“Uf… es difícil saber desde cuándo vienen las prácticas de defraudación en el Ejército”reflexiona el periodista Mauricio Weibel, autor de Traición a la patria, el milicogate, el libro —y resultado de un año de investigación— que ahonda en la historia de corrupción que hoy siguen de cerca el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y la Fiscalía Militar. Una red de enriquecimiento ilícito a través de los Fondos Reservados del Cobre que ya suma 6 mil 600 millones de pesos entre 2010 y 2014, cifra que podría aumentar, según este profesional.

Una historia que perfectamente daría para un guión de película, con personajes insólitos, fuentes al más puro estilo de Garganta profunda en el Caso Watergate y una trama que en nada tiene que envidiar a la reciente ganadora del Oscar, Spotlight.

Aunque la historia de corrupción no es nueva. Weibel apunta a que desde fines de los ’80 y principio de los ’90 se terminó de cristalizar “como una práctica bastante habitual” al interior de las FF.AA., a través de operaciones como la venta de armas a Medio Oriente para la guerra entre Irán e Irak, o proyectos como Rayo, el favorito de Augusto Pinochet. “A partir de ahí se suceden una serie de casos a través de los cuales se terminó instalando una ‘máquina para defraudar’, como lo reconoce el propio coronel Clavis Montero, el principal imputado y detenido en el caso”, dice el también autor de Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura (2012), coordinador de la Biblioteca Latinoamericana de las Memorias, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras y columnista de The Clinic, el diario donde publicó la serie de reportajes que dispararon el fuego.

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Prácticas cotidianas como contratar servicios o adquirir insumos y efectuar el papeleo después —lo que por años se prestó para simular a posteriori valores mucho más altos— eran una operación extendida. Participaba una exclusiva red de proveedores que actuaba concertadamente, a sabiendas de que se trataba de un mecanismo irregular, a través de suculentas coimas y favores. Todo, por medio de facturas falsas o sin el sello del SII. “Algunos de los militares involucrados trabajaron con Pinochet y quizás  ahí adquirieron las malas prácticas. Además que había mucho dinero ¡pero mucho dinero! Y no existían controles. Eso facilitó el mal uso de esos fondos”.

No fue una investigación fácil. Las fuentes pedían secreto absoluto;se sentían amenazadas, siempre con la imagen del coronel Huber, asesinado el día antes de ir a declarar en el marco de la investigación por el tráfico de armas a Croacia. “Cuando empezamos a publicar sobre el Milicogate en el Clinic, en la Fiscalía Militar nos pidieron los nombres de las fuentes; era una forma de amenazarlos porque arriesgaban veinte años de cárcel”

Weibel vivió una serie de situaciones particulares, como el robo de todos los PC de la redacción de The Clinic. “Hubo seguimientos, personas que se nos aparecían recurrentemente en la esquina. En TVN (donde Informe Especial editó hace poco un reportaje que contó con su colaboración) hubo dos colegas a los que casualmente les hackearon justo los computadores en los que trabajamos sobre el tema de Juan Miguel Fuente-Alba…”.

Tanto así que los fiscales a cargo de la investigación, como el SII y la Unidad de Análisis Financiero —que trabajaron mancomunadamente para analizar el patrimonio de Fuente-Alba, blanco de sospechas dado su abultado patrimonio de 4.000 millones de pesos—  debieron tomar precauciones para que sus avances no fueran detectados por la inteligencia militar, evitando dejar huella cibernética.

“Fue en su período como comandante en jefe que se dieron las mayores defraudaciones; errores administrativos graves, como la orden de no seguir revisando las facturas que ingresaban al Comando Apoyo a la Fuerza (CAF), a cargo de procesar esos documentos asociados a la Ley Reservada del Cobre. Fuente-Alba nombró a los generales del CAF, que dependían directamente de él y cada uno de ellos tomó medidas que facilitaron aún más la defraudación. Si eso es su responsabilidad deberá verlo la Justicia”.

En “el último eslabón de la cordada” del CAF trabajaba el cabo Cruz, quien en esos cuatro años llegó a gastar 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello.  “El llevaba todos los procesos de compras en una humilde planilla Excel, algo inexplicable, pudiendo ellos haber invertido en un programa de primera línea… Puso en riesgo algo tan sensible como la seguridad nacional; otro país podría haberle pagado para acceder a esas compras… Así de sensible era la información. ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo inteligencia militar no detectó que había un cabo gastando hasta 60 millones de pesos en una noche; que compraba autos, tenía empresas, viajaba al Caribe, todo con un sueldo de 500 mil pesos?”.

Tan escandalosa fue la información que Humberto Oviedo, el actual comandante en jefe, sospechando de la extensión del caso y de que muchos podrían haber lavado dinero a través de fondos de inversión fraudulentos, ordenó a los uniformados retirar sus dineros en el acto. Más de dos mil de ellos tenían inversiones en AC Inversions, lo que llevó al derrumbe de la pirámide. “A raíz de este caso Contraloría pudo —por primera vez en la historia— investigar las inversiones que se hacían con la Ley Reservada del Cobre. Por eso digo que el caso está recién empezando”

El primer hilo de la madeja que Weibel tiró sin imaginar que lo llevaría hasta el alto mando fue una nota sobre un fraude por 50 millones de pesos que The Clinic publicó en marzo de 2015. El impacto fue nulo, pero atizó los ánimos al interior del Ejército, especialmente de militares que por años habían visto con impotencia cómo hombres que vestían sus mismos uniformes enlodaban a la institución. “Se empezaron a sumar fuentes, como R, que era nuestra Garganta profunda”. 

Pero la prensa no hizo eco. Ni una sola línea sobre la investigación. El ya había ofrecido la historia a varios medios escritos, sin éxito. “Nadie te va a decir que no se quiere meter porque suena muy mal periodísticamente, pero yo entendía claramente la señal”.

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—¿O es que los militares tienen todavía mucha influencia dentro de los medios?

—Claro que la tienen. Algunos diarios han dicho que faltan antecedentes, que el patrimonio de los generales sí estaba justificado, y cuando luego lees esos artículos te preguntas ¿qué es esto, periodismo o relaciones públicas?

También se encontró con el silencio de los distintos ministros de Defensa, partiendo por Francisco Vidal —quien nominó a Fuente-Alba en la terna para la Comandancia en Jefe al finalizar el primer gobierno de Michelle Bachelet— y, posteriormente, el de Allamand, Hinzpeter —nombrados en el cargo por Sebastián Piñera, precisamente entre 2010 y 2014, los años de Fuente-Alba— como también Jorge Burgos (hoy ministro del Interior) y José Antonio Gómez, actual titular de la cartera. “Estos últimos tuvieron antecedentes del desfalco pero no dijeron palabra… Pasa que los ministros cuando llegan a Defensa se infantilizan, como si se tratara de un juguete; pueden viajar a la Antártica, subirse a un helicóptero, disparar una pistola y dejan de entender que se trata de un cargo político”. 

Dirigiendo su artillería a José Antonio Gómez, observa: “Cómo alguien que quiso ser presidente estuvo meses sin asumir que esto era algo importante. Le pedimos más de diez entrevistas”. 

Ahora volviendo sobre Jorge Burgos (subsecretario de Guerra desde 1993 hasta 1996), añade: “A él le pedí que contestara si existieron desvíos de estas platas a campañas políticas porque desde los fondos reservados también se le transfiere anualmente a Defensa una cifra millonaria (cerca de US$ 250 mil) sin que el ministro deba rendirlos. ¿Cuántas campañas políticas se habrán pagado? Es una duda razonable. Pedí copia de los certificados de buena inversión de esos fondos y me los negaron. ¿Por qué el secreto? Creo que pensaron que este era un caso de desfalco de un par de oficiales y nada más. Fueron poco rigurosos. Pero ya vamos en 6.600 millones de pesos sólo entre 2010 y 2014. Si uno mueve la línea de tiempo probablemente esa cifra subirá, y si se amplía el número de proveedores, todavía más, porque muchos ni siquiera han sido investigados.

También está en tela de juicio Francisco Vidal, quien al terminar su período se sumó como asesor de la Comandancia en Jefe, precisamente con Fuente-Alba. Cuatro años en los que —de acuerdo a Chile Transparente— recibió un promedio de 14 millones de pesos anuales “sólo por ir a tomar un café y dar consejos, es decir, por asesorías verbales —dice Weibel—. Además, hay un asunto aún más complejo: Vidal no recuerda si la invitación laboral la recibió días antes o después de salir del cargo. Un olvido conveniente, porque si fue antes estaba en esa negociación cuando ocurrió el terremoto; al frente ya no tenía en Fuente-Alba a su subalterno sino que a un posible empleador… No olvidemos que esa madrugada la comandancia tardó más de diez horas en poner un helicóptero a disposición de la Presidenta para recorrer el país y poder ver en terreno las dimensiones de la catástrofe. ¿Hizo Vidal todo lo que tenía que hacer esa noche? ¿Su actuación estuvo o no influida por esa negociación?”.

—Desde un principio la Concertación jamás osó tocar la Ley del Cobre. ¿Fue uno de los pactos secretos de la transición?

—Te doy un dato: quien fuera ministro vocero en el primer gobierno de la Concertación, el lobbista Enrique Correa, es quien lleva las relaciones públicas del ex comandante Fuente-Alba ante la investigación judicial en su contra. ¿Cómo alguien que es vicepresidente de la Fundación Salvador Allende asesora a quien a su vez fue el vocero de Pinochet? ¿Estará Correa utilizando su poder político en los tribunales?

Y apunta su artillería a un nuevo objetivo: “¿Sabías que la Ley Reservada del Cobre en su artículo sexto dice que si bien las adquisiciones de armas son secretas, el contralor de la República es el único que puede fiscalizar? Pero aquí Ramiro Mendoza miró p’al techo”.

—Todos los contralores, ¿o sólo él?

—Todos. Aunque tiene una culpa especial: fue en su período que el precio del metal se fue a las nubes y ahí, extrañamente, normó que sólo se revisarán los certificados de buena inversión, algo así como la última hoja, sin indagar en los procedimientos. Ahora eso lo revocó el nuevo contralor, Bermúdez, quien está revisando las operaciones y ha encontrado varias cosas.

Mauricio Weibel se indigna. Entre 2000 y 2015 se gastaron más de 12 mil millones de dólares en compra de armas, lo que  equivale a cinco reformas educacionales, la construcción de 30 hospitales y cien liceos de excelencia en cada región de Chile. “Todos los niños y jóvenes del país podrían estar estudiando gratis en la universidad con esos aportes, y todo sin siquiera afectar la capacidad de compra de armas. ¿Qué más importante para la estabilidad del país que terminar con la desigualdad? Si los problemas estratégicos no están más allá de nuestras fronteras sino que adentro. Esa es la mayor bomba de tiempo”.