“Gran parte del progreso de Chile se debe al lucro, no a otra cosa. En 1980, apenas cien mil alumnos llegaban a la universidad; hoy lo hacen un millón cien mil estudiantes y esa diferencia es producto de la existencia de instituciones privadas con fines de lucro”.
Para Alvaro Vial, ex subsecretario de Economía del gobierno militar y ex vicerrector académico de la Finis Terrae, aclarar ese punto resulta clave antes de hablar de lo que él define como “la gran revolución de la educación superior”. Y enfatiza que “un cambio en la ley permitiría que coexistieran instituciones con y sin fines de lucro, y que esa información sea de público conocimiento para que así cada uno elija lo que quiera”.

Socio de la Agencia Acreditadora de Chile (A&C), reconoce que los casos de corrupción detectados en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) —que tienen tras las rejas a su ex presidente Luis Eugenio Díaz acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos— inevitablemente salpican a la parte privada del sistema. No es para menos. Según la Fiscalía Oriente, el escándalo que comenzó con las  universidades del Mar y SEK, incluiría por lo menos a media docena de casas de estudios, a las cuales Díaz habría cobrado 100 millones de pesos por cinco años de acreditación.
“Aquí hay una gran confusión y nos meten a todos en el mismo saco. No hacen la separación. El sistema de acreditaciones se divide en dos partes. Una privada, que integran agencias con fines de lucro, lo que parece ser un pecado hoy en Chile, que compiten por la acreditación de las carreras que en su mayoría son de carácter voluntario (salvo Pedagogías y Medicina). Y la otra, del aparato estatal —CNA— que funciona según los esquemas de las empresas públicas. Ellos ven directamente la calificación de las universidades que es donde está el problema. Tienen un directorio de 18 personas en el que a nadie le importa nada. Y, tal como la mayoría de las organizaciones del Estado, opera sin ningún tipo de control. ¡El ambiente propicio para que los directivos y administradores hagan zamba y canuta!”, sentencia Vial.
—También han surgido cuestionamientos a la labor de los consejeros de las calificadoras privadas, que apuntan a la falta de independencia.
—No podemos contratar personal de las Fuerzas Armadas ni funcionarios bancarios para que vayan a examinar carreras; eso lo saben hacer profesionales con experiencia en universidades, no otros. Existe una falta de respeto terrible hacia los académicos de parte de los mismos académicos que están en el Ministerio de Educación y en algunas universidades: piensan que quienes trabajan en agencias se rinden a intereses económicos y abandonan sus convicciones. No es así. Estamos hablando de profesionales que no van a dilapidar su prestigio profesional de 20 o 30 años. Lo que ocurre es que en Chile no tenemos muchos académicos y, al final, todos se conocen.
Desde esa perspectiva, puntualiza que “se equivocan quienes piensan que mientras más de pacotilla es la agencia, más pega tiene. Para las universidades esto no es gratis, consume tiempo y esfuerzo académico. Nadie quiere que sea en balde. De hecho, a veces, es tan serio que se generan peleas ‘a cuchillos’ en las facultades. Porque cuando compites con el resto de las agencias no puedes hacer lo que la CNA… la competencia te impide hacer chanchullos porque si los haces no te van a contratar nunca más, pierdes el negocio”.

Acreditar una carrera cuesta a las universidades entre seis y ocho millones de pesos. El proceso demora sesenta días.