Fue el brazo derecho de Augusto Pinochet. Guillermo Garín estuvo 44 años en el Ejército llegando a ocupar cargos de alta responsabilidad política en La Moneda, transformándose en actor y testigo de primera línea del gobierno militar. Fue subjefe del estado mayor presidencial, jefe de la Casa Militar, vicecomandante en jefe del Ejército. Ya retirado, a petición del propio Pinochet asumió la coordinación de su defensa en medio de juicios de DD.HH y más tarde en el Caso Riggs, en que se acusaba al ex gobernante de malversación de fondos.

A sus 76 años, este hombre de bigotes pronunciados, no baja el ritmo. Además de director de la Fundación Pinochet, de formar parte del directorio de  la U. Bernardo O’Higgins y de ser abuelo todoterreno, sigue montando a caballo y jugando golf. También, visitar y cubre necesidades de varios militares presos por violación a los DD.HH.

En el umbral de los 40 años del “pronunciamiento” militar —“no fue voluntario, nos vimos obligados a actuar”, aclara—, a Garín le  preocupa la polarización y odiosidad que siente se han producido, y la “cacería de brujas” de uniformados.
“Este aniversario no tiene mayor connotación, pero como es un año electoral, lo utilizan políticamente. Un artista (Benjamín Vicuña) está haciendo un programa siniestro (Chile, Las imágenes prohibidas), que difunde una verdad a medias, sesgada. Nadie del otro lado explica por qué se produjo, como se actuó; ¡que ponga las cosas en su contexto! ”.

“Chile debiera agradecer profundamente el 11 de septiembre”, afirma. “Hoy disfrutamos de libertad plena, la que habíamos comenzado a perder en manos de quienes llevaban un proceso totalitario. Ese presidente (Salvador Allende) se confesó marxista-leninista, sus vínculos estaban con Cuba y la Unión Soviética; ¡era obvio para dónde íbamos! No había ni papel higiénico, tal como en Venezuela”.

—¿Cómo vivió el Ejército los primeros años al mando del país?
—Trabajé muy cerca del Presidente, fui testigo privilegiado. Fueron tiempos duros. Chile estaba quebrado económica e institucionalmente. La Unidad Popular (UP) rompió la convivencia, con luchas de clases y confrontaciones muy traumáticas. Reconstruimos el país desde sus cenizas; 18 horas diarias de trabajo, sábados y domingos, dedicados enteros… Cuando empezó a marchar todo y recuperamos la democracia, ¡porque nosotros la conseguimos!, volvimos a nuestras actividades en las FF.AA., y el ’90 asumió el gobierno político, tal como se comprometió  nuestro Presidente.

Garín recuerda que en el mandato de Patricio Aylwin “comenzaron otro tipo de problemas. Hubo intentos de persecución judicial a nuestra gente. Los primeros indicios fue la Comisión Rettig, con la que empiezan a abrirse muchos procesos, pasando por encima la Ley de Amnistía. Ese informe tuvo mérito, investigó todos los casos de fallecidos (2 mil 800 personas), incluidos los nuestros, que no fueron pocos. Era jefe de la casa militar cuando mataron a cinco escoltas en el atentado a mi general; y el señor Teillier que dio la orden, hoy es diputado, gana diez veces mi sueldo y tiene fuero”.

—Sabían que se vendrían esos juicios…

—Sí, el Presidente Pinochet siempre lo percibió. Querían pasarnos la cuenta, pero se tomaron medidas para que no fuera tan traumático y nos llevara a otra ruptura. Pudo ocurrir un nuevo quiebre…

—¿Otra intervención militar?
—No, jamás se planteó, pero sí tomar posiciones más duras, como ocurrió con el “Boinazo”. Había gente —no sólo militares— que pensaba que sería tan inmanejable e injusto para nuestro sector, que pedía al Ejército adoptar actitudes más firmes. Pero Pinochet tuvo una postura clara: había que pagar el precio; no se podía destruir lo que habíamos recuperado. El “Boinazo” fue una llamado de atención.

Garín cuenta que hasta 1998 —cuando dejó su cargo de vicecomandante en jefe y pasó a retiro— sintió una buena disposición hacia el Ejército. “Durante el período de Eduardo Frei la relación con las autoridades era muy buena, estaba ilusionado de que la transición sería razonable. Pero cuando mi general dejó la comandancia en jefe y asumió como senador vitalicio, el otro lado se radicalizó y se incrementaron las persecuciones en contra nuestra.  Se tomó activamente la bandera de los derechos humanos “políticos”.

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“Reconozco que gente sufrió, perdió familiares y tienen derecho a sentir lo que sienten; lo malo es que hayan transferido a sus hijos ese dolor transformado en odio. Hoy gran parte de la juventud está engañada sobre cómo ocurrieron las cosas. Nuestra intervención no fue voluntaria; no existía alternativa, peor habría sido la guerra civil con un  millón de muertos. La división era tan grande, que durante la UP muchas personas se volcaron a los cuarteles a denunciar a otros chilenos por guardar armas y de terrorismo. Intervenimos en el momento crucial;  nos obligaron; la ciudadanía lo pedía, yo lo sentí, ¡lo viví! Y es mentira que EE.UU. y la CIA lo ordenaron. Siempre fuimos independientes de Norteamérica”.

—¿No cree que la odiosidad podría terminar el día que el Ejército entregue toda la información sobre detenidos-desaparecidos?
—Es que no los van a encontrar nunca. El enfrentamiento se produjo en los dos, tres primeros años. Fue una lucha clandestina llevada primero por extremistas. Al principio nuestros organismos de seguridad luchan contra ellos para obtener información y reprimirlos, y se infiltran porque nadie sabía cuántos eran ni el daño que podían causar. De ese período se conoce poco sobre el fallecimiento de personas, quiénes los pudieron haber muerto.

—¿Tanta libertad de acción tenían esos organismos que no rendían cuentas?
—Sí, actuaban con bastante libertad, algo típico en ese tipo de luchas. Además, eran tantos focos, nadie podía centralizar lo que ocurría. En esos primeros meses no descarto que por el odio engendrado durante la UP, muchos civiles al sentirse liberados, le pasaron la cuenta a gente que les quitó la fábrica, el fundo, y  tomaron las armas. Ese era el ambiente.

—Sin embargo, las represiones persistieron. Una década después vino el Caso Degollados. Se comprobó además la participación de la Dina en la muerte del general Prats y de Orlando Letelier, que no se ajustan a la guerrilla del primer tiempo…
—En el Caso Degollados, los carabineros perdieron a muchos de los suyos asesinados y entonces actuaron con mano tremendamente dura, que no justifico. Y el proceso sobre el general Prats tiene grandes distorsiones, con militares condenados sin tener responsabilidad ni participación directa.

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—Estaría comprobado que fue la Dina.

—Nadie ha podido decirlo, salvo porque está metido Michael Townley que era de la CIA. En Argentina operaba la Triple A (Alianza anticomunista argentina), que reprimía todo lo con vínculo con el comunismo. Pudieron intervenir otros países.

“Todo lo que ocurrió entre el ’73 y ’78 debe quedar bajo amnistía. Como indica esa ley, estaba todo tan distorsionado, que no se pueden aclarar los hechos ni aplicar justicia. Y se opta por olvidar… Sin embargo, esta normativa funcionó hasta el 2000, después ¡se pasa por encima! El mismo Presidente Aylwin instruyó a la Corte Suprema sobre su aplicación: investigar hasta aclarar el delito, formular cargos, condenar y aplicar la ley. Fue efectivo, hasta que los jueces cambiaron de línea”.

—¿Se politizaron, quiere decir?

—Se pusieron la camiseta más de un color… La Amnistía ya no existe, benefició a algunos de los nuestros y a toda la izquierda, cerca de 1.200 personas, ¡a sola firma!, sin mayor investigación. Ahora están todos los militares presos, y muchas condenas sin pruebas suficientes.

—¿Hubo una cacería de brujas?
—Hay bastante de eso, y estos juicios ya no son noticia. Hace unas semanas metieron presos a siete uniformados, a la siguiente otros seis. Están permanentemente siguiéndolos, algunos con más de 85 años que no son autovalentes. Ya vamos en 100 condenados, pero se vienen dos mil querellas más.

—¿Qué le pareció la explosión del Caso Cheyre-Lejderman, en que se cuestionó al ex comandante en jefe por entregar un hijo de asesinados políticos con la información de que sus padres se habían suicidado?
—Se sabía, hace mucho salió en la prensa que Cheyre entregó a esa guagua, y en el proceso debió haber declarado. Lo que hizo Carlos Peña en su columna en El Mercurio fue reflotar una situación conocida por los tribunales, los cuales consideraron que no configuraba delito. Curioso es que el tema vuelve a explotar en un año electoral; a muchos les debe interesar que así sea por su cargo político.

—Cheyre reconoció que fue engañado por el Ejército sobre cómo murieron los padres de Ernesto Lejderman, y planteó que los militares hoy pueden cuestionar una orden…
—Es materia de profundo análisis, no corresponde pronunciarse de manera superficial. El debe estar en antecedentes de nuevas doctrinas que desconozco.

—¿Qué le pareció el cara a cara de ellos en El Informante?
—Mi política siempre fue no ir jamás a la televisión. Y no opinaré más del caso; no suelo hablar de quien fue una autoridad de la institución.

—Lejderman pidió terminar con los pactos de silencio. Al sentir que no hay Amnistía, ¿puede que algunos militares no declaren por miedo a ser enjuiciados?

—Es posible… El juez puede tomar medidas coercitivas que lleve a que algunos omitan información que conocen, que les consta, pero que no pueden probar. Si es re difícil…

Wp-Garin-193—¿Su sensación de que no ha habido justicia la comparte el resto de los militares?
—Sí, existe un sentimiento de que no se han aplicado las normativas vigentes. En Chile, hasta los delitos más cruentos prescriben a los 15 años, sin embargo, se agarran de resquicios, de tecnicismos jurídicos como el secuestro —que no prescribe nunca—, para seguir con las causas. Además de injustamente tratados, nos sentimos abandonados por el mundo político y por quienes creemos debieron tener una actitud más activa dada su participación en nuestro gobierno y oposición a la UP.

—¿En qué se refleja ese abandono?
—En que nadie se ha manifestado, salvo excepciones. Incluso el señor Andrés Chadwick que, habiendo sido cercano y conociendo de esta lucha, considera que no debió apoyar al gobierno militar. Lo mismo la DC. Vemos deslealtad, desamparo e indiferencia. El Presidente Piñera nos dijo que se aplicarían las leyes, sin embargo, en este mandato el sector judicial ha sido bastante más duro, y el gobierno observa de lejos cómo desde el Ministerio de Interior surgen los procesos.

—¿Con Evelyn podría ser distinto?

—Tenemos la esperanza, pero no nos hemos reunido con ella, ni es conveniente. La campaña en contra es tan feroz que para cualquier candidato es un riesgo aparecer identificado con nosotros. Hay que dejarla que actúe. Estamos convencidos de que puede ser una muy buena Presidenta para los tiempos que se vienen, no es el caso de la otra señora…

—¿No quedó conforme con la gestión de Michelle Bachelet?

—Ella no gobernó, lo hicieron otros. Y cuando las cosas se ponían complejas, salía al exterior. Se rodea de personas muy ideologizadas; ella fue extremista de izquierda, y ahora que se incorporó el PC, puede ser peligroso. Habla de Asamblea Constituyente, y frente a problemas con Perú y Bolivia, puede terminar cediendo territorio como ocurrió con la Laguna del desierto en el gobierno de Aylwin.