El economista Eduardo Engel ha seguido con atención los capítulos que diariamente revela la prensa sobre el escándalo del Caso Penta. El financiamiento irregular de la política en Chile era un asunto que le preocupaba hace tiempo al presidente de Espacio Público, el think tank de centroizquierda conformado por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos el escritor Pablo Simonetti, el arquitecto Alejandro Aravena y la economista Andrea Repetto. Cuenta Engel que a mediados de 2013 junto a Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos comenzaron a trabajar en un estudio sobre el funcionamiento de la normativa que regula el delicado cruce entre el dinero y la política y, justamente en medio de esta trama de Penta, tuvieron completa la propuesta. 

Apaga el computador, donde sonaba Haydn interpretado por la Orquesta Sinfónica de Birmingham, y analiza:

“En todo el mundo estas reformas se mueven motivadas por un escándalo, porque la mayoría de los legisladores no quieren que los fiscalicen más. A nadie le gusta ser controlado y todos presumen que están actuando de buena fe. Pero existen países que logran avanzar cuando sufren estos casos: Chile luego del MOP-Gate tuvo una nueva legislación y, espero, después de Penta. Hay algunos, sin embargo, en que no pasa nada. En Argentina encuentran un millón de dólares en billetes en el baño de un ministro y absolutamente nadie se inmuta, todo sigue igual. Nosotros debemos sacar lecciones de este escándalo y legislar para fortalecer la normativa de modo que no suceda a futuro. El peor escenario sería que después de este caso enorme no tengamos una nueva legislación que realmente mejore las cosas, sino más bien sea un cambio menor”, señala el profesor titular de economía de la Universidad de Chile y profesor visitante de la Universidad de Yale, mientras conversamos en una de las oficinas del centro de estudios que tiene su sede en una casa del barrio El Golf. 

—Era un secreto a voces el problema que enfrenta Chile con el financiamiento de la política.

—Existen problemas con el financiamiento de la política en Chile que los especialistas venimos señalando hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Edgardo Boeninger, en los libros que publicó hacia el final de su vida, es claro a este respecto. También existieron otros que lo dijeron hace cinco, seis, siete años. Se conocía, se comentaba, se escribía, pero la ciudadanía no estaba al tanto, porque no era un tema de la agenda. Pero con los escándalos del Caso Penta resulta evidente para todos que el financiamiento que hacen las empresas a la política no es sano.

Dice que debe procurarse una relación saludable entre política y dinero: “La actividad política tiene que financiarse de alguna manera, lo importante es cómo se financia. Sobre la base de evidencia en todo el mundo, existen varios peligros asociados a formas que no son sanas. Un primer riesgo que se ilustra de forma clara en el Caso Penta, es cuando conlleva la captura de los políticos por parte de intereses particulares: se entrega dinero esperando a cambio que los parlamentarios legislen para favorecerlos. Esta situación apunta al corazón de la democracia, porque uno espera que los congresistas representen a los votantes que los eligieron y no que estén sesgados por sus financistas”. 

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—¿Qué otros riesgos existen?

Usando una metáfora deportiva, un segundo peligro es que la cancha no esté pareja y no pueda garantizar que en cada elección ganen las mejores propuestas y liderazgos, sino los candidatos que tienen más plata para su campaña.

—¿Estamos amenazados por la corrupción?

—Hay tres riesgos que van de la mano y uno es lisa y llanamente la corrupción: una empresa financia a un parlamentario a cambio de que éste legisle a su favor. El segundo, aunque no haya corrupción, es la tergiversación del mandato soberano cuando elige a sus representantes. La tercera amenaza, incluso pensando que los parlamentarios voten en conciencia, es que si la fuente principal de financiamiento viene de privados y es más probable que sean elegidos quienes cuentan con más fondos, el Parlamento representará las preferencias de los financistas, no del electorado en general. Las legislaciones que se aprueban tendrán entonces más que ver con lo que quieren los financistas que las preferencias de la ciudadanía. Este es uno de muchos motivos por lo cual es importante poner límites al financiamiento privado de la política.

—De todo lo que ocurre en la actualidad, ¿qué es lo que le parece más grave?

—Que en este momento no existe ninguna capacidad de fiscalizar los límites de gasto y, por lo tanto, ninguna posibilidad de detectar platas negras de la política, por ejemplo en el financiamiento de las campañas. Eso es clave, porque uno escucha a mucha gente diciendo que tal y cual candidato gastó el doble del límite, pero al final uno no puede confirmar si eso es cierto o no.

—¿A qué se debe?

—A que tenemos un Servicio Electoral que no fue diseñado para cumplir un rol fiscalizador serio. No está en el ADN del Servel actual. No posee ni los recursos ni las atribuciones para fiscalizar que se respeten los límites al gasto y, por lo tanto, no tiene cómo detectar de manera sistemática cuando los candidatos gastan el doble de los límites permitidos o cuando reciben platas negras. Lo que queda patentemente claro del Caso Penta es que el Servicio Electoral nunca supo que había una empresa, Penta, que en lugar de financiar la política con a lo más el uno por ciento de su renta, como lo señala la ley, estaba contribuyendo con sumas mucho mayores, usando todo tipo de mecanismos al margen de la ley para financiar candidatos. Lo supimos producto de una investigación de Impuestos Internos, pero nuestro Servicio Electoral jamás se enteró, porque no está diseñado para enterarse.

—No hace monitoreos durante las campañas, por ejemplo.

—El Servicio Electoral no hace ninguna fiscalización durante las campañas. Recibe seis meses después de la elección las boletas de los candidatos rindiendo cuentas por las platas que ingresaron legalmente. Entonces nunca se entera si se gastaron los 200 que recibieron legalmente o si fueron 300, 400 ó 500.

—El proyecto que acaba de enviar el gobierno al Parlamento no incluye el fortalecimiento del Servicio Electoral.

—Es una falencia, creo que hubo apuros. Hubiese sido mejor ingresar las legislaciones para trasparentar el financiamiento de la política e incorporar a los partidos al financiamiento público conjuntamente con el fortalecimiento del Servel.

—Un 50 por ciento del dinero de la campaña de 2013 provino de fuentes privadas y, de ese monto, un 87 por ciento se realizó a través de donaciones reservadas. Resulta evidente que existe un conflicto de interés desconocido para la ciudadanía entre los parlamentarios y las empresas.

—Efectivamente. En este sentido el proyecto que ingresó el gobierno es un avance muy importante, porque contempla terminar con las donaciones reservadas. En teoría, con las donaciones reservadas el candidato que recibía las platas no podía saber quién se las donaba. Pero en la práctica, hemos escuchado lo que todos suponíamos y sospechábamos: parlamentarios que han reconocido públicamente que ellos sabían quiénes daban donaciones reservadas. Por lo tanto, eso nunca funcionó. La Tercera hace algunos domingos publicó la lista de todas las empresas que recibían exenciones tributarias con la ley que existe en este momento. Eran poco más de 200 y uno veía mayoritariamente compañías de sectores sensibles a decisiones que emanan del Congreso. Por lo tanto uno se pregunta si, dado que ahora sabemos, los diputados y senadores han terminado legislando pensando en su donante o en el bien común. Pero, como la ciudadanía no puede evaluar a sus representados porque no saben quiénes los financiaron, al final las donaciones reservadas son reservadas sólo para la ciudadanía y no para los candidatos.

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—¿Hay platas negras en la política en Chile?

—Es importante definir los conceptos. Lo que hay es financiamiento ilícito de la política y en el Caso Penta, aunque está todavía en investigación, sabemos al menos que existen beneficios tributarios que no correspondían y, por lo tanto, evasión de impuestos. En consecuencia, se le terminó dando un subsidio de todos los chilenos, que sería claramente ilegal. También sabemos que se entregó plata a cambio de favores durante el proceso de una ley concreta, antes del Caso Penta.

—Usted se refiere a la relación de Corpesca y la ex diputada Marta Isasi.

—En ese caso, también por unas boletas que se hicieron públicas, supimos que recibía financiamiento por el mecanismo de donaciones reservadas, pero conocidas por ella. A cambio, la diputada Isasi aprobó una Ley de Pesca que fue muy mala para Chile. Esa legislación significó que cientos de millones de dólares anuales, en lugar de pasar a ser parte de los ingresos fiscales y beneficiar a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes tienen menos, siguieran en los bolsillos de siete familias. El gerente de Corpesca tuvo que renunciar, la diputada no ha sido reelecta y enfrenta problemas con la justicia, pero desgraciadamente esto se supo después de aprobada la legislación.

—¿Se dejó pasar una oportunidad importante para cambiar la ley después del escándalo de la Ley de Pesca?

—No conocí nunca, y no sé si es público, el expediente de esa investigación. Si yo hubiese estado a cargo, hubiese pedido el talonario de todas las boletas que dio Corpesca en los últimos años y hubiese visto si hay otros casos de parientes, amigos o asesores de parlamentarios. Quizá se hizo y no estamos al tanto, quizá no se hizo. Pero efectivamente pudo haber sido una oportunidad que no se aprovechó debidamente para contribuir a transparentar la relación entre dinero y política.

—¿Chile tiene una normativa demasiado atrasada respecto de otros países?

—La legislación que tiene Chile en materia de financiamiento de la política es cercana a la de los países de ingresos de 10 mil dólares per cápita, como éramos hace 10 ó 15 años. Pero no corresponde a un país del orden de 20 mil dólares, como somos ahora, y menos aún a lo que queremos ser en la próxima década. 

—¿Es común que se permita que personas jurídicas con fines de lucro puedan obtener beneficios tributarios?

—En otros países existe esa posibilidad, pero lo realmente curioso del caso chileno es que los beneficios tributarios sean solamente para las empresas y no para las personas que hagan donaciones. Esto significa en la práctica que entre todos los chilenos subsidiamos a las empresas con sus intereses particulares, que son predominantemente de derecha. Con la legislación actual, las organizaciones sin fines de lucro tienen prohibido hacer donaciones y las personas naturales pueden hacer donaciones, pero no reciben beneficios tributarios. Esa situación, me atrevería a decir, es única en el mundo: una legislación sobre financiamiento electoral sesgada a favor de las empresas y en contra de los ciudadanos y las organizaciones sin fines de lucro. Utilizando un término en boga, es una legislación pro lucro. 

—En la propuesta de Espacio Público, a diferencia del proyecto del gobierno, se permiten las donaciones de particulares hasta por 20 UF.

—Coincidimos con el gobierno en terminar con las donaciones reservadas y con el financiamiento que hacen las empresas. Pero a diferencia del proyecto del Ejecutivo, creemos que los individuos tienen derecho a hacer donaciones anónimas pequeñas. Creemos que tienen ese derecho porque podrían sufrir represalias de su empleador al hacer un aporte que es público.

—Ustedes también proponen que los políticos que cometan grandes infracciones a la ley puedan ser removidos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

—Creo que nuevamente sirve una analogía deportiva: si en una competencia ciclística, el Tour de France, por ejemplo, se descubre que el ganador se dopaba en forma sistemática, se le exige que devuelva todos los premios. Es lo que sucedió con Lance Armstrong. Algo similar debería ocurrir en la política. Si alguien es elegido a un cargo de representación popular haciendo trampa en forma sistemática e intencional, también debiera ser removido de su cargo. 

—¿Funciona de esa forma en otros países?

—Cuando la evidencia es contundente y la falta muy grave, varios países contemplan la remoción del cargo. Pensemos en alguien que se excede en más del 50 por ciento de los límites de gasto. Eso sin duda se trataría de un caso gravísimo, porque es derechamente hacer trampa. 

—Una normativa más rígida, ¿impediría situaciones como las que se están conociendo en el Caso Penta?

—Si se legisla bien, yo estoy convencido de que se evitarían este tipo de situaciones a futuro. Una buena legislación, incluyendo un financiamiento importante para los partidos políticos y un Servicio Electoral que funcione bien, permitiría a Chile dar el salto a una democracia sofisticada.

—La propuesta del gobierno y de Espacio Público también contempla, justamente, el financiamiento público de los partidos. ¿Por qué el Estado debe pagar su funcionamiento?

—Porque la política es mucho más que las elecciones. Por el mismo motivo que los candidatos no le tienen que deber favores a nadie, no deben ser capturados, uno también quiere partidos que no le deban favores a nadie y no sean capturados. La gran mayoría de los países de la OCDE tienen financiamiento público para los partidos y en Chile, al menos legalmente, sus recursos provienen todos de los privados. Eso es curioso, eso es poco sano y debilita a los partidos. Los partidos débiles, finalmente, llevan a democracias que no funcionan bien.

—Espacio Público, sin embargo, difiere con el gobierno sobre el monto de financiamiento de los partidos.

—Nos parece que los recursos que el gobierno asigna al financiamiento de los partidos son muy bajos, solo tres millones de dólares anuales a repartir entre todos los partidos con representación parlamentaria. También creemos que la legislación debiera exigir más a los partidos a cambio de este financiamiento que contempla el proyecto de ley. Queremos partidos con más recursos que en la actualidad pero, igual de importante, también queremos partidos con mejores gobiernos corporativos, con más transparencia, que contribuyan decididamente a dar mayor legitimidad a nuestras instituciones democráticas.