En 2015 Rodrigo Mundaca recibió una paliza monumental de desconocidos en la calle —durante un viaje a Santiago— sin mediar provocación alguna. Esto después de un reportaje de un medio danés que reveló la crisis del agua en la V Región. Pero el peligro nunca lo detuvo. Al contrario. Desde que comenzó a denunciar el problema de los derechos de agua en Chile, el vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) se acostumbró a vivir con amenazas, anónimos, llamadas y a acumular varias causas penales en su contra.

“Lo más difícil es el tema familiar, pero uno se va adaptando. Tratamos de no salir de noche y evitamos frecuentar los mismos lugares. Hay otras precauciones, como nunca contestar números desconocidos”, dice este ingeniero agrónomo que en los últimos años apareció en la prensa europea denunciando el impacto de la industria de la palta en la sequía de zonas como Petorca, provocando la ira de algunas asociaciones gremiales de productores.

Hasta 1998, el activismo no estaba entre sus planes. Pero tras instalarse en la pequeña localidad de la región de Valparaíso, fue testigo de cómo el agua fue desapareciendo hasta que el ciclo hidrológico cambió dramáticamente. “El 2007 fue un año crítico. Entonces decidimos organizarnos para defendernos del robo del que éramos víctimas. Un año después empezamos a movilizarnos con fuerza y ahora hemos logrado visibilizar a nivel internacional el problema. De hecho, después de los reportajes que salieron en The Guardian, France-Presse y los programas de la televisión alemana y danesa, algunos supermercados anunciaron que no venderán más paltas chilenas por su impacto en la sequía”, dice.

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En octubre pasado, Mundaca recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg 2019. “Fue bastante inesperado. Nunca piensas que pueden darte un reconocimiento por algo tan de sentido común como es tener agua”, reflexiona. En el veredicto, el comité alemán resaltó el vía crucis de su última década. “Ha tenido que enfrentar a los tribunales de justicia chilenos en 24 ocasiones respondiendo a querellas por sus actos como vocero de la organización que encabeza”. Argumenta además que “debido al hostigamiento, las amenazas y los ataques que ha sufrido, se encuentra bajo protección policial permanente tras una campaña mundial en que Amnistía Internacional logró juntar 50 mil firmas solicitando resguardo para el dirigente”. Según el vocero, “esa campaña me ayudó a conservar la vida. Los llamados telefónicos se habían puesto más pesados y las amenazas también. Me decían ‘te vamos a poner terno de madera, a vos te vamos a matar concha de tu madre’”, cuenta. A su juicio, resulta evidente quienes están detrás de la agresión. “Nuestras sospechas apuntan a personas vinculadas al agronegocio”, afirma, con convicción, pero sin dar más detalles.

EL PRECIO DE DENUNCIAR

Según un informe de la ONG Global Witness, 197 personas “fueron asesinadas en 2017 por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”. El ranking lo lidera América Latina con mayor cantidad de asesinatos, concentrados principalmente en Brasil (46), Colombia (32) y México (15). En el documento titulado A qué precio, la ONG establece que en solo una década las estadísticas mundiales de suicidios, abuso policial con resultado de muerte, y otros accidentes fatales sufridos por detractores de proyectos ambientales extractivistas aumentaron de uno a cuatro a la semana.

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Macarena Valdés fue encontrada colgada en agosto de 2016 y el Servicio Médico Legal determinó que era suicidio. Una segunda autopsia solicitada de forma particular por la familia descartó esta causa de muerte.

Creada en 1993 para denunciar los conflictos derivados de la explotación de los recursos naturales, Global Witness identifica entre las principales víctimas a líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del ecosistema. Según la ONG, si hay un lugar donde la situación se ha vuelto dramática es México. Saltó del número 14 al tercero en la lista mundial de peligrosidad para defensores del medio ambiente con casos de resonancia internacional como el asesinato de Isidro Baldenegro López. El conocido activista y ganador del Premio Goldman del medio ambiente, hijo de Isidro Baldenegro Prieto —también asesinado en 1986— dedicó su vida a la preservación de los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental.

En Chile, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos logró identificar 116 puntos de conflictos socioambientales en el mapa en 2018, entre los que destacan el enfrentamiento de las comunidades del norte con faenas mineras, los daños al fondo marino causado por las industrias salmoneras y la catástrofe ambiental de la bahía de Quintero y Puchuncaví. De ahí, el impacto que provocó en octubre pasado la muerte del pescador Alejandro Castro en circunstancias que aún no han sido aclaradas por la justicia. Cuatro años antes, la vida de Alejandro Castro había dado un giro radical cuando llegó a una de las caletas de Quintero para aprender las técnicas de la pesca artesanal. Su primer trabajo consistió en salir a buscar jibia y fue ahí cuando se enamoró instantáneamente del oficio. “Era un tipo alegre, bueno pa’ la talla, chispeante así que se integró altiro a los pescadores”, recuerda su amigo Hugo Poblete. Justo cuando cumplía siete meses trabajando en el mar, el 24 de septiembre de 2014, ocurrió una de las peores tragedias medioambientales de una zona que conoce de estragos y tragedias. El derrame de 22 mil litros de petróleo en la bahía lo dejaron tan consternado como al resto de la comunidad.

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Rodrigo Mundaca ha enfrentado 24 veces a los tribunales chilenos como vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Portección del Medio Ambiente (Modatima).

“Ese día decidimos formar el Sindicato S 24. Empezamos como 20 y ahora somos 70. Todos nos reconocen como el sindicato rebelde de la comuna, porque somos los únicos que no aceptan financiamiento ni asistencialismo de las empresas porque nuestro norte es derogar la ley de pesca más obscena del mundo”, cuenta Poblete, presidente de la gremial de la que Castro era un tesorero multifuncional. El 4 de octubre, 24 horas después de participar en una multitudinaria manifestación en Valparaíso, Castro o el Mecha, como le apodaban sus amigos, apareció colgado de su mochila en una de las rejas perimetrales de la línea férrea en Valparaíso. Aunque tras las primeras diligencias los efectivos de la PDI plantearon la hipótesis del suicidio, en la comunidad de Quintero todos esperan el veredicto de la justicia con más dudas que certezas. En el balneario hay murales que dan cuenta de un sentimiento ya instalado entre los vecinos y que sitúa a Castro como otra víctima en la lista de dirigentes medioambientalistas muertos en extrañas circunstancias.

Pero Hugo Poblete advierte: “Muchos se colgaron de la imagen de Alejandro para intentar construir un mártir y a él le cargaban los mártires. Él pensaba que la revolución la hacen las personas y creía, como todos, que había que dar la pelea hasta el final por derogar la ley de pesca, pero no era un medioambientalista. Hasta que no se revisen todas las cámaras, simplemente no sabemos qué pasó. Lo que sí tenemos claro, es que si se comprueba la participación de terceros, aquí va a arder Troya”.

Sin embargo, para los ecoactivistas, su caso hace recordar inmediatamente a otros dos caídos. El sindicalista Juan Pablo Jiménez, que en febrero de 2013 fue muerto por un balazo mientras realizaba su turno en Azeta, una empresa subcontratista de Chilectra, en San Joaquín, y Macarena Valdés, tenaz opositora al proyecto hidroeléctrico de la empresa austriaca RP Global en la Región de Los Ríos, quien fue encontrada colgada en su casa el 2016. Ambos habían recibido amenazas previas vía telefónica. En el caso del primero, la justicia determinó que la muerte fue causada por una bala loca y la causa se cerró. Pero, para la familia de Valdés, no hay dudas de la participación de terceros en su muerte. Afirman que pese a que la segunda autopsia realizada por el perito Luis Ravanal desestimó la tesis del suicidio tras comprobar que el cuerpo no presentaba evidencias de haber sido colgado con vida, la justicia no avanza. “La Fiscalía en vez de iniciar la investigación como corresponde, de buscar quiénes son los asesinos y de cambiar el curso de la investigación, lo que hace es cuestionar los peritajes que nosotros presentamos y que acreditan que a Macarena la asesinaron. Fue porque era mujer y no andaba callada ni sumisa. Ella no estaba dispuesta a dejar que pasaran a llevar a su gente”, sostiene el marido de Valdés, Rubén Collío, de la comunidad mapuche Newen de Tranguil.