En su oficina en pleno centro de Santiago se acumula el polvo, los libros y los múltiples diplomas en reconocimiento por su labor en Derechos Humanos como uno de los abogados más reconocidos de Chile y el mundo. Director jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, parte del consejo directivo delInstituto Nacional de Derechos Humanos, integrante de la Mesa de Diálogo y hoy miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria. Junto a sus hermanos Manuel Antonio y Carmen, comparte la misma vocación por el respeto a los derechos fundamentales, incluso publicaron un libro en 1998 con los bandos anunciados en los primeros días del Golpe. Claro que antes de esa fecha, él se declaraba contrario a la Unidad Popular, pero su posición cambió tras el 11 de septiembre de 1973 cuando decidió pasarse a las filas de la oposición. “Mi mujer se preocupó pero siempre estuvo a mi lado”. Y no era para menos: intenso como es su estilo, a partir de ese instante comenzó a trabajar para el recién creado Comité pro Paz (antecesor de la Vicaría, nacido en respuesta a las denuncias de crímenes por el cardenal Raúl Silva Henríquez), donde además trabajaban los abogados José Zalaquett y Andrés Aylwin. “Pinochet nunca lo entendió: ¿Cómo la Iglesia podía estar en su contra? Tampoco pudo comprender que esa también fuera la postura de la comunidad internacional, porque él se sentía el salvador de Occidente…”.

La Vicaría marcaría un hito sin precedente como el único organismo en el mundo que registró cada una de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura en el mismo período en que ocurrieron. “Sólo en Chile se pueden contar las violaciones de los derechos humanos a través de los expedientes judiciales. Como serán de importantes que fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la Unesco, imagínese, junto con el original de la Sinfonía de Beethoven”, sostiene y sus ojos verdes se achinan de alegría tras los cristales.

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Según este experto, si bien existe la declaración universal de los Derechos Humanos de 1948, en Chile sólo hubo consciencia de estos asuntos a partir del Golpe Militar; “antes a nadie le importaba. Hoy, en cambio, se ha progresado tanto que incluso se la considera en campos tan amplios como la medicina, la vivienda y hasta el medio ambiente”, sostiene, y por eso advierte que debieran ser materia obligada en colegios y universidades. “Pero nunca ha existido la voluntad, seguramente por una decisión política. Qué quiere que le diga, me parece monstruoso. Pese a todo lo que se ha sufrido, en Chile persiste una gran ignorancia”.

—Hoy tras la seguidilla de situaciones vinculadas a los DD.HH. que se han suscitado en los últimos días, como el fin del pacto de silencio tras el Caso Quemados, se llegó a decir que se trataba de una maniobra política para rescatar a Bachelet de su caída en las encuestas.

—Pensar que se trata de un salvavidas me parece una estupidez. Son circunstancias de tiempo que coincidieron, pero yo no veo al ex conscripto Fernando Guzmán poniéndose de acuerdo con alguien del gobierno, es imposible… Una falta de respeto. A eso me refiero cuando hablo de ignorancia.

Directo y sin eufemismos es también cuando se trata de evaluar el proceso de transición democrática, desde aquella famosa frase de Patricio Aylwin: “habrá justicia en la medida de lo posible”, cuando decretó la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación para esclarecer los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Ello  derivó en la presentación (en marzo de 1991) del Informe Rettig donde, después de negociaciones entre los militares y la Concertación, se entregó una larga lista de los crímenes y sus víctimas, pero no sus responsables.

“La verdad es que esperaba más. En Argentina, con la Comisión Sábato hubo un juicio contra militares, las tres juntas de gobierno y Videla incluidos; los condenaron a altas penas… Nosotros, en cambio, quedamos al debe porque los procesos no se iniciaron en ese mismo momento. Cuando se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación tras la entrega del informe hubo una reacción histérica de la Corte Suprema, lo que fue un balde de agua fría para nosotros. Patricio Aylwin fue débil aunque le tocó el período más difícil: los ejercicios de enlace, los Pinocheques, el asesinato a Jaime Guzmán. Y luego con Eduardo Frei el tema de los Derechos Humanos y la nada fueron lo mismo. No movió un dedo, al contrario, trató de negociar unos acuerdos con abogados del pinochetismo, como la famosa ‘amnistía impropia’, que fue un escándalo. Ricardo Lagos intentó retomar el asunto aunque no con la fuerza que nosotros queríamos y se produjo un déficit importante cuando en los otros países se seguía progresando: en Argentina, además de los juicios, se hicieron públicos los nombres de las víctimas y de los victimarios, pero  aquí se nombra sólo a las víctimas pero los de los torturadores, de los asesinos, ¡nada! Todos callados por 50 años.

—¿Eso por qué?

—Porque el modelo que teníamos era el argentino y no nos salimos de él. Pero las cosas en otros lados fueron evolucionando y nosotros nos quedamos pegados.

—Sin embargo, fue en el gobierno de Lagos que se efectuó la Mesa de Diálogo con el fin de encontrar a las víctimas del régimen militar y obtener información para clarificar su destino.

—Fuimos muy criticados por las asociaciones de víctimas por haberla integrado. ¿Pero qué había de malo en dialogar? Muchas personas me tuvieron mala por eso. Entonces teníamos unas diez o doce causas y al final de este trabajo, al cabo de unos diez meses, ya eran cerca de cuarenta. Los militares comenzaron a entregar con gotario la ayuda. Eso me desilusionó. Sin embargo, de aquí salieron los jueces especiales y nunca más alguien en Chile pudo decir: “yo no supe…”.

Para Garretón el día en que los jueces empezaron a hacer su trabajo y a procesar a los autores de los crímenes cometidos en dictadura tiene una fecha clara: el 16 de octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres. “Ahí se produjo un quiebre maravilloso, porque antes de eso los jueces chilenos solían aplicar la Ley de Amnistía o bien la prescripción del delito, pero de justicia ni hablar”.

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—¿Sentían miedo, cobardía o actuaban por influencias políticas?

—Por todas las anteriores y porque muchas veces los jueces buscaban hacer carrera y aspiraban a integrar la Corte de Apelaciones y de ahí a la Suprema, entonces se cuidaron. El único valiente fue Carlos Cerda, para quien lo principal siempre fue hacer justicia. Sin embargo, a partir de la detención de Pinochet en Londres los jueces chilenos se olvidaron de la amnistía y de la prescripción.

—Con la muerte de Manuel Contreras nuevamente quedó en evidencia que los miembros del Ejército que participaron de violaciones a los Derechos Humanos se encuentran en condiciones privilegiadas, en penales totalmente diferenciados, con comodidades muy distintas a las de un reo común…

—Hay avances y hay debes, y no hay duda de que ese es un debe. Además, que la impunidad no es sólo la falta de castigo; tiene cuatro dimensiones: la impunidad penal, la impunidad política, la histórica y la moral. La penal es la que hemos visto con Contreras y otros reos encarcelados en situación de privilegio, en unidades especiales como sucede en Punta Peuco; la impunidad política son aquellas autoridades que en dictadura nos mintieron una y otra vez sin que hasta hoy hayan pagado ningún costo; es el caso de Sergio Diez, quien mintió ante la Asamblea General de la ONU y ante el comité de Derechos Humanos de la OEA, donde dijo cosas atroces, como que los detenidos desaparecidos nunca existieron, que nunca nacieron y que los comunistas inventaban nombres para conseguir recursos de amparo que luego presentaban en la corte. Y otros como Francisco Javier Cuadra, Sergio Fernández… ¿Cuántos muertos se produjeron siendo subsecretario del Interior Alberto Cardemil? De aquí pasamos a la impunidad histórica; aquellos que fueron cómplices políticos o autores de delitos de lesa humanidad y que sin embargo podrían contar con que exista una calle con su nombre. José Toribio Merino, por ejemplo, el ideólogo del Golpe, tiene una estatua. Eso es una ofensa para las víctimas.

Por último, Roberto Garretón enumera la impunidad moral y la extiende exclusivamente a los militares.“Ellos quieren que se los sigan tratando como seres honorables, como personas que salvaron a la Patria. Y no están arrepentidos de nada”.

—Pero pidieron perdón.

—En la Mesa de Diálogo, sí, y además se comprometieron a que esas cosas nunca más iban a ocurrir. Pero la apertura fue apenas un movimiento de la perilla de la puerta, no pasó de ahí. Esperábamos más, por eso nos metimos a la mesa de diálogo; en fin, algo salió.

—Y hoy día Roberto, ¿en qué momento estamos? La sociedad está perpleja ante el fin del círculo de silencio en el Caso Quemados, la muerte de Manuel Contreras con honores militares… ¿Qué queda por hacer?

—Recuperar la democracia porque esto que tenemos es cualquier cosa menos eso. ¿Cómo va a ser una democracia cuando se sigue imponiendo la voluntad del dictador en las materias más importantes como lo constitucional y lo económico? ¡Y no se puede cambiar porque ya está todo instalado! No, lo que tenemos es una post-dictadura. Y no vamos a salir de esto hasta que no haya una nueva Constitución en que el voto tuyo y el mío valgan igual. Pero aquí los votos del pinochetismo pesan más porque ellos imponen su voluntad con un tercio, y nosotros necesitamos dos tercios.

—Entonces es partidario de una reforma constitucional.

—Es lo que estoy buscando desde el año 2001 en que escribí el primer artículo sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente. Tomando el modelo de Colombia.

Garretón cree que el mayor aporte que puede hacer Bachelet, más que las reformas anunciadas en su programa, como la laboral, la educacional o la tributaria no tienen sentido si antes no se convoca a una Asamblea Constituyente. “¡Eso es evidente! O por lo menos entregar más claridad, porque cuando ella dice ‘proceso constituyente’ nos deja a todos pillos. Yo le haría una sola pregunta: cuando aparezcan los cabildos, los consejos, los grupos de trabajo, todos esos colectivos que ella menciona y que surgirán en este proceso que comenzará ahora en septiembre, ¿se va a exigir voto calificado de dos tercios para ser aprobado? Y en esto no hay por qué romperse la cabeza, porque de ser así quiere decir que simplemente no vamos a tener nueva Constitución. Nunca”.

—¿Bachelet partió por el final y entonces su verdadera y gran contribución está en crear una nueva Constitución?

—Sin ninguna duda, sería restituir la democracia que se perdió el año 1973.

—¿Más que la reforma educacional, más que la tributaria y la laboral?

—Todas esas leyes van a tener tropiezos constitucionales con la actual Carta Fundamental. Así de simple. Por eso que lo primero, es siempre lo primero.