chile. No es sólo un tema de corrupción, es también un tema institucional más amplio. Además hubo muchas alertas de oficiales que estaban molestos con esta situación, y esas denuncias se taparon. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿cómo nadie tomó en serio esas denuncias? Eso es muy grave porque estamos hablando que sólo entre el Ejército y Carabineros, se han pérdido cerca de 28 mil millones de pesos. Eso es 12 veces el aporte excepcional al Sename.

—Cuando habla de la prescripción administrativa, ¿qué quiere decir?

—En el caso de la policía estos delitos, desde el punto de vista administrativo, prescriben a los seis meses. Es una excepción de la policía. Lo explicó el contralor Jorge Bermúdez frente al Congreso y solicitó una revisión. Ya que para el resto de los funcionarios públicos son cuatro años.

—¿No tendrían sanción en Carabineros?

—No es posible que la Contraloría les abra un juicio de cuentas para que devuelvan el dinero.

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—¿A quiénes les atribuye una responsabilidad en el caso del Pacogate y Milicogate?

—Hay responsabilidad general del poder político. Hoy la Comandancia en Jefe del Ejército dispone de gastos reservados que fluctúan entre los 2.000 y 2.500 millones de pesos al año, dependiendo del cambio porque una parte es en dólares. Y los usuarios sólo están obligados a emitir un certificado anual que debe decir: “esto se invirtió bien”. No es necesario el respaldo de una factura. ¿Por qué se le entrega a un funcionario público 2.500 millones de pesos sin ningún tipo de control? Este es un problema grave de diseño de políticas públicas. Solamente durante su periodo cualquier comandante en jefe dispone de una suma de hasta 10 mil millones de pesos para gastar a su antojo. Es poner una tentación innecesaria frente a un funcionario público que tiene un sueldo de 3 millones de pesos. El Caso Pacogate estalló cuando un banco detectó un depósito extraño. “Lo curioso es que durante mucho tiempo hubo depósitos ‘raros’, pero ningún ejecutivo se dio cuenta. Ahí uno se pregunta: ¿estaban involucrados los ejecutivos de los bancos en esta red?”, señala Weibel.

—Ultimamente han aparecido civiles involucrados.

—Es una red que tenía la costumbre de corromper. Ya hay más de 70 personas formalizadas, ¡y nadie se dio cuenta! Una anécdota, cuando me llegó el informe del cabo Cruz, quien había apostado más de 2.400 millones de pesos en el casino Monticello, en el equipo pensamos que se habían equivocado, porque gastar 2.400 millones de pesos apostando es algo totalmente fuera del rango. Entonces no publicamos la historia. Pero un segundo informe ratificó la cifra y después tuvimos la declaración del propio Cruz. Hubo algunas alertas que llegaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero el organismo está compuesto por una decena de personas incapaces de procesar esos datos, imagínate que solo en el Casino Monticello hay unas 2.000 personas que apuestan más de 150 millones de pesos al año. También en ambos casos falló la Contraloría. Y la explicación del contralor fue que era muy difícil fiscalizar ese entramado de rendición de cuentas de honorarios.

—¿Por qué no se fiscalizó de forma más exhaustiva a Carabineros?

—Quizá había una impresión de que no era bueno meterse en esos temas. Hubo alertas de corrupción dadas por generales y oficiales de distinto rango. Creo que a la luz de los acontecimientos una medida sensata sería que todas las líneas de recursos no sean supervisadas por militares para evitar que un cabo reciba una orden impropia de un general.

—En este sentido, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos dice que firmaba, pero que no sabía nada de temas contables, ¿qué responsabilidad tiene y cuánto daño le hace a la institución que permanezca en el cargo?

—Si él no está involucrado es la mejor opción que tiene el gobierno para tratar de limpiar esto. Si él estuviera implicado sería un gran error tenerlo ahí. Además es una situación compleja para las autoridades porque por lo menos un tercio del alto mando pasó por el área de intendencia que está cuestionada.

—Carabineros era la institución que más credibilidad tenía en la opinión pública, ¿cómo se ha visto afectada?

—Debe ser una situación muy desagradable para el carabinero de a pie y para los que viven con su salario. Es ingrato moral y humanamente.

—Cuando partió el caso la cifra que se manejaba era de 11 mil millones, hoy va en 22 mil millones. ¿Espera que aumenten los montos ahora que hay más involucrados?

—Es una probabilidad alta, además se está investigando un periodo, pero esto ocurrió por mucho más tiempo. Estamos hablando de cantidades siderales de dinero, y es en sólo dos casos de corrupción como el Pacogate y el Milicogate. Esto sin duda va a destapar otra serie de situaciones, porque finalmente los que caigan van a terminar hablando. Por eso que nadie se extrañe si siguen saltando nuevos casos y aristas.

—El contralor Jorge Bermúdez dijo que había una debilidad orgánica. ¿En el tema del Pacogate y del Milicogate cuál sería el grado de responsabilidad de fiscalización?

—El mando no se delega. La primera incumbencia es de los jefes de Carabineros y del Ejército. Una segunda la tiene Contraloría. Y una tremenda responsabilidad el poder político.

—¿Cuál es la diferencia entre los casos?

—La gran disimilitud es que Carabineros dio de baja a toda la gente que estuvo involucrada. En el Ejército esto no ocurrió. Por otro lado, en Carabineros el oficial de más alto rango, que es Echeverría confesó, mientras que en el Ejército nadie reconoció nada.

—Parece increíble que la Dipolcar, a cargo del general Villalobos, haya cerrado la investigación el 2011.

—La Dipolcar en el caso de Carabineros y la Dine en el caso del Ejército, investigan y cierran. En el tema de Dipolcar, es un hecho que Villalobos tiene algo que explicar.