Hacer fila en las cajas del supermercado es parte de su rutina diaria. Fernanda Cabrera (31) se levanta todos los días a las 6 de la mañana, deja a sus dos hijos en el colegio, e inicia un viacrucis en busca de productos de primera necesidad. “No tengo papel higiénico y debemos compartir el desodorante. Ni hablar de leche, carne, arroz, harina o mantequilla. Los anaqueles de los negocios están vacíos, pero las cajas repletas de personas que intentan comprar sea lo que sea que encuentren”, explica esta venezolana que representa a cabalidad la difícil situación que atraviesa su país.

Escasez de alimentos y medicinas, inflación anual del 190,9 por ciento y una inmensa caída del PIB por segundo año consecutivo, son algunos de los elementos que ponen en jaque la estabilidad de la República Bolivariana y que han llevado a que miles de personas se manifiesten en las calles exigiendo la destitución del Presidente Nicolás Maduro. Protestas, linchamientos, saqueos de tiendas y despensas vacías se han convertido en la postal más distintiva de Venezuela, generando cólera entre los ciudadanos. Según sostiene el reconocido economista y analista político venezolano Luis Vicente León, “el intento de controlar la distribución de alimentos de manera pública es mala políticamente y desastrosa económicamente. Aunque es obvio que el gobierno quiere aumentar la dependencia del pueblo para comer, sin comida suficiente sólo está acercando el conflicto a él”.

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Una historia que comenzó cuando en 2003, el gobierno de Hugo Chávez decretó una lista con 165 productos cuyos precios serían fijados sólo por el Poder Ejecutivo. En un inicio, este control coincidía con el aumento inflacionario, pero desde el 2007 la diferencia entre los costos de producción y el precio fijado se incrementó considerablemente, provocando que cuantiosas empresas quebraran. Hoy, la situación está en el límite. La escasez alcanza el 80 por ciento, por lo que proveedores informales revenden los productos hasta diez veces por sobre el precio legal. El mandatario culpa a una supuesta guerra económica organizada por la oposición y por los empresarios de derecha para sabotearlo. Pero los expertos abanderan una opinión diametralmente diferente. “La actual situación venezolana se debe a una acumulación de elementos. Primero, a la baja del precio del petróleo. Pero también a la disminución de los espacios para la inversión privada, a la restricción de la libertad de expresión y a la guerra contra la oposición que ha llevado al gobierno a usar toda la fuerza para neutralizarla”, explica el analista político y magíster en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann. Sumado a esto, Maduro impuso un Estado de excepción y emergencia económica extensible hasta 2017. Con esto, el gobierno se otorga prerrogativas militares, económicas y judiciales para hacer frente a un supuesto golpe de Estado que, según él, se planea desde el extranjero. Abusos y control que hacen tambalear el carácter democrático del país latinoamericano y que han puesto en alerta a la ciudadanía, quienes se alzan más fuerte que nunca a modo de alejar al presidente de sus funciones. La oposición, en tanto, levanta su propia lucha. El gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles es uno de los más activos enemigos de Maduro y el principal impulsor de un Referéndum Revocatorio para poder destituir al ‘hijo de Chávez’. Esto, en base a un artículo de la Constitución que establece la posibilidad de gestionar un plebiscito para revocar su mandato. Pero el proceso es largo y complicado.

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Hasta ahora, con 1,3 millón de firmas reunidas y emitidas legalmente, la oposición logró presentarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su solicitud fue aprobada a regañadientes por el organismo. El siguiente paso es confirmar la identidad de los votantes a través de las máquinas captahuellas. Una vez superado el proceso de ratificación de las primeras firmas, la oposición deberá recolectar otros cuatro millones de rúbricas para que finalmente se convoque el sufragio. Sin embargo, Maduro no está dispuesto a abandonar la presidencia tan fácil y ha ideado innumerables trabas de tipo legal que han impedido su puesta en marcha. “El tiempo corre en contra de los opositores porque legalmente el evento debe llevarse a cabo antes de la primera quincena del 2017, pues si se hace hasta esa fecha y Maduro pierde, se llamará a elecciones. En cambio, si tiene lugar después de ese límite, sería sustituido por el vicepresidente, elegido por él mismo. Por lo que el gobierno está tratando de demorar lo más posible los tiempos para evitar que el referéndum se haga este año”, explica Holzmann.

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Una carrera contra el reloj que ha llegado a traspasar las fronteras. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó a una sesión urgente para analizar la situación que afecta a Venezuela a través de una Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento que tiene la organización para proteger la democracia en la región. Pero nuevamente Maduro salió al paso. “Métase su carta por donde le quepa, a Venezuela no se le aplicará nada de eso”, disparó dejando en claro que no piensa dejar el poder a buenas y primeras, intensificando la incertidumbre de los venezolanos. Por el momento, nadie sabe cuál será la próxima carta bajo la manga sacada sorpresivamente por parte del mandatario para impedir su revocatorio, al tiempo que los partidos contrarios al chavismo enfrentan un difícil camino para lograr sus objetivos. “La oposición está unida porque está contra Maduro, pero dentro de ella misma hay distintas visiones que la fragmentan. Su objetivo es retomar el esquema democrático y desplegar una situación que les pueda generar la posibilidad de competencia, pero aún tienen que demostrar que poseen la capacidad de ser una opción alternativa al poder”, dice Holzmann.

Mientras tanto, miles de ciudadanos tendrán que seguir a la espera. Ya sea intervención de la OEA o Referéndum, cualquier medida será bienvenida por un pueblo que añora la estabilidad. “Lo único que pido es tener comida para mis hijos. Utiles de aseo y medicamentos por si se enferman. No pido riquezas, sólo una vida digna”, dice Fernanda Cabrera, representando la voz de un país completo.