Se aburrió de ser un ‘parlamentario-comentarista’ más de la delincuencia y pasó a tomar acciones concretas. Alberto Espina (58) sabe muy bien lo que es ser víctima de robo, su casa ha sido asaltada en dos oportunidades (en una fue completamente desvalijada), al igual que la mayoría de los vecinos de su cuadra, por lo que decidió tomar el toro por las astas. Tras cinco meses de trabajo, hace unas semanas  lanzó el sitio web “Juntos contra la delincuencia”, que a los diez días ya contaba con más de 52 mil adherentes —entre ellos 21 gremios asociados, más de 100 regionales, además de alcaldes y parlamentarios de la Alianza y de la Nueva Mayoría—, que busca presionar al gobierno para que le dé urgencia a una serie de iniciativas legales que por años duermen en el Congreso. Estas apuntan a la prevención, entregar más facultades a policías y carabineros para mejorar pruebas y evitar la impunidad, y luego un proceso de rehabilitación del delito, cuyas cifras —aclara—, son alarmantes. “Según registros del ministerio público, el año pasado hubo casi 34 mil denuncias por robos violentos, archivándose el 93 por ciento de ellas por falta de antecedentes. Además, existen 66 mil órdenes de detención pendientes y las villas y poblaciones con tráfico de drogas aumentaron en un 312 por ciento en cinco años”, señala, enfatizando que estos números demuestran que el robo con violencia y narcotráfico están desbordados en Chile, “en momentos que se pretende despenalizar la marihuana; una tremenda contradicción tratándose del país con el mayor consumo mundial entre los jóvenes”. 

Espina culpa directo a una falla de todas las instituciones involucradas: el Parlamento por no aprobar las leyes, la mala preparación de policías, baja calidad de las investigaciones de los fiscales y jueces con una posición ideológica garantista exagerada. Por ello, el senador por La Araucanía no entiende cierta desidia de La Moneda frente al tema, aun cuando la principal preocupación de los chilenos —según las últimas encuestas— sea la seguridad ciudadana. “Cómo es posible que no se aplique el control preventivo de identidad, por ejemplo; una herramienta básica de las policías de España, Francia, Italia, Alemania, que permite a Carabineros pedir el carnet de identidad en cualquier lugar, muy necesario con 66 mil prófugos de la justicia”. 

Su hija Francisca (28, periodista) es quien administra la base de datos del sitio web. “Necesitábamos alguien de extrema confianza que no hiciera mal uso de ella, ya que son muchos los que confiaron, aun cuando hay otros que se resisten a sumarse porque piensan que esto lo puedo ocupar de plataforma presidencial. Les aclaro de inmediato que no es así, y ya hay diez parlamentarios oficialistas (Daniel Farcas, Matías Walker, entre otros), que se unieron al proyecto, rompiendo lo que parecía imposible: la transversalidad. Cincuenta y dos mil adherentes en diez días, cuando esperábamos un promedio de dos, tres mil personas por semana, demuestra que la gente siente que la respuesta de las autoridades ha sido mala. Y les digo a éstas que es tan fuerte la presión frente a la desfachatez e impunidad de los delincuentes, que si no impulsan las medidas, tendrán un enorme reproche ciudadano”.

—¿Se ha impuesto plazos?

—El gobierno acaba de darle urgencia a la agenda corta antidelincuencia, espero que los proyectos se aprueben en los próximos dos meses, no hay excusa para seguir dilatándolos. Leí que algunos parlamentarios pretendían reunirse con el ministro del Interior para formar comisiones que estudien el tema de la seguridad ciudadana en forma integral; ¡por favor!, eso ya es reírse de la gente. Esto refleja lo distanciados que están algunos congresistas de la realidad. 

—¿Por qué a pesar de las evidencias, encuestas y cacerolazos, el Ejecutivo se resistía a darle urgencia al tema?

—Hay un tema ideológico que siempre afectó a la Concertación y a la Nueva Mayoría: mirar el tema de la seguridad ciudadana exclusivamente como un problema de desigualdades sociales, que afectaba al barrio alto. Por tanto, cualquier medida que apuntara a mejores investigaciones, fortalecer la labor policial, rehabilitación, prevención y captura del delincuente, atentaba contra los derechos humanos y fortalecía el aparato represivo del Estado. Esa visión ha sido derrotada. Tanto Jorge Burgos como algunos parlamentarios oficialistas están dispuestos a apoyar el control preventivo de identidad, lo que hace unos meses era impensable.

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—Que el gobierno haya “recogido el guante” en materia de delincuencia, ¿puede interpretarse como una disposición de la Presidenta a hacer un giro en ciertos temas?

—Hasta ahora no lo veo así. Sí creo que se dieron cuenta de que tienen un país estancado, en retroceso, con aumento del desempleo, con menos inversión y sin cumplir ninguna de las metas autoimpuestas con las reformas. Frente a eso sigue la lucha sin cuartel entre los sectores de la retroexcavadora —que pretenden aun a costa del fracaso del gobierno destruir el modelo— y la Nueva Mayoría en que participa la DC y algunos de izquierda que se dan cuenta que se puede avanzar en terminar con injusticias y desigualdades sin destruirlo todo, con la debilidad eso sí —al igual que la derecha— de no enarbolar las banderas de nuestro progreso. 

—¿Se viene el “discolaje” en la Nueva Mayoría como ocurrió en el anterior mandato de Bachelet?

—Es un momento de mucha incertidumbre, no veo a esa coalición con una hoja de navegación clara, sino con una confusión que no había visto desde el ’90. El liderazgo recae en la Presidenta, sin embargo, ella no ha podido alinear sus tropas, con dos sectores en pugna que no logra conducir. Bachelet sigue sin tomar la definición hacia dónde quiere llevar su gobierno. ¿Qué le aconsejo?, que no pretenda quedar bien con todos, que frene sus reformas, las reformule y transforme en políticas de Estado, si es eso lo que quiere. 

—Ya dejó claro en entrevista con La Tercera que lejos de eso, persistirá en seguir con sus reformas estructurales. 

—Grave error; demuestra que no ha entendido las razones del 70 por ciento que desaprueba su gestión. Lo más delicado es que hace un diagnóstico equivocado al creer que el rechazo es por el estancamiento económico, cuando también es porque sus reformas no mejoran la calidad de la educación, los mayores impuestos golpean duro a las Pymes y la reforma laboral ayuda a los sindicatos, pero perjudica el empleo. Al persistir en sus reformas Bachelet profundiza la crisis económica, la desconfianza, frenará la inversión y aumentará el desempleo.

—¿Con estas declaraciones le quitó el espaldarazo dado unos días antes a los ministros Burgos y Valdés?

—La izquierda dura liderada por el PC y los grupos más radicalizados del PS y PPD intentan por todos los medios bloquear la acción de estos ministros. Lo grave es que frente a esto, la indefinición de la Presidenta terminará por debilitar a la dupla Burgos-Valdés, que acentuará aún más la ambigüedad y paralizará el gobierno. El desgaste de ambos puede terminar por dejarlos solos marcando el paso.

—¿Por qué esta indefinición por parte de la mandataria?

—Ella quedó muy golpeada por el Caso Caval, cometiendo el grave error de no hacer un reproche inmediato y público.

—¿No ha podido reponerse tampoco de la salida de Rodrigo Peñailillo?

—Bueno, era su gran hombre de confianza.

—¿Era él quien gobernaba?

—No, lo hacía ella con sus asesores, aunque Peñailillo tenía una tremenda influencia. Había un fenómeno bien curioso, cuando yo les preguntaba a los parlamentarios de la Nueva Mayoría si conversaban con la Presidenta sobre la crisis que se vislumbraba con sus reformas, me decían que todo se canalizaba vía Peñailillo. Creo que políticamente ella ha tenido la debilidad e incapacidad de estructurar un equipo de apoyo a su gestión que sociabilice sus decisiones, sea flexible y negocie adecuadamente con la oposición.

—¿Por qué la baja del gobierno no se ha traducido en apoyo a la Alianza?

—Porque quedamos muy golpeados tras la derrota, con una minoría en el Parlamento, por tanto, la articulación ha sido lenta. Hay quienes creen que la manera que tiene la centroderecha para volver a gobernar es hundiendo a este gobierno; no estoy de acuerdo. Volveremos a La Moneda cuando nos estructuremos, tengamos una coalición amplia, nuestra propia carta de navegación, propuestas y trabajemos por el bien común y no por los votos.

“Tengo toda la intención de participar en la primaria presidencial de Renovación Nacional, pero avanzar en ese tema ahora sería injusto con quienes han adherido en la campaña “Juntos contra la delincuencia”, porque el gran cuestionamiento es si la estoy usando como plataforma para mi candidatura presidencial. Despejo esa duda y aseguro que por ningún motivo. No son tiempos para hablar de elecciones presidenciales; sería actuar en contra de la campaña antidelincuencia que es mi prioridad actual junto con el proyecto de Paz social que intento llevar adelante en La Araucanía, el cual es apoyado por los ex presidentes Lagos, Frei y Piñera, además de cientos de líderes mapuches, agricultores y parceleros. El plan aborda los cuatro temas esenciales del conflicto mapuche: tierras, pobreza rural, participación del pueblo en la institucionalidad chilena y violencia”. 

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—Tenía la esperanza de que con Burgos podía llevarlo adelante, ¿qué pasó al final?

—Lo que ha hecho el gobierno con esa propuesta es inaceptable. Se la presenté en agosto del año pasado a la mandataria, quien me dijo que la contestaría en 30 días; pasaron 10 meses,¡y nada! Llegó Burgos, contestó que la valoraba y respaldaba, pero que era materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta. Peñailillo nunca contestó; el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, tampoco. Esta propuesta parte desde la humildad, consciente de que no es la última palabra, sino el primer paso hacia el entendimiento y el encuentro, que permitirá la paz social en la zona. Sin embargo, no es ninguna prioridad para La Moneda; una negligencia inaceptable, donde la autodefensa será imparable por parte de las autoridades.

—Habrá que esperar hasta el 2017.

—No, presionaremos al igual que con “Juntos contra la delincuencia”. Me he reunido con los gremios, recolectado firmas; toda una campaña de adhesión que genere presión al gobierno. Lo más dramático es la estigmatización violenta y agresiva que existe sobre el pueblo mapuche, cuando se trata de gente pacífica.

—¿Tiene alguna certeza de los vínculos de las Farc con comunistas que supuestamente habrían operado en la zona?

—No me consta, pero tampoco lo descarto. Esa investigación es función de los servicios de inteligencia, fiscalía y policías. Lo que sí es de público conocimiento es que muchos atentados en La Araucanía son cometidos por grupos disciplinados, que actúan como una organización, lo que demuestra una alta preparación para cometer delitos. Sólo puedo señalar que durante un viaje que hicimos con Sebastián Piñera a Bogotá, una alta autoridad del gobierno colombiano nos entregó un legajo que correspondía a correos obtenidos del computador de Raúl Reyes —el jefe de las Farc que había muerto en un ataque militar en Ecuador— que daban cuenta de eventuales delitos que podrían estar cometiéndose en Chile, que había sido entregada a la Agencia Nacional de Inteligencia Chilena (ANI), sin tomar acciones para esclarecer los hechos. 

Espina asegura que esos documentos los entregó al fiscal nacional Sabas Chahuán el 2008. “Cumplí con mi deber. Esa investigación que lleva el ministerio público dio cuenta de dos hechos: de los vínculos políticos del PC con las Farc —impresentable por tratarse del grupo narcoguerrilla más violento de América Latina, por lo que los comunistas deben una explicación al país— y que hubo líderes mapuches que fueron a entrenarse a Colombia. En lo concreto, no tengo información de participación de la Farc en nuestro país, ni directa ni indirectamente.

—¿Por qué Sebastián Piñera no aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado?

—Siempre se nos dijo que esta materia era valiosa para la labor de inteligencia que se estaba haciendo en La Araucanía, por tanto no era prudente pronunciarse sobre materias que eran objeto de trabajo de estos servicios. Ahora, la razón por la que se desestimó en su momento aplicar esa ley, habría que preguntarle a quien fue entonces ministro del Interior.