Nunca vio con buenos ojos que algunos diputados oficialistas solicitaran una comisión investigadora sobre el Caso Cascadas en momentos que éste, uno de los mayores escándalos bursátiles chilenos —y que tiene como protagonista al principal accionista y controlador de Soquimich (SQM) Julio Ponce Lerou—, aún se encontraba en investigación. El diputado, jefe de la bancada de RN y miembro de dicha comisión Nicolás Monckeberg (41, abogado, cuatro hijos) sostenía en un comienzo que lo único que se buscaba con ello era intentar dañar la imagen del ex Presidente Sebastián Piñera como ex socio minoritario, y a quien el propio Ponce Lerou acusó de haber impulsado la investigación a través del ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, por no haberse beneficiado con las transacciones cascadas. Estas sociedades por años vendían paquetes de acciones de su propiedad a un precio menor al de mercado a otras sociedades directamente vinculadas a ellas, para luego vender estas mismas acciones a precios mayores a los que habían sido vendidas, con perjuicio a los minoritarios y con un esquema de funcionamiento concertado, que a los actores involucrados les valió una multa de 164 millones de dólares por parte de la SVS.

“En el camino me di cuenta de que no se trataba sólo de una revancha política en contra de Piñera, también se buscaba colaborar con la defensa de Julio Ponce”, asegura, apuntando a los diputados Ricardo Rincón, Roberto León y Marcelo Schilling. Y acusa: “Ellos, más que investigar el caso y el rol de las autoridades para evitar que estos fraudes se repitan, se han hecho eco de la defensa de Ponce, repitiendo los mismos argumentos de sus abogados: objetan que se operó fuera del precio de mercado, afirman que no se dañaron las AFP y que no hubo ningún esquema… Es frustrante que en vez de defender a la gente, a las víctimas, terminen justificando y haciendo esfuerzos inhumanos por tratar de mostrar como normal la forma en que operaban. Afecta la imagen del Congreso que una comisión investigadora en vez de ser un aliado del regulador (en este caso la SVS) para llegar a fondo y sancionar con dureza, termine siendo caja de resonancia de los argumentos de la parte acusada”.

—¿Por qué habrán adoptado esa postura?

—Me encantaría saberlo, sólo sé que repiten los argumentos de los abogados de Julio Ponce, partiendo por afirmar que el ex superintendente Fernando Coloma fue presionado por Sebastián Piñera a empujar la investigación, y que en su momento llevó a la defensa a presentar una querella en su contra por prevaricación y por filtrar un documento, que fue desestimado por el ministerio público. Después intentaron inhabilitar al actual superintendente Carlos Pavez, elegido en este gobierno, porque hace 25 años había asesorado a Bancard que entonces era de Piñera, pero resulta que nada de esto que repiten lo presentan a la justicia… Mire, Ricardo Rincón ha dicho de todo, que las multas son desproporcionadas, que no hubo pérdidas, que las AFP tuvieron ganancias. Cita informes de la Universidad de Chile, encomendados y financiados por las partes acusadas, ¡y él los cita como información propia!, cayendo en inexactitudes, siendo desmentido por los propios autores del informe… Me pregunto, ¿cómo tuvo acceso a ese documento que recién se liberó hace unas semanas?

—¿Qué concluye usted?

—A nadie le puede caber duda que esos parlamentarios —con o sin intención— constituyeron esta comisión para hacer eco de la defensa de las operaciones cascada y de Julio Ponce.

—¿Cree entonces que los diputados Rincón, León y Schilling están dentro de los que habrían recibido financiamiento a sus campañas por parte de Ponce Lerou?

—La gente puede sacar sus conclusiones, no tengo antecedentes concretos para afirmarlo, ni tampoco cómo saberlo. En democracia, la ciudadanía tiene derecho a saber si sus parlamentarios actúan con independencia, más aún cuando son parte de una comisión investigadora que busca dar transparencia al país; confianza que en este caso se pierde con estas personas que lejos de querer investigar y sancionar, justifican las operaciones cascadas. Y esto no es menor; sienta un precedente porque pone en duda la validez de estas comisiones cuando no hay claridad sobre la independencia de quienes participan en ella.

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Asegura que no está dispuesto a actuar con ingenuidad. “En mis 15 años como diputado jamás había visto un intento más evidente de instrumentalización por parte de algunos para los fines de una parte acusada, y todo lo que podamos hacer para evitarlo, será por el bien del país y de la Cámara”. En ese aspecto, Monckeberg cuestiona a La Moneda y a la propia Presidenta Bachelet por contratar a Carlos Correa como el segundo a bordo en la Secretaría de Comunicaciones (después de Paula Walker) quien, como ex gerente de Imaginacción Consultores —la agencia de comunicación y lobby de su padre, Enrique Correa—por años fue uno de los principales lobbistas en favor de SQM. “Fue un tremendo error del gobierno contratar como asesor de la mandataria a alguien con ese gigantesco conflicto de interés. Se trata de una causa que está siendo investigada, que afecta la transparencia y confianza en nuestro sistema de mercado de capitales. Michelle Bachelet se equivocó, mientras el caso no esté cerrado, ella no puede mandar una señal tan errática, más aún cuando la oficina (Imaginacción) sigue hasta la fecha asesorando a Soquimich”.

—Sin embargo, fue el actual superintendente de la SVS, nombrado por este gobierno, quien emitió el fallo con la multa más alta de la historia: 164 millones de dólares.

—Se ve que Carlos Pavez ha actuado con libertad y sin presiones, sin embargo, su resolución contrasta con la actitud de estos parlamentarios que asumieron los argumentos de la defensa de Ponce, objetando y separándose de la línea de su propio gobierno. Me pregunto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de defender operaciones que para todos son cuestionables?

—Le insisto, ¿cree que están en la lista de los parlamentarios financiados por Ponce?

—No tengo antecedentes para confirmarlo…

—¿Y que financie a otros?

—Definitivamente, sí, y por lo que he sabido, es transversal. Es un hecho conocido que Julio Ponce ha colaborado con muchas campañas políticas.

—¿Con quiénes específicamente?

—No tengo antecedentes, porque la ley lo impide. Me parece bien que existan los aportes reservados porque protegen de posibles extorsiones, sin embargo, cuando hay una investigación de esta naturaleza, esa información debiera estar disponible. El país tiene derecho a saber si los congresistas que están investigando algún tema tienen conexión con los involucrados. Me encantaría que el Servel diera a conocer todos los financiamientos de las empresas cascadas, y los chilenos sabrían qué parlamentarios tienen independencia para ser parte de esta comisión o si tienen algún vínculo con éstas. Es un caso emblemático que al país le avergüenza; Chile tiene una confianza ganada, sin embargo, le ha generado descrédito en el mundo la manera en que funciona nuestro mercado de capitales. Se necesitan sanciones ejemplificadoras, tolerancia cero a este tipo de prácticas como la que tuvimos en La Polar, farmacias, pollos… Se hace imposible la defensa del modelo económico de libre mercado desde el Parlamento, si no hay respeto a las normas mínimas y si sus congresistas justifican o callan frente a escándalos de esta naturaleza.

—El esquema cascadas se hizo por años en impunidad, ¿dónde estuvo la falla?

—La fiscalización llegó tarde, y hay vacíos legales. Es absurdo que estos casos caduquen en cuatro años en beneficio de los infractores, más aún cuando actúan en función de esquemas, donde una operación está concatenada con la otra. Ese plazo lo alargaría o eliminaría. Sin embargo, ni por mil leyes que modifiquemos impedirán el abuso si no cambia la conducta ética y moral de algunos empresarios del mercado financiero.  

—Debió colaborar con la ‘causa’ un directorio tan transversal como el de SQM, que iba desde Osvaldo Puccio hasta Hernán Büchi, donde debieron operar las redes.

—Desconfío de los directorios de empresas importantes que tienen a personas de tan diversas tendencias políticas; da la impresión de que esa compañía más que preocuparse de la competencia y capacidad técnica de su gente, está enfocada en el nivel de influencia y redes de contactos que éstos tienen. Que una empresa para asegurar su futuro requiera de una red de contactos políticos de sus directores, le aseguro que comienza mal y termina peor, tal como pasó con el Caso Cascada.

—¿Le parece una multa ejemplificadora  164 millones de dólares, siendo que las ganancias superan los 300 millones de dólares, y la SVS ni siquiera aplicó sanciones en contra de los directores de las empresas?

—Ninguna multa puede ser inferior al monto que ilegalmente ganaron. Con respecto a los directores, un ejecutivo de ese nivel debiera conocer al detalle cómo funcionan sus empresas, y si no fue así, o no estaba haciendo su trabajo o derechamente se les ocultaba información… Ahora, resulta inexplicable que todo este esquema se haya producido en completa inocencia y desconocimiento de los directores que tenían que aprobar cada uno de los aumentos de capital o ser informados de cada una de las compras de acciones. Nada justifica su pasividad. Es fundamental que ninguna responsabilidad —por acción u omisión—, quede sin sanción. Y mientras no se aclare la que tuvieron los directores, esta investigación quedará coja.

—¿Y qué le parece que la corredora Larraín Vial también multada, siga operando?

—Aún faltan causas tributarias y penales por resolver, espero se tomen las medidas. No es algo que la Bolsa haya descartado, ojalá más luego que tarde todos los responsables sean sancionados duramente para que no se repitan estos casos de abuso, y durante tanto tiempo. Chile es de los pocos países donde las corredoras ofrecen negocios propios a los accionistas de la misma empresa en vez de hacerlo con sus clientes, ¡eso es un conflicto de interés gigantesco aquí y en la quebrá del ají!

—¿Cuánto ha dañado este caso la imagen de Chile en materia de corrupción, como asegura The Economist?

—Afecta, como también ocurrió con Chile Deportes, EFE, La Polar… Por eso el gran desafío es demostrar con las investigaciones y procesos pendientes, que somos intolerantes frente a este tipo de actuaciones, sólo así le devolveremos la confianza al mercado. De lo contrario, si mostramos dobleces, blandura, justificaciones, la situación es más grave.