La playa Mansa, a la entrada de Punta del Este, está repleta. En el principal balneario de Uruguay el termómetro marca 27 grados, pero la sensación térmica supera hace rato los 35. Cerca de la parada 25, una familia disfruta en la arena. Dos niños de no más de siete años hacen castillos en la orilla, muy cerca del quitasol donde sus padres beben mate. De pronto, dos jóvenes de no más de 20 años se sientan a unos tres metros de distancia de los niños, acomodan sus reposeras  y enciende un cigarrillo de marihuana. El olor alerta de inmediato a la madre que camina hacia los recién llegados y amablemente les pide que se retiren a fumar a otro lugar. “Chicos por favor tengan respeto por los niños. Aquí no”. La pareja  le responde con un “no estamos haciendo nada ilegal” y no hace ni el más mínimo intento de moverse. Entonces, se acerca el padre de los menores y pone el dedo índice en su sien, se saca los anteojos y sólo les dice: “Sentido común nada más les pido. Sentido común”, repite.

Para Nicolás Vargas que vende bebidas en el sector, escenas como ésta son pan de cada día. “Casi nunca son de acá. La mayoría son argentinos que son los que más se desubican”, dice, mientras se acomoda la visera. De sus sesenta y cuatro años, más de la mitad los ha pasado trabajando en el mismo lugar y asegura que en este verano más de una veintena de turistas le han preguntado donde conseguir cannabis, ofreciéndole incluso una buena propina por la gestión. “Piensan que vienen a Holanda. No entienden nada”, reclama, entre molesto y resignado, antes de seguir su camino.

Hace dos meses que el Parlamento charrúa aprobó la ley que legaliza la marihuana con un modelo único en el mundo que ubica al Estado no sólo como fiscalizador o regulador sino que además como encargado de la producción, distribución y venta. A los adultos se les permite cultivar hasta seis plantas; las cooperativas pueden proveer la sustancia para un número limitado de miembros; y las farmacias podrán vender un máximo de 40 gramos al mes a quienes se hayan inscrito en un registro nacional. Las ventas a menores de edad, conducir bajo la influencia del sicoactivo y cualquier publicidad quedan estrictamente prohibidas.

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Esto, más el matrimonio igualitario fueron más que suficientes para que la prestigiosa revista The Economist, eligiera a Uruguay como el país del año. Sin escatimar elogios, la publicación lo definió como “modesto, audaz, liberal y amante de la diversión” y aplaudió que “iniciara reformas que abren camino y que no sólo significan una mejora para una nación, sino que buscan beneficiar a todo el mundo. Ha aumentado la suma global de la felicidad humana, sin costo financiero alguno”.

Al ingeniero en sistemas Juan Vaz (46 años, casado, tres hijos) los elogios del exterior no lo sorprenden. Como tampoco lo sorprendió en el pasado “el aprovechamiento de los políticos”. Lo conoció de cerca cuando pasó de ser un consumidor más a un auténtico baluarte del activismo. En 2005 junto a otros autocultivadores dio vida a un foro de internet inspirado en una plataforma nacida en Chile, Amigos del Cannabis. “Queríamos visibilizarnos, romper el estigma de que éramos unos faloperos. Dos años después, junto a otras organizaciones sociales, logramos reunir a más de ocho mil personas en la manifestación más concurrida desde el fin de la dictadura”.

“Recién ahí la clase política empezó a abrir los ojos. Algunos piensan que fue Mujica quien se puso los pantalones y legalizó la marihuana, pero ese era un proceso que se había iniciado mucho antes”, cuenta desde su oficina en el barrio de Ciudadela, en el casco histórico de la capital.

En 2007, vivió el momento más complicado en su lucha por la liberalización. Una vecina de su chacra ubicada en la zona de Canelones lo denunció tras sostener una discusión con su mujer. A los pocos días, dos camionetas y una docena de policías irrumpieron en su casa con una “ violencia inusitada”. “Parecía que venían a buscar a Bin Laden”, recuerda. Los efectivos policiales le incautaron 40 plantas, de las cuales la mitad eran gajos de otras plantas, más conocidos como “esquejes” y las otras eran macho que no tienen sustancia sicoactiva pero son útiles para producir semillas.

La primera parte de la condena consistió en un mes de desintoxicación en un pabellón siquiátrico que “pasé como si fuera un expedicionario viviendo una aventura. Al igual que los diez meses de cárcel”. Su delito era haber infringido el artículo 30 de la ley 17.016 que “establece penas de 20 meses a 10 años al que sin autorización legal produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias capaces de producir dependencia psíquica o física”. Pero, como el consumo es legal desde 1974, Vaz salió de prisión convencido de que había alguna manera de rebatir los cargos y fue así como elaboró una tesis que planteaba que “como usuario abastecido era el más legal de los usuarios”. A los 11 meses la Corte Suprema le dio la razón.

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Hoy, Vaz es una de las voces que el gobierno del Frente Amplio escucha. “El mayor problema está en empezar desde cero porque no tenemos la matriz productiva ni reglamentación. Pero la sensación que uno tiene es como cuando estás frente a una cuesta empinada. Uno sabe que va a llegar pero también sabe que va a costar”.

Cómo hacer cuadrar todas las piezas del puzzle es la tarea de un equipo de treinta personas pertenecientes a los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud Pública, Ganadería, Agricultura y Pesca. Ellos han pasado todo el verano discutiendo el complejo sistema de licencias. Y es que hay permisos para la producción, el autocultivo, el funcionamiento de clubes, la venta en farmacias y también para elaborar insumos para la producción farmacéutica y medicamentos oncológicos que se fabrican en base al cannabis.

“El límite para tener la reglamentación es abril. Antes hay que avanzar en la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca)”, explica, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada. Considerado uno de los ideólogos de la nueva normativa, agrega que otros aspectos que están evaluando tienen que ver con la puesta en marcha, cuál será la variedad de cannabis que podrá venderse al público en los comercios habilitados, quién custodiará la producción, de qué manera se otorgarán las licencias para cultivar y comercializar.

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Siguiendo con este punto, aclara que “hay más interesados que las licencias que vamos a otorgar. Pero antes de junio no va a haber nada; hay licitaciones, llamados a precios, después quienes obtengan las licencias tendrán que montar su infraestructura y eso lleva tiempo”.

Dedicado a investigar el consumo de drogas en Uruguay y la violencia asociada al narcotráfico desde 2011, Calzada sostiene que las cifras hablan por sí solas. “Hay un aumento inédito de la criminalidad asociado con fenómenos como el sicariato y los ajustes de cuentas. En dos años, la tasa de muertes violentas por drogas aumentó en un 30 por ciento. Mientras en 2010 era de cinco por cada 100.000 habitantes, en 2012 se disparó a siete. Por eso, el objetivo principal de la nueva legislación es revertir esos números”.

Asimismo, es enfático en señalar que el país no se convertirá en la Holanda de Latinoamérica. “Para eso, está el registro de consumidores, que cobija solo a los uruguayos y a los residentes legales. Tenemos que vigilar muy bien, por ejemplo, los mecanismos de control para evitar que los productores y consumidores usen excedentes para comercializar en el mercado negro, o que la marihuana legal termine en países fronterizos como Argentina o Brasil. Pero aun con todos los talones de Aquiles que tiene la nueva normativa, estamos convencidos de que no generará más daño que el modelo vigente”.

Sin embargo, las encuestas hablan que más del cincuenta por ciento del país se opone a la nueva normativa. El senador y pre candidato presidencial del Partido Nacional Jorge Larrañaga la definió como “un salto al vacío” que está destinado al fracaso e incluso aseguró que de ser electo una de sus primeras medidas sería intentar derogarla por todos los medios posibles.

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Según las cifras oficiales, el negocio de la droga no sólo mueve cerca de 40 millones de dólares al año sino además alimenta otras actividades ilegales, como el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción. ¿Puede una nueva disposición dar un golpe de timón en la lucha contra el narcotráfico? Sólo el tiempo lo dirá. En eso, Pepe, como le dicen sus seguidores al Jefe de Estado, fue brutalmente honesto el día que el Congreso le dio el vamos al proyecto. “Espero que se dé un aprendizaje colectivo que (los otros países) nos den una mano y que aprendamos entre todos. Este es un experimento sociopolítico que no sólo busca combatir el narcotráfico sino además ayudar de manera efectiva en las áreas de prevención y rehabilitación”.