La abogada Carmen Hertz (Santiago, 1945) es de las personas que contesta de inmediato los mensajes de Whatsapp y se maneja con destreza en Twitter, donde tiene unos 26 mil seguidores. Como está atenta a la actualidad, en la red social analiza y opina sobre la contingencia desde una mirada lúcida y, para algunos, controvertida. El 2 de abril, por ejemplo, en medio del caso Penta-Soquimich, escribió: “Es una indecencia haber recibido plata de Ponce Lerou, quien avalaba y aplaudía el exterminio de la izquierda chilena…”. Tuvo 916 RT y 336 favoritos.

Carmen vivió en carne propia esos asuntos. Tenía 26 cuando quedó viuda: a su marido, el abogado comunista Carlos Berger, lo torturaron y ejecutaron el 19 de octubre de 1973 en Calama. Su esposo tenía 30 años y ella quedó con un niño de apenas 11 meses, Germán, que de adulto relató su historia en el documental Mi vida con Carlos, que se puede ver en YouTube. En el filme de 2009 relata sin dramatismos una historia dramática que habla de las últimas décadas de Chile y de lo que ocurrió con Carmen, con él y con su familia después del crimen. El exilio urgente en Buenos Aires, el pronto regreso a Santiago en los primeros años de dictadura, la dedicación por completo de su madre al trabajo por los derechos humanos desde la Vicaría de la Solidaridad, donde la abogada interpuso denuncias, querellas y recursos de amparo en decenas de causas. La decisión de los padres de Berger, los suegros de Carmen: todavía llenos de dolor por la pérdida del mayor de sus hijos, se quitaron la vida. Primero él, en 1982, y después ella en 1987.  Mi vida con Carlos relata la venganza de los aparatos represivos por la labor de Carmen que, hacia el final del régimen, llegaron hasta su casa y degollaron a la muchacha que le ayudaba en las labores domésticas. Sofía Yáñez tenía 21 años y un embarazo de dos meses.

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—Entonces le parece “indecente” haber recibido dinero de Soquimich.

—Es que realmente no existen barreras. Se pueden prestar asesorías y pedirle plata, ni más ni menos, que a un oscuro personaje como Julio Ponce Lerou. La confusión moral a la que ha llevado este modelo dogmático y avasallador ha producido que no haya límites infranqueables.

Abuela de dos niñas y casada en 2002 con el economista Manuel Riesco —con él tomaron la opción de no vivir juntos desde el comienzo—, Carmen Hertz no ha dejado de ser una activista por las causas que defiende y que la llevaron a ser responsable del primer desafuero y procesamiento de Pinochet por el caso Caravana de la Muerte en el año 2000 y abogada querellante del Caso Riggs en 2005. Desde su departamento en Providencia lleno de cuadros y recuerdos, donde se escuchan los movimientos de su perrito Aurelio en la cocina, analiza el momento que vive Chile y que ha sido catalogado como la crisis política más profunda de las últimas décadas. Sus juicios son contundentes, aunque la abogada, apasionada, sigue siendo una mujer buena para la risa a la que le encanta Twitter. 

—Autoridades del gobierno han criticado este ambiente donde se sospecha de todo.

—No es que seamos naturalmente un país de desconfiados, no. La desconfianza se ha instalado por la conducta del empresariado y de quienes, se supone, son los representantes populares. 

Dice Hertz que “estamos ante la expresión brutal, una especie de estallido, de la vinculación entre el dinero y la política”.

—El origen de nuestra institucionalidad es la Constitución del 80, que se impuso con la dictadura y surgió como una revancha de un sector —el que da el Golpe— para destruir el Estado nacional desarrollista que se había gestado democráticamente en Chile en el siglo XX. Impusieron un modelo de desarrollo neoliberal —político, social y cultural— y esa Constitución estableció este pacto de sociedad, en el que, por cierto, el pueblo chileno no participó. Se hizo entre cuatro paredes para servir a un grupo político específico. Este proceso solamente fue posible porque con la represión barrieron con la cohesión social chilena.

—De todo eso ya han pasado 35 años.

—Pero es la institucionalidad que se impuso: un modelo dogmático que se implantó de manera radical como en ninguna parte del mundo y que derivó en una suerte de anarquismo-capitalista. Luego comenzó la transición con la marginación del movimiento popular y, como sabemos, estuvo marcada por consensos con Pinochet, con la derecha y la realización de pactos tácitos de impunidad que estallaron en forma dramática cuando Pinochet fue detenido en Londres.

—Usted dice que con la Concertación las cosas siguieron más o menos igual.

—Los sucesivos gobiernos de la Concertación administraron el modelo neoliberal. Se produjeron algunas reformitas a la Constitución del 80, las de 1989 y 2005. Pero fueron transformaciones que no hicieron variar la matriz que hizo que el Estado pasara a ser subsidiario: lo que regula las relaciones sociales es el mercado, que no tiene ni moral ni ética. La Constitución del 80 transformó en negocio la salud, la educación pública, la previsión, el transporte y la política. Porque la política se privatizó y pasó a ser un negocio. En este modelo que impera desde la dictadura y que siguió administrando la Concertación, el pragmatismo conduce a aberraciones éticas. Penta, por ejemplo: una compañía que se apropió de empresas del Estado y que hizo su fortuna gracias a la especulación. Financia un partido político entero, la UDI… ¡imagínate la corruptela! Después el escándalo de Soquimich… 

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—¿Qué opina el mundo de los DD.HH. sobre el caso SQM?

—Para mí, como para muchas otras personas vinculadas al tema, esto es —repito— una indecencia. Pero es bueno lo que está ocurriendo: la llamada clase política que dirigió el ciclo de la transición ha terminado en una degradación francamente total, con un bruto finale, como dicen los italianos. Dejaron de ser una clase política y pasaron a ser una casta captada por la corrupción: se reeligen una y otra vez, son vitalicios en sus cargos, perdieron la sintonía con la ciudadanía y están en el descrédito absoluto. 

—Al margen de las boletas presuntamente falsas a SQM como herramienta para financiar campañas, ¿también le parecen reprobable que gente vinculada a la Nueva Mayoría haya trabajado para la empresa de Ponce Lerou?

—Me parece reprochable éticamente establecer cualquier vínculo de negocios con un personaje como Ponce Lerou.

—¿Aunque los trabajos efectivamente se hayan realizado?

—Sí, claro, porque es fruto de la confusión moral. Es como si en la Alemania de posguerra, políticos de la República Federal hicieran negocios con un hijo de Hermann Göering, que se hizo rico durante el periodo nazi robándole una empresa a los judíos perseguidos, víctimas del Holocausto. Eso es impensable, no se puede hacer. Pero hoy la impronta moral de la política en Chile está completamente destartalada. Me siento agraviada en lo moral por el hecho que aparezca Soquimich financiando a políticos de la Nueva Mayoría y que, por ejemplo, el gerente general de SQM reciba visitas de dirigentes políticos de la centroizquierda. Esto es un atentado a la historia de nuestro país, una herida a la memoria.

—Usted escribió, además, que la explicación de MEO acerca de su visita a Soquimich fue “grotesca” y su esposa, Karen Doggenweiler, reaccionó por Twitter.

—Efectivamente lo señalé en Twitter porque no se entiende que un candidato presidencial, cuyo programa es público, que además se sociabiliza en los medios de comunicación, tenga que ir a visitar a puertas cerradas a una empresa supuestamente afectada por ese programa para ‘explicarle’ él mismo.

Carmen Hertz asegura que la única salida a la crisis actual es a través de una nueva Constitución. “Necesitamos una Carta Fundamental que sea democrática y en la que la gente sienta que ha participado, porque eso significaría un nuevo pacto social. Es necesario echar a andar el poder constituyente originario”, señala. 

—¿Está por la Asamblea Constituyente?

—Ese puede ser el método, pero para eso, como requisito, la primera reforma debería establecer la existencia de un plebiscito vinculante. Creo que el mínimo acto de buena fe de un conjunto de políticos completamente desacreditados sería decirle al país: “Ciudadanos, ustedes pronúnciense y lo que ustedes digan será vinculante”. Es lo único que puede sacarnos de la crisis, además, por supuesto, de seguir adelante con el programa para el que fue elegida Michelle Bachelet.

—¿Cree que el caso Caval ha golpeado la autoridad presidencial?

—Las conductas desarrolladas por la nuera y el hijo de la Presidenta son impresentables. Más allá que no sean delictuales, que no sean ilegales, es al menos deplorable éticamente. No puede ser que los familiares más cercanos de la mandataria hayan usado su condición de parientes para profitar de un crédito que no se lo habrían dado a ninguna Pyme del mundo y que hayan llevado adelante un negocio inmobiliario que es repudiable. No es ilegal, es cierto, son miles las personas que se dedican a la especulación, pero los familiares cercanos a la Presidenta no pueden dedicarse a ese tipo de transacciones. Lamento y me provoca mucha pena que esto haya comprometido de manera tan injusta la trayectoria pública de Bachelet, que ha sido siempre de probidad, austeridad y sencillez. El daño a la confianza hacia la Presidenta es un daño al país.

—Sergio Bustos, el hombre que demandó a Caval, es investigado por el asesinato de tres miristas en 1974

—Me provoca conmoción que un tipo con el prontuario de Bustos haya estado vinculado a una empresa junto a la nuera de la Presidenta. La impunidad penal y moral es la que ha permitido que estos sujetos estén insertados en el mundo social haciendo ‘negocios’.

—¿Usted está a favor de que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias y se sepa toda la verdad?

—Estoy a favor de que se sepa todo, todo, todo.

—¿Qué opina sobre la situación de la universidad ARCIS, vinculada al PC?

—Su ex rector Tomás Moulian ha dicho que se debe a una combinación de factores: una crisis insostenible de gestión, altas tasas de morosidad y ausencia de un diseño verídico de salida de quienes fueron los sostenedores de esa universidad. Lo que se lee en la prensa es lamentable y al parecer el nombramiento de un interventor provisional es inminente.

—Usted vivió en carne propia los horrores de un quiebre de la democracia. ¿No resulta necesario resguardar nuestra estabilidad política y llegar a un acuerdo institucional que permita una salida a los casos Penta-SQM y Caval? ¿No sería irresponsable el caiga quién caiga?

—El caiga quién caiga es una vulgarización de la necesidad de justicia. Esto no tiene nada que ver con el quiebre institucional, por el contrario: se trata del saneamiento institucional. Lo que ocurrió en septiembre del ’73 fue un Golpe de Estado dado por una minoría privilegiada financiada por los Estados Unidos y tratar de vincular ese hecho histórico a la situación actual para no buscar la verdad es hacer terrorismo sicológico. No le tengo miedo a la investigación, al revés, le tengo miedo a los arreglines. Le tengo miedo a que se intente detener las investigaciones con cualquier artilugio, a que se empiece a desacreditar el actuar del Ministerio Público y a que nos quedemos siempre con las frases de que las instituciones funcionan, cuando sabemos que algunas funcionan bastante a medias.

—¿La Fiscalía y los tribunales están frente a una encrucijada histórica?

—En el imaginario social ha quedado grabada la obsecuencia deleznable que los Tribunales Superiores de Justicia tuvieron con la dictadura, dejando a la ciudadanía perseguida en la más absoluta indefensión. Hoy son respetados
y han recuperado la credibilidad como Poder del Estado y tengo la convicción de que actuarán de conformidad a sus obligaciones, por lo demás irrenunciables.