El domingo 6 de diciembre se marcará un punto de inflexión en el proceso político de Venezuela. Por una parte, esta elección se ha transformado en un evento que definirá la gobernabilidad de Venezuela, sea que gane la oposición o el Gobierno y, por otra, mostrará cuán sólida o débil es la democracia venezolana para administrar el resultado en un contexto de campaña agresiva y descalificatoria.

Las encuestas plantean una ventaja para la oposición agrupada en el MUD (Mesa de Unidad Democrática), lo cual ha significado un desafío para el Gobierno de Maduro en varios sentidos. El primero, es que ha obligado a desplegar toda la capacidad de gobierno para generar un control social y político que asegure el voto de los sectores poblacionales que reciben ayuda del Estado; el segundo, es que ha tenido que polarizar el discurso electoral al punto de amenazar de defender el proceso revolucionario en las calles si la elección se pierde este domingo; el tercero, se expresa en un gasto de recursos fiscales destinados a apoyar las campañas en un ambiente económico de crisis, en el cual la población es la principal perjudicada; el cuarto, es la tolerancia del gobierno a la violencia político-electoral.

En este contexto, las elecciones venezolanas se han transformado en un test democrático frente al cual la propia OEA ha enviado una senda carta de 18 páginas solicitando transparencia y respeto a los derechos políticos, libertad de expresión y condiciones de seguridad que debe velar el Consejo Electoral venezolano. También están las cartas públicas enviadas por líderes mundiales a Nicolás Maduro para que respete los comicios y libere a los presos políticos. En otras palabras, la situación en Venezuela se ha convertido en un caso de atención mundial. En este sentido, resulta importante tener en consideración que no hay observadores electorales independientes, sino que hay “invitados” del Gobierno a acompañar este proceso eleccionario y cuyas facilidades para verificar la transparencia son bastante limitadas.

Con todo, y cualquiera sea el resultado, éste será cuestionado por el lado perdedor. Si gana la oposición y además lo hace en forma contundente, como para tener la cantidad de votos necesarios que le permita convocar un referéndum revocatorio (posibilidad considerada en la Constitución) mediante el cual se podría colocar fin al Gobierno bolivariano-chavista de Maduro, la respuesta del Gobierno será el foco de atención: Tiene la posibilidad de aceptar la derrota o cumplir su amenaza de tomarse las calles con las milicias populares para defender el Gobierno y la revolución. Ello implicaría el fin de la debilitada democracia venezolana y una crisis nacional y regional respecto a su vigencia y sustentabilidad.

Asimismo, ello implicaría un desafío enorme para la MUD en términos de demostrar que poseen la capacidad de mantener la cohesión y una plataforma común que se expresara con solidez en el Congreso, cuestión que no parece fácil dadas las divergencias internas y conflictos actuales y latentes que tienen los ocho grupos que la conforman.

Si por otro lado, gana el Gobierno –incluso independiente de la cantidad de votos- será proclamado como un triunfo categórico y la consolidación del modelo, con lo cual se asegura la neutralización de la oposición y, eventualmente, su persecución. La celebración de este triunfo opacará las acusaciones de fraude y minimizará las sospechas y posibles evidencias de control y manipulación electoral.

En definitiva, este domingo, Venezuela se enfrenta a un elección que definirá el carácter y calidad de su democracia y su posibilidad de sobrevivencia política e ideológica, sin contar que al día siguiente deberá enfrentar con medidas concretas la más profunda crisis económica que ha vivido el país. La pregunta, entonces, será: ¿puede Venezuela superar su situación económica y social después de esta elección? La respuesta más probable es negativa.