CARAS

Por Alfredo López

La macabra imagen de Alto Río en Concepción, con las víctimas clamando por ayuda bajo los escombros, se convirtió en el símbolo del horror. En Santiago y Viña también hay torres a punto de desplomarse. CARAS recorrió los departamentos más afectados. Y podrían producirse réplicas en el nuevo gobierno: dos intendentes tienen constructoras cuestionadas.

Fotos Diego bernales, claudio Doenitz y Camilo Melús

Desperté sola, estaba oscuro. Mi departamento, en el piso 16, se movía de un lado a otro, igual que en una coctelera. Aún no me reponía del impacto cuando quedé encerrada; un vecino me ayudó y echó abajo la puerta. Arrancamos mientras toda la estructura crujía igual que en la película Titanic”. Sicóloga de 34 años, Valeria Jeldrez es una de los 300 habitantes del inmueble ubicado en Irarrázaval 2931, que el lunes 1 de marzo fue oficialmente desalojado. La orden del alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat se dio en el acto, al constatar una peligrosa inclinación y serios daños en la Torre A del edificio Emerald: 19 pisos amenazan con desplomarse.

Al susto de haber vivido a tal altura el segundo terremoto más intenso en la historia de Chile y quinto en el mundo, se sumó otro remezón: el estrés de no saber cómo respondería la inmobiliaria Paz ante la inversión más importante de su vida.

Hoy, ella y el resto de los afectados se han repartido en tres apart hoteles, costeados por la empresa. Tras una larga jornada de negociación, la mayoría optó por la devolución del dinero o cambiarse a un departamento de la misma firma, pero ninguno quiso volver al edificio cuando éste sea reparado.

“Llamé a los medios de comunicación para que fueran testigos del acuerdo y la inmobiliaria Paz se comprometiera públicamente a que esto se cumpla”, asegura Pedro Sabat minutos después de la conferencia de prensa que selló mediáticamente el pacto. “Si el edificio no cumple con las condiciones o vemos un mínimo riesgo, no tengo ningún problema en firmar el decreto de demolición. Tenemos personas monitoreando a cada minuto”, afirma categórico. Y agrega: “Hay muchas municipalidades que jamás harían esto porque la presión es gigantesca; gente a la que no le conviene decir la verdad y están siendo políticamente correctos”.

Pedro Sabat se refiere a un problema que hoy remece los cimientos de una industria y de un negocio que ha venido alimentando cada año las arcas de decenas de municipios, como también oficinas de arquitectos, ingenieros, constructoras e inmobiliarias. Un sector que casi no ha parado de crecer, generando fuertes contingentes de mano de obra, compra de materiales, créditos hipotecarios, transacciones en la Bolsa. Y sólo bastó un sacudón para amenazar con peligro de derrumbe. Un ejemplo: las acciones de Paz cayeron el primer día en un 19 por ciento. Al contrario, las de materiales de construcción, como de Cemento Melón, subieron casi en un 90 por ciento.

Hoy existen 18 constructoras cuestionadas y 20 edificios clausurados sólo en la Región Metropolitana. En Concepción el edificio Alto Río se convirtió en una de las imágenes de esta tragedia, tras cobrar la vida de siete personas, 29 evacuados y un desaparecido. Los afectados, a través del reconocido penalista Alfredo Morgado, presentaron una denuncia criminal en el Ministerio Público y anunciaron que interpondrán acciones judiciales contra Socovil. Luego de una semana de largo silencio, el gerente general de la firma, Juan Ignacio Ortigosa, ofreció asistentes sociales para reubicar a las personas que no tienen dónde vivir. Y en un comunicado insistió en que “se han respetado todas las normas constructivas y legales”. Ortigosa renunció como representante zonal de la Cámara Chilena de la Construcción. Y al cierre de esta edición, la firma ofreció colaborar en la investigación, ante los inminentes cargos por cuasidelito de homicidio.

El terremoto además remeció al Ministerio de la Vivienda. Así lo confirma la ex titular Patricia Poblete: “Cuando la Presidenta dijo que trabajaríamos hasta el final, nunca pensé que sería así de serio”, señala con un gesto trágico. El panorama para la ministra entrante también es fiero. La ingeniera comercial y ex accionista de Cristalerías Chile, Magdalena Matte, quería aportar desde un cargo que le permitiera poner en marcha su vocación social. Hoy, dedicada las 24 horas a proyectar la reconstrucción de las zonas afectadas, decidieron en familia suspender el matrimonio de una de sus hijas que se realizaría la segunda semana de marzo, en señal de respeto por la tragedia.

“Parte del sector inmobiliario pasa por uno de sus momentos de mayor desprestigio para los consumidores”, comenta el director del Sernac, José Roa. “La mayoría de la gente no entiende cómo una gran cantidad de edificios nuevos, algunos con tan sólo meses, hayan colapsado dejando a cientos de personas en la calle”. Un panorama que se ha visto sobre todo en sectores de clase media, comunas como Maipú, Ñuñoa, Huechuraba, Macul, Santiago e Independencia, que en los últimos años venían protagonizando un verdadero boom inmobiliario.

“ESTO ES DISCRIMINACIÓN. NO PUEDE SER QUE LAS MISMAS CONSTRUCTORAS que dejaron a cientos de personas en la calle, en condominios del sector alto no hayan presentado problemas”. El alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), está molesto. Su comuna acaparó la atención pública con el edificio Tristán, el que ahora ordenó demoler, luego de que en la madrugada del 27 de febrero amenazara con desplomarse. Además, puso una denuncia colectiva ante el Ministerio Público por los daños causados, debido a la nula respuesta de la constructora Mujica y González y la inmobiliaria Francisco de Aguirre Ltda., responsables de este edificio y de otros dos hoy seriamente dañados: Don Luis, también en Maipú; y Vista Hipódromo, en Independencia.

Al respecto, el alcalde de Maipú señala que llevarán ante el Sernac un reclamo para que se restituya el dinero y se indemnice a los vecinos.

Otro caso es el Central Park, en Santiago Centro. Una torre de 158 departamentos ubicada en plena Avenida Balmaceda, frente al Parque los Reyes.

Pablo Zalaquett, alcalde de Santiago, quiere los estudios en la mano antes de decidir una eventual demolición: “Se trata de una palabra muy fuerte y hay que contar con todos los antecedentes antes de botar algo”.

La vida tampoco volverá a ser la misma para los residentes del condominio Sol de Oriente en Macul. Aquella fatídica noche los cimientos de las dos torres cedieron, se produjeron roturas de losas, quiebres de ventanales y dejó a más de 200 personas en la calle. “En este lugar hubo daños graves, en el estacionamiento están los fierros a la vista, cortados, como quien atraviesa mantequilla con un cuchillo. La gente entró en pánico. Vinieron los bomberos y recomendaron desalojar”, relata Alejandro Pereira, propietario. Al cierre, la constructora Sigro intentaba un acuerdo con los afectados.

Tampoco se escapó Huechuraba, con ocho edificios clausurados a la fecha: cuatro en Ciudad Empresarial (tres en Patio Mayor más el Hotel Radisson), el centro de convenciones Espacio Riesco, dos torres de departamentos en Avenida Pedro Fontova y otro en calle Santa Marta.

En Ciudad Empresarial los inmuebles evacuados por iniciativa propia no fueron pocos. Los institucionales de las agencias de publicidad Lowe Porta, Ogilvy y Leche, que antes destacaban por su moderna arquitectura, hoy están vacíos. La sede de la Fundación Chile también permanece acordonada, a la espera de emitir una evaluación de daños.

La alcaldesa de la comuna, Carolina Plaza, está molesta. Sostiene que en el caso de la empresa Espacio Riesco, a cargo de Patio Mayor, “se les mandó una carta solicitando la entrega de un estudio de ingeniería con el estado de la infraestructura y los caminos a seguir, pero hasta ahora no se han contactado”, asegura.

El sismo también tuvo impacto, aunque en menor medida, en el sector alto. CARAS accedió al condominio Santa María Polo Golf, de la constructora Fernández León (FFV). De un total de nueve edificios de lujo (de entre 14 y 19 mil UF cada departamento), dos de ellos estarían afectados. No se han confirmado daños estructurales, pero la Municipalidad de Vitacura recomendó que fueran inhabilitados a la espera de un informe de daños. “Ya no queda nadie, los vecinos decidieron irse al día siguiente del terremoto”, comenta un funcionario.

Las esquirlas de este bombazo apuntan a la ley de calidad 19.472. La normativa protege por diez años desde la inscripción de las viviendas. La constructora debe devolver el dinero o llegar a un acuerdo con los propietarios. “Si se declara en quiebra, incluso dispone que los dueños de la empresa deban pagar con su patrimonio personal”, asegura la ministra Poblete. Para José Roa, incluso hay casos que probablemente sean llevados a la Justicia Criminal, como Alto Río en Concepción, que podría enfrentar cargos de cuasidelito de homicidio.

“Es impresentable que inmobiliarios se excusen en el fuerte terremoto para explicar los daños estructurales que sufrieron varias construcciones. Aquí hay algunas mucho más altas y pesadas que han soportado sin ningún problema. Pero quizá por aumentar sus márgenes, algunas constructoras no han respetado la ley”, sostiene la ex ministra de Vivienda Patricia Poblete.

Pedro Sabat va más allá y señala que las fallas se deben a la ley que separó las materias de competencia de las Direcciones de Obras Municipales e impuso la figura del revisor independiente. “Como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades he repetido hasta el cansancio que es una aberración que se le haya quitado a las alcaldías la facultad de verificar cuándo un edificio cumple con las condiciones. Hoy la tarea pertenece a estas oficinas, que son contratadas por las propias constructoras, para que verifiquen la calidad y seguridad del trabajo que entregan. Es un escándalo”. Aún más, agrega Patricia Poblete, actualmente ninguna de estas oficinas cuenta con responsabilidad legal en caso de colapso.

‘Es una aberración que se le haya quitado a las alcaldías la facultad de verificar que los edificios cumplan con las condiciones. es un escándalo’, dice Sabat.

Para Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, “el Estado chileno ha abdicado de su rol fiscalizador en materia de construcción, porque sus altos funcionarios han supuesto que el sector privado se tiene que hacer responsable de sus actos. Hoy la ley dice que el primer vendedor, inmobiliaria o constructora, debe garantizar por diez años la edificación que ha vendido. Los ingenieros de cálculo de estructuras en general hacen bien su cometido, sobre todo cuando se trata de obras corporativas, pero en los casos de departamentos que se venden a terceros, no siempre proceden con rigurosidad profesional. Y los titulares de los proyectos, para abaratar costos, construyen con materiales no aptos para soportar las pesadas estructuras”, reclama.

Sin embargo, arquitectos y constructoras se defienden: “En Chile se han construido miles de edificios y los que presentan fallas (aún sin determinar la causa) son una porción menor”, sostiene el arquitecto de la Universidad de Chile, Jorge Belmar.

A medida que se suman nuevos casos de edificios colapsados, surgen también cuestionamientos y posibles conflictos de interés entre los dueños de algunas de las constructoras involucradas y las nuevas autoridades nominadas por Sebastián Piñera. El actual intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, es socio de la reconocida constructora Echeverría Izquierdo. La firma tuvo a su cargo la edificación de Jardines de Huechuraba, torre que presentaría serios daños estructurales y que fue clausurada por la municipalidad. “Mi empresa no trabaja para el Estado, así que no veo ningún conflicto de interés”, sostuvo en la prensa el propio Echeverría, quien también fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Otro caso que complica al mandatario es el del nuevo intendente de la Región del Maule, Rodrigo Galilea. Su firma constructora es la responsable de Villa Galilea, en Curicó. Tras detectar serios daños en estas casas que sólo tenían dos años, los vecinos protestaron en una de las plazas de la comuna, cuando éste fue a inspeccionar otras instalaciones. El intendente respondió que había mandado ingenieros y que esperaba un informe.

José Roa, director del Sernac, es crítico ante este escenario que confronta intereses privados y públicos. Y agrega: “Una de las tareas del programa del nuevo gobierno es el Sernac Financiero, que podría depender de los ministerios de Economía o Hacienda. Si ese fuera el caso, los titulares de ambas carteras (Juan Andrés Fontaine y Felipe Larraín respectivamente) fueron hasta hace poco directores de bancos. En la ley 19.880, artículo 12, Nº 5, se exige que quienes participen de la entidad no debieran haber tenido vínculos con la industria en al menos dos años, y eso no se está cumpliendo. Ante el supuesto de que sea uno de esos ministerios el que asuma la responsabilidad del Sernac Financiero, deberán abstenerse”, observa.

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