De no ser por el escándalo Caval, que tiene a la familia presidencial pasando por su peor momento, probablemente el nombre de Cristián Riquelme jamás habría abandonado ese anonimato que le permitió escalar desde las galerías hasta lo más alto de la escena política. Pero, desde que trascendió que él dio la orden de borrar toda la información del computador de Sebastián Dávalos —el mismo día en que el hijo de la Presidenta decidió renunciar—, la figura del director administrativo del Palacio de La Moneda fue ganando relevancia dentro de la verdadera maraña de personajes que han aparecido en torno a los negocios de Natalia Compagnon, la nuera de Bachelet.

Hoy, el rechazo a su gestión es transversal en todos los colores políticos y hasta la comisión investigadora del Caso Caval del Parlamento recomendó su destitución. Sin embargo, en el círculo de hierro de la Presidenta, pocos apuestan a que uno de los últimos sobrevivientes del G90 en el Patio de los Naranjos abandone sus funciones. De hecho, el sumario administrativo al que será sometido próximamente apuntaría precisamente en esa dirección. La idea es establecer una sanción a lo que algunos califican como “errores” para acallar los reclamos que también tienen divididos a los funcionarios de La Moneda, y así aprovechar de reforzar la idea que más allá de errores de procedimiento, no hay mucho más que reprocharle. Ese convencimiento absoluto de que en ambos casos Riquelme actuó de manera equivocada, pero no ilegal, es avalado por el hecho de que no existe ningún tipo de acciones, ni del SII, ni de la fiscalía en su contra. “Lo que hizo fue una estupidez, pero no más que eso”, afirma un ex ministro del segundo piso que conoce bien el carácter de la mandataria y apuesta a que su respuesta será la misma lealtad con que protege a sus colaboradores más fieles.

Pieza clave de la construcción y auge del bacheletismo, Riquelme es el único que tiene las llaves para entrar a la pieza donde descansan las claves del financiamiento electoral, en especial en lo que se refiere a un punto que Bachelet negó a los cuatro vientos: la existencia de una precampaña con fondos millonarios.