Fue el primero en apoyar al general director de Carabineros Bruno Villalobos, cuando hace unos días escribió en su Twitter: “Basta ya de poner siempre en tela de juicio a Carabineros”. Esto, a propósito de los incidentes registrados en Valparaíso el pasado 21 de mayo. Fernando Cordero (78) quien también ocupó el máximo cargo en la institución durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dice que lejos de ser un mensaje algo sedicioso —como algunos han señalado—, “nuestro general cumplió con su primera obligación de defender a su gente. No es fácil mantener la cohesión de 60 mil hombres, y él lo hizo muy bien”, asegura el ex senador designado, quien acusa falta de apoyo y de protección a la función policial tanto del gobierno como de ciertos sectores políticos, sumándose así a la oleada de críticas que ha motivado incluso inserciones en la prensa pagadas por particulares, rechazando “el hostigamiento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y en especial de su directora Lorena Fríes”.

Cordero estima que existe apoyo de las autoridades desde el punto de vista de las adquisiciones de elementos, “sin embargo, falta mayor protección de la clase política, al menos comprensión de nuestro actuar. Parlamentarios de gobierno nos atacaron públicamente por lo ocurrido el 21 de mayo, y una diputada salió diciendo incluso cómo debíamos comportarnos, ¡sin conocimiento alguno! Eso duele, molesta y perjudica nuestro actuar”.

—¿Desde cuándo percibe este cuestionamiento a la labor policial?

—Cuando en el ’90 cambió el gobierno militar a los democráticos, en que se perdió por muy poca diferencia, desde ese minuto malos consejeros estimaron que para aumentar esa brecha y atraer más gente, había que sacar normas que alejara a las personas de Carabineros, y es así como aparecen las leyes Cumplido, la despenalización del delito de ofensas y maltrato de obra. Se empezó a debilitar la fuerza policial, sin preocuparse de que esto perjudicaba la tranquilidad del pueblo.

—¿No tuvieron quizá demasiadas atribuciones en la dictadura?
—En lo absoluto. En mis años de carrera, nunca alguien me ordenó ejecutar una acción ilegal; eso no existe, sin embargo, nos fueron amarrando de manos. Hoy nos insultan, apedrean, quitan la gorra, ¡y el costo es cero! Se relajaron las leyes, vino el nuevo sistema procesal penal que es absolutamente garantista, y todo se ablandó. No hay coersión para detener y poner a disposición de los tribunales.

—¿Qué consecuencias trae este relajo?
—Que en este minuto el delito es una actividad muy rentable. El poco apoyo a la policía es transversal; además, hay un sector de izquierda fuerte que nunca estará de acuerdo porque Carabineros restringe, y se ha satanizado el término represión. El Instituto de Derechos Humanos a través de su directora (Lorena Fries) nos sigue atacando, en circunstancias que deberíamos ser aliados; no hay ninguna otra institución o agrupación en Chile que proteja tanto los derechos humanos como nosotros. Carabineros tiene alrededor de 75 mil procedimientos diarios, más de la mitad son en ayuda a la comunidad, pero a veces por uno, viene el ataque injusto.

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“Defender a un carabinero no renta en lo político”, asegura el general (r) Cordero.
Y pone como ejemplo cuando en una oportunidad, algunos diputados golpearon a varios uniformados luego de que el presidente de la Cámara ordenara a la Fuerza Pública despejar las tribunas del hemiciclo. “Estos fueron pasados al comité de ética, ¿y qué pasó después?, ¡nada!”.

—¿Esto se ha traducido en una inhibición al momento de actuar, como se ha planteado?
—Podría ser, porque al carabinero puede que lo vean vestido de Robocop, sin embargo, es un hombre de clase media, que vive en sectores populares, que tiene sentimientos. Muchos de ellos son casados, tienen hijos, nietos, eso sin duda afecta espiritualmente, ¡saben que deben cuidarse!

—¿Cuidarse de qué?
—De la fotografía, porque ésta no siempre representa la realidad. De repente un policía puede tomar a una mujer, pero la foto puede decir que estaba tratando de sacarle los pantalones o metiéndole la mano, ¿se fija? Pueden estar inhibidos en lo personal; pero como institución, no hay instrucciones de esa naturaleza. El otro día estudiantes se tomaron La Moneda faltándole el respeto a la máxima autoridad. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos niños se cae y se pega en la cabeza?, ¡culpan a Carabineros y queda la escoba! Sin embargo, a los autores que incitaron la toma, ¡no pasa nada!

—¿En ocasiones, no reconoce exceso por parte de sus pares?
—En una institución con actividades tan amplias y difíciles, que se pueden cometer excesos, con la diferencia de que son sancionados. Y el castigo siempre es duro, por eso uno se preocupa de no extralimitarse.

—¿Qué consecuencias puede traer una policía inhibida?

—Que caiga un gobierno, porque se produce el caos y no puede actuar. Por eso debe tener leyes que restrinja, que ordene. Ningún país en el mundo crece en desorden. Cuando en abril de 1958 retiraron los carabineros del centro de Santiago, empezaron los saqueos y debieron regresar. Se produce lo que ocurrió para el 27F en Concepción. Y aunque después se identificó a los saqueadores, una vez más el costo final para ellos ¡fue cero!

Fernando Cordero nunca estuvo de acuerdo con que Carabineros pasara de la cartera de Defensa a la de Interior. “Este es un ministerio político. Podría haber una instrumentalización o aprovechamiento que dependerá de la voluntad del ministro de turno. La mejor garantía para el ejercicio ciudadano de los derechos radica en cuerpos policiales profesionales ajenos a las influencias de la contingencia política”.
Aunque asegura que —estadísticamente— la delincuencia ha disminuido, cree que existe mayor publicidad y difusión en torno al delito, lo que aumenta la sensación de inseguridad. “Aún así, se eliminó la detención por sospecha. Con decirle que en la Primera Comisaria de Santiago conocen a todos los lanzas del centro. Antes podían detenerlos y sacarlos de ahí; hoy, eso constituye una ofensa a los derechos humanos”.

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—¿No cree que detener por sospecha puede prestarse para abusos?
—Pudimos haber cometido errores y abusos, pero eso podía corregirse o perfeccionarse; hoy, estamos atados de manos. Y que digan ahora que el control preventivo de identidad se prestaría para discriminaciones es una estupidez. Me duele que diputados en vez de centrarse en los beneficios, difundan por los medios intencionalidades, dudando de la acción de Carabineros, en circunstancias que está avalada por el respaldo de la comunidad. Me pregunto, ¿qué institución en Chile tiene el ascendente moral para lanzar la primera piedra en contra nuestra en credibilidad? ¿Los parlamentarios? ¡Es el mundo al revés.

—¿En qué cree ha fallado el gobierno en materia de delincuencia?
—En el apoyo efectivo a la función policial; se desconfía antes de que actúe, le quitan el piso y las consecuencias las paga a la larga la ciudadanía. A mi juicio, deberían sacar una ley de encapuchados. Y ser más claros en los conceptos y separar las situaciones. Los encapuchados —según la opinión pública—, son hoy los más deleznables individuos, pero si resulta ser un estudiante o comunero mapuche, ipso facto se convierte en una víctima de la represión policial. Ni hablar si termina herido, ¡puede alcanzar la categoría de mártir!

—¿Con carabineros no ocurre lo mismo?
—Luis Lemún Jaque, ciego por la acción vandálica de quienes dicen pertenecer a su misma etnia, se encuentra olvidado por la sociedad; solo sus camaradas continúan a su lado. No hay rectores, universitarios, directores de hospitales, parlamentarios, director de alguna entidad que hagan demostraciones al menos de solidaridad con él sólo por tratarse de un policía. En el tema de la Araucanía, si hay una deuda histórica con los mapuches, no nos compete, sólo combatir el delito. Y cuando se actúa, hay protección hacia los detenidos. Podemos apresar a uno de cinco comuneros que delinquieron, sin embargo, hoy existe el derecho a negarse a hablar, que nos impide conocer a los otros involucrados. Es lo que ocurre hoy con Celestino Córdova, único involucrado en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

“Se pretende bajar los índices de delincuencia con estrategias enfocadas en las consecuencias y no en las causas”, reflexiona Cordero, agregando que los cuerpos policiales claramente no son parte de las causas que generan los delitos. “Sin embargo, el estamento político insiste en centrar su preocupación en Carabineros, eludiendo las verdaderas razones que la generan. Y afloran así miles de ‘expertos’ y opinólogos improvisados y audaces, porque se abonó un terreno propicio, al irrumpir el ‘negocio de la seguridad’. Se dan recetas y se buscan soluciones en el extranjero, ignorando que la idiosincrasia es un factor básico. Una vez más traen al ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, olvidándose que viene de un país donde la Corte Superior de Justicia estableció que el empleo de la fuerza o violencia debe ser apreciada desde la perspectiva del agente de la ley y no de su oponente”, afirma.

Para Fernando Cordero, el combate de la delincuencia pasa por políticas de Estado concretas y claras —ajenas a la contingencia e intereses partidistas— y en la lucha directa, a través de la prevención y represión policial, “que nada tiene que ver con la prevención y represión social del delito, que depende de otros órganos del Estado, y en el que poco y nada se hace”, acusa.

Dice no entender por qué las autoridades autorizan las marchas, si saben que todas las manifestaciones terminan en incidentes. “Por último que las permitan y pidan a cambio una carta de crédito, donde alguien se haga responsable de los daños”.

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—Muchas veces, a pesar de que se rechazan, las manifestaciones se hacen igual.

—Eso refleja que el principio de autoridad está debilitado. Hay, incluso, un dirigente estudiantil que hace unos días advirtió a La Moneda que no los dejarán gobernar, ¡eso es inaceptable! Hay que recuperar la autoridad.

—¿De qué manera propone usted?
—Con orden, nada más. El mismo Giuliani ratificó que Carabineros no cuenta con el suficiente apoyo y reconocimiento político.

—¿En qué se traduce ese orden?
—En empoderar nuestra función.

—¿Ve disposición para eso?
—Ese es el problema, porque las atribuciones son por ley y éstas se hacen en el Congreso, y a muchos parlamentarios no les conviene meterse en algo que no les va a rentar. El otro día salió uno a defendernos (Felipe Kast), y lo funaron. El tema es que cuando la ley no se respeta, empieza a imperar la del más fuerte. La irrupción de bandas saqueadoras y del vandalismo es demostración cúlmine del imperio del delito, de la imposición del más poderoso. Y cuando la ley del más fuerte empieza a consolidarse, el Estado deja de ser necesario y se produce ingobernabilidad, que impide el crecimiento del país. Ante el caos, ningún inversionista extranjero querrá invertir en esas condiciones.