Que pronto podrían cerrar más universidades y que aún quedan más figuras públicas por caer. Se refiere también al caso Precht y a la censura que dice le impuso tanto Agustín Edwards como Alvaro Saieh.

Hace calor, pero en el jardín de la periodista María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, corre un aire fresco. Ahí están sus plantas, una de sus grandes pasiones: hortensias y cactus de todos los tamaños, que ella trae de su casa en Los Vilos y que están repartidos en decenas de maceteros.

Viene saliendo de un año intenso, entre su rol en la Universidad de Chile y los coletazos de su última investigación sobre el Caso Karadima. A lo que se suma su nuevo libro, de cuyos detalles no suelta prenda, salvo que el lanzamiento podría ser este año: “El 2013 es impar: todos mis libros han salido en fechas impares: El saqueo, 2001; El imperio del Opus Dei, 2003; La privatización de las universidades, 2005; El negocio de las universidades, 2007; Los magnates de la prensa, 2009 y Karadima, el señor de los infiernos, 2011. Con todos consiguió un amplio reconocimiento y, si bien sólo el de Karadima fue éxito de ventas, sus investigaciones la han mantenido en la discusión pública. Su trabajo sobre las universidades, por ejemplo, se convirtió años después en una guía para entender el conflicto.

Varias de las entidades educacionales mencionadas en el texto, así como los nombres de empresarios vinculados a este negocio, hoy están en el ojo de los medios. Ese fue el caso de Teodoro Ribera —a quien ella le dedicó un capítulo completo—, quien debió renunciar a regañadientes a su cargo como ministro de Justicia luego de una serie de comprometedores mails con el presidente subrogante del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz Corvalán, quien actualmente está bajo arresto domiciliario, formalizado por la Fiscalía Oriente por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Una de las universidades privadas más beneficiadas por la CNA fue precisamente la Autónoma (de la cual Ribera es dueño y donde también fue rector), a la que Díaz —según un informe de la Fiscalía— cobró 100 millones de pesos por acreditarla por cinco años. Correos electrónicos entre Díaz y Ribera probaron que el ex consejero llegó a pedirle al ex ministro que lo contratara como asesor del ministerio.

“Esto andaba mal, muy mal, se veía venir. Escribí el libro el 2007, terminó el último gobierno de la Concertación, donde muchas de sus figuras participaban del negocio, pero esto ni siquiera era tema”, asegura sobre la evolución del modelo de educación superior privada, ideado en tiempos del gobierno militar y que hoy deja en evidencia situaciones muy anómalas que cuestionan su estabilidad. “Con Piñera vinieron los síntomas de esta enfermedad, de este caos en la educación superior, pero a nivel de gobierno y partidos políticos se hicieron los sordos. Posteriormente se constituyó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que sacó un informe que fue aprobado por un voto y donde la Alianza se manifestó en bloque, descalificándolo por todos lados… Y luego algunos concertacionistas también se hicieron los lesos y no dieron quórum. Pero aunque no tuvo el apoyo de los parlamentarios, sí tuvo eco en la Justicia. Una situación bien especial, donde ante la falla de dos poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, es un tercer poder, el Judicial, donde se abrió una esperanza importante de que se transparente esta situación, para que se conozca la verdad y ojalá se haga justicia, porque lo que está en el tablero ahora es la fe pública. El propio fiscal nacional la ha calificado de megainvestigación”.
Eso es lo que ocurrió en la Universidad del Mar, el caso más brutal de una promesa de educación que termina en fraude: 17.000 alumnos quedaron indefensos luego de que la entidad se declarara en quiebra y ahora se descubrió que también había obtenido su acreditación de manera fraudulenta por parte de la CNA.
“Este caso ha sido tremendamente ilustrador, una tragedia para miles de estudiantes, incluso para sus profesores y trabajadores, con sueldos impagos, sin imposiciones”, afirma María Olivia. “Y no creo que sea la excepción: esto es la punta de un iceberg; una muestra de hasta dónde ha podido llegar este sistema. Es un hecho que estamos hablando de corrupción, y es lo que está investigando la Fiscalía Oriente”.

“EN EL GOBIERNO SE HICIERON LOS SORDOS, no se atrevían a abordar el conflicto públicamente, porque el sistema está haciendo aguas y es un proyecto diseñado en dictadura. Tiene que ver con el modelo económico que se impuso en Chile. Y enfrentarlo sería como reconocer el fracaso. Aquí hay instituciones que no debieran llamarse universidades, hay instituciones que están lucrando a través de inmobiliarias, pero miran para el lado, no quieren ver por qué están defendiendo un sistema que ellos mismos ayudaron a crear en los tiempos de Pinochet… Y porque implica pensar seriamente en el fortalecimiento de la educación pública, algo que la derecha no quiere hacer. En el fondo hay un tema ideológico de por medio. Eso es evidente”.

Según Monckeberg, el gobierno y la Alianza no han reaccionado como corresponde frente a la grave crisis que afecta a la Universidad del Mar: “En la universidad hay una intervención, pero todas las reacciones han sido sobre la marcha; el Estado todavía no está asumiendo total responsabilidad; aún hay jóvenes que te están diciendo ¿bueno y qué hago yo, si estoy endeudado con la Universidad del Mar? Y la repuesta ha sido arrégleselas por su cuenta porque usted contrajo eso”.
De hecho, cree que en un momento el gobierno se concentró más en respaldar a Teodoro Ribera en su cargo como ministro, que en abordar la crisis educacional.
“Siempre me impresionó que Piñera nombrara a Ribera como ministro de Justicia. Me parecía muy especial que hubieran designado a una persona con ese nivel de connivencia —dueño de la Universidad Autónoma del Sur, del Incacea y de inmobiliarias vinculadas al negocio— en un cargo de gobierno. Se trata de una familia ligada al Poder Judicial y muy cercana a Pinochet. El mismo Ribera fue dirigente de Renovación Nacional. Y esos días en que no caía, en que no renunciaba y se resistía, era por los lazos políticos, probablemente empresariales y de amistad con figuras muy insignes de RN, partiendo por el propio Piñera y siguiendo por Andrés Allamand, de quien es amigo”.

 

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