El presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, Hernán Calderón es un bicho raro dentro de la arena política. Socialista de toda la vida, pese a que interrumpió la militancia durante casi veinte años, es un servidor público que nunca buscó los cargos de poder, por el contrario todas sus energías han estado focalizadas en ayudar a quienes se han visto perjudicados por el modelo económico impuesto en los últimos 40 años. En los ochenta estuvo al lado de los deudores habitacionales y vio cómo familias completas se desintegraban producto de la crisis económica. “Eran los tiempos en que para evitar los remates cambiábamos hasta el nombre y el número de las calles para que no pudieran notificar a los afectados. Así conseguimos que muchos no perdieran sus casas”, recuerda con un dejo de orgullo. Hasta su oficina, llegan día a día cientos de chilenos con desesperación, angustia y rabia. La mayoría se siente asfixiado por alguna institución o simplemente encarna la ira colectiva frente a los últimos escándalos financieros. A todos, este constructor, padre de dos hijas (4 y 19 años) los atiende con una sonrisa bonachona. Es su sello y salvaconducto. “Más ahora que somos los más odiados”, bromea, mientras relata álgidas discusiones que ha librado con parlamentarios en los últimos meses. En el centro de esa contienda está el proyecto de protección de los derechos de los consumidores presentado por la Presidenta Bachelet el 2014 que busca negar la legimitación activa de organismos como la Conadecus acotando su ámbito de acción a lo meramente contencioso. “Una aberración porque somos nosotros los que le damos equilibrio al sistema. A pesar de tener una ley bastante débil, igualmente ejercemos un rol clave para enfrentar un mercado desregulado, donde la elite económica que es la única dueña de Chile, se apropió hace rato de la política”, cuestiona.

Aunque a la hora de desmenuzar los casos más bullados, como el cartel del papel higiénico y la colusión de los supermercados en el precio de los pollos; su artillería apunta directo hacia los grandes grupos económicos, también dispara hacia los políticos de todas las corrientes. “Ahí está la madre del cordero y la razón de por qué este círculo vicioso es tan difícil de romper. La dictadura dejó el campo propicio en el sentido de que no protegió a los ciudadanos y dictó leyes a favor del empresariado, pero luego la democracia no cambió nada. La captura del poder por un puñado de empresarios hace imposible que podamos tener mejores leyes. Si el financiamiento de la política viene de los empresarios entonces lo único que nos queda por hacer es transparentarlo todo. Es ahora cuando las empresas tienen que decir a cuáles parlamentarios les entregaron dinero y cuánto fue. Es urgente que todos reconozcan las fuentes de financiamiento antes de que sea demasiado tarde”.

—¿Cree usted que eso es posible?

—Es indispensable que así ocurra. Hoy el poder del dinero es lo que determina quién sale electo y sus actuaciones están supeditadas a eso. Hay que revisar cómo votan, cuándo se abstienen o simplemente no se presentan en las sesiones. Está más que claro. Hay que estar en el Congreso para ver cómo en leyes claves se legisla pensando en ciertos grupos económicos y no en la mayoría de los chilenos.

—¿A cuáles se refiere?

—Por ejemplo, la ley de quiebras de personas que es una verdadera aberración y sólo busca favorecer al empresario acreedor, quien tiene el poder de bloquear —impidiendo la renegociación de la deuda— su aplicación sin ningún contrapeso. Imagínese que si usted da boletas de honorarios no puede acogerse a esa normativa, lo que es algo de lo más insólito. Por eso se aplica tan poco. Ni hablar del fiasco del Sernac financiero que pretendía operar con la buena voluntad de las empresas. Un mal chiste.

Según los estudios realizados por Conadecus, los diez años en que los productores de pollo se concertaron para fijar la tabla de precios más rentable tuvo un costo de 1.200 millones de dólares en el bolsillo de los chilenos, mientras que el cartel del papel tissue significó un desembolso de 500 millones de dólares extras. “Ahora iremos tras las compensaciones en la justicia, sin embargo el problema que permite que este tipo de prácticas actúen en la impunidad, sigue sin resolverse. La fiscalía tiene presupuesto y personal demasiado reducido por lo que es muy posible que le pasen por el lado un montón de colusiones más, de las que nunca nos vamos a enterar. No hay que olvidar que en el caso del papel fueron las mismas empresas las que fueron a entregar la información”, cuestiona.

—¿Por qué no se aplican mecanismos como la disolución de sociedad que está garantizado en la ley y que en EE.UU., por ejemplo, se aplica en situaciones graves?

—Sólo bastaría con que el Tribunal de Libre Competencia o la fiscalía lo solicitaran. En Estados Unidos ninguna empresa puede tener más del 15 por ciento de participación del mercado, sin embargo, aquí hay empresas, en el área de los combustibles, que manejan hasta el 60%. Y en la salud, aquí uno va a una isapre y resulta que es la misma dueña de la clínica y del laboratorio.

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—Los últimos fallos de la Corte Suprema supongo han traído esperanza entre las asociaciones de consumidores.

—Puntualmente en las prácticas abusivas en las comisiones de servicios financieros minoristas bancarios y no bancarios. Después de la emblemática resolución contra Cencosud, que impidió nuevas alzas en las comisiones bancarias y del retail, obligando a la Superintendencia de Bancos a derogar una circular, el máximo tribunal emitió hace dos meses otra aún más trascendente. Se trata de un fallo contra la empresa de cobranza Cofisa, en el que por primera vez la justicia delimitó a qué se refiere el interés que se cobra. Esto ya motivó una demanda del Sernac contra el Banco de Chile por cobros de comisiones de sobregiro no pactado.

—¿Los bancos son los nuevos verdugos?

—Siempre lo han sido. En su afán de usura, muestran una imaginación infinita para ocultar información a sus clientes. Cuando otorgan un crédito, hay algunos que ni siquiera se detienen a explicar las tasas de interés. Menos aún entregar una tabla de desarrollo de un crédito, ¡eso no ocurre nunca! De todos los sistemas que existen en el mundo para calcular la amortización, aquí se usa supuestamente la fórmula francesa, pero sobre esa base hemos revisado créditos y nos terminamos encontrando con brutalidades, como personas que piden 100 millones y terminan pagando hasta 15 millones de más.

—En ese caso, ¿qué hace la Conadecus?

—Vamos a la Superintendencia de Bancos para que le informe al banco y no hacen nada, cuando les preguntamos qué pasa muchas veces ni siquiera son capaces de contestar. El sistema en su conjunto está coludido, basta mirar lo que pasó en el Caso La Polar, donde todas las superintendencias fallaron. Bancos, valores, AFP y la verdad es que nada ha cambiado desde entonces.

—Frente a eso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?

—Acciones como la ocurrida el domingo después de conocida la noticia de la colusión de los supermercados, cuando se realizó un llamado por redes sociales a no comprar ese día. Son hechos que tienen impacto. Sólo la rebelión de los ciudadanos puede salvarnos y ayudarnos a combatir las prácticas ilegales. Hay que fomentar iniciativas de ese tipo. Los consumidores aún no tienen conciencia del real poder que tienen y cómo pueden ejercerlo. Si las empresas saben que la respuesta de los compradores será el boicot de sus productos estarán obligados a cambiar. La sociedad civil tiene que recuperar la cultura de asociatividad que tenía hasta antes de 1973. Por eso nos cuesta tanto actuar en conjunto. Este modelo está hecho para que cada uno quiera desarrollarse solo y no en comunidad.

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