La expertise acumulada en sus más de 40 años de trayectoria política y la ayuda del titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la hora de las explicaciones y los mea culpas financieros, serán claves para avanzar hacia la meta sin precipitarse al vacío.

El peso que recae sobre los hombros de Adriana Delpiano va mucho más allá del fantasma recurrente de su renuncia, es el resultado del choque más feroz entre la esperanza de las promesas y la aplastante realidad de los números. Para enfrentarlo, necesitará de la cohesión de las fuerzas oficialistas en el Parlamento que si bien son mayoría en ambas cámaras, no están para nada contentas con el proyecto enviado por el Ejecutivo. En realidad, ni siquiera los reformistas más entusiastas lo están y el tema va más allá de las platas.

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Entre el temor de los congresales más conservadores y el descontento de la izquierda que anhelaba un cambio más radical, son pocos los que hoy aparecen cuadrados con la polémica iniciativa. Con el movimiento estudiantil de regreso en las calles y decenas de tomas en universidades y colegios de todo el país, Delpiano no tiene tiempo que perder. Obligada a restaurar los puentes de confianza con todos los actores involucrados, sabe bien que del éxito de su gestión depende en gran medida la evaluación que la administración Bachelet tendrá en la posteridad.

Pese a su falta de claridad para explicar por qué el 60% de los estudiantes podrá acceder a la gratuitad recién el 2018, entre otros alcances de la nueva normativa, su verdadera amenaza radica en la opinión pública informada que ya no se conforma con las respuestas oficiales. En las marchas hay cada vez más letreros que apuntan a la ley reservada del cobre que anualmente les da a las Fuerzas Armadas miles de millones, independiente de la cotización del metal. “¿Qué prefiere tanques y armamentos o educación de calidad para todos?”, decía uno. Hace diez años cuando la revolución pingüina recién despertaba, nadie se habría atrevido a hilar tan fino.