Varios se sorprendieron con su nombramiento como titular de Trabajo en la próxima administración de Sebastián Piñera, y es que muchos se quedaron con la imagen del fiscalizador que denunciaba irregularidades (como el Caso Cascadas que tuvo como protagonista al principal controlador de SQM Julio Ponce Lerou) y también del fiel escudero del próximo presidente. Pocos saben que en los 16 años como diputado RN, Nicolás Monckeberg (43, casado, cuatro hijos) integró y presidió la comisión de Trabajo, donde estudió y presentó varios proyectos de ley como aquella que protege el descanso del día domingo, indemnización a todo evento y permiso maternal a las mujeres que adoptan un hijo. Por lo mismo, asegura que conoce perfectamente el mercado laboral y sus protagonistas, por lo que está optimista de que logrará grandes acuerdos transversales. Sus prioridades aseguró a días de su nombramiento, serán una reforma al sistema de pensiones, transformación del Sence, modernizar y adaptar ciertas normas laborales al nuevo escenario del empleo que vemos en Chile y el mundo y evaluar ajustes a la reforma laboral, entre otros, señalando, de paso, que pretende cambiarle la cara al Ministerio del Trabajo —reconocido, según él, por sus conflictos y pugnas ideológicas— “y convertirme en el ministro del diálogo y de los acuerdos”.

Se está preparando para el cargo y también para recibir el 11 de marzo un mercado laboral —a su juicio— en claro deterioro. “Hace unas semanas el INE impactó con sus cifras: 30% de informalidad en el empleo y la evidencia de que la gran debilidad de nuestro mercado laboral es la falta de inclusión de mujeres y jóvenes. No es justo que el 80% de los jóvenes del nivel socioeconómico alto encuentren trabajo mientras que solo el 20% del más bajo lo consigue. Por otra parte, el único empleo que sube son las contrataciones del Estado a diferencia del sector privado donde sigue cayendo. Y de los pocos trabajos que se han creado, el 70% ha sido por cuenta propia sin previsión. Entonces es paradójico que discutamos lo urgente de la reforma previsional, cuando el daño más grande que se les ha hecho a los chilenos en estos cuatro años es destruir los empleos con contratos y previsión, que generará lagunas previsionales gigantes”.

Su misión, dice, será reconstruir el mercado laboral “y volver a poner de pie la economía de nuestro país. Eso significa recuperar las confianzas en aquellos que la impulsan, trabajadores y emprendedores, grandes, medianos y pequeños, que a su vez generará empleos de calidad. Por ello es tan importante conversar, llegar a entendimientos; es la forma de lograr colaboración del Estado y del sector privado, entendiendo que el Ministerio del Trabajo —más que técnico o político— es ante todo social, donde las solas cifras del empleo no bastan, como tampoco el crecimiento por el crecimiento. Nos importa crear aquellos que empujen el desarrollo humano con dignidad y calidad de vida para sus trabajadores”. 

—¿Se encuentra con un ministerio muy politizado?

—Hoy está más cerca del conflicto y disputas ideológicas que del desafío social. La palabra trabajo debiera hoy unirnos y no separarnos. Hay que entender que detrás de un buen empleo debemos estar todos; el que no lo comprenda así, se queda en el pasado.

—Carlos Larraín dijo que la administración Piñera debiera abandonar los complejos y gobernar con las banderas de la centroderecha. ¿Con cuál de ellas manejará su ministerio?

—La primera bandera que el presidente nos pidió levantar es la del diálogo. Su sello es que en cada una de sus propuestas el país se reencuentre, vuelva a conversar; algo tan importante que este gobierno perdió en estos cuatro años. Es fundamental mirar los desafíos de nuestro Chile hacia adelante. En materia laboral, hay que romper ese bloqueo absurdo que nos inmoviliza, donde un sector sobrerreacciona con la palabra sindicato y lo siente como amenaza para la continuidad de la empresa; mientras que al otro, le hablan de adaptabilidad laboral o jornadas más modernas y de inmediato acusan precarización del empleo. Está la necesidad de adaptar las normas a nuestra realidad. La mayoría de los niños de octavo básico trabajarán en empleos que hoy no existen. Prepararnos para el futuro no debe ser visto como amenaza, sino como una oportunidad para modernizar el mercado laboral e instituciones. ¿Cómo es posible que el Sence, que tiene un presupuesto millonario para capacitar a trabajadores, tenga tan pocos resultados concretos? Haremos una transformación profunda de éste, porque no basta capacitar con lo que ya existe, sino para lo que viene.

—El presidente de la Anef y Bárbara Figueroa de la CUT se resistieron a su nombramiento porque fue detractor de la titularidad sindical y el derecho a huelga. ¿Por ahí pasarán sus ajustes a la reforma laboral?

—Todos queremos una reforma que fomente el empleo y proteja el derecho de los trabajadores. Nosotros no venimos con retroexcavadora, pero ante cualquier reforma es fundamental evaluar su funcionamiento desapasionadamente y perder el miedo a corregir. Por ejemplo, hay ciertas normas que se aprobaron en la última reforma laboral que están generando mucha judicialización y crean incertidumbre especialmente en los trabajadores, sindicatos y la empresa, sobre las cuales la Dirección del Trabajo tiene una interpretación y los Tribunales de Justicia exactamente la contraria. 

—Es partidario que la negociación colectiva se extienda a todos los trabajadores y que haya reemplazo mínimo durante una huelga. ¿Eso no termina debilitando la sindicalización?

—En Chile necesitamos buenos sindicatos, donde los trabajadores se sientan representados en sus derechos y por eso, se afilien voluntariamente para ser defendidos de las malas prácticas, abusos y sean representados en negociaciones colectivas. Si eso no ocurre y los trabajadores no se afilian, no podemos privarles del derecho de negociar colectivamente tal como lo señaló el propio Tribunal Constitucional. Insisto, estas materias hay que observarlas con objetividad, siempre pensando en el bien de los empleados y el buen funcionamiento de la empresa. Caer en caricaturas es un error porque no avanzamos ni defendemos los derechos laborales. A ningún trabajador, sindicato y empresa le acomoda una ley que genera judicialización y diferencias de opiniones sobre un mismo aspecto como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con la calificación de los servicios mínimos. Los que estamos en el servicio público debemos entender que en vez de contaminar el buen sindicalismo con conflictos políticos partidistas, tenemos que fomentar y crear incentivos para que los sindicatos sean el mecanismo que los trabajadores elijan para negociar, representarse y protegerse de los derechos laborales.

—¿Y organizaciones como la Anef y la CUT tendrán esa disposición en el próximo gobierno?

—Confío en que habrá apertura y disposición de los dirigentes sindicales, las organizaciones y los representantes del mundo empresarial porque dialogaremos con todos. Estoy convencido de que la CUT, Anef y todas las organizaciones sindicales serán mis aliadas, por ejemplo, en un sistema de capacitación que acompañe al trabajador hasta el último día. Sería una frustración para todos pasar cuatro años discutiendo aspectos que no responden a la realidad del presente ni el desafío del futuro.

¿FIN DE LOS OPERADORES POLÍTICOS?

—Se habla de cerca de 200 mil contrataciones en el sector público en los últimos cuatro años, los que, según señaló, será difícil de sostener. ¿Qué medidas tomará al respecto?

—El presidente nos pidió austeridad en muchas materias y queremos que en el Estado trabajen personas que contribuyan a que el país crezca y no operadores políticos a quienes se les paga favores con un contrato. Esto genera una falsa sensación de empleabilidad y quita oportunidades a los trabajadores del sector público que aportan y trabajan en su servicio y ven que sus condiciones no cambian. De paso, se gastan cuantiosos recursos que podrían utilizarse en necesidades más urgentes. 

—¿Se revisarán esas nuevas contrataciones entonces?

—Seremos cuidadosos y estrictos para que los ministerios y reparticiones públicas no sirvan para pagos de favores políticos.

Eso será prioritario asegura Monckeberg como también la reforma al sistema de pensiones, considerando que en diez años se duplicarán los jubilados en nuestro país. “Es fundamental que el empleador, el Estado y también el trabajador contribuyan más para aumentar las pensiones. El presidente Piñera se comprometió a incrementar el pilar solidario en cerca de un 42% (que beneficiaría a un millón y medio de chilenos) y, por otro lado, queremos plantearle al Congreso una serie de incentivos para mejorar las pensiones de la clase media y mujeres. Esta reforma Chile la necesita y queremos que sea aprobada producto de un gran acuerdo en el Parlamento”.

—¿Ve a un Congreso dispuesto a colaborar?

—Estoy optimista. Están las condiciones para un acuerdo, pero además creo que es una obligación moral del Parlamento hacer los esfuerzos para un entendimiento y lograr una reforma previsional.

—¿Y están las condiciones en Chile Vamos para proyectarse a ocho años en La Moneda como pretenden?

—Las grandes metas como derrotar la pobreza, pleno empleo y de calidad o sistema de salud digno son reformas que requieren tiempo. Cuando los compatriotas perciben que un gobierno tiene una hoja de ruta definida, se pone de acuerdo y fija bien sus prioridades, logra proyectarse. Hoy tenemos una coalición más unida y un mandato del presidente claro de trabajar en conjunto con la oposición para que nuestros proyectos sean respaldados por la mayor cantidad de fuerzas políticas. Para eso necesitamos seguir unidos y con la madurez demostrada en el último tiempo. Eso significa que debemos saber administrar nuestras diferencias y convertirlas en nuestro mejor activo.