CARAS

Al primer informe de agosto de 2009, hoy se unen dos nuevas investigaciones cuya publicación es inminente. No sólo comprometerían la gestión de Paulina Urrutia, también empañan uno de los principales bastiones de la Concertación: las artes. Una trama oscura de la que el actual ministro ha guardado estricto silencio.

Cuando Luciano Cruz-Coke asumió como presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) todas sus sospechas se quedaron cortas… Ya hacía bastante tiempo que tenía antecedentes de que algo andaba mal al interior de este organismo creado en el 2000 por Ricardo Lagos como un aporte a la institucionalidad cultural. Y así lo constató cuando el 20 de agosto pasado, en plena campaña electoral, la Contraloría emitió un alarmante informe en el que se daba cuenta de una serie de anomalías en la administración de su amiga y colega Paulina Urrutia. Entonces Cruz-Coke era el coordinador y principal asesor del área en el grupo Tantauco, y cuando Sebastián Piñera anunció su gabinete, supo que ese cargo encerraba una pesada herencia… Sobre el escritorio encontró cuentas sin pagar, desórdenes, irregularidades y varias investigaciones que tienen hoy al Consejo bajo la implacable lupa de la Contraloría.

El primer cara a cara fue el déficit por $ 1.400 millones dejado por los anteriores moradores; gran parte ($ 1.000 millones) gastados en los últimos tres meses del gobierno de Bachelet. Las deudas tienen hoy al CNCA en Dicom con una vergonzosa calificación: categoría G, la peor de un organismo público. Y entre sus acreedores se encuentran firmas hoteleras, de transporte, medios de comunicación y alimentos, como Blue Express, Sodexho Pass, Travel Security, Hotelera San Francisco, Hotelera San Vicente, Lápiz López, distribuidora Rabié, El Mercurio y La Tercera.

En el CNCA evitan a toda costa referirse al tema. Y tanto Luciano Cruz-Coke como el subsecretario Nicolás Bär se excusaron a través de sus encargados de comunicaciones señalando que están concentrados en destrabar los líos, ordenar la casa y seguir adelante, “y no en hacer una fiesta” con lo que han encontrado. Y para eso armaron un equipo de abogados y expertos administrativos para el rescate financiero de la repartición. Una tarea titánica, considerando que su prestigio está en el suelo. “Estos $ 1.400 millones son platas que no se han pagado por atrasos y por una burocracia excesiva. Lo que queremos es que se aclare y estamos firmemente por arreglarlo, ya que afecta la imagen del Consejo y nos causa enormes perjuicios”, sostienen al interior de este organismo.

“LOS $ 1.400 MILLONES SERÍAN SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG. Y tendrían que ver con un estilo de gestión que desde hace años ha caracterizado al Consejo…”, sostiene el diputado de Renovación Nacional Joaquín Godoy. Y en eso concuerda la mayoría de los entrevistados por CARAS.

Los primeros indicios de que algo pasaba surgieron cuando en 2009 un grupo de cuatro altos funcionarios del área de administración y finanzas del ministerio decidió romper el silencio y llevar sus denuncias a parlamentarios y a la propia Contraloría. “Eran jefes de sus respectivas áreas y habían hecho observaciones a una serie de gastos que no correspondían, pero que, sin embargo, el entonces jefe subrogante del Departamento de Administración General, Eduardo Muñoz (puesto ahí por el subsecretario Arturo Barrios) les ordenaba pagar, algo claramente irregular”, cuenta un entendido. La práctica se volvió una constante: entre éstos y otros casos se llegaron a sumar 150 órdenes, por un total de $ 5.000 millones, cuyos cheques eran cursados a pesar de ser impugnados por sus respectivos jefes de área. Los diputados Joaquín Godoy (RN), Iván Moreira (UDI) y Marisol Turres (UDI) recibieron por separado y en distintos momentos a estos trabajadores, quienes pusieron a disposición los antecedentes, amparándose en el artículo 64 de la ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría, en el cual ningún funcionario que denuncie anomalías puede ser relevado de su cargo. “Pero eso no ocurrió y estas personas fueron removidas”, cuenta Marisol Turres. Hoy muchos se encuentran sin trabajo o desempeñándose en funciones menos calificadas, ya que se les cerraron las puertas de la administración pública.

Lo más curioso es que en sus nueve años de existencia el Consejo nunca había sido fiscalizado…

Entre las irregularidades encontradas apareció un inexplicable aumento de presupuesto por $ 1.800 millones enviado por Hacienda a mediados del 2008, el que según denunciaron los funcionarios exonerados, debía gastarse entre julio y octubre, justo para las campañas municipales. Un grupo de diputados envió un oficio al entonces ministro Andrés Velasco para que lo explicara, pero éste nunca contestó. Y la serie de dudas e incongruencias decantaron en dos sumarios: uno finalizado hace algunas semanas sobre el mal uso de bienes fiscales efectuado por el ex subsecretario Arturo Barrios (PS), recientemente emitido por la Contraloría. Y otro en pleno desarrollo.

PERO LA COSA NO TERMINA AHÍ… CRUZ-COKE SE ENCONTRÓ CON DOS NUEVAS INVESTIGACIONES…, esta vez motivadas por otras denuncias de particulares, diputados y también por el plan normal de fiscalización de Contraloría que esta vez ya los tenía ‘entre cejas’. Se trata de una primera pesquisa de carácter administrativo con la aparición de nuevas aristas en la utilización de los recursos fiscales. Mientras que la segunda —y la más grave— apuntaría a irregularidades en uno de los mayores bastiones del Consejo: los fondos concursables, que por años han venido beneficiando a cientos de artistas. Y aunque la Contraloría no quiso dar detalles, se comenta que el volumen de casos es tan alto, que los encausó en dos investigaciones paralelas. “Se han ido agregando elementos, denuncias y ha crecido como una bola de nieve”, cuenta un colaborador.

Hoy ambas están en etapa de pre-informe y han incomodado a Luciano Cruz-Coke, quien además de los líos presupuestarios y las deudas, ha tenido que entenderse con el contralor y responder a los dos pre-informes, un procedimiento de rigor previo a la emisión del informe definitivo.

¿Qué pasó con el Consejo? Hoy las versiones apuntan a que esta emblemática repartición se habría utilizado con fines políticos. Esto explicaría no sólo el déficit por $ 1.400 millones, sino que el verdadero despliegue fiscalizador de la Contraloría.

“EN EL MINISTERIO SE INSTALARON UNA SERIE DE OPERADORES POLÍTICOS. Como Arturo Barrios, que claramente no fue a trabajar por la cultura sino a ver cómo podían ser utilizados ciertos recursos. Y se llegó a una saturación de estos personajes que no se dedicó a otra cosa que a encausar estos fondos, posiblemente con fines electorales… Es lo mismo que ocurrió en la Intendencia de Valparaíso. Eso se tendrá que dilucidar mediante una investigación más profunda”, apunta Joaquín Godoy.

En los pasillos del Congreso, parlamentarios de la Concertación esquivan los comentarios. “Nadie te va a hablar porque es un tema dangerous…”, se excusa un diputado DC.

“Lo más grave es que este modus operandi habría ocurrido en otras reparticiones públicas, sobre todo durante los últimos tres meses de gobierno concertacionista, donde las transferencias de dinero a ONGs y los gastos se dispararon”, asegura el diputado Patricio Melero, quien como jefe de la bancada de la UDI, envió junto a Joaquín Godoy un oficio al Ministerio de Hacienda para que entregue a la brevedad todos los gastos efectuados por los 22 Ministerios en el primer trimestre de 2010.

La situación de Paulina Urrutia es complicada. Al juicio de cuentas que ya enfrenta tras la primera fiscalización del 2009 y donde podría terminar respondiendo con su propio patrimonio, esta vez los contralores buscan establecer su responsabilidad en los nuevos hechos. “Yo creo que la ex ministra se desligó de lo administrativo y, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde…: si lo denunciaba, asestaba con esto un feroz golpe a la Concertación, que jamás le perdonaría una traición de este tipo…”, opina un asesor.

Iván Moreira no se muestra muy convencido: “La ex ministra hizo claramente intervención política, no le echemos la culpa a los subalternos. Que no se lave las manos: ella es responsable y el hecho que haya protagonizado Sor Teresita no la convierte en santa…”, dice con su particular estilo.

Paulina Urrutia no ha querido referirse al tema. Revista CARAS también quiso saber qué opina Luciano Cruz-Coke sobre estas dos investigaciones que amenazan con entorpecer y hasta con eclipsar su trabajo.

Y en cuanto a las maniobras políticas, al interior del Consejo dicen que efectivamente tuvieron que despedir a algunos de estos personajes, pero hay varios que aún permanecen. “Sacamos a gente que actuaba como operadores. Pero vino la ANEF a defenderlos y hasta nos pusieron lienzos en la fachada, dejándonos como unos despiadados…”. Una trama llena de intrigas, una de las más complicadas para los actores Luciano Cruz-Coke y para Paulina Urrutia, donde podría revelarse el lado oscuro del corazón concertacionista.

Envíe su opinión sobre este artículo a actualidadcaras@televisa.cl

Comparte esta noticia