Después de tantos años de goce y fraude, sólo quedaron las traiciones al interior de Carabineros. Una institución sacudida por el mayor desfalco en su historia. “Yo no he soltado ninguna, me las tengo que comer toditas, el (teniente coronel Héctor) Nail brilla por su ausencia, el maricón que nos vendió”, dijo en medio de esas tensiones el funcionario Patricio Miranda a su colega y amigo Patricio Rojas, en un diálogo telefónico, interceptado por el OS 7 de la policía uniformada que permaneció en secreto hasta hoy.

“Las cosas cambiaron”, agregó Miranda en esa conversación de enero de 2017, lamentando de paso el odio con que lo miraban los demás carabineros durante los almuerzos. “Yo soy el que más da la cara”, lamentó el hombre a quien el fiscal Eugenio Campos acusa de modificar las nóminas de remuneraciones de la institución, facilitando un fraude que ya supera los 27.000 millones de pesos.

El éxito del desfalco, que equivale a diez veces todos los sueldos de los presidentes de la república desde la recuperación de la democracia hasta hoy, fue relajando lentamente a los supuestos complotados.

Y eso facilitó la acción del OS 7 de Carabineros a inicios de 2017, cuando el caso ya era una bomba de tiempo que obligaría al general director de la institución, Bruno Villalobos, a confesar en televisión que decenas de sus hombres habían violado la ley, reiteradamente.

“Hay rabia, dolor y vergüenza”, dijo el jefe policial a su tropa en esos días de sorpresa en un mensaje institucional, donde pidió a su gente “levantarse y seguir trabajando”. En ese contexto, los hombres del Departamento Antidrogas, responsables de las pesquisas todo este tiempo, desplegaron amplios operativos, cada vez que la Fiscalía se los solicitó.

Siguieron a los oficiales Héctor Nail y Nelson Valenzuela, principales sospechosos, por centros comerciales y cafés, donde estos se reunían y traspasaban pendrives con información clave del caso, como ocurrió en el Starbucks de calle Catedral, empresa que entregó las filmaciones de esos encuentros en sus salones.

Los funcionarios del OS 7 también vigilaron a los imputados Felipe Avila y Francisco Estrada, miembros activos de la red de defraudación, según la Fiscalía. El operativo, que terminó con la detención de todos estos imputados, estuvo a cargo del mayor investigador Tulio Muñoz, quien siempre recomendó nuevas diligencias al fiscal. La guerra estaba declarada entre los hombres de las carabinas cruzadas.

TODOS SE ACUSAN

El caso no siempre avanzó con celeridad. La denuncia inicial fue efectuada en diciembre de 2015 por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en un reporte secreto de 16 páginas sobre los extraños depósitos en las cuentas bancarias del capitán Felipe Avila.

“Las operaciones no se condicen con la capacidad económica y el perfil de un funcionario público”, arguyó la UAF ante el Ministerio Público, el que pidió antecedentes del caso a Carabineros. Casualmente, la respuesta formal la entregó el teniente coronel Héctor Nail, hoy sindicado como líder de la llamada mafia de la intendencia, junto al general Flavio Echeverría, en retiro.

Por escrito, en un documento con el timbre de Carabineros, Nail admitió que Avila había recibido 542 millones de pesos erradamente en sólo tres años.

Nail, por entonces jefe de la Tesorería policial, dijo que los dineros estaban reintegrados, que todo era un problema informático, que el sistema arrojaba un cinco por ciento de errores. En la Fiscalía nadie le creyó.

Las pesquisas se redoblaron y las delaciones cruzadas comenzaron, con confesiones insólitas e inesperadas, enunciadas por hombres que habían prometido defender la Constitución y la ley, pero que habían cruzado todas las líneas rojas.
“Cada vez que realizábamos el procedimiento (de desfalco), yo les traspasaba 500 millones de pesos, aproximadamente”, declaró por ejemplo el capitán Carlos Rojas, abriendo los fuegos.

“El dinero lo utilicé para cancelar una operación de mi padre”, justificó luego el oficial, quien se apresuró en aclarar ante sus interrogadores que los viajes que registraba a Estados Unidos, México y Brasil los había pagado de su bolsillo, con la tarjeta VISA. Ese no era dinero malversado, aseguró.

Luego fue el capitán Juan Pablo Muñoz, quien habló y denunció continuas presiones del coronel Jaime Paz para que se autoinculpara en el caso. “Aquí les dejo la copia de los whatsapp que me envió”, disparó.

Días después fue el sargento Oscar Olivos, quien aportó más detalles a una causa que suma hoy miles de fojas en tres carpetas diferenciadas y que parece acumular crecientes secretos.

“Soy estafeta y mis remuneraciones fluctúan entre los 200 mil y los 300 mil pesos”, arrancó diciendo Olivos. Luego confesó que tenía deudas múltiples con Credichile, Banco BCI, Hites y La Polar. “Eso demuestra que estoy endeudado”, agregó, marcando distancias con los implicados en el fraude, dueños de autos y propiedades.

En esa declaración, Olivos no guardó más los secretos que cargaba por años. “Mi comandante Nail (…) me entregaba una mochila y salía al banco a depositar, el monto era cercano a los treinta millones, en efectivo”, descargó.
También dijo que hacía a diario depósitos menores, por cifras cercanas al millón de pesos, siempre en metálico. “Yo no sospeché”, lamentó ante sus colegas del OS 7.

HABLAN LOS  JEFES

Las confesiones, las fotografías, las grabaciones y las pruebas contables terminaron derrumbando a los más altos implicados en el caso. Una escena clave ocurrió en abril de este año cuando el fiscal Campos y el mayor Tulio Muñoz del OS 7 interrogaron al oficial Nelson Valenzuela, a quien la Fiscalía acusa de recibir 121 millones de pesos ilegalmente.

Valenzuela, acompañado de la abogada Jacqueline Stubing, admitió su amistad con los oficiales Héctor Nail y Robinson Carvajal, a quienes admitió haberles entregado dinero. “En el caso de Robinson, también me tocó entregarle una caja, esa se la entregué en el casino Monticello, no sé si fue en septiembre o en octubre de 2015. También recuerdo haber cambiado un vale vista”, detalló.

Luego entregó dos pendrives con información a los investigadores. Y es que con los años y la impunidad, la operación de desfalco comenzó a dejar demasiadas evidencias, toda vez que toda la malversación fue realizada a través de cuentas bancarias. Incluso algunos ostentaron el fraude, como confesó el coronel Horacio San Martín, al explicar cómo fue invitado a participar en la red por el oficial Nelson Valenzuela.

“Nos juntamos en un pub restorán de nombre Gennaros, que está ubicado en calle Diagonal Oriente con Los Leones (…).  Esto pudo haber sido el 2008, no lo recuerdo con exactitud, y él personalmente me confidenció que en una pasada habían sacado plata y que habían varios involucrados (…), me dijo que ya habían sacado como novecientos millones”, dijo San Martín.

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EN MALETAS

Los millones defraudados eran repartidos en maletas y bolsos, según los implicados, al más puro estilo de la serie Breaking Bad. La tentación era enorme. Y los traspasos fueron efectuados en las oficinas de la policía o simplemente en la calle. “Yo sabía que las platas eran de Carabineros e igual accedí”, sinceró a la Fiscalía, por ejemplo, Miguel Becerrea, al reconocer que recibió 300 millones de pesos.

Pero ¿cómo fue posible tremendo desfalco por tantos años? La evidencia judicial indica que muchos controles fallaron, demasiados. Por ejemplo, que los bancos chilenos dejaron de reportar cientos de operaciones sospechosas efectuadas entre 2011 y 2015 por la llamada Mafia de la Intendencia.

El coronel Fernando Pérez, según la acusación de la Fiscalía, recibió más de mil millones de pesos irregulares en sus cuentas, sin que jamás existiera un reporte de operación sospechosa desde el sistema financiero a la UAF. Por su parte, y como otro ejemplo, el oficial Pedro Valenzuela, ex jefe de gabinete del hoy detenido general Flavio Echeverría, recepcionó depósitos en su cuenta corriente en 13 ocasiones como exceso de sueldo, por un monto total de $ 602.447.493. Tampoco hubo alertas.

Las miradas inquisidoras apuntan hoy a la Contraloría, incapaz de advertir los ilícitos. La entidad realizó 34 fiscalizaciones a Carabineros entre 2012 y 2016 sin detectar el llamado Pacogate, aunque sí encontró otra serie de irregularidades en la compra de equipos, en especial vehículos.

Hoy, en un esfuerzo por corregir la situación, el órgano fiscalizador otorgó prioridad a revisar las operaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que manejan recursos por miles de millones de dólares, anualmente.
Sin embargo, las mayores sospechas de descontrol desde la Fiscalía apuntan al uso de los gastos reservados.

Tanto en el caso del ejército, como en el de Carabineros, el Ministerio Público indaga el posible desvío de estos recursos, los que por ley no requieren ser rendidos como el resto de los recursos públicos. Otras sorpresas esperan en ese frente.