Barrick, Barrick, Barrick…dicho así lentamente y moviendo la cabeza de lado a lado, como en las películas, como cuando se quiere decir… ¿qué hago contigo? Y esa debe ser una pregunta que efectivamente más de alguien de la empresa Barrick Gold, controladora del proyecto Pascua Lama, se ha hecho el último tiempo, porque la firma canadiense no lo ha pasado bien.

Llegaron con todas las ganas de instalarse como un gran proyecto minero a tajo abierto sobre la frontera chileno-argentina de la Región de Atacama. La idea es que se explotara oro y plata, pero las cosas no han salido como pensaban y en lugar de llevarse cargamentos de oro han debido solicitar, antes de comenzar siquiera a operar, miles de pastillas para los innumerables dolores de cabeza que les ocasiona la iniciativa. Claro que no podríamos decir que son precisamente víctimas.

Aunque se han vanagloriado de haber sido sometidos a los Sistemas de Evaluación Ambiental tanto en Chile como Argentina y haber salido airosos, la realidad ha dicho –y los vecinos gritado– que las cosas no son tan así. Desde que comenzó el proyecto, las comunidades del sector de la Provincia del Huasco han mostrado su preocupación por lo que ocurriría con el agua. Sostienen que disminuiría afectando los riegos de los agricultores (en esa zona hay muchos parronales) y además, que podría resultar contaminada. El tema fue objeto de interés desde el comienzo y las exigencias que se le impusieron a la empresa consideran cerca de 400 puntos, entre ellos no remover el hielo ni los glaciares como Toro 1 y Toro 2.

En la última fase de esta verdadera teleserie –que ha incluido despidos y recambio de altos ejecutivos del proyecto, idas y venidas a los tribunales e insistentes reclamos de los vecinos–, la administración actual de Pascua Lama reconoció que no se cumplió el plan de manejo de protección de aguas que exigía la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con la presentación de un escrito por parte del representante legal de la minera, Derek James Riehm, a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se ratificaron los temores de los habitantes del sector y de los ambientalistas. En el documento emitido por la compañía, se acepta que 22 de los 23 cargos impuestos por la SMA son efectivos.  Un acto que no podemos dejar de desconocer bastante honesto o algo desesperado, y que involucra acusaciones que en un principio quisieron negar incluso presentando un reclamo en tribunales. En eso ya hay algo de descaro.

Es de esperar que esta nueva estrategia de la minera no sólo sea un volador de luces y apunte sinceramente a querer modificar las cosas para hacerlas, actuando en forma responsable y seria. No hay que olvidar que como incentivo tienen el que arriesgan tanto la revocación de su permiso ambiental y una multa, que podría alcanzar una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Creo que es mucho lo que hemos visto el último tiempo. El abuso de los grandes conglomerados con respecto a los “ciudadanos de a pie”, atropellando sus  derechos, incluso uno tan básico y que se considera en la Constitución: el de vivir en un medioambiente sin contaminación.

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