En momentos en que intentaba reactivar la economía y productividad —algo nada fácil cuando la proyección de crecimiento para el 2017 es de un 2 por ciento y la recién tramitada reforma laboral tiene a los inversionistas paralizados—, y mientras descartaba una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad universal en Educación Superior (que cuesta cerca de 4 mil millones de dólares), al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se le vino encima la reforma previsional. Las multitudinarias marchas por la Alameda exigiendo no más AFP, sumado a los famosos ‘jubilazos’ de Gendarmería, encendieron las alarmas en La Moneda que no le quedó otra que reaccionar ante esta nueva demanda ciudadana, aun cuando el propio gobierno había señalado que una reforma previsional no era prioridad y que no estaba considerada en este mandato. Quizá vieron en ésta una oportunidad política para congraciarse con el electorado que ha aumentado el rechazo hacia sus reformas emblemáticas, tal como quedó registrado en la última encuesta CEP.

El jefe de las arcas fiscales ha tenido que hacer verdaderos malabares para dar con una propuesta responsable en materia de gastos y que convenza a todos. En lo central aumentaría las imposiciones con cargo al empleador de un 10% a un 15%, que para el fisco tendrá un costo millonario cercano a los 1.500 millones de dólares, considerando que el Estado es el principal empleador del país. Son varios los frentes abiertos en que el ministro Valdés deberá meterse la mano al bolsillo, donde las expectativas están disparadas y los recursos cada vez más limitados, en un escenario de estancamiento local, de debilidad en la economía internacional y la caída del precio de las materias primas como el cobre. Mientras cuadra sus planillas e intenta reactivar la economía, mejor ni pensar en la gran demanda que —dicen— está por venir y que sería millonaria y más multitudinaria aún: la reforma a la Salud.