“Hasta la fecha llevamos 100 víctimas, 60 inculpados, y todo indica que la cifra seguirá creciendo”, reconoce el Fiscal Regional de O’Higgins quien lleva entre sus manos una investigación histórica: primera vez que la máxima jerarquía de la iglesia católica chilena enfrenta a la justicia civil.

Ricardo Ezzatti debía presentarse el miércoles 3 de octubre a declarar como imputado, sin embargo optó por su derecho a guardar silencio. En entrevista exclusiva con CARAS, el fiscal advirtió que la situación del Cardenal es compleja: podría enfrentar cargos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, a lo que se suma su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra un seminarista, del cual tuvo conocimiento mientras fue obispo de Concepción.

“La visita del Papa fue clave. A partir de ahí se gestó un cambio histórico”, describió el fiscal regional de O’Higgins, quien visualiza ese episodio como el punto de inflexión respecto a la forma en que se trataban los casos de abuso (y a los denunciantes) en Chile. A partir de ahí las personas confiaron en el sistema; víctimas y testigos que espontáneamente comenzaron a llegar a la fiscalía para entregar su testimonio. Las personas han ido venciendo el miedo. De esta crisis necesariamente va a salir algo bueno”.

En entrevista con CARAS, y ante el anuncio del Papa de despojar de su estado clerical a Fernando Karadima, el Fiscal Arias no descartó citarlo a declarar dada su vinculación con el renunciado obispo Juan Barros.

—Tras esta evidente pérdida de poder del ex párroco de El Bosque y la influencia que tuvo sobre obispos como Barros, ¿podría citarlo a declarar?

—No me puedo referir por cuanto desconozco los motivos de su cese clerical. Pero con ese conocimiento será evaluada la necesidad de tal diligencia.

En tanto, ya hay otros siete obispos imputados que pronto deberían presentarse ante el fiscal Arias: Gonzalo Duarte, Juan Barros, Carlos Pellegrín y Santiago Silva. El ex arzobispo Francisco Javier Errázuriz y el sacerdote Raúl Hasbún .

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En esta entrevista con CARAS el fiscal reconoció que existen algunas similitudes entre la iglesia y el crimen organizado, materia de la que es especialista: “La Iglesia es una estructura de larga data que no fue creada con el fin de delinquir, como sí ocurre con las mafias orientadas al narcotráfico, por ejemplo. Pero en función de esa estructura, así como de su situación de poder respecto de sus fieles, se ha prestado para una serie de delitos”.

Agregó: “Es muy similar a la corrupción, un fenómeno en extremo viral que, una vez que se instala, aun cuando yo no sea corrupto, si los demás lo son y no los denuncio, ya estoy metido; entran en el mismo saco, por ejemplo, un sacerdote que tiene una pareja (mujer u hombre) con aquel que abusa de niños, donde el primero no denuncia por miedo a que el otro lo delate. Es tremendo porque además estamos hablando de personas con un poder y una influencia total sobre sus fieles, y que se han aprovechado al extremo del abuso de conciencia y sexual”.

—¿Una mezcla de secta y mafia a la vez?

—Pero proveyéndose de impunidad. Un caso paradigmático es el de Oscar Muñoz (el ex canciller del arzobispado, quien estuvo en prisión preventiva y hoy se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido formalizado). En los antecedentes que hemos incautado hay indicios poderosos para afirmar que cometió delitos sexuales contra menores al menos entre 2002 y 2018, es decir, realizaba los abusos al mismo tiempo que tomaba declaraciones de otras víctimas, por ejemplo, las de Karadima; por cierto, Muñoz actuaba desincentivando la persecución de esos delitos y la protección de estas víctimas. No estoy adelantando juicios, solo estoy repitiendo la declaración oficial de la Conferencia Episcopal, donde pidieron perdón por no cumplir adecuadamente con sus funciones.

—Sin embargo, en el informe final realizado recientemente por la fiscalía del estado de Pensilvania, así como en otros de connotación mundial, las tácticas son idénticas.

—Eso es lo interesante cuando se compara con otros países. Ya hicimos un primer contacto con el FBI y con el fiscal de Pensilvania para, si es que amerita, conversar y realizar el comparativo de ambas investigaciones y descubrir patrones comunes.