Miércoles 11 de mayo, 6:34 de la mañana y el Senado de Brasil finalizaba una sesión que por 20 horas había mantenido en vilo a un país completo. Miles de personas se congregaban en las calles para manifestarse en favor o en contra de una decisión que vendría a cambiar por completo la historia del coloso de Latinoamérica. Como si lo advirtiera, la Presidenta Dilma Rousseff ya había desocupado sus oficinas en el Palacio de Planalto, esperando impotente una resolución que a primera hora le fue informada: Por 55 votos contra 22, los senadores dictaminaron alejarla de sus funciones por un máximo de 180 días, mientras la Cámara Alta realiza un juicio respecto a su futuro. Su enemigo, el vicepresidente Michel Temer del Partido de la Social Democracia Brasileña (PMDB), ha sido el encargado de asumir el mandato durante el lapso. Esto, luego de ser acusada de violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal para dar una impresión más optimista del estado económico del país. Acción estrictamente prohibida según la ley de Responsabilidad Fiscal, llevando al caos a una nación que vive una de sus peores crisis y que podría llegar a repercutir en toda la región sudamericana.

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Es que Brasil es la novena economía mundial, representa un tercio del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y es uno de los socios comerciales más importantes del Mercosur, por lo que todo lo que ocurra en aquellas tierras afecta a los países vecinos. En 2015, la economía de la nación disminuyó en un 3.8 por ciento, la mayor caída en 25 años, y se estima que este 2016 la producción descienda otro tres por ciento. Inflación, devaluación de la moneda, desempleo y disminución de la confianza empresarial son algunos de los aspectos que también caen como un balde de agua fría sobre los demás países de la zona. “Brasil es la puerta de entrada hacia Latinoamérica. Mantiene relaciones económicas con grandes potencias, por lo que la destitución de Rousseff viene a desestabilizar aun más la situación política y económica del continente. Significa un derrumbe en la economía brasileña mucho más rápido, un impacto en los países que mantienen relación con la nación, un debilitamiento de las inversiones extranjeras, ya que la corrupción pasa a ser un elemento común y no hay una forma de poder recuperar la confianza de los otros continentes”, asegura el analista político de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann.

Y las cifras ya lo demuestran. En nuestro país, el comercio con Brasil registró una baja del 14.6%, mientras que los envíos argentinos al Estado en cuestión cayeron en un 47.9%, quedando en valores similares a los de la recesión mundial de 2009. A esto hay que sumarle la investigación a Petrobras que también afecta a sus sedes internacionales. La operación Lava Jato fue uno de los primeros escándalos que puso en el tapete el alto nivel de corrupción de la clase política brasileña. Luego de una serie de denuncias, se descubrió que la empresa estatal de petróleo licitaba sus obras a las principales constructoras, que se organizaban internamente para repartirse las faenas, elevaban los precios y después pagaban sobornos millonarios a los políticos que permitían las maniobras, involucrando a más de 100 autoridades. Tanto así, que incluso el ex Presidente Lula da Silva está siendo investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

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La industria tenía casi 300 estaciones de servicio en Chile, además de ocho centros de distribución, operaciones en once aeropuertos, participación en dos empresas de logística y una planta de lubricantes. Escenarios que también están siendo investigados. “Esto evidencia el interés que tenían las grandes compañías brasileñas por ganar licitaciones en economías como la chilena, que poseen un gran espacio para la iniciativa privada, pero una muy poca capacidad de regulación y control por parte del Estado”, sostiene el experto. Esto, sumado a la caída de los precios del petróleo, ha dañado las finanzas de la compañía que registró una pérdida de 10.000 millones de dólares. Por lo mismo, acaba de desprenderse de sus operaciones en nuestro país, vendiendo la totalidad de sus acciones por 490 millones de dólares a Southern Cross Group.

Pero las consecuencias no sólo afectan a la economía. Dilma Rousseff fue elegida popularmente con 58 millones de votos, por lo que, para muchos, su destitución es un golpe de Estado blanco que viene a hacer tambalear la estabilidad democrática de toda la región. Tanto así, que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, aseguró que en el impeachment “unas mayorías políticas parlamentarias desafiaron a las mayorías ciudadanas que se manifestaron a favor de Rousseff”, por lo que el organismo no descarta aplicar una cláusula que condena las amenazas a la democracia de los países socios y que puede llegar a sancionar a las naciones que impulsen acciones contra los gobiernos constituidos. Sin embargo, para el periodista y analista político brasileño João Paulo Charleaux, esto no es viable. “Ningún otro país de la zona tiene peso para, de manera unilateral, imponer censuras al gobierno que emerja del impeachment. Y órganos como OEA, Unasur y Mercosur no tienen consenso para condenar el proceso en curso en Brasil”, aseguró el experto.

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Así, la reciente expulsión de Dilma Rousseff viene a desmoronar aun más un sistema que se cae a pedazos. Según una encuesta del instituto Datafolha de Sao Paulo, el 60 por ciento de los brasileños está de acuerdo con su alejamiento. Situación que no se traduce en una aprobación al sustituto, pues Michel Temer apenas cuenta con un apoyo de un ocho por ciento. Es que la corrupción se transformó en parte cotidiana de la elite brasileña. Tanto así, que el 53.7% de los 513 diputados de la Cámara de Representantes tiene o ha tenido cuentas pendientes con la justicia, mientras que un 55.6% de los senadores también se ha visto involucrado en asuntos al margen de la ilegalidad. Ahora, Dilma tiene unas semanas para comprobar su inocencia judicialmente. De no conseguirlo, perderá el cargo para siempre, sumiendo a la región en una incertidumbre aun más profunda.