Desde que se conocieron los cuestionamientos del Ministerio Público en torno a la veracidad de las pruebas presentadas por Carabineros en la investigación sobre la violencia política en la Araucanía —Operación Huracán—, hemos presenciado con no poco estupor cómo se abre una caja de Pandora. Y no una pequeña, sino una gigante en la que se mezclan dudas, conflictos y dramas, poniendo en tela de juicio la ética y el profesionalismo de organismos claves para nuestra seguridad.

Hasta el momento, la única certeza absoluta en torno al caso que indagaba la presunta participación de ocho comuneros mapuches en ataques incendiarios en la IX Región, es la falta total de colaboración y protocolos entre las instituciones y agentes del Estado, que algunos han tratado de explicar como una “pugna”. Algo que en cualquier país desarrollado, de esos en los que Chile aspira a convertirse, sería tachado derechamente como un delito, aquí parece ser un vicio del sistema. Impresentable.

Como si fueran enemigos de bandas rivales, el fuego cruzado entre las instituciones sigue escalando mientras las verdaderas víctimas han logrado ser invisibilizadas por una teleserie que en cada noticiero ofrece un nuevo capítulo. Muchos han cuestionado la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de mantener al general Bruno Villalobos al mando de Carabineros —al menos hasta el cierre de esta edición— pero lo cierto es que fue ella quien anunció un peritaje externo para dilucidar quién mintió durante la investigación. Mientras, las ráfagas de balas, el derramamiento de sangre y las explosiones a medianoche siguen en total impunidad y las dudas sobre los culpables se multiplican.