Dos proyectos de ley intentan cambiar las reglas del juego, pero se habla de un intenso lobby entre el gremio con parlamentarios y políticos… ¿Quién los protege? Economistas de prestigio hacen un lapidario diagnóstico.

Notaría Luis Alberto Poza Maldonado, Embajador Doussinague 1704, Vitacura. A las 15.00 hrs el sol pega fuerte y la fila de gente no hace más que alargarse. En la puerta cuelga un cartel: cerrado entre las 14.00 hrs y las 15.30 hrs. “¡Justo en los tiempos que el común de los mortales tiene para hacer trámites!”, se queja una señora. Mientras, los más resignados se pliegan al muro medianero, intentando protegerse bajo unos breves centímetros de sombra. Más adelante, una mujer mayor parece desfallecer al tiempo que agita su abanico…
Recién a las 15.40 hrs el lugar abre sus puertas y lo que ahí se desata parece una escena extraída de las novelas de Kafka: personas que se agolpan en una dirección y otra en busca de un número; funcionarios que gritan a viva voz que ‘los finiquitos y legalizaciones se hacen en el mesón’. En pocos segundos ni siquiera hay dónde sentarse. Aturdidos por el calor y la confusión, no queda más que armarse de paciencia. En fin, una oda a la falta de buen servicio y mucho menos a la eficiencia.

Ir a la notaría es desde hace mucho un calvario, sin que el paso del tiempo y varios proyectos de ley hayan logrado cambiarlo.
Cobros abusivos, varias veces por sobre lo que establece la ley, monopolio, falta de control… Las críticas no hacen más que multiplicarse, instalando a notarios y conservadores de bienes raíces como uno de los servicios más cuestionados del país. Un negocio millonario, protegido por una ley de hace más de 150 años y que, salvo algunos ajustes, ha convertido al sector en un rubro anacrónico, que no conoce términos como servicio, modernidad o libre competencia.

“En el CBR de Santiago perdieron mi certificado de matrimonio, necesario para la posesión efectiva; obviamente el trámite salió rechazado, tendré que hacer todo de nuevo… No puede ser que haya que estar buscando en un libro una escritura o un registro. Eso es de la Edad Media”, reclama molesto un hombre que prefirió el anonimato por temor a que la gestión se alargue más aún…
Otro punto conflictivo son las tarifas: están sujetas a un decreto de 1998, que fija el arancel de los notarios y que no se reajusta hace 14 años. Pero en la práctica se aplican una serie de interpretaciones y cobros inexplicables que distan mucho de lo que estipula la norma.
Un empresario, quien comparó los precios de tres notarías en el sector de El Golf, hizo pública su queja a través de un sitio web:
“Necesité autorizar la firma de un poder para que mi contador pudiese realizar trámites tributarios ante el SII. En la notaría del señor Humberto Santelices, en El Bosque con Apoquindo, costaba $ 3.000.- Me pareció alto y fui a la notaría de Fernando Celis, ubicada a un par de cuadras, donde también era de $ 3.000. Terminé en la notaría de Iván Tamargo, donde no me quedó otra que pagar la misma suma”.
La molestia de este hombre se justifica: el trámite debiera costar $ 2.000, un 50 por ciento menos, según la ley que rige al sector. “Algunos incluso aplican este arancel por carilla, otros por hoja, o por legajo. Al final hacen lo que quieren”, observa un abogado que constantemente debe lidiar con estos trámites.

“Yo también hice el intento de comparar y los resultados eran el doble o hasta el triple respecto de los estipulados. Y claro, puedes reclamar, pero a ellos no les pasa nada, no hay multas”, asegura Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien se ha dedicado a investigar sobre estas instituciones.
Alfredo Martin, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, reconoce que se cometen anomalías, aunque asegura que la culpa no es de ellos: “Varias veces hemos pedido al gobierno que ajuste los valores. El 2006 el Ministerio de Justicia incluso encargó un estudio, pero las alzas sugeridas fueron tremendas y el ministro lo guardó en un cajón: ningún gobierno se va a atrever a subir el sueldo a notarios y conservadores, que según la opinión pública son los más ricos de Chile… El costo político es muy grande”.

UN EJEMPLO DE LA FALTA DE SANCIONES OCURRIÓ EN AGOSTO DE 2011, cuando el ministro Jorge Zepeda determinó que el titular de la Notaría de Santiago, Félix Jara Cadot, había incurrido en omisiones en la confección y otorgamiento de trece escrituras públicas, lo que posibilitó una serie de enajenaciones fraudulentas en Los Angeles. Y exigió la máxima sanción: 30 días de suspensión de la notaría.
Las críticas también apuntan a los conservadores: un estudio del economista Ricardo Paredes —profesor de ingeniería industrial en la UC— calificó a este negocio como un “monopolio legal”, que se origina en el criterio de selección, con requisitos demasiado básicos (ser chileno, tener mínimo 25 años y el título de abogado), lo que según este especialista se presta para tráfico de influencias desde los orígenes del sistema.

“El conservador de Santiago Enrique Rodríguez Cerda fue yerno del senador José Francisco de la Cerda, y de Emiliano Figueroa Larraín, quien también fue conservador y llegó a la Presidencia de la República en dos ocasiones. El CBR en 1925, Aníbal Rodríguez Herrera, fue diputado y ministro de Estado, hijo del senador Juan Esteban Rodríguez Segura; Ignacia Herrera Gallegos, que era pariente directo de senadores y diputados; y Herman Chadwick Valdés, hijo de Roberto Chadwick Castro, amigo personal del ex Presidente Gabriel González y cuñado de José Piñera Carvallo (padre de Sebastián Piñera), además senador”, expone Ricardo Paredes en su estudio de 2007. “Actualmente, el conservador a cargo del Registro de Propiedad, Luis Maldonado Croquevielle, es hijo del ex presidente de la Corte Suprema y hermano de una actual fiscal de la misma Corte”, agrega el economista.

“¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?”, PLANTEÓ ANDRÉS VELASCO, en una columna en El Mercurio que sacó ronchas. El ex ministro de Hacienda y actual precandidato reconoció incluso haber sido objeto de cobros abusivos. Y relató que durante 2008 envió un proyecto de ley que establecía una serie de cambios, como que los cargos se entreguen mediante concurso (para notarios), y a través de licitación pública (para los conservadores); aumentaba la competencia, permitiendo al Registro Civil para entregar servicios básicos; exigía crear una plataforma electrónica y una tarifa única para todos los usuarios; por último, creaba una superintendencia. No obstante, acusó que el proyecto naufragó sin siquiera haber entrado en tabla por el lobby y las presiones de los notarios.
“La utilidad operacional anual para el CBR de Santiago es de ocho millones de dólares, es decir, un margen del 61,5 por ciento. A cualquier chileno le gustaría ser dueño de un negocio con esa rentabilidad. El problema es que el Estado  ha asignado ese privilegio a unos pocos, que se llenan los bolsillos a costa del resto. Y los aranceles no se respetan. La ley chilena no contempla sanciones monetarias para estas infracciones, y solo considera medidas disciplinarias que muy pocas veces se aplican”, escribió.

Alfredo Martin Illanes, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, dice que todo se debe a un asunto “personal” de Velasco contra su sector. “El compró hace unos años una casa en la costa central por un valor importante; lo hizo por crédito hipotecario, y la institución llevó la escritura para su inscripción en el CBR de La Ligua, pero contenía errores y tuvo reparos. El banco demoró mucho tiempo en retirar el documento para enmendarlo, tres meses, pero desconocieron esta negligencia y culparon al conservador. Por eso el ex ministro se queja de que el trámite era lento, engorroso y caro. El tiene algo contra nosotros”, asegura la máxima autoridad de este gremio, quien suele recurrir a la animadversión que existe contra su sector —y que él grafica en una serie de prejuicios instalados en la opinión pública—  como un factor que habría alentado esta mala imagen.
“Llama la atención la poca transparencia; no sabemos cómo se nombra a los notarios; cómo se hace la terna ni cuáles son los requisitos o criterios objetivos, sólo que el Poder Judicial es el encargado de proponer los nombres, hacer las entrevistas, y luego el ministro de Justicia dirime”, observa el economista Claudio Agostini. “Es lo más oscuro que hay. Cero meritocracia, con espacios para redes de influencia importantes, al punto que se sospecha que por eso hay muchos parientes o amigos de ministros, políticos, parlamentarios; redes que por lo demás son muy fáciles de esconder, ya que el sistema es muy poco transparente” .
Para los notarios son dos los poderes que determinan los nombramientos: La Corte Suprema (que arma la terna tras un llamado a concurso en el Diario Oficial) y el titular de Justicia, quien selecciona. Pero ambos se prestan para el lobby: en el caso de la Corte, los aspirantes piden audiencias y visitan uno a uno a los magistrados en una práctica conocida como el besamanos…
Tampoco el titular de Justicia está exento de presiones. Así lo confidencia el propio Alfredo Martin: “El ex ministro Teodoro Ribera nos decía que lo llamaba mucha gente…”.

TRES PROYECTOS EN CUATRO AÑOS Y TODAVÍA NO HAY LEY. Desde el gobierno de Bachelet que se viene intentando una reforma.
Para Sebastián Piñera era tema desde sus tiempos en el Senado. En los ’90 presentó una fórmula que consideraba la libre entrada y competencia en cuanto a precios. “Siempre aspiró a un modelo como el gringo, donde cualquiera puede ser notario, pero se topó con las resistencias del gremio”, reconoce el diputado Cristián Monckeberg (RN), presidente de la Comisión de Constitución y Justicia.
Cuentan que la memoria de Piñera no perdona y que, una vez en La Moneda, lo reactivó como un asunto prioritario. Y convirtió la misión en una exigencia para sus ministros: Felipe Bulnes y, su sucesor, Teodoro Ribera.

El 2010 Bulnes presentó una propuesta, considerada hasta hoy como la más ambiciosa: contemplaba la selección de notarios mediante concurso público y una licitación, donde las notarías se asignaban a quienes ofrecían el menor precio. “Pero los del rubro se opusieron y el proyecto ni siquiera llegó al Congreso”, recuerda el economista Eduardo Engel, quien ha seguido de cerca el caso.
Piñera arremetió en su última cuenta pública del 21 de mayo anunciando que un nuevo proyecto ingresaría el 2012 sí o sí al Parlamento. La misión recayó en Teodoro Ribera, quien advirtió que la iniciativa iba “con o sin el apoyo de los notarios”. Pero según Monckeberg, éste finalmente cedió a las presiones del sector y entabló conversaciones antes de presentar el proyecto. “No sé a qué consensos llegó, pero sé que habló con harta gente”.
A diferencia del proyecto de Bulnes, el de Ribera fue una versión light y dejó a varios con gusto a poco. Así lo reconoce Engel: “Al fin el gobierno se ponía las pilas y enfrentaba a uno de los intereses que bloquea reformas que el país necesita urgentemente. Poco duró mi alegría: más que una reforma, fue una claudicación ante el poderoso lobby de notarios y conservadores pues dejó fuera a mi juicio lo más relevante: que los notarios puedan ser elegidos mediante una licitación”.

Hoy el cuestionado proyecto ya está en el Parlamento y podría discutirse en marzo, aunque la tramitación se ve incierta tras la renuncia de Ribera y la llegada de una nueva ministra. “Si ella lo ratifica, espero que a fines de enero o marzo pueda estar en tabla para iniciar su discusión. Pero si no ha entrado todavía no es porque se haya hecho lobby, sino que hay proyectos que están desde antes y que cuentan con urgencia, suma urgencia y discusión inmediata”, aclara Monckeberg.

EL LOBBY DE LOS NOTARIOS SE SINTIÓ FUERTE durante la tramitación de otro proyecto marcado con destacador en la agenda de gobierno y crucial para ubicar a Chile en el primer lugar de América Latina en el emprendimiento de negocios: las Sociedades Express.
Con el ministro Pablo Longueira como su principal vocero, se plantea un registro paralelo, que permite la creación de sociedades de forma gratuita y en un solo día llenando un formulario electrónico.
El plan generó un visceral rechazo en el gremio, que acusó al proyecto de ‘irresponsable’ y de no entregar las debidas certezas jurídicas.
La iniciativa fue ingresada por primera vez —a través del Senado— en noviembre de 2010. A partir de ahí ha experimentado una serie de demoras: la Cámara Alta tardó dos años en votarlo a pesar de que en tres ocasiones se le otorgó suma urgencia. Y, ya aprobado (por unanimidad, en mayo de 2012), el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde ha enfrentado toda clase de oposiciones sin que al cierre de esta edición logre ser aprobada.

Con su estilo opinante y deslenguado, Pablo Longueira no ha ocultado su irritación. “Esto se discute desde que soy ministro y se ha ido postergando”, ha dicho a la prensa. “Que en pleno Siglo XXI sigamos pasando por las notarías para emprender un negocio es igual a seguir utilizando rollos para tomar fotografías. Si existe la tecnología para inscribir una empresa de manera electrónica y a cero peso, no veo por qué debemos ceder ante el lobby de los notarios”, disparó.
Hoy el sistema para la creación de una sociedad requiere de la redacción del borrador de la escritura de la sociedad; la legalización en la notaría y, luego, la publicación en el Diario Oficial e inscripción en el CBR. En Chile se crean cada año unas 80 mil sociedades comerciales. El costo es de aproximadamente cien mil pesos, lo que representa un negocio anual de 17 millones de dólares, un tercio de la facturación anual del gremio. Francisco Varas, notario público de San Miguel, reconoce la importancia de este ítem: “Implica quitarle al sector —en especial a las notarías más grandes ubicadas desde el centro de Santiago hacia arriba— un 30 por ciento de sus ingresos. Eso es lo que más resienten. Aunque no creo que la nueva ley sea la panacea: va a cobrar relevancia la comprensión lectora, porque no es menor hacer una sociedad. Los principales reparos los ponen las instituciones financieras y un registro express siempre tendrá alguna falencia”, asegura.

Los emprendedores son directos adversarios del actual sistema, quienes muchas veces deben enfrentar la lentitud e inoperancia del sistema.
Mauricio Ulloa decidió crear a inicios de 2012 su propia empresa: Kimeltu, una plataforma web ligada a la educación. “En marzo iniciamos los trámites para la sociedad. El abogado nos recomendó la notaría Félix Jara Cadot, en el centro de Santiago. Se suponía que todo el proceso no debería tardar más de tres semanas y de ahí, no más de diez días hábiles para su publicación en el Diario Oficial. Pero ha transcurrido casi un año y hemos tenido que volver tres veces porque en cada oportunidad se han perdido los papeles… ¿Y tú crees que les importa? Los funcionarios ni siquiera reconocen su error, sino que le echan la culpa al abogado. Esto nos ha afectado porque no podemos abrir cuenta corriente y debemos contratar a los trabajadores como persona jurídica y los gastos asumirlos como persona natural. Hablando con otros abogados me han dicho que este tipo de negligencias son comunes, sobre todo en las notarías más antiguas”.

HOY EL PROYECTO DE SOCIEDADES EXPRESS COMO NUNCA ENFRENTA VIENTO EN CONTRA desde que a mediados de diciembre último pasó del Senado a la Cámara de Diputados. “En cuanto llegó al Parlamento se activó el lobby”, asegura el economista Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), quien ha seguido muy de cerca el tema y admite haber visto situaciones “extrañas”.

“La Asociación de Notarios contrató una agencia de comunicaciones (integrada, entre otros, por Zarko Luksic, ex ministro del Trabajo) y abrieron una cuenta de email llamada Chile Empresas donde se dedicaron a atarme con correos donde decían que yo no tenía por qué constituir sociedades gratis… cuando yo armé mi empresa hace doce años. También decían que con la ley de sociedades express hasta los presos podrían armar sociedades fraudulentas desde la cárcel. Y el día de la discusión, a pesar de que el proyecto venía de ser aprobado por unanimidad en el Senado el 2010, nos topamos con que un grupo de 32 diputados de distintas bancadas levantó un requerimiento ante el TC para declarar el proyecto inconstitucional. Esa fue una demostración del poder de los notarios… ¿Cómo es posible que un grupo transversal, de todos los partidos, haya querido sacar del camino un proyecto visado antes por el Senado? Finalmente el tema lo zanjó la Corte, y los parlamentarios no tuvieron otra que desistir del requerimiento. Eso sí le hicieron una serie de modificaciones, la más importante, que los emprendedores con un capital inicial superior a los $ 115 millones no puedan ingresar al sistema gratuito sino que deberán seguir operando bajo la tutela de las notarías al menos por tres años. Ahí se sintió la presión del sector; no hay otra explicación que no sea tratar de seguir cuidando el negocio de los notarios. Son conocidas las relaciones de este grupo con los políticos”.

Swett entrega más antecedentes: cuenta que incluso el proyecto debió volver al Senado y votarse al día siguiente, el miércoles 19 de diciembre. “Pero el presidente del Senado, Guido Girardi, junto con Andrés Zaldívar, que es pariente con el dueño de la notaría Zaldívar, quisieron que fuera nuevamente visto y revisado en una comisión mixta de Constitución y Hacienda, lo que primero se dilató para 9 de enero y, luego, lo chutearon para una semana después… ¿Cómo Zaldívar no se inhabilita en una ley donde tiene claros intereses?… ¿Por qué tiene que ser revisado por la Comisión de Constitución si ya la propia Corte Suprema zanjó el tema? Lo que consiguieron fue retrasarlo varias semanas y dejarlo para un período legislativo que es súper lento. Me temo que pretendan postergarlo para marzo, fecha en que además deben cambiar los presidentes de las comisiones… Son cosas extrañas que llevan a preguntarte qué hay detrás. Para nadie es un misterio que muchos senadores y diputados tienen familiares notarios: Andrés Zaldívar y Carlos Larraín están emparentados con la Notaría Zaldívar, y Ricardo Rincón tiene lazos familiares con el CBR Luis Maldonado… Luchamos contra un poder que está muy enraizado. Eso, sin contar que el sector probablemente financia las campañas de muchos, pero sin una ley de transparencia es imposible saberlo…”.
Lo mismo se pregunta el economista Claudio Agostini: “¿Cuántos notarios y conservadores han financiado campañas electorales o son parientes de senadores y diputados? Todos ellos debieran inhabilitarse, pero eso no ocurre”, critica. Y Eduardo Engel dispara: “El gobierno debe prepararse bien y jugarse con convicción. Un primer paso es exigir que todos los parlamentarios con familiares cercanos se abstengan de participar en el trámite legislativo. Como tenemos pocos notarios y conservadores, los parlamentarios inhabilitados serán muy pocos…”, ironiza.

LOS ESCÉPTICOS CREEN QUE EL RUBRO SEGUIRÁ PROTEGIDO POR UN MANTO INVISIBLE. Por eso piden un cambio radical. “Hay que triplicar el número de notarías, que cualquiera con la preparación pueda ser ministro de fe. Así habría competencia, mejoraría el servicio, la calidad, bajarían las esperas y, sobre todo, los precios”, comenta un conocido abogado en el off the record.

El economista Claudio Agostini también propone: “Debiera ser lo más abierto y competitivo posible o, de lo contrario, licitarse;  que los interesados participen a través de concurso y, junto con una serie de requisitos, propongan un listado de tarifas: aquel con los precios más bajos gana”.
Por supuesto la idea no es del agrado del presidente de los notarios, quien señala que cambios de esta envergadura terminarían por “chacrear” al sector y pondrían en riesgo la fe pública.
“No hay por qué chacrearlo, esa es mala excusa —retruca Agostini—. Acá también se licitan puentes y carreteras, y ahí también está de por medio la fe pública. Si finalmente eso es lo que está en juego, ¿cómo es posible que uno vaya a hacer un trámite y el notario no haya llegado?… ¿Qué garantías de fe pública me da alguien que no cumple con el decreto de tarifas y cobra el doble? Es un sistema discrecional, arbitrario. Los notarios no son ningún ejemplo y hay que cambiarlo”.