Una chilena ayudó a una familiar de 16 años, de familia conservadora, estudiante de un buen colegio, a practicarse un aborto con misoprostol, el medicamento que se vende en el mercado negro por verdaderas mafias y que ha cambiado las prácticas de aborto clandestino en Chile. La menor le mintió sobre la cantidad de semanas de embarazo: le dijo que tenía entre seis y ocho, cuando en realidad eran alrededor de 14. La muchacha se encerró en el baño y, cuando la mujer entró, la encontró con el feto colgando. “Fue terrible, porque no debió ser así. Ella debió tener la posibilidad de hospitalizarse, tener apoyo, etcétera. Si las cosas fueran distintas, no habría llegado a ese punto”, recordó luego la mujer. 

El testimonio es parte de las decenas de relatos contemplados en el capítulo sobre el aborto del informe anual de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), probablemente la más completa y actualizada de las radiografías que existen en Chile sobre las interrupciones provocadas de los embarazos. En la investigación, liderada por Lidia Casas y Lieta Vivaldi, se describen las prácticas, precios y riesgos a los que están expuestas las mujeres que por diversos motivos optan por realizarse un aborto. La lectura en ocasiones se vuelve escalofriante, como cuando se describen los abusos y maltratos por parte de los médicos que practican el procedimiento en clandestinidad. Una mujer relata que su aborto fue sin anestesia y que se desmayó tres veces por el dolor. El doctor le dijo que si se desmayaba nuevamente, no le iba a realizar la intervención. Algunos piden el pago en efectivo y un segundo cobro: sexo oral.

La ilegalidad total del procedimiento desde 1989 hace inviable que se conozcan cifras exactas sobre las interrupciones provocadas del embarazo, aunque los expertos han logrado hacer estimaciones que permiten dimensionar la magnitud del fenómeno. El epidemiólogo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), Olav Meirik, realizó una proyección a partir de la tasa global de fecundidad de cada mujer en edad fértil (1.94 hijos), la utilización de 64% de anticonceptivos y las cerca de 33 mil hospitalizaciones por aborto informadas tanto al Ministerio de Salud (que no distinguen entre abortos espontáneos e inducidos). De acuerdo a sus cálculos, en Chile se realizan unos 70 mil abortos al año. 

El proyecto de ley que el gobierno de Michelle Bachelet pretende aprobar contempla su despenalización en tres causales: en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Para sus defensores, representa “el mínimo ético” que Chile debe garantizar a las mujeres y niñas, según explica Camila Maturana, abogada del programa de seguimiento legislativo de Corporación Humanas. Como probablemente se trata de los tres casos más dramáticos y extremos, cuentan con un mayoritario apoyo de las mujeres, de acuerdo a los sondeos: el 79.2% está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la madre, el 74.2% en caso de graves malformaciones fetales y el 72.9% si el embarazo es producto de una violación, según indica la encuesta 2014 de Humanas, que realiza por décimo año consecutivo. Para la socióloga Teresa Valdés, integrante del Observatorio Género y Equidad, “lo más importante de este proyecto, junto con las tres causales, es que afirma la decisión y la voluntad de la mujer, es decir, ella decide según sus creencias, convicciones, evaluación de su situación. Es el verdadero nudo de la discusión: el reconocimiento de que somos sujetos de derecho y podemos decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo”.

Aunque el Congreso aprobara íntegramente la legislación que despenaliza el aborto en tres causales, cerca de un 95% de las 70 mil interrupciones del embarazo que se producen anualmente en Chile seguirán siendo ilegales. Valdés señala que, de acuerdo a los datos históricos del Departamentos de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud (DEIS), anualmente se producen aproximadamente 50 muertes maternas por distintas causas y unos 500 casos anuales de malformaciones letales. “En cuanto a la causal de la violación, lo que existe es una estimación sobre la base de estudios mundiales acerca del porcentaje de las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas. Aunque la evidencia científica da un rango grande, se ha llegado a una cifra de 2.000 casos para Chile”.

En definitiva, una inmensa mayoría de las prácticas de interrupción del embarazo seguirán en la clandestinidad. Para Irma Palma, directora del Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad (PASA) de la Universidad de Chile, “los opositores al proyecto niegan el aborto legal, pero toleran perfectamente el aborto clandestino. Deben ser interpelados, porque es un discurso paradojal”.

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Las prácticas del aborto clandestino en Chile han cambiado en los últimos años debido al uso masivo del misoprostol, señala el informe anual de Derechos Humanos 2013 de la UDP. El medicamento se utiliza para el tratamiento de las úlceras gástricas, pero ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso ginecológico: ayuda a acelerar el parto o a interrumpirlo hasta las 12 semanas de gestación. Debido a que se trata de un método menos riesgoso que los usados en el pasado, como los abortos con sonda, su utilización ha reducido la cantidad de mujeres que llegan con complicaciones hasta los centros médicos. Esta práctica no tendería a desaparecer con la aprobación de la ley. 

Resulta imposible realizar un cálculo exacto de las chilenas que han usado el misoprostol para interrumpir su embarazo, aunque existen algunas pistas. El Colectivo de Lesbianas y Feministas fundó en 2009 un proyecto bautizado como Línea aborto libre, donde se les entrega información a las mujeres mayores de 18 años sobre la forma correcta de usar el medicamento. Reciben llamados de lunes a viernes, entre las 20 y 23 horas, y responden hasta 15 consultas diarias (unas 3.900 al año). Las mujeres buscan sobre todo que las orienten respecto de la dosis y la cantidad de semanas de gestación que deben tener para no poner en riesgo su salud.

Pero la línea no entrega información sobre la forma de conseguirlo. En Chile solo se vende de manera clandestina y, según el informe de la UDP, el acceso está controlado “por verdaderas mafias”. Una búsqueda simple por internet llega a páginas web donde ofrecen el medicamento por el que cobran 60 mil pesos por cada dosis de cuatro pastillas. Informan que se entrega personalmente en alguna estación de metro, después de solicitarlo por email o celular. “Puedo resolver todas tus dudas y ayudarte a que salgas de este mal paso sin cobrarte nada extra”, señala el vendedor. Las mujeres escriben mensajes desesperados en el muro: “Hola. Quiero hacerme un aborto, pero no tengo nada de información sobre los efectos y los cuidados que hay que tener al utilizar la pastilla. Quisiera que me explicaras detalladamente qué sucede cuando se usa, cuáles son las recomendaciones y cómo sé si el aborto fue efectivo. Gracias”, firma Alejandra.

Las sobredosis pueden ser mortales. A fines de los años 90, una mujer casada, de 28 años, se introdujo 56 pastillas en la vagina por un embarazo de cinco semanas, según publicó el médico Eduardo Israel en la Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia. Llegó en coma al hospital y finalmente falleció de un paro cardiorrespiratorio en la UCI. Como el aborto es un tema tabú en Chile, se producen situaciones límite. Una de las entrevistadas por las investigadoras de la UDP se enteró de que su hermana había muerto por un aborto solamente cuando le entregaron el certificado de defunción. “Una profesional de la salud se acuerda de un caso de una mujer a quien abandonaron en la posta del hospital donde trabajaba, la tiraron de un taxi con las medias hasta las rodillas sin signos vitales y llena de sangre”, señala la investigación. 

Algunos ginecólogos optan por aconsejar a sus pacientes sobre la correcta utilización del medicamento, pero son la minoría: temen ser perseguidos penalmente. Y como la información es escasa y confusa, existen mujeres que finalmente desertan del misoprostol, que seguirá siendo ilegal en Chile, y buscan otros métodos. Las que se lo pueden permitir viajan al extranjero, donde se practican abortos seguros en recintos hospitalarios. De acuerdo a un médico que trabaja en la zona oriente de Santiago, algunos de los destinos más frecuentes son Miami, Buenos Aires y La Habana. Las que no tienen recursos, sin embargo, siguen utilizando aquellos métodos de alto riesgo. Un estudio de 2009 de la Defensoría Penal Pública indica que todavía hay imputadas que abortaron con sonda o tijera. 

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Una interrupción del embarazo puede costar desde 40 mil hasta cuatro millones de pesos si la realiza un facultativo, de acuerdo al mismo informe de la Defensoría. Las mujeres que optan por este camino, generalmente, son las que tienen más semanas de gestación y, evidentemente, el dinero para pagarlo: “A mayor edad gestacional del embarazo mayor es el costo”, señala el estudio de la UDP. La investigadora Lidia Casas explica que la aprobación del proyecto de ley que se tramita en el Congreso constituiría un avance simbólico potente: “Pero todos los otros abortos que no respondan a las tres causales seguirán siendo penalizados en Chile. Los que se practica cualquiera —la secretaria, la recepcionista, la señora en la calle, la profesional, la dueña de casa— seguirán siendo ilegales. El grueso de las violaciones de los derechos humanos que constatamos en el informe 2013 respecto de la ilegalidad del aborto no va a cambiar, pero la ley que se discute en el Parlamento tiende a responder a un mínimo ético”.

Casas señala que, entre las 61 entrevistas que realizaron para el estudio de la UDP, se encontró con mujeres que abortaron con médicos en Chile “con todas las condiciones de seguridad, como dijo la Presidenta y la ex ministra de Salud, Helia Molina”. La investigadora indica que en el sistema público es realmente difícil que se realicen abortos inducidos, porque existen sistemas de controles estrictos. En el privado, sin embargo, existe mayor espacio para la realización de estos procedimientos, aunque en el informe anual de Derechos Humanos 2013 no nombraron grandes clínicas. Las mujeres hablaban, sobre todo, de consultas y determinados centros, donde se le paga directamente al médico, sin isapres ni Fonasa de por medio. “Hay métodos de realización de abortos que no requieren de gran infraestructura. Las técnicas de aspiración, para embarazos de pocas semanas, se realizan con pequeñas máquinas. En la mayoría de los casos los practicaban ginecólogos comunes y corrientes”, indica la investigadora.

Pero hay excepciones: una mujer entrevistada miraba televisión cuando se dio cuenta de que el médico que le practicó el aborto era en realidad dentista. De acuerdo al informe, la clandestinidad se presta para grandes abusos y, como seguirá ocurriendo, no habrán opciones de reclamo. Una chilena relató que cuando el médico se dio cuenta de que era hija de un personaje público, le subió el precio y le exigió una cantidad extra como chantaje para no hablar.

No todas las que abortan con facultativos, sin embargo, lo hacen en condiciones seguras. En el estudio de la UDP se relata el caso de una mujer que se practicó un aborto quirúrgico en Tacna: “Después de haberse hecho el raspaje, tuvo que volver a Chile y quedó hospitalizada en Arica. Tenemos una mezcla de situaciones que son distintas, porque las prácticas varían de acuerdo a la clase social y al acceso a la información”, indica Casas.

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Las mujeres que abortan en Chile tienen miedo a morir. Una mujer de 23 años acompañó a una amiga hasta su casa en la playa para hacerse el aborto con misoprostol y, fue tanto el sangramiento y dolor, que pensaron que iba a fallecer, según indica el informe anual de Derechos Humanos 2013. En el estudio también se describe el pánico a tener secuelas físicas. Una chilena que se practicó un aborto a los 20 años en una consulta tuvo una infección fuerte, fue a un hospital y luego supo que nunca iba a poder tener hijos. A esos temores se suma la angustia por ser denunciadas por el personal médico, luego de un aborto con complicaciones. En Chile está vigente una norma que obliga al personal de salud a reportar a las mujeres que llegan a los centros de salud con interrupciones del embarazo inducido, que pretende ser derogada por el proyecto del gobierno. Aunque las causas que finalmente se persiguen penalmente son relativamente pocas comparadas con el total, casi tres cuartas partes de las denuncias de las mujeres imputadas fueron realizadas por algún hospital o centro médico, según la información de la Defensoría.

Del trámite de este punto dependerá, en buena medida, que las mujeres que sigan abortando en clandestinidad, como seguirá sucediendo en Chile, tengan tratamiento oportuno sin la posibilidad de ser perseguidas.