—Ministra, ¿cuándo cree usted se otorgará gratuitad para el total de los estudiantes de la educación superior?

a— En el 2016
b— En el 2017
c— Es incierto
d— Ninguna de las anteriores

“En la medida de lo posible”, fue la “respuesta definitiva” de la titular de Educación Adriana Delpiano (separada, tres hijas y tres nietos) frente a un tema que de ser la promesa estrella de campaña de Michelle Bachelet, se ha transformado en su mayor dolor de cabeza. Ha sido postergada y modificada en varias ocasiones, y cuando al fin la gratuidad parecía haber visto luz verde mediante una glosa en la ley de presupuesto —que beneficiaba a 200 mil estudiantes de los cinco primeros deciles— el Tribunal Constitucional calificó hace unos días de “discriminatorios” y “arbitrarios” los criterios fijados por el gobierno para determinar quiénes ingresaban o no a la medida en 2016.

Esto es solo una muestra de cómo ha sido para Adriana este medio año a la cabeza de uno de los ministerios más sensibles y demandantes, quien de venir de Educación 2020 y de asesorar en educación pública a la subsecretaria de la cartera Valentina Quiroga, debió asumir el ministerio en pleno paro de profesores y tras la repentina salida de Nicolás Eyzaguirre, que partió en medio de una ola de críticas a su gestión que no apuntaban a fortalecer la calidad.

Han sido seis meses intensos, de hacerse cargo de un buque gigantesco, con “exceso de ambición” —como reconoció el propio Eyzaguirre— de sacar adelante la segunda parte de las reformas, de dormir poco, de olvidarse de sus arrancadas a la playa y de sus salidas con amigas a ver alguna obra de teatro. Contrató como asistente a su nieta mayor Manuela (25) que le ve su agenda más personal, y aunque la cosa no ha estado fácil, quienes trabajan a su lado reconocen su buen trato, humor y grato ambiente laboral a pesar de las adversidades. “Es la manera de convocar equipos. Un mal clima tira al suelo todas las buenas ideas”, asegura.

Recién ahora, con varios proyectos tramitándose en el Congreso —Carrera Docente, Educación Superior, Formación Ciudadana, CFT, Educación Pública— y con la ley de Inclusión ya aprobada, la ministra siente que al fin las reformas que se están llevando a cabo tienen un relato, un hilo conductor que justifica y da coherencia a cada una de las medidas adoptadas.

—Existe la sensación de que la mayoría de las decisiones han sido improvisadas y mal hechas, partiendo por la glosa de gratuidad en la ley de presupuesto que se declaró inconstitucional.

—Hay mucho contagio, basta con que dos voceen que hay improvisación para que el resto lo repita. Además, al chileno le cuesta poco atacar. Por lo mismo se hace urgente sacar un material con los propósitos de la reforma, que le dé una coherencia al conjunto de medidas que se han tomado nivel por nivel.

Mientras toma un sorbo de café, Delpiano explica: “En el área de párvulos, por ejemplo, se amplió la cobertura, habrá una regulación más clara y las educadoras ahora entran a la carrera docente y tendrán mejor sueldo. Se abandona el concepto de guardería; el avance de la neurociencia cambió la mirada y los estándares. En los niveles de básica y media, la carrera docente es clave para tener mejores profesores en ejercicio y traer alumnos de excelencia que parten su vida profesional mejor pagados, con posibilidad de ir mejorando sus ingresos significativamente”, explica. En este mismo nivel educativo, agrega, está la ley de Inclusión, donde la tarea es mejorar la educación pública y una mayor regulación de la particular-subvencionada, “porque aunque hay colegios muy buenos, hay otros muy ‘chantas’. Este es un mercado opaco. Hoy, frente a un establecimiento municipal instalas uno con fachada monona, con corbatita y nombre en inglés y las familias creen que es bilingüe, y lo más probable es que no lo sea. La gente ha pagado mucho por la exclusión, no por más calidad; por la creencia de que los particulares-subvencionados son más ordenados y que brindan mejor educación, pero los estudios demuestran que no es así. Casi 700 particulares-subvencionados han pasado a gratuidad absoluta y quedan aún más de dos mil que siguen con copago y tienen un plazo para transformarse en uno sin fines de lucro. Se habló de que se vendrían las penas del infierno, cosas horrorosas y gracias a Dios todo ha funcionado normal”.

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—Sin embargo, muchos sostenedores reclaman que no han podido cambiarse a gratuitos porque aún no hay estatutos claros.

—En marzo deben estar los reglamentos que empezarían a correr el 2017, por tanto, no hay algo que les afecta para funcionar ahora.

—Algunos de ellos sostienen también que no son sujetos de créditos para comprar los establecimientos que se les exige.

—Estamos haciendo gestiones con el Banco Estado, sin embargo, si son colegios chicos pueden arrendar, aunque muchos sostenedores tienen otras propiedades.

—¿Y el Estado será aval de esos créditos?

— No. Si alguien está dispuesto a poner una fábrica de helados, debe arriesgar capital. Quien quiera poner un proyecto educativo ya sea por vocación, razones religiosas, ideológicas, deben poner un capital de trabajo. Por eso tan importante como la ley de Carrera Docente es la de Educación Pública, que cambia al sostenedor: salen los colegios de los municipios y pasan a depender de estos servicios locales de Educación (serán alrededor de 67) que son autónomos y se conectan con el ministerio a través de una Dirección de Educación Pública (una especie de subsecretaría). Estos tendrán la función administrativa y cuentan con profesionales de apoyo educativo.

—Al volver los colegios a depender del ministerio, ¿no hará más burocrática la gestión y toma de decisiones?

—No, porque los establecimientos en virtud de un conjunto de criterios fijados por la Superintendencia y la Agencia de la Calidad irán adquiriendo grados importantes de autonomía como ocurre hoy con los particulares pagados. Queremos llegar a un modelo en que el rector y equipo directivo adquieran esa independencia para disponer, por ejemplo, de nuevos profesores o sacar a los que no estén funcionando. Este es el penúltimo de nuestros proyectos que termina con el de Educación Superior, y que dibuja lo que es la reforma y que la gente no conoce, ya que existe la idea de que se trataban de proyectos separados e independientes, de que no había un relato, el cual parte por entender que la educación es un derecho.

—¿Por qué, sin embargo, un tema tan importante como la gratuidad, deciden ponerla como glosa en la ley de Presupuesto, cuando debiera ser una política pública permanente?

—En los dos primeros años de un gobierno que dura cuatro, tienes que hacerlo casi todo, porque en el tercero se entra en temas de elecciones y en el cuarto estás casi despidiéndote. La Presidenta se dio cuenta de que una ley amplia de Educación Superior no toma menos de un año de discusión.

—¿Y no corresponde hacer las cosas bien aunque tomen su tiempo, en vez de adoptar medidas improvisadas con el riesgo de caer en la inconstitucionalidad?

—La glosa fue ampliamente discutida y aprobada en el Senado y en la Cámara, entonces tratarla como una medida improvisada, no me parece.

—¿Y no sentía que discriminaba entre estudiantes en igualdad de condiciones?

—No, porque los criterios eran objetivos. Se pusieron tres requisitos, y quienes los cumplían podían entrar. La ley de Educación Superior está casi lista, entra ahora en diciembre y toca aspectos de regulación, de institucionalidad, en un mercado que ofrece cosas muy malas, que vende un cartón a familias que tienen todas sus expectativas puestas en su hijo que es primera generación universitaria, sin la certeza de que la educación que recibió sea de calidad. Este sistema es tan amplio y desregulado, con centros de formación técnica e institutos profesionales que permiten el lucro, con una diversidad de universidades , que armar el proyecto ha tomado tiempo, ya que incorpora, además, agencias de calidad, de acreditación y superintendencias. Y el otro aspecto son los criterios que se usarán para el financiamiento, que fue parte del debate de la glosa. Para que el Estado pague la carrera de un estudiante, las universidades necesitan cumplir dos requisitos: dar garantías de seriedad, por tanto, estar acreditada por cierta cantidad de años y firmar un compromiso dispuestos a que su arancel esté dentro de un rango.

—¿Eso no limita o pone un techo en cuanto a que invertirán sólo lo que reciben?

—No, porque por otro lado recibirán fondos basales para investigación que son distintos a los por docencia. Chile tiene la educación más cara del mundo porque le saca mordiscos a la educación para hacer otras cosas, por eso no sólo cobra por lo que enseña, también por la orquesta de la universidad, la investigación de un profesor o el sobresueldo no sé de quién. Por eso tampoco se sinceran cuánto cuesta educar a un profesional, que es lo que tendrá que ocurrir ahora. Entonces volviendo a la glosa, como no tenemos toda la legislación, si esperábamos a armar el proyecto, que se tramite, apruebe e implemente, nos iba a dar el 2018.

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—A su juicio, ¿cuál de todas estas medidas que ha mencionado, apuntan finalmente a la calidad de la educación?

—Que hoy en la educación parvularia existan estándares, marco de la buena enseñanza y educadoras que entran a la carrera docente, significa que están todos los elementos para una mejora en la calidad. Y en cuanto al fortalecimiento de la educación pública, además del proyecto que cambia al sostenedor, estamos en un esfuerzo enorme por mantener y levantar la matrícula, partiendo por arreglar la infraestructura de mil 800 colegios, entregando computadores a partir de séptimo, equipamiento deportivo y artístico. Lo importante es desarrollar el talento de los niños; hasta ahora solo hemos “sobresimceficado” la educación, en que muchos colegios más que enseñar, adiestran a los niños para la prueba Simce.

“Quedarán cosas pendientes y que este gobierno no las va a enfrentar. Me habría encantado que todos los colegios sean mixtos y avanzaran en impartir enseñanza básica y media en un mismo establecimiento, que los padres puedan entregar a sus niños a los cuatro años y sepan que seguirán allí hasta los 18, como ocurre hoy en el Saint George, el Grange o en cualquier colegio particular privado, y terminar con este sistema fragmentado”.

—Usted fue crítica de que Nicolás Eyzagurire no haya comenzado por el fortalecimiento de la Educación Pública, ¿usted lo hubiese hecho distinto de haber asumido el Mineduc desde el primer día?

—Mientras estaba fuera pensaba que lo mejor era partir por la Pública, que era lo más urgente. Sin embargo, al ver ahora que la situación del gobierno es más compleja el segundo año, no sé si hoy habría habido fuerza para cambiar la particular-subvencionada que es más complicada. Fue un acto osado, de valentía. Para un país más igualitario, tenía tanto impacto subir el pelo a la pública como haber logrado que la particular-subvencionada no sea tan discriminadora, porque a la larga los niños no sólo aprenden de los textos o profesores, también de sus pares. La segregación tan brutal hace que los menores no tengan redes, en un país chico donde todo es por contacto o referencias.

—Hablando de Eyzaguirre, ¿cuál considera fue su frase más desafortunada?

a— “Hay que quitarle los patines a la particular-subvencionada”.
b— “En el Verbo Divino tenía varios compañeros idiotas que hoy son gerentes de empresas”.
c— “Las familias son seducidas por ofertas de colegios ingleses que sólo tienen el nombre y ofrecen un color promedio de pelo más claro”.
d— Todas las anteriores.

“¡La de los patines!”, asegura Delpiano quien se quedó reflexionando sobre la pregunta anterior sobre ¿qué hubiese hecho ella de haber asumido el Mineduc desde el primer día? Al respecto confiesa: “Me habría gustado ser ministra de Educación con menos reformas, para hacer mayores mejoras dentro del ministerio”.