Manejo prudente, razonable y con una voluntad política orientada a la contención han sido, en síntesis, los mensajes que los gobiernos de Perú y Chile han enfatizado en los días previos. En forma simultánea se ha reiterado la aceptación del fallo y su ejecución inmediata en el discurso de Humala, y gradual en el caso de Piñera.

La opinión púbica por su parte, se ha ido sumando a un ambiente de expectación y de cierta ansiedad respecto a las implicancias que tendrá este fallo. Los líderes políticos y sociales, con argumentos de mayor o menor nacionalismo, se concentran en los aspectos de soberanía que se podrían ganar o perder, mientras que actores económicos enfatizan los beneficios o pérdidas económicas relacionadas con la pesca y que la industria asociada habrá de enfrentar. Para ello, en el caso de Chile, ya se consideran medidas destinadas a mitigar el impacto si el fallo es negativo para Chile.

Los escenarios posibles que se analizan en distintas esferas dan cuenta de algunas bases previas, como es el hecho de que Perú solo puede quedar como está en términos de límites y espacio marítimo u obtener desde un triángulo externo, que actualmente son aguas internacionales, hasta una porción de territorio marítimo actualmente bajo el dominio de Chile y eventualmente un triángulo terrestre si se modifica la ubicación del hito 1. Por su parte, Chile sólo puede mantener sus actuales condiciones de límites y territorios o perder por la vía de modificación del paralelo o el hito 1.

El fallo dirimirá cual escenario finalmente se aplica. De allí en adelante, viene un proceso político cuidado y estratégicamente sensible, toda vez que ambos gobiernos harán las declaraciones a traves de sus Cancilleres y Presidentes planteando la posición oficial respecto del fallo y advirtiendo que ello es preliminar hasta cuando no se analice el documento de la Corte de La Haya in extenso. Al efecto, una opinión más fundada será dada a conocer por los gobiernos el martes o miércoles, una vez analizado el documento completo por parte de abogados y asesores.

La sentencia que se leerá tendrá tres partes. La primera que es la contextualización de la demanda recibida por la Corte; la segunda donde la Corte da a conocer los criterios jurídicos utilizados en el análisis de los argumentos de las partes; y la tercera correspondiente a la resolución y el fallo propiamente tal, donde se conocerá en definitiva que sucede con los escenarios planteados.

Dada la cobertura del fallo, las declaraciones de líderes políticos y especialistas serán el fundamento de una percepción social respecto de las implicancias del fallo en cada país. Inevitablemente esta dinámica derivará en críticas y búsqueda de responsables conforme sea el contenido del fallo y las implicancias para cada nación. Los procesos mediáticos y políticos serán el centro de la atención de cada gobierno en virtud de sus impactos en la política doméstica, que en el caso de Perú se relaciona con la pugna de liderazgos entre Alan García y Ollanta Humala y el apoyo a su gobierno, mientras que en Chile el escenario estará marcado por la posición del nuevo gobierno encabezado por Michelle Bachelet, quien definirá la estrategia final a implementar y el escrutinio al rol jugado por Sebastián Piñera

En este contexto, al conocerse el fallo existirán dos momentos políticamente relevantes en términos de situaciones de tensión y desconfianza. La primera es el tenor y contenido de las declaraciones de ambos gobiernos; y, la segunda, es la definición de una hoja de ruta en términos de fases de implementación y actores a convocar para ello. Si en el caso de la primera, los mensajes de ambos gobiernos o de uno de ellos son beligerantes o se alejan de los compromisos previamente adquiridos, se instala un ambiente de desconfianza política en forma inmediata. En el caso de lo segundo, de que no sea posible un consenso para establecer la fórmula de ejecución, es posible pensar en acciones unilaterales para una inmediata implementación del fallo que implicarían factores de crisis entre ambos países.

La conducción de este proceso corresponde a las autoridades y por ello la prudencia y la voluntad política deben ser razonables y orientadores de la opinión pública de ambos países.

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