Estaba reacio a dar entrevistas. Su última aparición pública fue en agosto del año pasado en el programa El Informante, durante el cual Juan Emilio Cheyre (67) se vio cuestionado por su papel en 1973 en el caso de Ernesto Lejderman, quien a los dos años fue entregado por Monseñor Fresno, el comandante del regimiento Arica  —y acompañados por Cheyre— a un convento de monjas  (“mientras se ubicaba a sus abuelos”, aclara), tras el asesinato de sus padres por una patrulla militar en Vicuña. Un capítulo de su vida que el ex general califica de doloroso, injusto y falso: “Fui víctima de una calumnia, ya que el caso estaba absolutamente cerrado”, explica. “Cuando se trató el tema, los responsables ya habían sido juzgados y cumplían sentencia en la cárcel”.

Días después de ese episodio, renunció a la presidencia del Servicio Electoral y se centró en su labor como director del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad Católica, hasta donde llegó hace ocho años, luego del retiro y tras 44 de una brillante carrera militar, donde llegó a ser comandante en jefe en plena transición (2002-2006). En ese rol asumió la responsabilidad institucional en la violación a los DD.HH. durante el régimen militar aún con Augusto Pinochet vivo;  llamó entonces a sus hombres a colaborar con la Justicia, rompiendo supuestos pactos de silencio que habría existido entre militares,  y se comprometió al histórico “Nunca más”, en cuanto a no repetir las tragedias provocadas en parte por ellos. Sin embargo, asegura: “Hoy pocos lo valoran y desconocen lo mucho que costó”. 

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Juan Emilio Cheyre fue decisivo en reivindicar al Ejército y devolver esta institución a todos los chilenos; aun así, con él no corren las nostalgias del pasado. Quienes lo conocen y trabajan a su lado, aseguran que desde el primer día que dejó la institución castrense cambió el switch y separó aguas. De hecho, su oficina llena de libros tiene solo una foto de uniforme con su padre y el general Schneider; ningún diploma u otro objeto recuerda su pasado. En contadas ocasiones se junta con ex uniformados en reuniones de camaradería. Explica que tampoco cuenta con tiempo para ello, ya que además de consejero del Servel, imparte clases de derecho internacional y hace voluntariados en apoyo a actividades de la Iglesia y de organizaciones de jóvenes. Pero su entusiasmo y energías están puestas casi por entero en su labor como doctor en Ciencia Política y Sociología en el CEI UC, desde donde intenta contribuir con quienes toman las decisiones en el mundo público y privado, considerando la visión que se tiene de nuestro país en el exterior.

La prioridad del centro que dirige son la integración de Chile, la relación con los vecinos, los asuntos de seguridad, paz y desarrollo, el narcoterrorismo y la transparencia; en esas aguas Cheyre navega hoy a sus anchas, no así en temas de contingencia, los cuales prefiere abordar desde una mirada más sociológica que política.  

A su juicio, nuestro país ya no es el vecino prepotente y engreído de hace unos años; dejó de lucir y demostrar sus logros y ha empezado a compartirlos. “Nuestro déficit es que a pesar de los esfuerzos, aún no existe una relación de plena amistad y confianza en la región, que genere una verdadera cooperación e integración. Muchos aquí ven a Bolivia como enemigo, como un actor secundario. Sin embargo, para Chile es un país del más alto interés por razones geopolíticas, de energía y de materias primas. Ahora, el gran error de ellos es que no quieren dialogar con nosotros, sino imponer como única solución una salida soberana al Pacífico, cuando existe una batería de opciones; ahí, insisto, se equivocan. No entienden que hay tratados vigentes, creen que la decisión depende de un gobierno y su forma de sacar adelante el tema es con palabras de grueso calibre, descalificaciones y agresividad… Con Perú también había barreras de la misma envergadura pero que logramos ir derribando. La tarea con Bolivia es hablar con sinceridad”.

—¿De verdad cree que con Perú están solucionados los problemas, con un triángulo terrestre que quedó en tierra de nadie?

—Para nosotros eso quedó resuelto… En lo personal habría aspirado a que no quedara pendiente ese triángulo; espero se solucione para que la agenda de reivindicaciones se termine. Al igual que con Argentina, con Perú es necesario construir un acuerdo que integre la nueva relación de integración, armonía, paz y asociatividad propia de este siglo, aunque muchos piensen que no hace falta.

—¿Cuál es hoy la imagen de Chile hacia el mundo? The Economist planteó que el Caso Cascadas “evaporó la confianza” y el Financial Times habla de la “nueva mediocridad” por las medidas económicas que se han tomado.

—Cualquier ruido en esa materia incide en la imagen, por eso hay que ser muy claro en cómo Chile enfrentará el problema y asegurar que no se repetirá. La situación es compleja porque se da en el marco de un mundo globalizado en que estas señales llegan a todas partes, y los mercados son sensibles. Por eso, debemos enfrentarlo con veracidad, transparencia, aplicar las normas y mejorar los vacíos que permitieron los abusos.

—El ex Presidente Eduardo Frei afirmó que no nos dejó en un buen pie el que la Presidenta Bachelet mantuviera al embajador en Uruguay Eduardo Contreras, a pesar de sus dichos.

—El nombramiento y la remoción de los embajadores es facultad exclusiva de la Presidenta, quien habrá tenido sus fundamentos para mantenerlo. Sí creo que este episodio dejó en evidencia varias cosas: lo inconveniente de que autoridades en cumplimiento de sus tareas diplomáticas se refieran a política interna; la necesidad de que estas personas tengan la cancha rayada en cuanto a lo que hace bien y mal al país, y respeten esos límites; todos los embajadores —salvo algunas excepciones—, deberían ser de carrera. Y debería reevaluarse la reposición de la facultad que tenía el Senado de aprobar los nombramientos de estos cargos.

—¿Y qué pasa con la imagen del país mientras? Que un embajador asegure que empresarios de derecha son autores de bombazos, no es menor…

—Fue una expresión desafortunada… El daño de imagen lo tienen que haber medido el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidenta… 

—A su juicio, ¿quiénes estarían detrás de los últimos bombazos?

—En Chile no hay terrorismo, sí actos terroristas, de ahí la importancia de conocer más sobre el fenómeno de la criminalidad, del narcotráfico, de las formas de ejercer violencia, porque como sociedad podemos defendernos con acciones, sin embargo tenemos un gran déficit. Nuestros sistemas de seguridad no son malos, pero estos flagelos escalan rápido, y en un continente donde las cifras de criminalidad son altas. Y existe, en general, una sensación de gran temor y desconfianza en los gobiernos, en la justicia y en las policías acerca de la forma de enfrentar estos actos terroristas.

—Hay razones para ello, en Chile los resultados no han sido positivos. La Justicia española procesó por terrorismo a dos chilenos implicados en el Caso Bombas que aquí fueron absueltos.

—Se necesita mayor coordinación entre policías y la justicia; normas legales claras y mayor conocimiento de estos fenómenos; y nuestra tarea como universidad es contribuir en esto último. Porque detrás del que pone la bomba, del que asalta una casa o hace una barricada, hay una causa, un origen, y lo importante es descubrirlo. Los que reniegan de la teoría, de los estudios, están renegando de la información que les permitirá tomar acciones y terminarán dando palos de ciego. Se necesita una reforma profunda. Ningún país ha vencido este flagelo con puras leyes o policía. Tampoco se puede pretender que intervengan las fuerzas armadas, porque se terminan militarizando las instituciones.

—¿Y el clima político está para llevar a cabo más reformas profundas?

—Más que nunca debemos lograr acuerdos y políticas de consensos. La inteligencia de quienes son gobierno y oposición está en encontrar fórmulas eficientes, compartidas, y no hacer prevalecer visiones personalizadas, a veces cruzadas por intereses corporativos o de carácter ideológico. Lo importante es que las soluciones apunten a la raíz de los problemas y que en el debate no se produzca la imposición de la voluntad de unos pocos.

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—Eso en la teoría, ¿pero en la práctica ?

—No veo que algún sector quiera ponerle el pie encima al otro. Hay señales de que así lo han ido entendiendo, y un ejemplo fue la reforma tributaria. No veo que en Chile haya dos sectores antagónicos que quieran sacar a ultranza su propio proyecto sin transar. Está estableciéndose la noción de que nos hace tan mal el refundacionalismo como el status quo paralizante que defiende intereses de cualquier tipo. Todos saben que los errores en esta materia nos pueden costar caro y hay conciencia de que la gran fórmula son las buenas políticas de Estado con sustento y apoyo de la sociedad.

Es cauto Juan Emilio Cheyre al referirse a la reciente detención del ex alcalde de Providencia y ex militar Cristián Labbé por el caso Tejas Verdes. El ex alcalde de Providencia afirmó que hoy existe un punto de inflexión con respecto a los militares porque son condenados injustamente, sin respeto a los DD.HH. Aunque Cheyre no se pronuncia puntualmente sobre este caso, dice que es partidario de que la Justicia actúe y de que se respeten sus fallos: “Solo a ésta le corresponde, sin interferencias ni presiones, resolver los dolorosos hechos acontecidos. Hay que darle tiempo, apoyo y contribuir. No represento a nadie ni tengo vínculo con los afectados, sin embargo, pero tal como lo han planteado destacados juristas, hay tres elementos difíciles de comprender y que afectan al personal militar. Primero: hoy en este país toda persona tiene derecho a un juicio previo oral y público desarrollado en conformidad a la ley, pero los militares tienen una débil defensa que impide su debido proceso. Segundo: hay cerca de 700 miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros procesados a la fecha; lo normal es que se les presuma inocencia, sin embargo los hacen aparecer como culpables sin que exista fallo. Y tercero: como estos juicios se han alargado por tanto tiempo, a 41 años de producidos los acontecimientos, surge información que muchas veces provienen de denuncias falsas, mentiras, venganzas e imaginación, y que han ido enrareciendo los procesos. La justicia radica en los tribunales, pero existe una alta presión comunicacional que busca influir sobre el sistema judicial y sobre la opinión pública; esto genera sensacionalismo y termina afectando la potestad que tienen los jueces para juzgar en su mérito estos acontecimientos”.

—¿Y los termina predisponiendo?

—Influye. Tampoco se considera el contexto en que estos hechos se produjeron, y está la sensación de que sólo los militares responden por una tragedia que tuvo diversos actores a los que sí se les aplicaron medidas que los beneficiaron, muchos de los cuales ni siquiera han sido llamados a aportar con información. Y se le está asignando responsabilidades a personal muy subalterno… desde jóvenes tenientes, cabos hasta soldados en una institución donde la obediencia es un principio, y donde escasos mandos asumieron responsabilidades o fueron procesados. Es la tesis de Clara Szczaranski conocida como obediencia forzada, pero que no ha tenido efecto en la práctica.

—Ha dicho que en el gobierno de Ricardo Lagos había una política distinta, ¿cuándo cambió el tratamiento en los juicios a militares?

—No lo sé… Nunca hubo un acuerdo, había una forma de actuar, aunque la Ley de Amnistía jamás se ha aplicado. Como comandante en jefe no pedí monedas de cambio o beneficios para actuar. Siempre respetamos la independencia del Poder Judicial y la subordinación al poder político, sin interferencias ni presiones.

—A la luz de los hechos, ¿lo habría hecho distinto, habría exigido algún tipo de garantías para los militares que acusan sentirse desamparados?

—No. Todo nuestro actuar estuvo basado en el deber ser. Nunca recibimos presiones para dar los pasos que dimos ni sacamos cálculos. Era lo que nos correspondía. Siempre aspiré a que Chile y los representantes de los poderes del Estado incorporaran en sus juicios el contexto y realidad en que actuaron quienes desde el mundo militar cometieron delitos, en el marco de una tragedia mayor, donde, insisto, no fueron los únicos responsables.

—¿Qué le pasa cuando algunos de sus pares lo acusan de traidor?

—¿Traición a quién? No me puedo hacer cargo de eso… Fui muy exigente en no aceptar presiones externas de civiles ni de militares en retiro por poderosos que hubieran sido. El mando no se comparte y solo responde quien lo ejerce. Miro con cariño y orgullo el Ejército actual, lo veo profesional, el mejor de la región, inserto en el contexto democrático. Siento tranquilidad junto a mis compañeros de ruta de esos años, por haber liderado ese proceso que junto a la autoridad política y con nuestros compatriotas, devolvimos el Ejército como patrimonio de todos los chilenos.

—Da la impresión de que los 40 años del Golpe reabrieron heridas y polarizaron al país, ¿se debilitó el modelo de transición?

—La transición chilena y militar sigue estando dentro de los tres procesos más exitosos del mundo, y es analizada en Egipto, Túnez, Colombia… A los 30 años hicimos una muy buena evaluación interna de los avances de la transición, fue un buen momento. No puedo calificar qué pasó a los 40. Mi mayor logro, orgullo y tranquilidad  es poder asegurarle a Chile que no habrá repetición de las tragedias del ayer que —entre otros— provocamos los militares, y que pocos países post dictaduras o gobiernos autoritarios pueden exhibir. Sigo con mi compromiso de que haya más verdad y justicia, pero para ello debe partirse con un reconocimiento de lo ya logrado, que incluye nuestras penas, dolores y pendientes.