La experiencia es un grado y España, sobre terrorismo, tiene un master. Los servicios secretos “han ido afinando los sentidos”, opina Juan Carlos Rodríguez Segura, un abogado español con más de veinte años de experiencia defendiendo a víctimas del terrorismo de ETA. Por su parte, la ley antiterrorista española, cuyos primeros textos se remontan a finales del siglo XIX, “es probablemente la más restrictiva en cuanto a severidad de las penas de todo Occidente”, califica Manuel Cancio, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Cancio conoce además el sistema chileno. Especialista en derecho penal comparado, latinoamericano y europeo, fue perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso contra Chile en relación con los asuntos mapuches.

Hemos reunido a los dos expertos para establecer una comparación entre las leyes chilenas y españolas y estudiar desde su punto de vista la serie de atentados explosivos que han ocurrido en Chile en los últimos meses y la reciente bomba en el metro Escuela Militar de Santiago que dejó dos heridos graves.

Mucho se habla sobre si la ley antiterrorista chilena es poco consistente. El catedrático discrepa. “En 2010 y 2011 eliminó los elementos más preocupantes desde el punto de vista de lo que es constitucional. Por lo demás, yo diría que merecería una ‘lavada de cara’, una modernización, pero tengo la impresión de que los problemas que ha habido –se refiere al Caso Bombas– no están relacionados con la ley, que incorpora los elementos esenciales”. 

Ahora bien, cambios que Cancio sí incorporaría: “definir mejor cuáles son las características de la organización, la llamada asociación ilícita del artículo segundo de la ley chilena. También creo que sería mejor incorporar alguna mención a la orientación política de los hechos terroristas”. Pero lo que recomienda sobre todo es no hacer reformas de forma precipitada, como reacción a hechos puntuales. “La legislación no puede responder a que una persona ponga una bomba. Para el individuo que ha puesto la bomba, la ley chilena es suficiente. La reforma debe hacerse con prudencia y de una manera no precipitada”.

¿Y debe politizarse el asunto a raíz de lo sucedido en el metro? “Sí, debe haber una unidad política”, opina.

¿Y si la ley chilena es suficiente, cuál es la opinión de Cancio sobre el Caso Bombas? “Yo no soy experto en el caso pero he leído al respecto y he hablado con compañeros chilenos, y lo que parece es que no esperaron hasta tener el suficiente material para obtener una condena. Creo que estaban ansiosos por presentar un super caso y luego resulta que lo que tenían era camisetas con la imagen del Che Guevara”. 

Para el jurista, siempre será difícil establecer una condena grande “cuando todavía no ha habido un atentado heavy, pero de todas maneras parece ser que no fueron prudentes con el momento de salir a la luz”. En resumen: “la ley no tiene nada que ver con posibles deficiencias en la investigación, es la propia investigación la que falla”.

En el auto de procesamiento dictado en julio de este año por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco se señala que ambos (Caballero y Solar) de nacionalidad chilena, ‘habían eludido un proceso en su país por un error procedimental y se refugiaron en España. Los dos fueron acusados, procesados y condenados por participar en hasta 30 actos de violencia en Chile entre el 18 de enero de 2006 y el 16 de octubre de 2008’.

En el terreno de la recopilación de datos e inteligencia, España también lleva camino adelantado. La gente dedicada a investigar los casos de terrorismo “está muy preparada”, opina Juan Carlos Rodríguez Segura. “Muchas veces lo que le falta son medios, dinero, pero eso ya depende del Estado. Como en todas partes, siempre puede haber fallos pero en líneas generales se dedican mucho en las investigaciones y detenciones”.

Así lo refleja el auto de procesamiento contra los chilenos donde se precisa con claridad a los grupos anarquistas a que pertenecen. ‘Los detenidos están vinculados a FAI / FRI, una organización terrorista de carácter internacional creada a partir de la ideología anarquista insurreccionalista’. Señalaban a la Iglesia como objetivo terrorista, y en concreto la basílica del Pilar de Zaragoza por ser ‘símbolo de la Hispanidad, del dominio colonial sudamericano y patrona de la Guardia Civil’. El insurreccionalismo, explica el juez, ‘es una rama del anarquismo que se resume en la idea de atacar al Estado en cualquier lugar siempre que sea posible’. Dentro de esta organización ambos pertenecen presuntamente a los llamados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que estarían asumiendo ‘la revuelta popular y la agitación en la calle como técnicas de lucha válidas y necesarias para combatir el sistema’. Entidades bancarias, oficinas de trabajo temporal, partidos políticos o instituciones religiosas entrarían dentro de los objetivos de este grupo.

España cuenta con cuatro cuerpos de policía con competencias en materia antiterrorista. Dos en manos del gobierno central (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) y dos cuerpos regionales a cargo de sus respectivos gobiernos: el vasco (la Ertzaintza) y el catalán (los Mossos d’Esquadra). 

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CARAS: ¿Cómo es la relación entre ellos?

MANUEL CANCIO: Como te imaginarás, ha habido roces tanto por razones de rivalidad de cuerpos como políticas, aunque no ha habido una manifestación clara de esto en los medios. 

CARAS: ¿Y hay influencias políticas en la fase de investigación?

M.C.: Hay un segmento de toda investigación, la que dirige el juez de instrucción, una vez que se ha abierto la causa judicial, que no es susceptible de influencia política. Ahora bien, las unidades de policía de las que dependen los jueces de instrucción para sus diligencias, como es obvio, están bajo la dependencia del ministro del Interior, y, con ello, del gobierno.

Luego está el agente infiltrado, una figura prevista pero que no se usa en los juicios en materia de terrorismo. “Siempre ha habido dudas en torno a su validez como prueba”, dice Manuel sobre esta figura.

El tema de los servicios secretos podría ser un tema delicado teniendo en cuenta que España también viene de una dictadura y hay quien podría ligar estos servicios al pasado. Juan Carlos Rodríguez Segura rompe esa visión. “Los servicios del régimen anterior se reestructuraron, se les cambió de nombre y se cesó a la gente que había que cesar. Además, aquí no hubo la represión de Chile. Evidentemente, las cosas que pasaban no llegaban a la luz pero fue más un tema de malas maneras que de represión. De darle tres leches (guantazos) a un chorizo (ladrón) que de tortura. Hay que tener en cuenta que con la apertura del país en los años 60, la represión política fue bajando”. 

CARAS: ¿Y qué pasa con las torturas policiales que suelen denunciar los etarras?

JUAN CARLOS RODRIGUEZ SEGURA: La represión policial puede darse en cualquier país democrático. Siempre puede haber una oveja negra. En cuanto a ETA, ha denunciado torturas que jamás se han podido probar. Lo que pasa es que ha hecho una buena propaganda del tema. Tenían sus manuales incluso para denunciar las torturas. Llevo más de veinte años leyendo sus declaraciones y cuando los detienen cantan hasta la Traviata del miedo que les han inculcado de que van a haber torturas que luego no existen. Alegar torturas es un medio para poner en tela de juicio la declaración que ellos han hecho cuando les han puesto las pruebas delante. 

El nombre de Manuel Cancio apareció en la prensa chilena en 2013 tras realizar unas declaraciones en las que cuestionaba que los actos de los mapuches y los anarquistas fueran considerados como actos terroristas. “¿Por qué dije eso? Bueno, porque ni conforme a la legislación chilena, ni conforme a la legislación española ni conforme a ningún criterio de terrorismo, podía estimarse que suponía terrorismo”, responde ahora ante CARAS.

Pero las cosas han cambiado desde entonces. En noviembre pasado, dos miembros absueltos en el Caso Bombas, Francisco Solar y Mónica Caballero fueron detenidos en España como presuntos autores de la colocación y explosión de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Actualmente están siendo procesados en la Audiencia Nacional –el órgano judicial que se encarga de los delitos de terrorismo– acusados de pertenencia a organización terrorista, provocar estragos terroristas con lesiones graves y conspirar para realizar otro atentado (en Cataluña). Y luego está el suceso en Santiago del día 8 de septiembre.

“Parece que hay una línea de unión entre el Caso Bombas, el de Zaragoza y el de Santiago. Mientras no tengamos una reivindicación y comprobemos que realmente existe esa unidad, estamos especulando. Pero si realmente los autores son del mismo grupo, estaríamos ante un proceso de escalada, que va ampliando la intensidad de esas acciones en los medios y en los objetivos”, opina Cancio.

¿Qué es lo que ha cambiado ahora? “Que ha habido intimidación masiva”, explica el profesor. “Utilizar la violencia sin más no da paso al terrorismo a menos que esa violencia se dirija contra personas, provocando lesiones o la muerte. Esto lo recoge el artículo uno de la ley chilena”. 

“El artefacto de Zaragoza causó daños materiales y lesiones acústicas a una persona. En Santiago ha habido dos heridos graves. En ambos casos los artefactos estaban colocados para que pudieran afectar. Entonces para mí ya está claro que es un acto de terrorismo”, sentencia.

El abogado Rodríguez está de acuerdo. “Un acto vandálico es un daño intencionado, no hay un concierto previo. El acto terrorista, en cambio, lleva aparejado la supresión del orden establecido”, explica. “El grupo quizá todavía no tiene una capacidad de organización consolidada, pero desde el momento en que se organizan para perpetrar el atentado, hay pertenencia a una banda armada y la mero colocación de la bomba ya es un acto terrorista”. 

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Y como tal debe de juzgárseles. Ambos expertos tienen claro que si finalmente la justicia española prueba la autoría de Solar y Caballero en el atentado de Zaragoza, esta vez sí serán condenados por terrorismo y con la pena más alta: alrededor de cuarenta años de cárcel.

Cancio realiza un pequeño apunte sobre el tipo de organización al que Chile se enfrenta. “Las organizaciones marxistas-leninistas tienen una dirección que manda mucho, una estructura muy vertical. Mientras que AlQaeda o estos grupos anarquistas tienen un mando menos fuerte, menos unificado, y ello provoca que sea más difícil distinguir entre militantes y los que están en la actividad armada”.

Otra cuestión que resalta el catedrático es el hecho de que, a fecha del cierre de este artículo, ni el atentado de Zaragoza ni el de Santiago han sido reivindicados. “El terrorismo consiste en utilizar los medios de comunicación de masas para ganar hegemonía política en el campo en el que aspiran a tener preeminencia política así como para convencer a un determinado grupo de población de que ellos les representan frente al Estado y reaccionan frente a la agresión del Estado. Forma parte de la mecánica”.

¿Y a qué podría deberse su silencio? “Quizá por razones de marketing. Tal vez estén pensando: ‘Vamos a retrasarlo para que todo el mundo esté comiéndose la cabeza sobre quienes somos’”, opina Cancio.

A Juan Carlos Rodríguez Segura, por su parte, lo que le llama la atención es la propia existencia de estos grupos anarco-terroristas en pleno siglo XXI. “Por una parte es normal que se dé en las sociedades avanzadas, como la chilena, pues siempre existirá un movimiento que esté en contra del sistema. En una dictadura comunista no se da porque no hay libertad. Como mucho surgen grupos por la libertad de los derechos”. Pero por otra parte, “precisamente en sociedades como la de Chile, que viene también de una dictadura y hoy, en cambio, ya hay libertades, me sorprende que existan esos grupos marginales, si bien es cierto que Estados Unidos es el primero que tiene grupos radicales de todos los extremos”.

Por último, y en comparación con los grupos anarquistas españoles de los años 30 del siglo pasado, el abogado resalta también la procedencia social de muchos de los miembros de estos grupos. “Yo los llamo agitadores universitarios que viven en utopías completas, que no conocen la calle pero se creen con poder de influir. Y no son gente de economías marginales como solía pasar en los grupos marxistas-leninistas. Muchas veces proceden de hogares privilegiados, lo que les permite precisamente vivir en un mundo utópico”.

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