Se preparó para su salida, por lo que asegura no se siente un ‘viudo del poder’. “Como cualquier lata de sardinas que tiene fecha de vencimiento, si no te preparas para partir, quiere decir que eres el rey de los torpes”, señala Ramiro Mendoza (56), quien el 10 de abril dejó el cargo de Contralor General de la República. Cuenta que durante los ocho años que ejerció como fiscalizador superior de la administración pública trató de tener siempre un vínculo con la realidad. Jamás dejó de ir a La Vega, de hacer clases de derecho administrativo en la Universidad Católica y de tener sus viernes de civil, en que andaba en metro y cargaba su tarjeta Bip. Tampoco dejó de usar moto, aunque cuando asumió como contralor —para bajar la velocidad en que solía circular— cambió la Ducati 1.000 por una Vespa. Poco le sirvió, ya que en enero pasado sufrió un grave accidente que lo dejó con ocho fracturas, entre ellas dos vértebras. 

Así de apasionado es este hijo único de una receptora judicial de Santiago y de un ex funcionario del Ministerio de Obras Públicas, que creció en San Miguel, estudió en el Instituto Nacional y cursó Derecho en la Universidad de Chile, y que más de un dolor de cabeza le provocó al gobierno de Michelle Bachelet, cuando pocos días antes de dejar la Contraloría, durante una charla universitaria, criticó las reformas asegurando: “hay un montón de cosas muy estúpidas en lo que está pasando en el último tiempo”, señalando de paso que la Alta Dirección Pública era mentira.

Pero el estilo deslenguado del actual decano de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez no acaba ahí. Hace unas semanas, invitado a un programa de Radio ADN, advirtió: “si no se cumplen las regulaciones sobre transparencia y probidad, la gente se va a sentir pichuleada, como dice el diccionario de la RAE”. Mendoza reconoce que sus chilenismos le han traído costos. “En las redes me pegan, aunque también me apoyan. Me dio risa cuando un amigo español me contó que desde ese día aumentaron las visitas a la RAE para buscar pichulear que en Chile significa tomar el pelo, por lo que estaba bien usada la expresión. Aquí la gente es bien pacata, súper cínica”.

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—Debió costarle mantener el formalismo por ser deslenguado y rockero.

—No es que Ramiro Mendoza se haya castrado para ser contralor, sin embargo, reconozco que he recuperado libertad. Vivimos sujetos a símbolos sociales; no puede ser que a una misma persona le guste el rock, la ópera y el merengue. Estamos acostumbrados a los paradigmas que nos llevan a no entender al otro en su complejidad. No tuve problemas con mis gustos en el ejercicio del cargo en la medida que éstos no lesionaran mi pega.

Separado con tres hijos, con amigos en todos los sectores y gran carácter, su sello en Contraloría se hizo notar. Abrió las puertas a la ciudadanía con un proceso de transparencia interactiva (con el portal GEO-CGR), mejoró la infraestructura y digitalizó la institución. Bajo su mandato se descubrieron las irregularidades en el pago de subvenciones escolares del Ministerio de Educación que terminaron con la destitución de Yasna Provoste (2008) y destapó las malas prácticas y los conflictos de la Comisión Nacional de Acreditación, entre otros.

Por estos días dice estar con sobreventa similar a las líneas aéreas, además de su cargo en la UAI, es parte del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos, miembro del directorio de Chile Transparente y está a cargo de la auditoría de la ANFP golpeada por el escándalo de corrupción. 

—Han pasado cinco meses y aún sin contralor, ¿por qué ha costado reemplazarlo?

—No creo que sea un problema personal; mi salida se dio junto con el cisma a propósito del segundo cambio de gabinete y luego la partida del ministro Jorge Insunza, por lo que el horno no estaba para bollos. Había una dificultad conceptual del perfil que se buscaba, hoy esas definiciones son más sencillas y menos ideológicas, lo que hará que dentro de poco tengamos contralor. 

—Existe la tesis de que el gobierno habría dilatado la nominación por lo que se venía con Soquimich y las presiones al SII.

—Más que conveniencia, los problemas del gobierno son tales, que está más preocupado de la situación de los partidos políticos salpicados por esto, que de la designación del contralor. 

—¿Cuánto se ha debilitado la imagen del SII que siempre tuvo una alta credibilidad?

—No tengo un diagnóstico de que el SII era una especie de arcángel y hoy es un ángel caído. Es un servicio como todos, que tiene momentos de buena gestión, de lucidez administrativa y otros de complejidad. Tiene una relación con el Ministerio de Hacienda, por tanto en su autonomía debe ser servicial al establecimiento de la política pública que está sirviendo. Siempre ha sido influenciable a los programas del ministerio, por tanto no lo vestiría de santo ni de autónomo.

—¿Los problemas de La Moneda han retrasado los nombramientos de cargos, como el director de SII, precisamente?

—Este cargo es de incumbencia política y la selección es a través de Alta Dirección Pública, a diferencia del contralor que se da en un ambiente de designación. La salida de Michel Jorratt significó reabrir el concurso.

—¿Sigue sosteniendo que la Alta Dirección Pública es una mentira? 

—Hay un antes y un después, sin embargo, le falta avanzar en la estabilidad y en la no mantención de la confianza exclusiva. Porque si haces concursar a una persona al sistema público, ésta realiza una opción de vida, entonces si a los seis meses la despides porque se acabó el gobierno, hay una fractura total a la ideología del sistema. 

—Un doble discurso que nos refleja.

—Chile tiene tendencia al gatopardismo, hacemos cambios para que ‘parezca’ que los hicimos, pero al final nos gusta más lo conocido. Un ejemplo concreto fue la Ley de Probidad del año ’99, que después de una tremenda labor que hizo el Consejo de Probidad y Etica Pública terminó en un proyecto que estableció que todos los actos de administración son públicos, sin embargo, se le agregó un reglamento que podían ser reservados, es decir, eran públicos, ¡pero reservados! Hasta el 2008 vivimos en una apariencia de transparencia que no era. Hoy tenemos una sociedad mucho más transparente en el actuar estatal. 

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—Que no se aplica en la declaración de Patrimonio. Rodrigo Peñailillo no declaró un terreno en Peñalolén y Sebastián Dávalos ni siquiera estaba obligado a entregarlo en su cargo de director sociocultural.

—Ahí hay otro problema. Sacamos la declaración de patrimonio y probidad en la reforma del ’99, sin embargo, no dejamos a nadie que fiscalice ni sancione para los que omiten o se van. Creamos una tremenda mandíbula, pero sin dientes. Todo lo que se ha conocido en el último tiempo lo denuncia la Comisión Engel, aun así no logramos avanzar en la ley. El gobierno de Piñera en su último período dio por cerrada la labor de la transparencia y probidad con la dictación de la Ley de Lobby, pero eso es como pensar en dar por concluida la agenda de salud porque estoy sano. La agenda de transparencia y probidad es transversal, y este gobierno la debió mantener desde el principio.  

—¿Por dónde pasarían los mayores vicios estatales?

—En que estamos tan apurados por hacer la ejecución del gasto, pero tenemos tan malas carreteras —es decir, trazos claros del punto de vista del gasto— para hacerlo, que terminamos haciendo grandes transferencias de recursos públicos a entidades privadas, municipios, gobiernos regionales o a terceros, donde no siempre hay un correlato adecuado en la rendición de cuentas. Nos hemos perdido en el trámite y focalizado en el fin y esa pérdida de eficiencia nos pasa la cuenta porque la carretera está mala. De 1.300 dólares per cápita el año 90 pasamos a 20 mil; por tanto, este país es otro, las necesidades son distintas y la transferencia del gasto debiera ser diferente. Tenemos demora, urgencias en el gasto público y pésimo seguimiento de éste. Hace años se habla de la necesidad de una agencia de calidad de gasto público. Nos falta una mirada ahí, por eso las universidades, ONGs, los centros de pensamiento y el Congreso debieran detenerse en esta realidad. 

—Le critican que ahora acuse los grandes vicios estatales, y no haya intentado solucionarlos desde la Contraloría. 

—La labor fudamental de la Contraloría es el resguardo de la legalidad a través de los dictámenes, y esencialmente la transferencia de información al ciudadano de los informes de auditoría. Hace ocho años, los periodistas no tenían cómo enterarse del resultado de éstos, salvo que tuvieran algún pituto. Hoy están publicados en la pagina web, fuimos apuntando a la naturaleza de los hallazgos, los que tienen relación con la eficiencia y eficacia. El mandato legal del contralor es advertir los problemas. Durante el tiempo que estuve, señalé que las leyes estaban demasiado complejas, que teníamos problemas con la probidad, pero muchos creen que éste es además un sheriff que debía matar a los corruptos.

—¿No tiene ninguna autocrítica? 

—Pudimos haber mejorado el lenguaje para que los informes fueran menos complicados. También el sentido de la oportunidad. Por ejemplo ahora salió el informe del Metro que fue muy cuestionador respecto a las labores de mantención, pero esa fiscalización salió 18 meses después de cerrada la auditoría, entre tanto, cambió la gerencia, el director y no advertimos lo suficiente en qué epoca se había realizado. Lo ideal es que un informe salga tres meses después de hacer el trabajo de campo. La ciudadanía le tiene mucha confianza a la Contraloría, por eso es complejo que se equivoque.

—¿Por qué si los vicios estatales y la relación política-dinero son antiguos, explotaron ahora?

—Con la transferencia de información que ha producido el Estado en los últimos años, ¡tendríamos que ser indolentes y estúpidos si no hubiésemos reaccionado! Tomás Mosciatti no tiene una red de informantes, sino que debe recibir mucha información de los ciudadanos. Estos tienen un rol más activo. Y a esta sociedad de redes y de transferencia de información se une la indignación que produce la desigualdad. Creo que este gobierno tiene la sensación de que la desigualdad es económica, yo estimo que el chileno la siente en el trato. Lo que más le molesta es el maltrato. La gente no quiere que le den subsidios, sino un estado de calidad.

—¿Hizo una mala lectura el gobierno?

—Le faltaron varios capítulos por leer. Pusieron el acento en las prioridades equivocadas, como la reforma de isapres, por ejemplo. La población no está preocupada de que le aumenten el Auge ni tener 20 hospitales, sino que la traten bien. Y no sólo el gobierno hizo una mala lectura, también la oposición. Están todos por el suelo.

—¿Ve vacío de poder en La Moneda?

—No, veo un vacío de agenda que ha sido muy refractaria en definiciones macroconceptuales y muy pedestres o de mala calidad en la satisfacción de expectativas. Y eso nos tiene complicados. No es que tenga la sensación de que Bachelet lidere, insisto, no hay agenda. No se dieron cuenta de que la magnitud de las reformas requieren una carretera con funcionamiento perfecto. La oportunidad de reconstruir su liderazgo es levantando agendas que estén en sintonía.

—¿Qué tan distinta ve a la Presidenta en este período con respecto al 2006?

—Ahora tiene más distancia con las instituciones y las personas. Se caracterizaba por su cercanía institucional, de conversar los problemas. En los trece meses que conviví con ella en este período, jamás tuvimos una reunión de trabajo o algún almuerzo. Ella es inteligente,  tendrá la capacidad de volver a estrechar lazos…

—¿Tiene tiempo de revertir?

—Los tiempos en política pueden ser minutos eternos u horas fugaces, depende mucho de lo que vaya pasando en el día a día. Si logra revertir algunos escenarios de confianza y consigue que los ciudadanos participen de una forma diferente puede que termine bien o mal, no sé. Mientras, está en un problema severo.

—¿Qué escenarios debería revertir?

—Partir por rescatar el informe de la Comisión Engel en materia de transparencia y financiamiento de la política y crear un observatorio de probidad. Hay un montón de sugerencias que deben ser implementadas, pero no a la carrera. Los gobiernos son súper reaccionarios a que los miren de afuera, el ciudadano tiene un poder que no imagina; es la lógica del perro guardián. Hay una oportunidad de abrir otros temas que hemos dejado de lado porque  nos eclipsamos en esta luna que es la reforma constitucional. Acaba de salir el informe de la Comisión de Descentralización y Desarrollo Territorial que nadie conoce, difunde ni toma en cuenta, que puede determinar la prevalencia, ausencia o ruptura con las regiones. La Araucania es la punta del iceberg…

—Difícil, cuando el propio Engel afirma que el problema de la corrupción proviene de los PP de donde salen las autoridades.

—Ese debilitamiento es el catalizador de la desconfianza, la consecuencia de los hallazgos entre la política, el poder y la empresa. Había síntomas que hace rato estaban dando vueltas. Y en mis últimas cuatro cuentas públicas dije que Chile tenía un problema de corrupción, pero que contábamos con las instituciones para enfrentar el flagelo, que se refleja que hoy tengamos al ministerio público actuando y una serie de formalizados. Sin embargo, los fallos judiciales no resuelven los conflictos ni establecen políticas públicas. El estándar moral de un parlamentario no puede depender de si lo que hizo fue legal o no, al final es un problema ético. Y si los partidos quieren recuperar la confianza, no pueden pretender ser corporaciones públicas (en el financiamiento y reconocimiento) y seguir actuando como cofradías o montoneros, sino respetar las reglas que impone el derecho público. Como bien dijo Jaime Quintana: “no podemos querer chicha y chancho a la vez”. 

—Muchos creen que mira al Senado o algún ministerio de Piñera o de Lagos.

—No creo que Piñera me quiera mucho para nombrarme ministro. De verdad, me interesa colaborar en lo público. Sería muy irresponsable después de ocho años en la Contraloría, botar este aprendizaje a la basura para dedicarme al febril mundo de las lucas.