La quietud reina en el pueblo de Zapallar. Es viernes, hace frío y los pocos habitantes que circulan a eso del mediodía deben esquivar las ‘palomas publicitarias’ que a estas alturas invaden el pueblo ad portas de las municipales. Prácticamente donde se mire hay imágenes del alcalde Nicolás Cox (RN), de Felipe Cáceres —su único contendor por la oposición—, y de un puñado de aspirantes al concejo, varios en busca de su reelección. Sin embargo, fuera de la aparente calma, nadie se ve muy cómodo al hablar de las inminentes elecciones, del rol del edil y, sobre todo, de la investigación que lleva hace unos meses el Ministerio Público y que tienen al municipio en la mira con una larga lista de casos que van desde dobles contratos, sobresueldos, licitaciones irregulares, horas extras no justificadas y contrataciones fantasmas. 

“Señorita, no me haga hablar. Lo único que me importa es tener plata para alimentar a mi familia…”, dice una mujer que camina apurada.

“Cuentan que los ratis se llevaron unos computadores de la muni, pero no me mencione, no se vaya a enojar el alcalde…”, comenta un pescador. 

Los que apoyan a Cox no dudan en manifestar a voz en cuello su respaldo. “El nos ha dado trabajo”, “terminó con la pobreza”, “ahora la comuna está limpia y la salud es excelente, aquí nadie se está robando nada”, argumentan algunos defensores. 

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Pero las habas se cuecen en Zapallar, la comuna más rica del país, según el Sistema de Información Nacional Municipal (Sinim): $ 1.159 millones de presupuesto municipal per cápita, cinco veces más que el promedio nacional y el doble de una comuna con recursos como Vitacura. Sin embargo, según los críticos, esta envidiable holgura no se ha traducido en obras significativas. “Con esa plata debiera ser lejos el balneario con la mejor infraestructura de Chile”, apuntan convencidos de que los abultados montos (el presupuesto subió de dos mil 300 millones a casi nueve mil millones) sólo se han prestado para extrañas maniobras, las que tendrían como finalidad desde supuestas operaciones políticas hasta enriquecimiento personal. 

“Ya desde el primer período de Cox que vienen sucediendo cosas extrañas”, reconocen los concejales César Ramírez (DC) y Fidel Rojas (PPD), quienes en abril de 2012 llevaron el caso ante el Tribunal Electoral de Valparaíso solicitando la destitución del alcalde por notable abandono de deberes. En su presentación incluyeron una lista con 29 irregularidades, las que dieron origen a una investigación (Ver recuadro). Luego de citar a diversos testigos —varios protegidos— se descubrió una arista penal, lo que motivó la apertura de otra investigación, esta vez a manos del Ministerio Público. Esto, mientras la Contraloría lleva adelante otros dos informes. 

Ramírez y Rojas reconocen que la primera luz de alerta la detectaron en julio de 2006, cuando —aseguran— fue desfalcado el fondo para salud en alrededor de 300 millones de pesos. “En un solo mes se gastaron la plata de todo el año. Tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias para pagarle a la gente. El alcalde no hizo nada y fuimos los concejales quienes tuvimos que presionar para que sacaran al administrador municipal, Felipe Munizaga (UDI). Ahí asumió Eliecer Fuenzalida (RN), pero lejos de ordenarse las cosas, con él ocurrieron situaciones aún más extrañas, por ejemplo, licitaciones que se ganaba casi siempre una misma persona: Francisco Ahumada, quien en estos cuatro años lleva a su favor más de 80 ofertas”, cuentan los dos únicos miembros de la Concertación que participan del Concejo Municipal y que, tras su presentación ante el Tribunal Electoral, interpusieron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de La Ligua contra quienes resulten responsables. A ellos se sumó en agosto pasado el concejal UDI Pablo Valdés, quien ha mantenido públicas diferencias con Cox. 

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“Lo decidí cuando vi que había una arista penal en todo esto”, admite el único miembro de la Alianza en asumir una postura crítica. El resto de los integrantes del concejo, todos de RN, han preferido mantener distancia y apoyar al alcalde. En una reunión de este organismo, el pasado 13 de agosto, Sergio Urrejola, Liliana Figueroa y Alberto Valenzuela apoyaron a los funcionarios municipales y optaron por considerarlos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Según el acta, Urrejola señaló: “No sólo los funcionarios han sido enlodados sino que se ha rociado a todos los trabajadores de la municipalidad en forma bastante injusta”.

“Malversación de fondos y fraude al Fisco, esos son los principales delitos que se investigan”, reconoce el fiscal Eduardo Fajardo.

Hasta ahora habría cuatro imputados: Eliecer Fuenzalida, administrador municipal; Juan Buzeta, abogado a cargo del departamento jurídico;  Ramón Cisternas, jefe de Finanzas; y Juan Minay, de la dirección de desarrollo comunitario. Este último es un antiguo habitante del pueblo, un hombre de origen humilde, por lo que ha llamado la atención que hoy circule en una camioneta avaluada en más de diez millones de pesos. “Al vehículo en el pueblo le dicen ‘el costumbrista’, debido a la fiesta que anualmente organiza la municipalidad y donde él habría sacado la plata”, cuenta una fuente. 

A fines de 2003 Buzeta y Fuenzalida llegaron a Zapallar; el primero fue contratado como funcionario de exclusiva confianza de Nicolás Cox a cargo del área jurídica, mientras que Eliecer Fuenzalida fue escogido por concurso público. Más tarde, tras la salida de Felipe Munizaga a raíz de un desfalco de más de 300 millones del Fondo de Salud, éste asumió el rol de administrador y alcalde subrogante.

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En cuanto a los casos que se describen en la investigación del Tribunal Electoral (la de la Fiscalía es de carácter reservada), llama la atención la prestada por la periodista Maruzzella Cabiatti, quien entre 2009 y 2010 fue jefa de comunicaciones de la municipalidad y directora de la revista local La encomienda. En su relato describe que su oficina se encontraba frente a la del alcalde y que solía escuchar gritos cuando había alguna discusión entre éste y algún funcionario. “Quienes habían sido convocados decían que habían sido llamados ‘al paredón’ y eso implicaba, obviamente, alguna acción en contra de un funcionario que no actuaba acorde a lo que el edil o el administrador municipal le gustara o habría establecido (…). A mí me despidieron luego de que empezara a denunciar en reiteradas ocasiones robos e irregularidades que se sucedían o ocurrían dentro del municipio”.

En cuanto a la investigación que entretanto lleva la Fiscalía, las indagaciones apuntan a una posible red de operadores políticos ligados a la Alianza, aunque no estaría claro si los ilícitos serían para campañas o bien para enriquecimiento personal. De hecho, tanto Buzeta como Fuenzalida (los dos ligados a RN) trabajaron en la Municipalidad de Maipú durante la administración del alcalde Roberto Sepúlveda (RN). Sus nombres todavía se recuerdan entre los empleados maipucinos por una serie de actos dudosos. “A Fuenzalida le decían ‘el diez por ciento’”, relata una ex funcionaria. Mientras que cercanos al saliente alcalde Alberto Undurraga (DC) —sucesor de Sepúlveda— cuentan que éste incluso recibió correos con amenazas cuando decidió terminar con una firma de seguridad contratada por Buzeta.

Pero el caso iría aún más allá y tiene reservadas varias sorpresas… 

Una red intermunicipal enfocada a triangular servicios y defraudar al Fisco es lo que investiga el Ministerio Público. El caso involucraría a, al menos, cinco municipalidades del país.

“Son maniobras complejas, donde han participado profesionales, lo que ciertamente dificulta la investigación. Afortunadamente, gracias a la protección que se ha dado a los testigos, hay personas que reservadamente han entregado información y antecedentes claves para desenmarañar esta trama de corrupción”, sostienen los abogados querellantes Ciro Colombara y Felipe Holmes.

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El fiscal a cargo mantiene el caso en estricta reserva, mientras desarrolla una serie de diligencias, entre ellas la incautación de material desde el municipio zapallarino. Aunque el trabajo no ha sido fácil. La PDI ha tenido que lidiar con filtraciones respecto del día y hora de sus diligencias, nada raro tratándose de un pueblo chico. “En nuestra última ida a la alcaldía nos entregaron unos computadores. En el camino de vuelta nos llegó el soplo de que eran falsos, al devolvernos comprobamos que los estaban reseteando en el baño”, cuenta una fuente.

El fiscal Fajardo prefiere evitar esta clase de detalles, aunque reconoce dificultades. “No puedo decir cuáles exactamente, pero no ha sido simple…”.

Se respira inquietud entre los vecinos, mientras muchos de ellos se preguntan si las tres investigaciones respectivas hoy en manos del Tricel, la Fiscalía y la Contraloría no irán a dejarlos sin trabajo. Con una planilla que aumentó de casi 50 personas a cerca de 350 durante los últimos ocho años —entre contratados, a contrata y a honorarios— hoy el edificio de Germán Riesco 399 es la principal fuente laboral del sector. 

De acuerdo con estimaciones del diario La Z de Zapallar, al menos una persona por familia realizaría alguna función para la alcaldía.

“Nicolás Cox violentó la conciencia del pueblo. Cuando tienes a una o dos personas por núcleo familiar trabajando para él se produce un factor de dependencia económica. Hay miedo a perder el sustento”, dice el concejal Pablo Valdés.  

Así lo cree también Felipe Cáceres, el único candidato opositor en representación de la DC, el PRO, el PS, el PPD y el Partido Radical.  

“Cuando ocurre un nivel de corrupción y descubres que a lo mejor tu compañero está metido, por temor callas y te conviertes en cómplice. Este municipio, que es tan rico, hoy está atrapado, capturado por un grupo de funcionarios”.

El pueblo está dividido. Los partidarios de la gestión de Cox no dudan en encarar a sus detractores. “La gente nos dice pero cómo se van en contra del edil si él ha hecho las cosas bien… Pero nosotros sabemos que hay problemas. A la gente le metieron miedo”, reconoce el concejal César Ramírez.

“Muchos podrán considerar que Cox es inocente, pero él a lo menos tiene responsabilidad política”, advierte Marcelo Ramírez, candidato a concejal por el PRO.

Eso, mientras que antiguos y más tradicionales veraneantes de Zapallar defienden a Cox a brazo partido: “Ha sido un magnífico alcalde. Es un tipo trabajador, que ha dado la vida por la comuna. Esto que dicen son puras tonteras”, sostiene Hugo Frías, quien desde hace años tiene casa en el sector.

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En entrevista con CARAS el alcalde responde a todas las acusaciones: “Dicen en el campo (y yo soy de Leyda) que los hombres a veces le crean una fama que es falsa y conmigo han tratado de hacer lo mismo. Aquí hay concejales que no han entendido nada de lo que he hecho en esta comuna. Les molesta profundamente que en su minuto haya denunciado fraude al fisco por el tema de las contribuciones. Eso sí que me pareció grave y causó toda esta teoría del empate”.

Nicolás Cox se refiere al caso que en 2009 puso a Zapallar en el ojo de la prensa, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó la subtasación de 484 propiedades, lo que influyó en que éstas pagaran menos contribuciones. El caso afectó a dos funcionarios municipales y salpicó al ex alcalde Federico Ringeling. Ahí Nicolás Cox y el concejal Sergio Urrejola (actual presidente del Consejo de Defensa del Estado) estamparon la denuncia en Fiscalía. Sin embargo, este año la causa fue cerrada por falta de antecedentes.

De acuerdo con la versión de Nicolás Cox, los concejales Ramírez y Rojas habrían sido usados por gente que lo quiere fuera de la comuna “para así volver a tener el poder que perdieron en el 2003 con las elecciones”. 

Dice que tiene la conciencia tranquila, que desde que asumió logró bajar la pobreza de un 17,4% a un 6,8% según la Casen. “Esa es la realidad y lo que me ha llevado a encarar este tercer período. No tengo ningún interés personal”. 

Sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Felipe, señala: “Es cierto que vino la PDI a llevarse los computadores, yo mismo se los entregué. Habrán entrevistado gente, no tengo idea. Pero estoy tranquilo y nos hemos ceñido estrictamente al presupuesto. Cuando asumí era de $ 2.300 millones y hoy es de 9 mil millones. Por supuesto que deben haber personas interesadas en administrar esa plata…”.

—Entre los temas que investiga la Fiscalía están las licitaciones. Con oferentes que se repiten y que han obtenido más de 80 ofertas.

—Se ajusta absolutamente. El señor fiscal investigará al señor Ahumada. Y si le llama la atención que haya tantas licitaciones ganadas por él, que sepa que de las 80 o más que ha ganado aquí cada año hay 3 mil llamados a concurso.

—También se comenta el aumento de planilla de la municipalidad, de alrededor de 50 personas a 350, lo que tendría aparentemente dividida a la comunidad.

—Indudablemente que para bajar la pobreza en diez puntos se han tenido que focalizar los recursos; se requiere de una oficina de la vivienda, una casa de la familia con profesionales que se preocupen de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Tengo una comuna limpia, segura. ¿Es criticable que contrate mano de obra de la comuna o tengo que traer gente de la Quinta Normal? 

—Dicen que Eliecer Fuenzalida presentó su renuncia en dos ocasiones y que usted no la aceptó.

—No es cierto.

—¿Continuará como su brazo derecho si usted es nuevamente electo?

—Hasta ahora todos los funcionarios de la municipalidad que están vigentes tienen mi más absoluta confianza. He dado muestras de que ante cualquier situación que afecte la probidad de algún funcionario municipal seré el primero en actuar como corresponde.

—En este momento pone las manos al fuego por sus funcionarios.

—No las pongo por nadie.