MeQuieroIr. La frase del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales. Y no podría haber sido más elocuente. Es vox populi que aquí las estadísticas oficiales —especialmente las relativas a inflación e índices de precios— son poco confiables. Por eso cuando una periodista griega le preguntó a Lorenzino por la inflación, metió el dedo donde más duele. Y él, visiblemente incómodo, tras un fallido intento de respuesta convincente, pidió interrumpir un minuto la entrevista. Creyendo que la cámara estaba apagada, soltó la frase por la que será recordado por mucho tiempo: “Me quiero ir”. Un instante después, ensayó una justificación: “Hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ok”. El cuadro lo completó una asesora: “Nosotros no hablamos de la inflación ni con los medios argentinos”.

La escena anterior, además de engrosar el anecdotario de bochornos públicos, es reveladora: hace años no existe diálogo del gobierno con los medios. Peor aún, de largo tiempo en que las autoridades sólo hablan con periodistas lo suficientemente “convencidos” como para no hacer preguntas inoportunas. A la inversa, muchos políticos de oposición acuden únicamente adonde se sienten “locales”; o sea, medios considerados por la opinión pública como opositores. Ahí sí se los tiene en cuenta, comprende y escucha.

A la inversa, muchos políticos de oposición acuden únicamente adonde se sienten “locales”; o sea, medios considerados por la opinión pública como opositores. Ahí sí se los tiene en cuenta, comprende y escucha.

Lo peligroso es que no parecen advertir que, en ocasiones, sus opiniones se funden y/o confunden con la línea editorial de esos mismos medios que defienden ante todo —como empresas que son— sus intereses.
Los dos casos evidencian algo cotidiano: hablar desde las trincheras. Especialmente a partir de 2009, cuando se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), que reemplazó a la de Radiodifusión de la dictadura, remendada 207 veces desde la recuperación de la democracia en 1983 para que todo permaneciera en pocas manos. La nueva normativa, que brega por una mayor pluralidad (el artículo 89 reserva el 33 por ciento del espectro para medios “sin fines de lucro”) tuvo un grado de debate inédito. Durante unos cinco años organizaciones sociales, de derechos humanos, universidades, sindicatos de prensa y medios comunitarios, entre otros, conformaron “La coalición por una radiodifusión democrática”, para sintetizar ahí sus aspiraciones comunicacionales.

Entonces estalló la guerra. Como señala en Pecado original la periodista y escritora Graciela Mochkofsky, Clarín, los Kirchner y la sociedad —ya polarizada— se dividió otra vez: unos interpretaron que se trataba de un ataque de un poder político autoritario contra la prensa independiente; otros, que un poder monopólico acostumbrado a la impunidad pretendía extorsionar a un gobierno popular.
A partir de eso, las lecturas sobre la realidad fueron tornándose incompatibles. Los matices quedaron —salvo honrosas excepciones— relegados a un segundo o tercer plano. Si se chequea dos medios (uno afín al gobierno y otro opositor) se comprobará que hablan de dos países completamente diferentes.

Periodismo militante/periodismo independiente

Esa es la cuestión. En el primer caso se trata de defender al gobierno a como dé lugar, pese a sus errores. La idea: “no hacerle el juego a la derecha”, para que en el caso de que la sociedad tenga un rapto de duda, no sea posible una vuelta al neoliberalismo, cuyo estrepitoso fracaso llevó a la crisis económica, social e institucional de diciembre 2001.
Una de las expresiones más emblemáticas del conjunto de medios y/o programas vinculados al proyecto gubernamental (que crecen sostenidamente de la mano de empresarios afines, como Cristóbal López o Sergio Szpolski, entre otros) es 6,7,8, el principal programa de propaganda política que se emite por la TV Pública (canal 7) en prime time. Cuando surgió, en 2009, levantó polvareda. En principio fue eficaz para la Casa Rosada pero muy pronto se comenzó a amonestar y hostigar mediáticamente a todo aquel que osara criticar a Kirchner. En el espacio periodístico se podían exponer las contradicciones de determinados personajes y omitir olímpicamente las contradicciones de funcionarios o personajes afines al kirchnerismo. La maniobra llegó a ser tan burda y el sesgo tan notorio que algunos de sus panelistas —como Cynthia García o Nora Veiras— criticaron en vivo el contenido.

Explicitar desde qué lugar se enuncia y no esconderse en una pretendida neutralidad es lo que algunos llaman “periodismo militante”. El costo es altísimo, porque la frontera entre periodismo y propaganda se desdibuja en la niebla. Por otra parte, el problema más grave no es el estilo de 6,7,8 sino que el programa se realiza en un canal público.
En oposición al “periodismo militante” hay otro modelo, encarnado por un conjunto de medios autodenominados “independientes”, con Clarín, el canal de cable Todo Noticias (TN) y Radio Mitre como mascarones de proa del grupo que supo aprovechar cada oportunidad de crecimiento, sin importarle los costos y que hoy es el principal foco opositor.

A lo largo de su historia, Clarín negoció y pactó con todos, sin distinciones. Lo mismo si eran los militares de la última dictadura o funcionarios de la democracia. De todos obtuvo beneficios y a todos, en la medida que le convino, les ofreció “protección mediática”. Pero cuando sus intereses tácticos lo ameritaban, sus dirigentes —con Héctor Magnetto, el CEO, a la cabeza— no dudaron en echar mano a los distintos y aceitados mecanismos de presión con que los medios del grupo (y especialmente ciertos periodistas) suelen esmerilar a sus oponentes, aunque éstos fueran el Presidente de la República. En rigor, el Grupo Clarín amasó tal grado de poder que en cierto momento tuvo el capital político suficiente como para “poner y sacar presidentes”

A lo largo de su historia, Clarín negoció y pactó con todos, sin distinciones. Lo mismo si eran los militares de la última dictadura o funcionarios de la democracia.

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Por eso, durante la discusión y aprobación de la Ley de Medios, los directivos sintieron que se avecinaba una suerte de “final del juego”.
El primer reflejo fue denunciar la situación en foros nacionales e internacionales. En paralelo, sus cientos de medios repetían día y noche que se trataba de una “ley mordaza” que atentaría contra la democracia. Poco pareció importarles que la normativa respetara los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información. Tampoco que fuese votada mayoritariamente en el Congreso.

Menos, que cosechara la adhesión de Reporteros sin fronteras y la Relatoría para la libertad de expresión de Naciones Unidas.
Y si bien esos primeros movimientos —que mostraron la gran capacidad de lobby de Clarín— no fueron del todo exitosos tampoco hay que minimizarlos. Porque la Ley de Medios, aprobada hace cuatro años, no tiene aún plena vigencia, en parte, por una serie de medidas cautelares interpuestas por Clarín y que traban fundamentalmente dos artículos clave, el 161 y el 45., referidos a los límites de propiedad establecidos por el artículo 45 (10 licencias de radio y TV por aire a nivel nacional, 24 licencias y un máximo de 35 por ciento del mercado en servicios por suscripción), lo que implica que quienes estén “excedidos” deberán desinvertir. Y Clarín no piensa hacerlo.

Lea el reportaje completo en la edición del 10 de mayo.