María Teresa Johns se sienta en la esquina de un sofá. Lleva un bonito vestido rojo, fue a la peluquería, su perfume invade el lugar. Pero su mirada sigue siendo triste. Son 18 años, casi dos décadas desde que desapareció Coke, su hijo menor, la madrugada del 19 de noviembre de 1999.

Esa noche el estudiante de Ingeniería Forestal fue a la discotheque La Cucaracha, en Talcahuano, y nunca más volvió. Desde entonces María Teresa ha dedicado su vida a buscar la verdad y, como lo refleja en esta entrevista, se convirtió en el motor de la investigación a lo largo de todo este tiempo.

Por eso, la decisión de la jueza Carola Rivas de dar por agotada la causa y decretar su cierre definitivo, el jueves 19 de abril, la dejó perpleja. La misma magistrada que hace unos meses anunciaba un vuelco en la investigación, ahora decretaba su fin.

¿Cómo se explica?

De acuerdo a los antecedentes reunidos por Rivas en los tres años en que estuvo al frente del caso, Coke habría sido víctima de una red de hombres de altísimo poder e influencia que actuaban colocando drogas en los tragos de jóvenes para luego —aprovechándose de su estado— abusarlos sexualmente. La jueza llegó a esta conclusión al retomar la que en su momento fue la primera línea investigativa del caso, iniciada a días de la desaparición de Matute. Esta vez la tesis se vio reforzada con el hallazgo (2014)de pentobarbital en los restos óseos del joven.

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Fue el comisario de la Brigada de Homicidios de Antofagasta Herwin Rojas (parte del equipo investigador de la PDI en Concepción en 1999), quien relató a Rivas que en octubre de ese año, en su calidad de inspector del equipo de Héctor Arenas, indagó la posible administración de droga a jóvenes clientes de La Cucaracha. Para ello creó la carpeta que caratuló “hoja de parra”, nombre que asignó a la presunta droga. En ella se incluía el relato de un testigo protegido que, con fecha 2 de diciembre de 1999 (sólo 12 días después de la desaparición de Matute), señaló: “Personas maduras con recursos y homosexualidad oculta acostumbran echar droga a los tragos para agarrarse a un joven con fines sexuales”. Pero su superior, Héctor Arenas, se negó a investigar esa arista y ordenó guardar el archivo.

Al tanto de estos datos y alertada por el coincidente hallazgo de restos químicos en el cuerpo de Matute, Rivas ordenó buscar la carpeta en la bodega de la PDI, marcando con ello el vuelco en el caso, en el que continuó trabajando en estricto secreto de sumario durante 2017.

La información sólo se dio a conocer públicamente el pasado 28 de marzo, cuando la magistrada citó a la familia y sus abogados a una reunión en la Corte de Concepción donde les entregó el expediente de seis tomos y casi 3.000 fojas. Por primera vez los abogados pudieron acceder al sumario, paso crucial para exigir diligencias. Sin embargo, no transcurrió ni un mes cuando la jueza —19 de abril—decretó el cierre definitivo de la investigación, dejando a los abogados en medio de la solicitud de una serie de peritajes, varias interrogantes e interminables y fojas aún sin leer.

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Alex Matute expresa su extrañeza: “La ministra Rivas apareció en todas partes hablando y casi no nos dejó tiempo para estudiar el expediente. Se adelantó y se equivocó al decir que la investigación está agotada. Está cometiendo un grave error procesal”.

La ministra fundamentó su decisión señalando que, “después de 18 años de ocurridos los hechos, retomar y encontrar información útil es evidentemente dificultoso, sumado al fallecimiento de varias personas que aparecen como sospechosas. La hipótesis planteada tenía posibilidades de ser agotada hace 18 años, cuando un testigo relató a 10 días de haber desaparecido Jorge Matute Johns, en forma coincidente con el hallazgo del fármaco en sus restos 15 años después”, dijo dando cuenta del que tal vez sea uno de los fracasos investigativos más grande de nuestra historia.

“Quedé tan mal”, dice ahora María Teresa. “La ministra siempre me dijo que el caso iba bien, que tenía claro de dónde había salido el medicamento; pensé que también sabía quién o quiénes lo habían suministrado a mi hijo”.

Después de cuatro jueces y las más diversas teorías, la verdad del Caso Matute seguirá siendo una interrogante. “Para mí que nunca se va a saber qué fue lo que pasó”, dice Alex Matute, quien el año de la desaparición de su hermano estudiaba Leyes. “Muchos piensan que seguí la carrera para defender la causa, aunque por supuesto esto ha sido de gran ayuda para mi familia”.

Mucho antes Alex quería ser cineasta. Sus padres le regalaron una cámara y era precisamente Coke, así como las distintas escenas familiares, el foco de su trabajo. Sin saberlo, los videos fueron parte del registro con que la familia intentó encontrar a Coke y que quedaron en el recuerdo de toda una generación. “Coke es el primer caso de un desaparecido en tiempos de democracia, pero a diferencia de lo que cree mi madre, pienso que nunca se sabrá lo que realmente pasó. Ella en cambio, nunca renunciará a la verdad. Ahí radican nuestras diferencias: yo quiero que intente ser feliz, pero ella ha hecho del caso la causa de su vida”.

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Mientras toma un té, María Teresa hace un repaso de lo que han sido estos 18 años. No puede acallar su molestia, su frustración, su interminable dolor. “La primera persona que tomó la investigación fue la jueza Gloria Sepúlveda —cuenta—, quien en 2001 procesó a siete jóvenes por obstrucción a la justicia. En ese tiempo estaba la tesis (de Carabineros) de que el dueño de la discotheque (Bruno Betanzo) estaba involucrado y que lo más probable es que lo hubiesen matado tras una fuerte golpiza; la Policía de Investigaciones decía una cosa y Carabineros otra…”.

En diciembre de 2002 la Corte de Apelaciones de Concepción nombró un nuevo ministro en visita: el juez Juan Rubilar. “Estuvo más de diez años con la causa, dejó pasar el tiempo y no hizo nada”, denuncia.

“El caso se jodió con Rubilar”, confirma el hijo. “Lo tuvo en sus manos 12 años y sus diligencias no llevaron a nada. Sólo mostró desidia, flojera… Nunca quiso recibir a mi madre y yo sólo pude reunirme con él una pura vez, cuando le pedí amablemente que se recusara… Pero se negó”.

María Teresa recuerda que su marido había ofrecido dinero a cambio de información sobre el paradero de Coke. “Un joven de Valdivia vino a decirnos que sabía dónde estaba; el juez lo interrogó por cerca de ocho horas pero, según declaró después, la información no tenía valor porque el joven estaba mal de la cabeza. Fui a pedirle que me dejara conversar a mí con él. De pronto vi que todos los periodistas partían corriendo: era el ministro que estaba afuera, así que yo también fui, pero al verme llegar hizo partir el auto”.

Molesta, agrega: “Juan Rubilar cerró dos veces el caso, así que hablé con el propio Presidente Lagos cuando fue a Concepción. Seguramente me ayudó porque la causa se reabrió”.

En febrero de 2004 los restos de Matute Johns fueron encontrados en la ribera del río Biobío, en el kilómetro 22,6 de la carretera de Santa Juana. “Pero no fue el trabajo de la policía el que permitió el hallazgo, sino un hombre que limpiaba quien vio las osamentas. Quién sabe qué habrá pasado por su mente que tomó con un palo el cráneo de Coke para asustar a los transeúntes. ¿Cómo crees que me sentí? Peor cuando supe que a mi hijo lo encontraron un 12 de febrero y yo recién me enteré dos días después a través de un extra de TVN”.

María Teresa estaba sola en su casa. “A lo único que atiné fue a afirmarme de la mesa y pedirle a Dios que por favor me diera fuerzas para poder llegar al lugar. Por un lado me sentía contenta, pero por otro, como mamá, no me esperaba que… (llora)”.

Ese día la llamó el general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, el Presidente Ricardo Lagos, entre una serie de autoridades. “Mi casa se llenó de gente. Pero el Servicio Médico Legal se quedó un año y medio con el cuerpo para analizarlo. Cuando por fin me lo entregaron, el parte de defunción decía ‘sin causa de muerte’. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Coke se iba a matar solo?”.

María Teresa estaba haciendo un trámite en el centro de Santiago cuando se encontró frente al Ministerio de Justicia. “Sin conocer a nadie pedí audiencia con el ministro (Teodoro Rivera, en el primer gobierno de Sebastián Piñera). Su secretaria me dijo que no estaba, pero que le dejara mi número. Qué me va a llamar, pensé. Pero a los dos días se comunicó; concretamos una reunión donde estuvo el director del Servicio Médico Legal, un abogado del ministerio, Alex y yo. Solicité que intercediera ante el juez (entonces el caso había pasado a manos de Jaime Solís) para exhumarlo. Me preguntaron si estaba segura. Yo le prometí a mi marido en su lecho de muerte que iba a seguir luchando hasta saber la verdad. ¿Pero qué pasaba si no encontraban nada en el cuerpo de Coke, cómo me iba a sentir?”.

Jorge Matute fue exhumado y trasladado a Santiago. El SML concluyó que sí hubo homicidio. María Teresa pidió que el cuerpo fuera periciado en el extranjero con el mismo equipo que realizó los exámenes post mortem de Eduardo Frei Montalva y Pablo Neruda.

En noviembre de 2014 la Universidad de Murcia, España, entregó su veredicto: había rastros de pentobarbital y otras sustancias en el cuerpo de Jorge Matute. Ese año Jaime Solís se inhabilitó porque su yerno figuraba en la investigación. María Teresa Johns no se cruzó de brazos. Habló con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz y le pidió elegir un ministro que realmente se interesara en encontrar la verdad. Asumió la jueza Carola Rivas. “Ella había sido relatora de la Corte, una persona que le gustaba trabajar, mujer, madre. Me alegré y creí que con ella llegaríamos a la verdad”.

En agosto de 2015, tras reunir una serie de antecedentes, el SML determinó que la causa de muerte de Jorge fue “intoxicación por pentobarbital” con intervención de terceros del tipo homicida. Coke no murió por una golpiza (la autopsia no reveló ni un solo hueso roto) sino a una letal mezcla de pentobarbital más un derivado de la metaanfetamina. La ministra recibió la declaración de más de un centenar de personas, entre ellas diez detectives y 17 carabineros que participaron a lo largo de la investigación.

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“La jueza empezó a investigar bajo secreto de sumario —cuenta María Teresa—. Interrogó a mucha gente que había estado en el caso y otros de los que nunca escuché hablar. Cambió la línea investigativa. Según me contó, se trataba de una red de personas que llevaban una doble vida y que le echaban droga en los tragos a jóvenes para luego abusarlos. Esa fue la línea que ella retomó. Me dijo, los que estaban detrás era gente muy conocida de Concepción”.

—¿Le hizo sentido esta tesis?

—Si mi hijo hubiese estado inconsciente, abusaron de él y murió a causa de la droga, ¿por qué los otros jóvenes de los que habrían abusado siguen vivos? Que la ministra diga quién le dio esa droga, quién es el culpable. Si está tan segura, que dé nombres, que se arme de valor y reconozca: estas son las personas que interrogué, de estas tengo dudas… Dice que los muertos no se pueden nombrar pero para mí los muertos tienen nombre.

—Quizá no está convencida y ellos son inocentes mientras no se pruebe lo contrario.

—Ella cree que es gente con buenas profesiones, con familia y esposas. Pero esas mujeres e hijos tienen que saber qué clase de padres y maridos tienen, no pueden seguir cayendo más jóvenes en estas redes… Como mamá no entiendo, estoy confundida. Me siento como las madres de los detenidos desaparecidos: voy a morir sin saber quién fue el asesino de Coke.

Está dolida. Dice que la ministra le dio falsas expectativas, que la utilizó. “Ella me citó el 28 de marzo para que viajara a Concepción a una importante reunión en que me daría novedades del caso. “Tenía muchas esperanzas. Me iban a dar una buena noticia, al fin tendría un resultado concreto, pero al llegar me llamó la atención ver tantos gendarmes; además, en lugar de hacerme pasar a su oficina, como solía hacerlo, esta vez fue a recibirme con el expediente en las manos. Me lo entregó ahí para que los fotógrafos pudieran retratar el momento. Sólo cuando llegó Fernando Saenger (abogado de la familia) nos hizo pasar. Ahí me dijo: señora, lo lamento, me siento frustrada; se terminaron las diligencias y ahora son sus abogados los que deben solicitar nuevas pericias. Quedé en shock. ¿Me hizo venir de Santiago y me citó para esto, para entregarme un papel, sin ninguna resolución, nada? Como queriendo decir que ya no quería saber nada más. Ahora lo entiendo, iba a cerrar la causa y prefirió entregar esta investigación que no estaba completa, pero con toda la prensa ahí para limpiar su imagen. Cuando salí sentí un dolor no al corazón, sino al alma”.

Durante días María Teresa Johns no paró de llorar. “Necesitaba el abrazo de mi madre, o de Jorge, mi marido; los dos murieron sin saber quién mató a Coke. ¿De qué me sirvió luchar todos estos años? Hay gente que me ha dicho que debería demandar al Estado, pero a mí el Estado no me va a devolver a mi hijo. No necesito dinero sino la verdad. Sé que mucha gente dirá esta señora hasta cuándo, pero éste es un dolor que no se lo doy a nadie”. María Teresa advierte que jugará la que tal vez será su última carta: “Tengo la ciudadanía inglesa. Me da pena, pero si mi país no fue capaz de resolver este caso, deberá ser la justicia internacional que lo determine. De brazos cruzados no me voy a quedar”.