“Soy descendiente del rey Simeón Riro Kainga que envenenaron en Valparaíso. A los 12 años me encarcelaron junto a una vaca. Hace más de un año y medio me acusaron de 10 delitos que nunca cometí. Fui retenido y después quedé libre como si nada hubiera pasado. Vengo desde tan lejos a pedir justicia para el pueblo rapa nui”. Las pocas palabras que Matías Riroroko Pakomio (74) pronunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron más que suficientes para emocionar a todos los que participaron de la cita de marzo pasado en Washington. Desde uno de los salones del estudio de Rivadeneira, Colombara y Zegers, el abogado Ciro Colombara, quien trabaja pro bono en el caso, recuerda el momento y esboza una sonrisa de satisfacción.

La sesión donde se relataron cronológicamente los hechos que han marcado la trágica relación entre la isla y el continente, también fue parte del inicio de una etapa de unidad nunca antes vista entre las organizaciones pascuenses y que había comenzado varios años antes. La ofensiva legal iniciada en 2014 y que denuncia incumplimientos al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y exige acatar el Acuerdo de Voluntades de 1888 que declaró la incorporación a Chile y no el traspaso de la propiedad de las tierras, logró terminar con décadas de distancia entre el Parlamento Rapa Nui y el Consejo de Ancianos. Hoy, la prioridad es restituir la propiedad colectiva del territorio, el derecho a la autonomía y el uso de los recursos naturales, pero sin afectar la soberanía de Chile.

“Esta pelea puede durar seis años pero vamos a ganar. De eso no tengo duda, no por mérito propio sino porque en 12 sentencias anteriores, en casos muy similares, los fallos han sido a favor de las comunidades indígenas”, dice Colombara, quien en forma paralela lleva una querella en la Corte Suprema y ante el juzgado de Isla de Pascua por las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1888 y 1966. A su juicio, la prontitud con que ha actuado el organismo internacional resulta esperanzadora. “Se trata de un caso emblemático a nivel internacional. Los rapa nui son uno de los pueblos más reconocidos del mundo. Aquí nadie está hablando de independencia. Este problema se soluciona tratándolos con respeto y dignidad. Lo otro son temas menores. La isla es de ellos, de eso no hay discusión a nivel internacional. Hay que dejar de lado el paternalismo y reconocer su derecho a la propiedad colectiva del territorio, de los recursos naturales y de su derecho de autodeterminación”.

Los problemas entre la isla y el continente se arrastran desde la firma del Acuerdo de Voluntades firmado en Valparaíso entre nuestro país y el rey Atamu Tekena en 1888. El texto escrito en castellano, rapa nui y tahitiano habla de cesión de soberanía a Chile, sin hacer alusión a la propiedad de la tierra, utiliza el concepto de “mau te hoa kona” para referirse a Chile, es decir, “amigo del lugar”. Sin embargo, la muerte del monarca pascuense, cuya autopsia determinó envenenamiento, también intriga a sus descendientes. Ni siquiera las décadas de ostracismo y abuso pudieron borrar su recuerdo. Cabe recordar que desde la última década del siglo XIX, la isla fue arrendada a empresarios ovejeros, quienes confinaron a los nativos a un área de mil hectáreas en lo que es actualmente Hanga Roa. El perímetro fue cerrado con un muro de piedra que les impedía sembrar, cazar o pescar fuera del límite. Décadas después, cuando llegó la Armada, las cosas no mejoraron. La historia cuenta que fue el periodo más violento para las mujeres locales que constantemente sufría abusos sexuales de parte de los oficiales que actuaban con total impunidad. Así lo consigna la documentación que está en manos de los tribunales nacionales y de la CIDH.

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“¡No podemos seguir esperando más. Ese es el sentimiento que predomina hoy en Rapa Nui!”, exclama Leviante Araki del Parlamento Rapa Nui, organismo que en 2010 exigió la devolución de las tierras y enfrentando una represión policial que dio la vuelta al mundo. “Fuimos esclavos y hoy día diría que con matices, estamos exactamente en la misma situación. El sometimiento persiste. Hicieron lo imposible para que nadie sobreviviera porque era una orden que venía desde arriba. Imagínese que cuando los ingleses vinieron a criar ganado y ovejas, ningún rapa nui podía pescar o trabajar. Nos han ocurrido violaciones a los derechos humanos muy graves”.

Violaciones de DD.HH.

El respeto por los mayores es una tradición indiscutible en Rapa Nui. Lo mismo que los domingos en familia, la conexión con los astros y el respeto por la naturaleza. De hecho, son los mismos lugareños quienes explican que la elección de Petero Edmunds Paoa como alcalde durante seis periodos obedece al mandato de los mayores. Son ellos los que confían en su habilidad para lograr que Rapa Nui avance hacia un destino mejor. El dirigente que militó durante 16 años en la DC lo sabe bien, por eso declara que las necesidades de la isla hoy son su única ideología.

En forma paralela a la demanda internacional, presentaron ante los tribunales chilenos una querella por violación a los derechos humanos. “Entre 1888 y 1965 se cometieron todo tipo de atrocidades y vejámenes por parte de agentes del Estado. Lo más incomprensible y que alcanza ribetes de burla es que se atrevieron a escribirlo en informes y sumarios”, afirma el alcalde.

Para Edmunds existe “una herida abierta que necesitamos sanar, por eso 23 patriarcas y matriarcas, entre quienes hay sobrevivientes de graves abusos, interpusieron esta demanda en la corte local. Si el máximo tribunal estima que estamos a destiempo o que los hechos están prescritos, vamos a recurrir a la Corte Interamericana y si es necesario a La Haya. Para nosotros los temas de lesa humanidad no prescriben”.

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Y recalca que los isleños cedieron soberanía para protegerse, no para someterse. Para él, es insostenible que hasta para las decisiones cotidianas se dependa de la aprobación del continente. Afirma que no quieren seguir “mendigando recursos junto a otras comunas de la V Región” que son más pobres, como Petorca o Valparaíso. “Es insólito que sigamos sin un servicio total de salud que nos permita atender emergencias. Necesitamos tener poder resolutivo”.

Aunque el gobierno fue notificado de la demanda por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril pasado y tenía un plazo de tres meses para contestar, no lo hizo. Si La Moneda pensaba que una buena instancia de buscar el diálogo podría producirse en noviembre cuando la Presidenta Michelle Bachelet visite el territorio para oficializar la entrega de la administración del parque arqueológico a la etnia, la realidad indica otra cosa. Las distintas organizaciones ya han manifestado su rechazo a la acción con que la mandataria pretendía satisfacer las expectativas locales. Dejando atrás las diferencias del pasado, hoy los rapa nui coinciden en que no pueden aceptar, en concesión o administración, algo que les pertenece.