Si hubiera que elegir las palabras que mejor definen al hombre más importante del Poder Judicial, templanza y cautela ganarían por lejos. Puede ser determinante y no teme ir contra la corriente, sin embargo, existe un halo de paz que no lo abandona ni siquiera cuando habla de los temas más difíciles. “Hay algunos que dicen que tengo mano blanda”, lanza, a modo de broma, mientras en su rostro se dibuja una sonrisa bonachona que inspira confianza. Hay en él un testimonio viviente del chileno pre dictadura que se enorgullecía de vivir de manera austera y sobria. “Lamentablemente la gente quiere vivir de un modo distinto al que le corresponde, nos transformamos en una sociedad consumista al máximo. Los chilenos hemos perdido el centro y queremos aparentar algo que no somos. Es legítimo tener aspiraciones pero toda esa información del crédito fácil e inmediato se traduce en una frustración tremenda”, dice. Sin vergüenza, reconoce que por años su único lujo fue tener un baño sólo para él en una casa llena de mujeres. Hoy, es arrancarse a la cordillera o a la playa en cuanto termina su jornada laboral de los viernes o los sábados a primera hora. “Es un ritual que no transo. Me desconecto por completo al punto que cuando alguien me pregunta cuál es mi actividad demoro en responder”. 

La luz de las cinco de la tarde entra por las ventanas de su oficina en el último piso del Palacio de Tribunales, mientras él se acomoda en uno de los sillones de cuero café. A escasos metros una figura llama la atención. Es el símbolo de la justicia, una mujer con los ojos vendados que representa la fuerza moral en los sistemas judiciales desde los tiempos en que Grecia dominaba al mundo. Con ese telón de fondo, el inspirador de la Doctrina Dolmestch, que consiste en aplicar la media prescripción en la condena a los violadores de derechos humanos que colaboren con la investigación y así rebajar penas, reflexiona. “La legislación chilena es añeja y más encima tenemos esa costumbre tan propia de los países jóvenes de legislar sobre la marcha, como ocurrió con las leyes Zamudio y Emilia”.

Consciente de que las últimas encuestas sobre la percepción de la justicia hablan de un 80 por ciento de desaprobación, admite que “en esto ha influido, y tal vez sea peor, el Sistema Procesal Penal nuevo, porque es lo que nos proyecta a la comunidad. La gente está más preocupada de eso que de los asuntos civiles o laborales. También está el hecho de que la investigación no la hacemos nosotros sino la fiscalía. Y si a eso le sumamos que existen acciones que para todo el mundo son ilegales y que no se pueden sancionar resulta evidente que estamos en una situación de emergencia”.

Para el abogado de la Universidad de Concepción que entró al Poder Judicial como defensor público del Juzgado de Letras de Parral en 1978, “la Fiscalía está haciendo un buen trabajo y nosotros también pero ante la inexistencia de ley no hay nada que podamos hacer. Un caso típico es el de las colusiones. Es muy posible que vuelvan a ocurrir y exactamente en las mismas condiciones porque son figuras que no están consideradas en la legislación. Hoy, la colusión no es un delito y la cuenta la paga el Poder Judicial. Recién cuando entre en vigencia una futura normativa, las cosas van a empezar a cambiar, porque las leyes no son retroactivas. Eso genera que la gente tenga una percepción muy poco feliz de nosotros. Por eso es que hay que investigarlo todo, esa es la única manera de recuperar la confianza y poder explicarle a la ciudadanía cómo ocurrieron los hechos de colusión y financiamiento político irregular, aun cuando no exista una ley para sancionarlos”.

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—¿Qué hace falta para que el Poder Legislativo entienda el mensaje de la población?

—Según ellos, están reaccionando. Dicen que trabajan duro día y noche, pero en lo concreto aún no hemos logrado que modifiquen el Código Penal y cada día se hace más urgente incluir en la redacción los delitos económicos e informáticos. No hay que olvidar que de la noche a la mañana nos transformamos en un país rico y los delitos ya no son solamente robos, hurtos y lesiones. Es por eso que estamos en un escenario muy difícil. 

—En ese escenario, ¿cómo se entiende que exista un proyecto de ley que sancione las filtraciones a la prensa, antes que una iniciativa que persiga los delitos económicos y el financiamiento irregular de la política? 

—Es difícil explicarle esto a la gente. Tengo la impresión de que esa iniciativa es una cosa transitoria. No puedo dar una opinión porque estaría influyendo en otro poder del Estado, pero entiendo que nace de la idea de que muchas conductas no van a ser sancionadas… Entonces, para qué publicitarlas. Son voces que sostienen que para qué vamos a investigar algo que no es delito y que va a dejar a la gente involucrada con la presunción de inocencia y la dignidad afectadas. En lo personal, eso me causa decepción porque creo que deben existir conductas sancionables. Tenemos que investigar para poder decirle al país esto fue lo que ocurrió. De lo contrario, se presta para que la gente piense ‘se salvó otra vez, está todo arreglado’, y eso no es efectivo. 

—Un informe de las Naciones Unidas afirmaba que pese a que Chile tenía las compensaciones económicas más altas en casos de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica, primaba una sensación de impunidad. ¿Cree usted que los pactos de silencio en las Fuerzas Armadas han enlodado el trabajo de la justicia?

—Honestamente, creo que hemos hecho harto en esa materia. Hay otros países donde ocurrieron las mismas atrocidades y nunca se buscó la verdad, como por ejemplo Brasil. Honestamente, creo que si todo esto hubiese estado regido por el nuevo Sistema Procesal Penal no habría pasado nada. Respecto a los pactos de silencio, en mi experiencia cuando usted trata bien a los imputados, ellos hablan. No digo que no existan casos en los que sigan operando, pero hemos avanzado significativamente.

—Hace algunas semanas, el padre Fernando Montes planteó que por razones humanitarias la edad de encarcelamiento no debe superar los 75 años, ¿cuál es su opinión al respecto?

—No tengo convicción aún, pero si el derecho internacional lo asume como tal y se puede hacer algo, sería lo justo. Sin discriminar el tipo de infracción o delito, creo que la gente que está condenada tiene que poder hacer uso de sus derechos. Cuando el Estado condena a una persona, le surge el deber de garantizar su reinserción. No hay justicia si no hay misericordia, si ser delincuente es muy re mal negocio. Nunca he sido partidario de penas muy altas.

—¿Y hay justicia cuando esta tarda demasiado en llegar?

—Fíjese que hasta eso es discutible. Cuando es muy rápida, muchas veces se cometen errores. En cambio, después de transcurrido un tiempo, hay acceso a otras informaciones y salen nuevas luces que pueden mejorar ostensiblemente una ley.

—¿Cómo se imagina Chile en 28 años más?

Nuestro país va a ser un paraíso mejor que el que es hoy. Me avalan esta pretensión el clima maravilloso, la tierra generosa, un mar rico e inacabable en sus frutos y,  sobre todo, un pueblo que con todas sus limitaciones es excelente, muy distinto a otros. Nuestra gente es trabajadora, solidaria, respetuosa y amante de su familia y de su entorno. Creo y espero que superaremos las dificultades mayores, aun cuando pienso que ahora mismo los problemas que nos  podrían desunir son mínimos frente a las razones que nos unen.  Bastaría conocernos más, conversar  y compartir para limar las asperezas que nos distancian. Estaremos presente en el concierto mundial y será un lugar al que todos quieren venir y disfrutar.