En tiempos de reformas que buscan terminar con el abuso del mercado y devolver la gratuitad a la educación, el hecho que un integrante de la familia presidencial se viera involucrado en un negocio de especulación inmobiliaria fue la peor estocada al corazón del gobierno y de paso a la Nueva Mayoría. Compagnon sabía que no sería invitada al tradicional festejo de año nuevo en Cerro Castillo, pero lo que nunca imaginó es que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellaría en su contra por delitos tributarios en la compra de los terrenos de Machalí. Más aún cuando semanas atrás, el mismo director del organismo Fernando Barraza había reiterado que no había elementos de juicio para actuar en su contra.

Este giro en 180 grados fue el golpe más certero que ha recibido desde que estalló el caso Caval y se suma a la decisión del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, de formalizarla por el delito de declaración de impuestos maliciosamente falsos. Ni la expulsión del PS ni la formación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados ni el desprecio de un país que ya la eligió como el prototipo de la ‘no era’ se compara con lo que sintió cuando se enteró por la prensa de la acción del SII. Según sus cercanos, entre rabia e impotencia, dijo que no tiene dudas de que detrás de todo esto hay una operación política mayor para blindar la figura presidencial. Pero lo concreto es que son las inconsistencias tributarias de Caval las que encendieron las alarmas y en ese escenario lo que se buscará establecer a futuro es qué cantidad de los dineros de Caval fueron a parar a los bolsillos de Dávalos. Por eso el personaje de esta quincena es Natalia Compagnon.

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