CARAS

Por Carolina Carvallo

En todos los países hay asaltos y tiroteos. Ni los programas antidelincuencia más ambiciosos han logrado acabar con ellos. En medio del revuelo causado por el aumento del índice de victimización y la mala evaluación de la justicia, escarbamos en ella y encontramos sus flancos más débiles.

Hay hechos contundentes: un 64 por ciento de los delitos ocurridos en el país no se denuncian. Los carabineros no fueron preparados para enfrentar los cambios de la reforma procesal penal. Algunos acusan que los fiscales gozan de un perverso sistema de incentivos para que las causas se cierren rápido. Al sistema judicial no entran los abogados más destacados y muchos de los jueces hoy dan audiencia para tres meses después de cometido el delito. A eso se suma que el Código Penal no contempla delitos como el narcotráfico o la pedofilia…

También hay historias impactantes: la de la mujer embarazada que hace algunos meses fue asaltada en su casa de El Arrayán y tratada cruelmente por dos menores de edad que quedaron en libertad. La del encapuchado de la bomba Molotov, que sólo después de las críticas del Presidente fue puesto en prisión preventiva. La de una mujer en La Florida, que oye balaceras constantemente pero no denuncia a sus vecinos narcotraficantes por miedo. Estos casos hablan de inseguridad, el temor y el aumento de la victimización en nuestro país (cantidad de personas que han sufrido casos de delincuencia), pero sobre todo, de la difícil situación que vive nuestra justicia.

CARAS conversó con expertos y actores de la cadena para identificar los diez problemas más importantes de la justicia antidelincuencia en Chile.

1.- Denunciar o no denunciar ésa es la cuestión
Hace algunas semanas, Carmen iba de vuelta a su casa a pocas cuadras de La Pintana y se bajó de la micro G11 en la avenida San Miguel. Apenas alcanzó a pisar la vereda cuando dos camionetas 4×4 pasaron a toda velocidad a sólo metros de donde estaba. Durante unos cinco minutos, los autos se persiguieron por el barrio disparando. Ella sólo atinó a cubrirse la cara, lanzarse hacia la pared de una casa y aferrarse a otra mujer. Escuchaba vidrios que explotaban, gritos desesperados y gente que corría aterrada.

—¿Y no se le ocurrió llamar a Carabineros?
—¡Nooo! Mejor me voy para mi casa, corro las cortinas y me quedo ahí. Son traficantes que viven cerca mío y si uno habla, la revientan nomás.

En Chile, casi siete de cada diez delitos no se denuncian, según un estudio realizado por el Ministerio del Interior. Es la temida ‘cifra negra’ que refleja que hay más impunidad que justicia.

Uno de los encargados de bajar este número es el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien asegura que ésta es una de las prioridades que le puso el Presidente Piñera. Dice que generar confianza en la justicia no sólo es labor del gobierno, sino de todos los agentes del sistema: policías, fiscales, jueces y sistema carcelario.

Conscientes de que es una tarea de largo aliento, por ahora el Ministerio del Interior ha creado una serie de programas destinados especialmente a gente como Carmen, que teme denunciar. Entre ellos, Denuncia Seguro: a través de un llamado al 600 400 0101, la víctima puede informar delitos anónimamente.

2.- ¿Carabineros listos?

Cristián Riego, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cree que las policías de hoy no están a la altura: “Algunos omiten información, se equivocan en anotar datos y actúan como si los casos fueran aislados”. Hace sólo algunas semanas, vecinos de un jardín infantil en La Florida llamaron al 133 para denunciar un nuevo asalto, el sexto en un año y medio. Dicen que la policía llegó una hora después, a pesar de que hay un retén a pocas cuadras, y que ni siquiera revisó el lugar del robo. Para colmo, informaron a la prensa desde el lugar exacto del asalto, el que debiera haber sido aislado.

El subsecretario Cristóbal Lira reconoce que hay falencias en las llamadas primeras diligencias: ese conjunto de acciones que realiza la policía en forma autónoma y que son clave para la investigación. A esto se agrega que las comisarías no están en línea y no se puede hacer cruces de partes policiales.

Mauricio Duce, de la UDP, explica que cuando se elaboró la reforma procesal penal, de la que él participó, no se previeron cambios para las policías y que se les dejó a ellas la labor de ajustarse. Mientras la PDI realizó giros en el currículum académico, incorporó a profesionales de otros ámbitos y capacitó a sus filas para los cambios de la reforma, Carabineros se habría mantenido igual.

¿Falta de recursos? ¿Excesiva autonomía? No es claro. La institución no quiso referirse al tema y tampoco Constanza Farías, jefa de la unidad de Carabineros del Ministerio de Defensa.

3.- Fiscales sobrepasados

Según datos del Ministerio Público, cuando entró en vigencia el sistema en todo el país, a mediados de 2005, estaba previsto que los 665 fiscales tuvieran a su cargo unas 800 mil causas, número que hoy rodea el millón 400 mil. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, reconoce que esta situación tiene al sistema “al borde del colapso”. Por eso, en diciembre del año pasado presentó en el Ministerio de Hacienda un proyecto que propone aumentar la dotación a mil.

Pero éste no sería el único problema. Javiera Blanco, de Paz Ciudadana, dice que “los incentivos de los fiscales están puestos en resolver tempranamente los casos, optando por procedimientos menos complejos”. Todo para no atochar el sistema. Las opiniones sacan roncha en Chahuán. Según él, investigar en poco tiempo “es una meta institucional, pero no hay bonos de ningún tipo por eso”, afirma.

Como sea, las mismas páginas web de las fiscalías tienen una sección de indicadores que informa cuántas causas se han resuelto, aunque no se aclara si el caso terminó con una condena o fue derivado al Archivo Provisional, ese conjunto de miles y miles de antecedentes judiciales que son descartados. Chahuán admite que nadie lo revisa y sabe que podría tener información relevante para establecer la operación de bandas delictuales.

4.- Jueces al banquillo

“La gente no entiende que nosotros ya no somos los que investigamos ni decidimos quiénes son culpables e inocentes… Fallamos sobre la base de las pruebas que se nos presentan”. Así se defiende un juez de garantía ante la nota 3,4 que la encuesta de Paz Ciudadana le da a él y sus pares.

Javiera Blanco, de la fundación que realizó el sondeo, cree que hoy se necesita que los jueces se especialicen. Agrega que se debe avanzar en que las resoluciones sean más claras y mejor fundamentadas y que esto debiera formar parte de su evaluación.

Mauricio Duce, de la UDP, coincide, y agrega que existe un grave problema de calidad: “Al sistema judicial no ingresa la crème de la crème”. Acusa que hay muchos jueces que fallan ideológicamente y por ejemplo, no aplican de plano la prisión preventiva porque están en contra. Para el ex fiscal Andrés Baytelman hay otro factor importante: los jueces que hacen mal su trabajo debieran salir del sistema.

La jueza Carla Capello, del Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago, dice que el problema no es la calidad, sino la cantidad. Su tribunal es uno de los que más causas revisa en el país y al ser entrevistada por CARAS estaba dando audiencia para tres meses después. Según ella, hasta sus manos llega una enorme cantidad de “delitos de bagatela”, robos o hurtos de bienes que valen menos de una UTM, es decir, unos 40 mil pesos.

El abogado Cristián Riego, presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, propone que en lugar de que esas causas lleguen a tribunales y los delincuentes sean condenados por pequeños ilícitos, las denuncias sean base de investigación para atrapar a los actores in situ.

5.- Víctimas a la deriva

¿Qué haría usted si una banda entrara a su casa y lo amenazara con armas, lo obligara a entregar dinero y joyas y le advirtiera que si llama a la policía volverá para vengarse? Quienes sufren delitos violentos como éste suelen paralizarse de miedo, otros olvidan detalles o confunden situaciones y, a veces, despistan sin querer a las policías.

Y es que, a menos que se tenga dinero para pagar un abogado, no existe ninguna institucionalidad en nuestro país que asista a las víctimas de delitos, tal como la Defensoría Penal Pública entrega defensa legal, guía y ayuda a acusados e imputados.

Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, dice que en Chile “no existe un proceso estandarizado que les informe del estado de la causa, si va a archivo (es decir, que no será perseguida penalmente), si no hay antecedentes o si la causa es extinguida”.

Hasta ahora, la subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior, ha realizado esta tarea a través de la Unidad de Apoyo a Víctimas, dirigida por Gonzalo Fuenzalida, quien junto a su familia sufrió un asalto a mano armada hace algunos años. El abogado explica que una vez cometido el delito, ésta contacta a los agredidos y les presta la asesoría que necesitan para poder enfrentar la justicia con calma, no olvidar datos, confundirse e incluso para tratarse sicológicamente.

A principios de julio, el Presidente promulgó la ley que crea la Defensoría de las Víctimas y que, entregaría asesoría jurídica a quienes sufren delitos, pero en el mismo Ministerio del Interior advierten que está por verse cómo funcionará.

6.- Los jóvenes y su justicia a la medida

“Los menores son un tema en sí mismo”, dice el director del Sename, Rolando Melo. “Están en formación y por tanto, no se les puede aplicar la ley de la misma forma que a un mayor de edad”. Según él, hay que ir más allá de la ley que en 2007 estableció un sistema de justicia particular para ellos: se deberían crear tribunales y formar jueces especializados en temas juveniles.

Pero hay casos que causan indignación: en mayo, una mujer con seis meses de embarazo estaba en su casa de El Arrayán cuando sintió un golpe en la puerta. Dos adolescentes entraron, la golpearon, la hirieron con cuchillos en la espalda, le hicieron tocaciones, la arrastraron del pelo por el piso y se robaron especies avaluadas en 20 millones de pesos. No pudieron ser condenados por falta de certezas en la identificación.

Hoy, cuando un menor de edad debe cumplir una pena, lo hace en un centro del Sename, donde muchas veces sólo pasa la noche. Durante el día puede estudiar y compartir en su ambiente social normal. Si no llega a dormir, el centro informa al tribunal, pero el ministro Ribera admite que el sistema no da abasto para controlar que esas condenas se lleven a cabo. Agrega, eso sí, que hoy está en marcha un proceso que separará en dos las funciones del Sename: una, a cargo de Justicia, trabajará por la reinserción de jóvenes infractores y otra, en Mideplan, se encargará de otorgar protección a adolescentes vulnerados.

El otro problema son los inimputables, esos jóvenes menores de 14 años que no se consideran legalmente responsables de sus actos y que son derivados al sistema de protección del Sename, al igual que un niño huérfano o abusado. Y pese a la sensación generalizada de los chilenos, de que las bandas delictuales usan niños cada vez más chicos para quedar impunes, este año los casos no llegan a cien en todo el país.

7.- La ‘puerta giratoria’

“El hecho de que Francisco Moreno haya quedado libre me parece un grave error… Una persona que atenta con una bomba Molotov a mansalva no merece estar libre”, dijo el Presidente Piñera sobre el encapuchado de 20 años que hirió a un carabinero con un explosivo a mediados de julio. Sólo días después, un fallo de la Corte de Apelaciones decretó su prisión preventiva, por considerarlo un peligro para la sociedad.

Antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, el uso de la prisión preventiva era muy extendido: entre 55 y 60 por ciento de los reclusos estaba a la espera de su condena. Hoy, un 77 por ciento de los reos ya tiene una sentencia. Los expertos dicen que este es un avance en relación a la presunción de inocencia garantizada en nuestra legislación, pero saben que a veces provoca alarma. O sea, un acusado que antes se iba directo a la cárcel ahora va al tribunal y queda libre mientras espera su condena. Eso, sumado a que el sistema no es capaz de chequear que se cumplan todas las medidas cautelares, incrementa la sensación de la llamada “puerta giratoria”.

Andrés Baytelman, ex fiscal jefe de la Unidad de Focos Delictuales de Santiago, acusa que los jueces aplican casi automáticamente atenuantes y beneficios extracarcelarios (remisión condicional, libertad vigilada y reclusión nocturna). Según él, son temas de estricta discreción de los magistrados, quienes determinan unilateralmente si un culpable por homicidio frustrado goza de pena remitida sólo porque no tiene antecedentes previos y es primerizo. Admite, eso sí, que lo que la gente percibe como “un perdonazo” obedece también a que muchas veces el juez utiliza atenuantes porque la policía no recaba pruebas suficientes, el fiscal no analiza todas las aristas del caso y finalmente llega a tribunales un caso débil

8.- Un Código penal que data de 1874…

En noviembre del año pasado, Bastián Camilo Arriagada Arriagada de 22 años fue condenado a 61 días de reclusión por vender películas piratas. Terminó compartiendo celda con experimentados asaltantes como Luis Parraguez Paillao. Ninguno alcanzó a cumplir su pena porque ambos murieron en el feroz incendio que acabó con la vida de 81 reclusos de la cárcel de San Miguel.

Las razones del siniestro fueron materia de una profunda investigación y el caso de Arriagada, ejemplo de un absurdo legal: por un delito de baja peligrosidad, terminó tras las rejas.

La modernidad de nuestro sistema procesal penal contrasta con un hecho que según expertos no resiste mucho tiempo: un Código Penal escrito en 1874. Según la senadora Soledad Alvear, ese cuerpo legal consagra valores diferentes a los de nuestra sociedad actual: “Antes el derecho a la propiedad era más importante que el de la vida (… ) El Código no contempla delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, los ilícitos informáticos o la pedofilia”.

La jueza de garantía Carla Capello dice que esta situación la ve todos los días: “Nuestra legislación no está acorde con los requerimientos actuales”. Por ejemplo, para castigar ilícitos económicos con uso de tecnología, debe acudir a la legislación sobre estafas, que en ningún caso se ajusta a las complejidades de los delitos informáticos.

La senadora Alvear afirma que esta materia está pendiente. El ministro Ribera concuerda con el análisis y agrega que se está analizando la conformación de una comisión de estudiosos que actualice la legislación penal de nuestro país.

La crisis al final del túnel
“No por el hecho de estar presos, los reos han dejado de ser personas”, dice el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Su misión está clara: lograr implementar la reforma penitenciaria, con cinco ejes centrales: perfeccionamiento de Gendarmería; nueva legislación para racionalizar el uso de la cárcel; fortalecimiento de penas alternativas a la prisión, como el brazalete electrónico; rehabilitación con un estatuto laboral para los presos y construcción de más y mejores cárceles, separando a los reos de baja y alta peligrosidad.

Una de las medidas contempladas es instalar un sistema inhibidor de celulares en los penales de alta complejidad. También mejorar las condiciones del encierro, asegurándole a cada reo y gendarme una cama con un colchón y una frazada, además de comida caliente.

Otra de las aristas de esta crisis es la de la rehabilitación y reinserción, que hoy está en manos de Gendarmería. Su autoridad máxima, Luis Antonio Masferrer, no conversó con CARAS, pero el ministro Ribera asegura que en los próximos meses comenzará a estudiarse una profunda reforma para analizar si la institución conserva o no la doble función de vigilar y rehabilitar a más de 100 mil condenados.

Fernando Martínez, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la UCH, dice que muchos de los reos que salen de la cárcel no cuentan con información básica para desenvolverse y por eso caen nuevamente en las redes del delito. El año pasado, el CESC lanzó el proyecto piloto Volver a Confiar: 300 manuales para informarle a los reos de sus deberes y derechos al salir del penal. Por ahora han sido repartidos a autoridades en la cadena de la justicia. Su aplicación… está por verse.

10.- Conductores ebrios ¿Delincuentes o negligentes?

Hace algunos meses, un grupo de cinco universitarios venía de una fiesta. Bajaban por Kennedy y pasado Américo Vespucio, el conductor del auto perdió el control y terminaron estrellados en un árbol. Uno de ellos, José Ignacio Garcés, murió en el acto. Los vecinos que salieron a auxiliarlos dijeron que se sentía un fuerte olor a alcohol en el ambiente. El piloto, Diego Khamis, de 20 años, abandonó el lugar. Tres horas más tarde se entregó a Carabineros, cuando tenía 0,7 miligramos de alcohol en la sangre. El estudiante fue detenido, pero pronto quedó en libertad con la obligación de firmar por seis meses.

Casos como éste no son excepcionales y generan polémica. Pese a que su conducta provoca la muerte de otras personas, los autores no son considerados un peligro para la sociedad y en la mayor parte de los casos quedan en libertad condicional a la espera de un juicio. Mauricio Duce, profesor de Derecho Penal de la UDP, explica que accidentes de tránsito con resultado de muerte y provocados por conductores ebrios, son considerados por la Justicia como cuasidelitos de homicidio, ya que sus autores no tienen intención de cometerlos. Esto coloca al conductor ebrio en una posición intermedia entre la negligencia y el delito doloso, exponiéndose a una pena de entre 3 años y un día y 5 años, además de una multa y la suspensión de su licencia de conducir entre dos y cuatro años.

Hoy existe un proyecto de ley que pretende endurecer las sanciones para estos casos. La idea es bajar de 0,5 a 0,3 miligramos el máximo de alcohol permitido para manejar; y de 1 a 0,8 para ser considerado en estado de ebriedad. Y si se produce un accidente con presencia de alcohol y resultado de muerte, las sanciones aumentarían: hasta 15 años de cárcel e inhabilidad perpetua para manejar cualquier vehículo con tracción mecánica. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

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