“Nos han tratado de oportunistas, interesados; otros nos han felicitado porque hemos sido el único organismo civil —junto con el CDE, el SII, el Ministerio Público, el Partido Socialista y Cristalerías Argentinas— en querellarnos por el Caso Penta”, admite el mexicano Pablo Collada, director ejecutivo de la fundación Ciudadano Inteligente (CI), entidad que saltó a la fama como el único demandante que considera en su recurso, además del fraude fiscal, la arista política, dirigiendo su artillería legal a un total de ocho figuras públicas: Pablo Wagner, Ivan Moreira, Ena von Baer, Ernesto Silva, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Roberto León y Alberto Cardemil. También fueron los únicos en apuntar no sólo a Penta —como el resto de los litigantes— sino que también a SQM, cuyas repercusiones hoy mantienen nerviosos a políticos de los más distintos frentes incluido el gobierno, que monitorea de cerca la situación. 

Toda una jugada, tratándose de un organismo que nació hace seis años con la misión de reducir la desigualdad y fortalecer la democracia en América Latina promoviendo la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a la información. “Somos una especie de laboratorio para América Latina, aquí está nuestra plataforma para el resto de la región”, sostiene Collada, quien destaca entre sus iniciativas el proyecto Voto Inteligente —que debutó en Chile para las elecciones de 2013— que promueve el sufragio informado, una idea que ahora será replicada por medio de alianzas con organizaciones en Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Guatemala, Venezuela y México.

Con un presupuesto de 750 mil dólares anuales aportados por fundaciones de reconocimiento mundial —entre ellas Omidyar, de uno de los creadores de Google; la Open Society Foundations y la Hewlett Foundation—, Ciudadano Inteligente contrató a tres abogados reconocidos en el área: el penalista Mauricio Daza, el ex fiscal Pedro Orthusteguy y al experto en derecho penal y procesal Carlos Hidalgo.

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“Nos querellamos con el fin de representar a la sociedad —sostiene Collada—; aquí todos los querellantes están de algún modo involucrados y sus intereses son muy claros; el CDE representa al Estado, que también puede ser entendido como el gobierno; le sigue el Partido Socialista, y se sabe que hay políticos de sus filas que entregaron boletas a SQM… Pero nosotros no tenemos motivaciones particulares, no queremos ser diputados en la siguiente elección, no pretendemos obtener presencia política; somos una organización ciudadana y nuestro objetivo es representar a la gente, ser un contrapeso neutral y ciudadano ante una discusión que está llena de vínculos políticos por todos lados”, asegura el director ejecutivo de CI con la libertad para opinar sin medias tintas, intereses ni presiones. 

Durante meses evaluaron la situación, tampoco se trataba de una actividad que suelan realizar como fundación, pero analizaron los costos, las oportunidades, el rol que podrían jugar en el que tal vez sea el caso político y empresarial más grande de nuestra historia democrática, hasta que una serie de publicitados movimientos al interior del Ministerio Público —donde inicialmente se relevó de la titularidad de la investigación al fiscal Carlos Gajardo, hasta que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, asumió el liderazgo de ambas investigaciones, Penta y SQM— determinó que finalmente Ciudadano Inteligente se decidiera a patrocinar la querella. “Teníamos que estar. Claramente, aquí lo que menos estaban cautelados eran los intereses ciudadanos, ¡si esto no es gratuito!; tenemos una propuesta de financiamiento de la política que hemos estado trabajando desde hace tiempo, un proyecto de ley de probidad y toda una historia vinculada a asuntos sobre transparencia. Por eso quisimos participar de la formalización. Es importante que se haga justicia, caiga quien caiga”.

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—¿Qué pasó? ¿Por qué la ciudadanía no se encontraba cabalmente representada?

—Este es un terremoto del ejercicio público, por eso todos son especialmente cuidadosos; nadie está seguro si su entorno está totalmente limpio y cada cual hace sus propios cálculos, pero nosotros no estamos arriesgando nuestro capital político. Lamentablemente, ningún otro actor está jugando esa carta.

—¿Eso explica por qué los mismos querellantes se habrían abstenido de ampliar sus acciones legales hacia la arista SQM?

—Esa es precisamente la pregunta, ¿qué esconden?, ¿por qué no están entrando con el mismo ímpetu que con el Caso Penta? ¿A qué viene esta tibieza con respecto a Soquimich? Si efectivamente estamos frente a un Estado que busca construir la igualdad ante la ley, que las consecuencias sean parejas para todos, entonces tratemos este caso con la misma relevancia y profundidad.

—Ustedes se querellaron contra ocho figuras políticas, pero no incluyeron ni a Andrés Velasco ni al ministro Alberto Undurraga. ¿Qué sucedió?

—Ahí hay límites jurídicos; como fundación estamos avalados para realizar acciones sólo contra quienes hayan estado en un cargo público al momento de registrarse un eventual ilícito, y ése no es el caso de Undurraga ni de Velasco. Además, no podemos iniciar acciones contra particulares, por eso que tampoco nos querellamos en contra de Délano y Lavín.

—¿Han recibido presiones?

—No, y eso habla bien del país. Si estuviera en México me sentiría amenazado. Acá sólo hemos conseguido muestras de apoyo. Tiene que ver con una sociedad chilena fuerte. En otros países del continente el cinismo en cuanto a la corrupción del Estado, la transparencia, los conflictos de interés, es terrible… Los diarios mexicanos están plagados de casos y para la gente se trata de uno más… Lo mismo en Argentina. Acá, sin embargo, hay una indignación profunda; en el Persa Bío-Bío o en el Paseo Ahumada las vitrinas estaban llenas de televisores prendidos con la gente siguiendo atentamente los pormenores de la formalización y de la apelación, ¡qué importante es tener una ciudadanía atenta, interesada en informarse, dispuesta a participar y a manifestar su descontento y a exigir que la justicia se aplique para todos! Hoy el sistema judicial tiene un gran reto, todos los ojos están puestos en él. Este es un llamado para que los actores del Estado no aflojen; que los fiscales no cedan ante la presión política y el conjunto de intereses que están en juego.

—¿Cómo juzga la gestión del SII frente a este caso? Uno de los querellantes de CI, el abogado Mauricio Daza, dijo que está en juego nada menos que la credibilidad de este organismo y recordó que bajo la administración de Piñera este servicio condonó una millonaria deuda por impuestos a la multitienda Johnson.

—Esta es la hora de la verdad para el SII; deberá demostrar que es imparcial. Además, no es un órgano muy querido; todos los meses los ciudadanos deben pagar impuestos, y cuando ves que hay privilegiados que tienen un trato diferente, duele el doble; te aprietan el cuello todos los meses, pero hay otros a los que se les afloja la presión. ¿Qué va a pasar si a estos sujetos no los investigan en profundidad, si se llega por ejemplo a una salida administrativa? Tienen que dar un mensaje importante. Deben presentar todas las querellas  y que se abra la información relevante respecto a las últimas campañas presidenciales. Llegó el momento de hacer limpieza.

Para ello, según Collada, “es fundamental que exista disposición desde la cúpula más alta del gobierno… Pero aquí hay posturas un tanto divergentes. Por un lado se crea un Consejo Anticorrupción y pro transparencia —que también integra un miembro de nuestra fundación— y por otra parte no se da una señal tajante y definida respecto de este caso en particular. No existe una postura integral e íntegra en su objetivo de luchar contra la corrupción, los conflictos de interés y las irregularidades en el uso de recursos de la política”.

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—¿Qué pasaría si finalmente se llega a un gran acuerdo político, tal como ocurrió con el MOP Gate durante el gobierno de Lagos?

—Esa fue una de las principales razones que nos llevó a hacernos parte de esta querella. Como fundación, ya hemos visto muchos casos en que de pronto se dice “yo hice mal pero tú también, entonces tú no dices nada y yo tampoco, pasemos el capítulo y construyamos hacia adelante”. Pero eso ya no se aguanta, la gente está cansada. Un gran acuerdo sólo produciría una ruptura todavía mayor respecto a la confianza hacia la institucionalidad política, ni hablar de la credibilidad del sistema judicial, donde casos como el de Martín Larraín dejaron en la ciudadanía la sensación de un sistema que no es igual para todos.

—Hoy es precisamente el discurso de igualdad lo que está en riesgo. ¿Qué opinión tiene del Caso Caval, donde el hijo de la Presidenta y su nuera se habrían beneficiado por medio de contactos privilegiados?

—Es de profundísima gravedad. Que en el seno de su propia familia se lleve a cabo un acto de estas proporciones, donde hay conflicto de interés, aprovechamiento de información, con beneficios diferenciados respecto a cualquier otro ciudadano, por supuesto que se topa con el discurso de la Presidenta. ¿Cuántos conflictos de interés están pasando debajo del radar hoy día? 

—¿Evalúan querellarse también por este caso? 

—No lo sabemos todavía, pero no lo descartamos. Lo que sí es claro es que tanto en Caval, como en Penta y Soquimich tiene que haber justicia cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Ese es el gran reto. Si eso no sucede se producirá una herida muy profunda, el antirreferente sobre el cual se continuará construyendo la democracia en Chile. Por eso hacer justicia es fundamental.