En octubre de 1998, Baltasar Garzón era titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional española. En esos días llevaba casos de la Operación Cóndor ocurridos en Argentina, cuando un llamado a su puerta dio inicio a un momento histórico. Joan Garcés, ex asesor político de Salvador Allende, le informó que Augusto Pinochet estaba en Londres, recuperándose de una cirugía por una hernia lumbar. Se abría así la posibilidad de perseguirlo judicialmente en España, a partir del principio de la Jurisdicción Universal, que permite a un Estado juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad en otros países.

“El arresto de Pinochet se produce dentro de este procedimiento. Yo le iba a tomar declaración, no iba a ordenar su detención, pero había que retenerlo porque el sábado 17 regresaba a Chile. El viernes 16 ordené su detención, con efectos de extraditarlo, y en Inglaterra la acogieron. Para nosotros fue una gran sorpresa porque realmente creíamos que las posibilidades eran mínimas”, recuerda el ex juez Garzón (63) al teléfono, desde Madrid, donde hoy dirige una fundación internacional que lleva su nombre y un bufete de abogados. “Ampliamos la orden, porque la habíamos presentado por un solo caso, con la petición de juicio por las 119 personas de la Operación Colombo en Chile”, detalla Garzón, quien desde entonces ha demostrado que no teme enfrentarse al poder ni a las causas difíciles. Entre otros, se ha ocupado de casos como el del Banco Riggs, Guantánamo o la defensa de Julian Assange; así como a investigar el narcotráfico y a la ETA.

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Fue uno de los primeros magistrados españoles que indagó el escándalo de corrupción de la llamada Red Gürtel, que involucró a dirigentes del Partido Popular (PP) y terminaría golpeando al ex presidente Mariano Rajoy. Sin embargo, debido a escuchas ilegales Garzón quedó inhabilitado de ejercer como juez por once años (hasta el 1 de mayo de 2021) y se radicó en Buenos Aires durante cuatro años: desde 2012 hasta 2016. Allí trabajó como asesor internacional de Cristina Fernández en Derechos Humanos, con rango y sueldo de subsecretario de Estado, lo cual desató una ola de críticas de la prensa opositora al gobierno de la ‘Señora K’. Algunos vieron en la inhabilitación del juez una persecución política y salieron en su defensa: desde el ex mandatario Felipe González hasta la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Para otros, fue una consecuencia de su sobreexposición mediática. “Más que una estrella, soy un juez estrellado”, dijo él, que también ha sido frenado por combatir crímenes del franquismo. Su visita a Chile el año pasado, para asistir a un seminario del Partido Socialista, tampoco estuvo exenta de polémica: la UDI trató de impedir su ingreso al país y Osvaldo Andrade consideró un “error” su asistencia, por su “apoyo a la demanda marítima de Bolivia”. Garzón prefiere recordar solo lo bueno: “Los chilenos me recibieron con mucho afecto”, afirma.

Como es sabido, en 1999, mientras los adherentes y detractores de Pinochet protestaban en las calles de Londres, los jueces británicos resolvieron su extradición a España, pero esta no se produjo. Finalmente, tras polémicas que incluyeron un controvertido examen médico que señalaba que no estaba en condiciones de comparecer ante el tribunal, el entonces ministro del Interior, Jack Straw, ordenó su liberación, en marzo de 2000, por motivos de salud. El lunes 15 de octubre, un día antes de que se cumplan 20 años desde la primera vez que un ex gobernante fuera obligado a presentarse ante un tribunal de Estado fuera de su país, Garzón liderará el acto ‘El caso Pinochet: todo cambió en octubre’, en la Universidad Carlos III de Madrid.

—¿Qué representó este proceso para usted?

—Creo que la detención de Pinochet fue buena para todos: para las víctimas, para el pueblo chileno y para la comunidad internacional, porque posteriormente el uso de la Jurisdicción Universal ha permitido juzgar a otros criminales, desde Chad hasta Guatemala. Se transmitió la idea de que los dictadores no eran impunes. Yo tengo la sensación del deber cumplido. Hice lo que tenía que hacer.

—Usted procesó a Pinochet por genocidio, terrorismo y torturas. ¿Recibió presiones o amenazas?

—Con mi familia habíamos planificado unas vacaciones en Ecuador. Me advirtieron que existían personas vinculadas con los militares chilenos o argentinos que podían ejecutar acciones violentas contra mí, y no viajamos. También recibí amenazas, querellas, denuncias, insultos, pero uno, como servidor público, está expuesto a este tipo de cosas. Tuve reconocimientos y críticas, y una oposición del Ministerio Fiscal Español que era contrario a la aplicación de la Justicia Universal.

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—¿Alguna vez pensó que su nombre iba a estar ligado para siempre al de Augusto Pinochet?

—No, para nada. Yo estudiaba en la Universidad de Sevilla cuando fue el golpe de 1973. En España estaba la dictadura franquista; igual nos manifestamos. Siempre seguí de cerca lo que pasaba en Chile y me enteré de las violaciones a los Derechos Humanos. En 1998, cuando se cursa la orden de arresto, el punto de referencia se torna más intenso, tanto por la detención como por el Caso Riggs: yo ordené el bloqueo de las cuentas de Pinochet y el banco no cumplió. Acusé a la cúpula por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Conseguí una indemnización de más de 7 millones de dólares para las víctimas chilenas.

—¿Le sorprendió que un gobierno democrático como el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, defendiera a Pinochet al insistir sobre la necesidad de juzgarlo en Chile?

—Parecían obligados a no entender el principio de Jurisdicción Universal, lo confundían con el principio de soberanía. Pero lo que ocurría es que el primer principio se estaba aplicando afuera, porque en Chile no había acción, no estaban juzgando a los militares. Predominó un tema político, se estaba juzgando a Pinochet, en un país extranjero, por crímenes cometidos en Chile. Después, hablando con Eduardo Frei y con Ricardo Lagos, ellos opinaban que tenían que decir eso, con la perspectiva de hacer justicia en Chile.

—Lo que nunca ocurrió…

—Pinochet fue desaforado del Senado, el juez Guzmán lo procesó. No tuvo sentencia, pero murió sometido a varios procesos, irónicamente, el 10 de diciembre (de 2006), que es el Día Internacional de los DD.HH. Si no fue juzgado fue debido a que murió antes… En Londres pasó más de 500 días en arresto domiciliario. Hubo una exposición internacional de él enfrentando a la justicia.

—¿Qué sintió usted cuando Pinochet se levantó de su silla de ruedas aterrizando en Chile?

—Siete expertos indicaron que él estaba en perfectas condiciones para presentarse al juicio. Algunos afirman que hasta Estados Unidos intervino por su situación legal… Ética y jurídicamente, la decisión de Jack Straw era discutible. Ahora, la extradición la ganamos. Que tuvimos frustración, porque en Chile no fue juzgado, sí, la tuvimos… Él se levantó triunfante, pero fue un triunfo relativo, porque ya había sido juzgado a los ojos del mundo. Su actitud fue la clásica que transmitía, como cuando asistió al funeral de Franco con las botas hasta la rodilla y una capa blanca. Parte de una simbología de la dictadura.

—A propósito, algunos manifestantes celebraron con un busto de Pinochet el pasado triunfo presidencial de Sebastián Piñera.

—Creo que como símbolo de reparación ningún gobierno debería permitir alardes fascistas. Hay quienes propugnan una idea romántica de los dictadores como salvadores de la patria. Pero un dictador es un traidor a la patria y a los seres humanos. Pinochet fue un dictador que traicionó al pueblo chileno. El golpe que lideró puso fin a un gobierno democrático (el de Allende), a pesar de las dificultades que este pudo haber tenido. Pinochet encabezó una dictadura de una crueldad sistemática y tuvo una responsabilidad piramidal en la DINA y sus acciones criminales. Los testimonios de las víctimas son de tal bestialidad, que quedan en uno para toda la vida.

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—En Chile hay quienes dicen que habría que dejar el pasado atrás…

—Lo que forma la fuerza de un país es mirar al pasado para saber dónde están situados nuestros pies, para poder enfrentar el futuro… Si negamos ese pasado estamos condenados a crear hechos similares. La negación es una cosa perversa que garantiza la impunidad. Las víctimas tienen derecho a la verdad. Hay que acceder a la información, abrir los archivos, educar. En ese sentido, valoro a los organismos de DD.HH.: han dado una lucha constante porque el olvido no se instale y la verdad salga a la luz.

—Hace poco, los tribunales chilenos otorgaron la libertad condicional a cinco ex agentes de Estado (117 de 1.373 procesados están cumpliendo condenas). Usted ha llevado adelante causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina. ¿Qué comparación puede hacer?

—Argentina ha dado una respuesta judicial a los crímenes de lesa humanidad que ha sido única en el mundo. Los procesos son diferentes en cada país. Yo no me puedo introducir en la mente de los jueces. Cada cual sabe si obra de acuerdo a su conciencia y la historia juzgará si cada uno ha actuado conforme a la ley. Puede que haga falta una autorreflexión del poder judicial chileno sobre si los juicios representan una reparación a las víctimas o no. La reparación comienza por la justicia.

—Sin embargo, no todos quienes cumplen condenas han brindado información sobre los detenidos desaparecidos.

—Cuando se trata de estos perpetradores, que tienen la ‘valentía’ para matar, torturar, desaparecer personas, demuestran que son cobardes a la hora de hablar. Hay quienes proponen atenuar penas de los represores que no han contribuido a la verdad, a cambio de información. Quizás hay que evaluarlo.