CARAS

Fotos Camilo Melús

Apoya al ministro Hinzpeter en su idea de hacer elecciones populares para jueces y fiscales. “El Ministerio Público no es intocable”, advierte y sobre los jueces agrega: “Si el sistema de calificación que tienen es del siglo XIX… Se ponen notas entre 6.8 y 7.0… ¿Tenemos derecho a dudar?”.

Si la promesa de mano dura contra los delincuentes  y de poner “candado a la puerta giratoria” de la Justicia fueron puntos fuertes de la campaña de Sebastián Piñera, hoy parecen su talón de Aquiles: la seguridad ciudadana es el área peor evaluada, según la última Adimark, con sólo un 18 por ciento de respaldo.
Además, el último informe trimestral del Ministerio de Interior muestra que las denuncias por robo con intimidación aumentaron un 17.9 por ciento, dato que tiene al ministro Rodrigo Hinzpeter —a cargo de la seguridad ciudadana— en una batalla campal con jueces y fiscales. El propone su elección popular, y éstos, liderados por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, acusan al gobierno de intervenir en forma ilegítima.

Gonzalo Fuenzalida (38, casado, tres hijos), jefe de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, está convencido de que la delincuencia no está desbordada, y que la sensación térmica se debe a una “explotación política del tema y a una situación de desorden público donde se mezclan temores. La gente ve a un encapuchado destruyendo un semáforo y lo iguala al robo de una casa… son situaciones distintas”, dice el abogado, quien luego de un violento asalto a su casa en Vitacura en 2006, creó la ONG Víctimas de la Delincuencia junto a su mujer Soledad Urzúa.
Luego fue candidato a diputado por La Unión, estuvo en los grupos Tantauco y, cuando asumió Piñera, lo invitaron a trabajar en el gobierno. Su misión: brindar ayuda sicológica, social y legal a las víctimas de delito en los 40 centros del país (con abogados, sicólogos y asistentes sociales),  que este año han atendido a más de 30 mil personas.
—¿De qué sirve ayudar a una víctima cuando muchas veces vuelven al mismo barrio donde fueron asaltadas y que están dominados por pandillas?
—Hay medidas de protección. Se puede pedir un traslado de casa, botones de pánico o una sentencia judicial. Porque logramos una reforma a la Constitución según la cual, a partir de agosto, el Estado es responsable de defender a quienes sufren delitos violentos. Estamos, además, trabajando la nueva ley de defensoría de víctimas, para que sea un servicio nacional permanente e independiente del gobierno de turno.
—¿Por qué no ha funcionado el plan antidelincuencia?
—No siento que esté fracasando. Llevamos 20 meses, y nos piden que resolvamos un fenómeno social que recibimos con altos índices (33 por ciento). Hemos avanzado en prevención, ayuda de víctimas, focalización, rehabilitación en cárceles, derivando gente al mundo privado para que aprendan oficios. Pero es trabajo a largo plazo.
—El Ministerio del Interior mostró un estudio en que las denuncias por robo con violencia han subido un 17.9 por ciento y los delitos de mayor connotación un 10 por ciento. ¿Por qué dice que no está fracasando?
—Ese documento indica las tasas de denuncias, pero no tiene datos objetivos en el sentido de que la delincuencia aumentó, eso lo mide la encuesta de victimización (Enusc) que conoceremos el próximo año. Y es bueno que la gente se atreva a denunciar más; significa que confía en el sistema.
—Existen pistas concretas: Las Condes lleva casi once mil delitos que superan los de 2010. Hasta el Presidente reconoció que la batalla fue más difícil de lo imaginado.
—En la zona oriente la delincuencia no se ha disparado… lo que hizo el Presidente fue un llamado al realismo. Reconocemos que el año pasado hubo una baja en la victimización, pero fue por el terremoto que produjo una disminución del delito. La meta del gobierno es rebajar la delincuencia en un 15 por ciento, pero ése es un trabajo de cuatro años, ¡y llevamos recién 20 meses!
—Fue promesa de campaña, la gente se creó expectativas…
—Puede ser, pero hay mano dura: las aprehensiones aumentaron en un 9.5 por ciento. Hoy se cuenta con un centro de análisis criminalístico, sabemos dónde se cometen los delitos, qué lugares son los más afectados. El gobierno ha focalizado los recursos en la fuerza policial y se formó el Escuadrón Centauro para intervenir barrios.
—¿De qué sirve que aumenten las detenciones si la mayoría de los delincuentes comunes al final quedan libres?
—Bueno, ésa es la polémica con los fiscales y el Poder Judicial, que son los que tienen que perseguir, formalizar y juzgar.

EL MINISTERIO PÚBLICO NO ES INTOCABLE, dice, aunque sí autónomo e independiente. “Como autoridad puedes opinar sobre su actuar. Hay fiscales que realizan muy bien su trabajo, pero otros son muy poco diligentes, no hacen buenas formalizaciones y dejan en las víctimas una sensación de impunidad, de que el sistema no funciona. Debemos dar la pelea y ser críticos para ejercer presión”, sostiene Fuenzalida.
—¿Apoya, entonces, la iniciativa del ministro Hinzpeter en el sentido de que jueces y fiscales sean producto de una elección popular?
—Funciona así en muchos países (como EE.UU.). Y los fiscales se comprometen con los ciudadanos en niveles de persecución y de resultados… Es una forma de control, de evaluar si la gente está contenta, porque los sistemas de reclamo en Chile son muy engorrosos, al final nadie lo hace y se queda sólo con la conformidad. Pensar que hay instituciones sagradas a las que no se les puede cuestionar, quiere decir que estamos muy mal. Ninguna es perfecta. Se necesita coraje para enfrentar las instituciones y Rodrigo Hinzpeter lo ha tenido.
—¿No cree que esta guerra pública entre gobierno, jueces y fiscales termina dañando a los poderes del Estado?
—Se elige a la autoridad para gobernar, lograr mayor justicia, proteger a las víctimas y disminuir la delincuencia, por lo que tiene derecho a opinar. Este debate le hace bien al país; no temamos discutir situaciones que mejoran los sistemas. A nadie le gusta que lo cuestionen, pero si ayuda a producir cambios, ¡magnífico! Hace unos años los jueces no tenían límite de edad para ejercer, algunos estaban incapacitados; se debatió y fijamos una edad de retiro. Si el Poder Judicial hubiese dicho no me tocan a los jueces, jamás habríamos avanzado.
—Ahora, en cambio, acusan al gobierno de intervencionismo por pretender participar en la elección de jueces de garantía.
—El ejecutivo siempre ha participado, sólo que ahora quiere fijarse más y no quedarse sólo con quienes sugiere o promueve el Poder Judicial. Si el sistema de calificación que tienen es del siglo XIX. Los jueces se ponen notas entre 6.8 y 7.0…, ¿tenemos derecho a dudar? Es bueno transparentar y que los ciudadanos tengan algún nivel de decisión porque son problemas que, finalmente, les afectan a ellos.
—Pocos saben que los fiscales reciben dinero por causas archivadas…
—Es un estímulo perverso, un ‘incentivo’ para archivar más que para investigar. Es otro elemento para repensar. He visto cosas aberrantes como que han entrado a robar un martes y el jueves está llegando la carta de archivo, porque el fiscal no logró pistas o antecedentes que condujeran a una investigación.
—¿Qué porcentaje de causas se terminan archivando?
—Cerca del 45 por ciento.

—ACUSAN AL GOBIERNO DE CULPAR A TERCEROS por su incapacidad de resolver la delincuencia, ¿qué errores admite?
—Estamos cumpliendo las promesas de campaña, lo importante es que nos dejen gobernar. El tema es muy complicado, se avanza y se retrocede, pero la batalla no está perdida. En materia de narcotráfico nunca antes hubo tanto decomiso.
—Pero se ven delitos más espectaculares…
—Los fenómenos de pandillas ya los sufríamos hace cuatro años. ¡El 2003 hubo 43 por ciento de victimización! Insisto, hay una percepción de inseguridad por situaciones de orden público y por una explotación política del tema. Todos los años aparece el informe de denuncias, y los subsecretarios de turno decían que era muy bueno; ahora el discurso es que la delincuencia aumentó, poco menos que el país está tomado por el lumpen.
—Y vemos niños pistoleros, mafias que dominan barrios completos, ¿no se está pareciendo a la realidad de Colombia, de Venezuela?
—No. Según la encuesta Latinobarómetro que mide la victimización en 18 países de la región, el promedio es 33 por ciento. Chile tiene un 29.
—¿Cómo prepararnos para este nuevo delincuente, mucho más agresivo y osado?
—Usar un arma no es la solución. Es cierto que ahora participan más menores de edad, que son inimputables, por lo que la prevención constituye la única fórmula. Para eso está el programa Vida Nueva que ubica focos y pone todo lo que ofrece el Estado para hacerse cargo de los menores.
—Hay pérdida sde autoridad de Carabineros.
—Tiene mucho que ver con las protestas. No recuerdo 200 mil personas movilizadas en un día,  sólo en la época del Plebiscito del ’88. Carabineros enfrenta un fenómeno desconocido, con encapuchados que destrozan el mobiliario público y privado, y que generan sensación de inseguridad, de estar sobrepasados. Pero no es así. La policía que hace prevención en barrios se respeta.
—¿La idea ahora es consolidar las medidas que han tomado o dar un golpe de timón?
—No, lo peor en esto es hacerlo todo de nuevo. Cuando llegamos al gobierno muchas cosas rayaban en la ilegalidad. Había investigaciones de la Contraloría sobre mal uso de recursos: el programa de víctimas tenía contratos millonarios de arriendo, pagos de enlaces telefónicos innecesarios. Tuvimos que reformular programas y crear otros focalizando recursos, control y prevención.

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