“Chile está a años luz de lo que se ha logrado en España. Hay que llevar adelante una serie de avances si se quiere enfrentar como es debido al creciente flagelo del terrorismo mundial”. Así define el especialista Hugo Frühling, director del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile y experto en temas de seguridad, el desafío chileno frente a la amenaza terrorista que ha tomado cuerpo con la bomba en la Escuela Militar. No es un asunto sólo nacional. Fue por lo demás el tema que reunió a los principales líderes en el reciente Consejo de Seguridad de la ONU, con la Presidenta Michelle Bachelet aún con la imagen del atentado a cuestas y con la noticia de la captura de tres sospechosos supuestamente vinculados a un grupo anarquista.

Pero el factor terrorista no es nuevo en Chile. Fue una de las preocupaciones que desveló al ex Presidente Sebastián Piñera y a su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quienes a partir de 2006 comenzaron a sentir la rápida escalada de acciones anarquistas, las que continuaron sucediéndose con preocupante frecuencia con la llegada al gobierno de Michelle Bachelet.

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Septiembre fue elegido por los líderes del anarquismo mundial como la fecha para exigir la liberación de sus compañeros encarcelados. En Chile ya se anunciaba un “septiembre negro” con el auto de procesamiento en España (4 de julio) de Francisco Javier Solar y Mónica Caballero por el atentado a la Basílica Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Ellos se han transformado en íconos del anarquismo chileno, liberados de todo cargo en nuestro país tras el Caso Bombas (2012).

Su liberación en Chile y posterior prisión en España ha sido quizá la mejor metáfora de cómo opera el sistema judicial chileno versus el español. Dejó en evidencia debilidades en la prevención de los delitos (a través del levantamiento de información y seguimiento de grupos sospechosos), en la investigación, coordinación de las policías y fiscales ante los hechos cuando ya han sido perpetrados; y también planteó dudas acerca del trabajo de los jueces, encargados de analizar las pruebas e interpretar la legislación vigente.

La seguridad estalló en la agenda y el gobierno realizó una serie de anuncios: mayores facultades para la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) y la incorporación de agentes encubiertos e intercepción telefónica (algo hoy resistido tanto en el oficialismo como en la Alianza); la modificación de la Ley Antiterrorista (de difícil aceptación para las agrupaciones de DDHH); la creación de un ministerio de Seguridad Pública y una nueva Ley de Inteligencia, entre otros. Mientras, Carabineros adelantó una nueva dirección de inteligencia, drogas e investigación criminal, más el envío de sus efectivos para su especialización en Estados Unidos. La PDI señaló que preparan una división dedicada únicamente a los bombazos.

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Hugo Frühling, como varios expertos, plantea que el desafío está en una mejor coordinación. “En Chile persiste una cultura organizativa por compartimentos, basada en una concepción que valora la independencia y autonomía de las fuerzas policiales y armadas, lo que dificulta el compartir la información entre los distintos organismos”, asegura. “Sólo con la llegada de la democracia se buscó crear un ente profesional, de carácter democrático, que produjera inteligencia en materia de seguridad interior (se refiere a la Dispi y luego a la ANI), pero sólo cuentan con facultades para la coordinación de información; no operativas. Ni tiene una relación estructurada con el Ministerio Público”.

Otro eslabón en esta cadena de debilidades está en el levantamiento de pruebas ante la inminencia de un juicio. Aquí influyen el criterio, el sentido común y desde luego la preparación de los agentes de la PDI o Carabineros, instruidos a través de la Fiscalía. Los expertos siguen viendo en el capital humano una pieza fundamental, no considerada hasta ahora en los anuncios del gobierno o las policías.

El mejor ejemplo de la urgencia de contar con un trabajo más eficiente fue lo ocurrido con el Caso Bombas. Los seis jóvenes detenidos —entre ellos Mónica Caballero y Francisco Solar— fueron procesados y luego liberados sin cargo alguno, entre otros, por errores en las pruebas periciales en los seis atentados atribuidos al grupo (entre ellos a la ANI, en el Consejo de Defensa del Estado, Chilectra, la Escuela de Gendarmería y la iglesia de Los Sacramentinos, todos entre 2006 y 2009), así como en las más de 2.000 evidencias materiales presentadas al momento del juicio, donde ninguna fue admitida.

“No se incorporaron los análisis técnicos y científicos que pudieran determinar la naturaleza del polvo hallado al interior del balón de gas, ni que permitieran conjuntamente con los otros elementos, calificar al artefacto explosivo”, fue uno de los demoledores comentarios del acta de liberación de los acusados respecto de la pieza instalada en las afueras de CDE y que fue desactivada por el GOPE. En ese caso no hubo pruebas técnicas ni científicas de que lo encontrado fuera efectivamente pólvora negra, salvo el testimonio de un experto.

Además se desestimaron pruebas como correos electrónicos, donde supuestamente se establecería el financiamiento de estos grupos, y entregados por informantes anónimos “de origen espurio” y “sin valor probatorio alguno”, según se redactó también en el acta.

Eso, además de los criterios para considerar a qué corresponde exactamente un “acto terrorista”, algo que los jueces tampoco lo encontraron acreditado.

“Las principales dificultades para esclarecer y sancionar los delitos han sido de carácter operativo y no normativo —observa Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP—. Me refiero a la escasa, por no decir nula, capacidad de anticipar estas acciones a través de labores de inteligencia y para luego investigarlas una vez realizadas”.

Vargas agrega que es esencial una estrecha colaboración entre los policías (encargados de generar las pruebas) y los fiscales (que llevan las pruebas a juicio). “Es vital entonces que un fiscal, que conoce las leyes y los estándares que aplican los jueces, oriente el trabajo policial. Y aquí ha habido múltiples y públicos desencuentros y desconfianzas que urge solucionar”.

La mirada crítica también recae sobre los jueces, generalmente tildados de “garantistas”, por privilegiar la presunción de inocencia.

“La decisión penal de meter a alguien en la cárcel es muy pesada, por eso se les exige tanto a las pruebas”, sostiene el abogado del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, Jonatan Valenzuela.

Lo anterior, sin contar con la presión política que suele existir para acelerar la investigación de estos casos y que influye en que las pruebas no siempre sean las mejores, como en el Caso Bombas, donde todavía se recuerda la presentación de un poster de la banda Guns and Roses como una evidencia.

“La presión política es altamente peligrosa —precisa Valenzuela—. Puede acelerarse, exigirles menos a los procedimientos, pero eso atenta contra la racionalidad de cualquier decisión. Si un policía está apurado y tiene que llevar una prueba en una semana, entonces va a llegar con cualquier cosa. Eso marcó la diferencia entre Xavier Armendáriz y luego Alejandro Peña (fiscales del Caso Bombas). El primero se tomó su tiempo y tuvo un plazo; pero el ritmo de su sucesor fue otro, mucho más rápido. Finalmente el resultado fue la absolución”.

> Revisa el caso español frente al terrorismo