El pasado 21 de agosto Javiera (15) comenzó a sentir dolor de cabeza mientras estaba en clases en el Liceo Politécnico de Quintero. Luego vinieron las náuseas, los mareos y una sensación de desmayo que la llevó hasta el policlínico. A esa misma hora otros niños, trabajadores y habitantes de la comuna sintieron síntomas similares y al poco rato los pacientes colapsaban los centros de salud del puerto. Una nube amarilla avanzaba sobre la bahía. En total, al cierre de esta edición, 358 intoxicados con óxido de azufre, alerta amarilla, suspensión de clases en la comuna, un director empresarial renunciado y Enap sindicado como presunto culpable.

Son escenas largamente repetidas para los habitantes de Ventanas, Puchuncaví y Quintero. Una zona que ya en 1993 fue declarada saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado respirable. Sin embargo, hoy suman 19 las compañías instaladas en la zona.

Con anterioridad se han registrado acusaciones por intoxicación: las de la escuela La Greda (2005, 2011, 2015), numerosos derrames de carbón y petróleo en Quintero (el último en julio pasado) y centenares de peces muertos en la playa de Ventanas (2005, 2009 y 2013). Sin embargo, lo más grave son las muertes y enfermedades sufridas por los ex trabajadores de la Fundición Ventanas (ex Enami), denunciadas desde hace 10 años por la Asociación gremial regional de ex funcionarios de Enami fundición y refinería Las Ventanas V Región (Asorefen) y el colectivo de viudas. Todos ellos acaban de presentar una querella por delito de lesa humanidad en contra de quienes resulten responsables de los daños provocados a la población civil producto de sustancias tóxicas de las empresas que funcionan en Quintero y Puchuncaví. De ser acogido uno de estos casos, se podría venir una oleada de demandas al estilo de Erin Brockovich contra la compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) de California en 1993.

Detrás de esta acción están los hombres verdes. Llamados así porque sus cuerpos han manifestado los efectos de la contaminación a través de dolorosas llagas de color verde intenso, ampollas expandidas por toda la piel y tejido verdoso al interior de sus órganos. Agustín Cuevas Garrido (78) es uno de ellos. Vive en Quilpué y ha sido operado dos veces y cada vez los médicos encontraron residuos verdes en sus órganos. Su historia representa a la de muchos.

“A los 28 años, mi gran ilusión era trabajar en una empresa grande como Enami. Todavía recuerdo la felicidad que sentí cuando ingresé. No sabía que iba a terminar en el área de los comandos, reconocida como la más expuesta a la contaminación y donde circulaba el mito de que todos salían con silicosis. Ahí estuve hasta 1995, tiempo en el que me acostumbré a salir con la boca dulce, agría y vi que la mayoría de mis compañeros eran diagnosticados con diabetes y otras enfermedades. Mucho después supe por los médicos que el concentrado de ácidos más la transpiración y los polvos de cobre facilitaban el proceso de absorción de sustancias en el organismo”, señala.

Un día, camino a la sala de control, sintió un intenso mareo. “Tuve que apoyarme en la muralla para no caer. Pude reincorporarme, pero al día siguiente, la molestia volvió con mayor intensidad. Se me doblaron las piernas y vi la sangre correr por mis ojos. Partí al policlínico de Ventanas, donde me diagnosticaron úlcera estomacal. En el hospital San Roque de Valparaíso me atendió el doctor Julio González Pardo. Su diagnóstico fue lapidario: ‘Tu úlcera se está transformando en cáncer, hay que operar inmediatamente’, me dijo. Pero en la intervención vio que todo estaba verde y lo único que el equipo médico pudo hacer fue un raspaje en los intestinos y prácticamente hacerme el estómago de nuevo”.

Tuvo suerte. Luego de estar en la UTI y quedar en los huesos, se recuperó. “Pero un año después me tuve que operar de vesícula y el mismo doctor me extrajo nódulos verdes. Al tiempo, volví a la empresa y todos me decían que daba susto. Mis jefes me aconsejaron retirarme, porque con el humo del lugar volvería a enfermarme. Durante todo el proceso, ni el departamento de bienestar ni el sindicato se dignó a visitarme. Todos sabían que el espacio estaba contaminado, pero nadie decía nada y frente a la necesitad de trabajar no había otra alternativa. Finalmente, me presionaron para jubilarme obligándome a firmar un papel en el que me retiraba voluntariamente, pero no reconocían la responsabilidad de la empresa en la enfermedad”.
Fernando Venegas Armijo (78), compañero de Agustín, era operario de la nave electrolítica: “Cuando nos íbamos a duchar al final de la jornada, nos apretábamos los brazos para ver cómo salía agua verde por los poros. Se lo decíamos a los jefes, pero para la empresa era todo normal. A ellos nunca les interesó nuestra seguridad, ni el daño en la salud. No existía la prevención de riesgos. Los capataces eso sí, siempre reconocieron que cuando los alemanes instalaron la fundición, lo primero que dijeron es que los operarios de la nave electrolítica no podían estar más de 10 años trabajando porque se contaminaban. ¡Una advertencia ignorada por décadas!”, exclama.

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Fernando Venegas Armijo

La química María Elisa Saavedra (72) es de las pocas que no tiene cáncer. Empezó a trabajar en el laboratorio de calidad a los 25 años y reconoce que mientras estuvo allí no midió el peligro, pero de a poco todos se empezaron a enfermar de cáncer. “Desde los auxiliares hasta los instrumentistas, uno a uno fueron desapareciendo y hoy casi todos están muertos. Eramos jóvenes y no teníamos conciencia del peligro. Si hasta fumábamos en medio de ese humo y nadie decía nada. En el laboratorio, nos daban implementos para no contaminarnos, pero si te molestaban para hacer el trabajo, te los sacabas nomás”, recuerda.

Además del laboratorio de control de calidad estuvo en el de productos mineros y en el de la planta de metales. “Los organismos no son todos iguales y quizás influya mi crianza sureña, pero aquí estoy viva mientras más del 80% de la gente que trabajó conmigo murió. Sí tengo hipoacusia como casi todos los trabajadores por los ruidos a los que fuimos sometidos diariamente. Había un malestar crónico, nosotros reclamábamos porque las campanas sonaban todo el día y de verdad no nos dejaban vivir. Destilábamos arsénico, analizábamos el cobre con un delantal y bototos nomás. Sabíamos que el trabajo de laboratorio era peligroso, pero nunca pensamos que tanto. Imagínese que muchas veces hacíamos turnos hasta de 16 horas”. Seis meses antes de cumplir los 60, se fue de la empresa. “Se había vuelto común que después de las licencias, los compañeros no volvieran nunca más”, agrega.

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María Elisa Saavedra Vergara

TEÑIDOS DE VERDE COBRIZO

Luis Pino Irarrázabal (70), presidente de la Aserofen, nos recibe en su casa de Peñaflor. Está jubilado desde que le detectaron contaminación por plomo, escaras en la piel por el arsénico y una serie de secuelas de su exposición a los hornos de la fundición. Con los años se dio cuenta de que sus compañeros enfermaban y morían casi todos de lo mismo: cáncer al estómago, garganta, pulmones. Otros presentaban accidentes vasculares y problemas a la piel. “Estábamos literalmente destruyéndonos por dentro, con las vísceras teñidas de verde cobrizo”.

luis pino irarrázabal lleva 10 años recopilando antecedentes de los llamados hombres verdes. de ser acogida una de las demandas podría venirse una oleada de casos al estilo de erin brockovich contra la compañía pg&e de california en 1993.

Luis Pino Irarrázabal lleva 10 años recopilando antecedentes de los llamados hombres verdes. De ser acogida una de las demandas podría venirse una oleada de casos al estilo de Erin Brockovich contra la compañía pg&e de California en 1993.

Entonces se le ocurrió hacer una lista con los jubilados. Llamó a ex compañeros, viudas y familiares. Buscó certificados de defunción y cruzó datos. La lista comenzó a crecer y los documentos también. Hoy tiene varias cajas y archivadores repletos de certificados, recursos de amparo, exámenes, historiales médicos propios y de sus ex compañeros. Incluso tiene una copia de un estudio realizado por el sindicato de trabajadores de Enami Ventanas I (1993), que dice que entre 1973 y 1993 un 75% de los funcionarios fallecidos en Ventanas tuvieron como causa el cáncer y enfermedades cardiovasculares. En ambas causales las tasas de mortalidad excedían ampliamente la cifra a nivel nacional. Pino agrega que “la literatura médica dice que se eleva la posibilidad de enfermarse de cáncer y enfermedades cardiovasculares en contacto con metales pesados”.

Con estos antecedentes comenzó una cruzada para dar visibilidad y pedir reparación a los afectados. Una especie de Erin Brockovich. Sumó más de 500 socios, pero en el camino ya han muerto 208.

En 2010, el abogado Raúl Meza se les unió y presentó la primera querella por cuasidelito de homicidio múltiple en favor de los ex funcionarios de Enami Ventanas fallecidos por enfermedades crónicas y terminales directamente vinculadas a la exposición prolongada a metales pesados. Durante los ocho años siguientes, la fiscalía de Quintero, a cargo de Mauricio Dünner —quien rechazó hablar en este reportaje— buscó el sobreseimiento de la causa en dos oportunidades. Fue la corte de Valparaíso la que revocó dichas resoluciones ordenando continuar con las investigaciones e incluyendo la exhumación de 24 cuerpos de ex funcionarios mineros en 2013. Finalmente se periciaron cuatro en los que el Servicio Médico Legal (SML) determinó presencia de arsénico y mercurio. Sin embargo, dicho organismo tardó cinco años en remitir las conclusiones. Recién en una reunión sostenida el pasado 28 de agosto —generada por la presión de los últimos acontecimientos— entre la Aserofen, el senador Francisco Chahuán y el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, se les informó a los querellantes que la conclusión del fiscal de Quintero es que no se puede acreditar el nexo causal entre las muertes de los ex funcionarios y la presencia de los m

etales pesados encontrados en los restos óseos por lo que buscarían el cierre de la investigación sin determinar la identidad de los autores. El fiscal regional de Valparaíso se comprometió a estudiar todos los antecedentes probatorios junto a peritos antes de tomar una decisión definitiva. Para Meza, “las pruebas configuran un escenario de negligencia grave, inexcusable y culposa de parte de las autoridades de Estado, lo que justifica la demanda por los delitos de lesa humanidad en contra de los que resulten responsables de incurrir en omisiones graves, inexcusables y culposas durante más de 50 años en el ejercicio de su función pública en cuanto a la desprotección de la salud y la vida de la población civil que vive en la zona”. Esta querella fue ingresada el miércoles 5 de septiembre pasado en el tribunal de Quintero.

Los restos óseos contaminados (exhumados en 2013) pertenecen a Raúl Lagos, Clemente Aguilar, Héctor Torres y Gabriel Arroyo. La viuda de este último, Carmen Villablanca, habla con tristeza de su viejo. Muestra fotos y relata recuerdos de cuando se instalaron en uno de los campamentos que puso la empresa a los primeros trabajadores. También se declara cansada de tocar puertas. “Nos han negado la justicia y de todos los sectores nos han ofrecido ayuda, sin que nada nunca se concrete. ¡¿Esperanza de qué vamos a tener?! Acá vino hasta la señora Andrea Molina cuando era diputada y luego iba a hablar con otras viudas y les decía cosas diferentes. Al final terminamos divididas. Me cansé de escuchar al fiscal Dunner que insiste con que la contaminación no se llevó a mi marido. Yo vivía con él y vi cómo cambió su cuerpo, cómo sufría. En este camino hay muchos que han intentado acallarnos aprovechándose de la necesidad de la gente”.

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Carmen Villablanca, viuda de Gabriel Arroyo.

Su vecina Marina Cisternas, ex presidenta de la Unión Comunal de Ventanas, hizo su propio levantamiento de las muertes de sus vecinos en la población John Kennedy. “Prácticamente todos han muerto de cáncer. De las dos cuadras que me rodean la mayoría ha sufrido esta enfermedad, el resto ha sido por problemas cardiovasculares”, agrega.

ZONA DE SACRIFICIO
Apenas asoma la bahía de Puchuncaví, el paisaje es dominado por chimeneas, estanques, relaves, faenas. Pero ojo que la contaminación abarca desde Mantagua hasta Catapilco, pasando por Horcón, Maitencillo, Cachagua y limitando con Zapallar, según un estudio de la Universidad Federico Santa María.
Ventanas, con unos seis mil habitantes, es uno de los principales centros laborales de la zona. Aunque la historia de los hombres verdes es parte importante de las demandas, los habitantes tienen sus propios dramas.

Eugenio Silva, concejal RN y pescador, es oriundo de La Chocota, cerca de Horcón, recuerda que ya en los ’70 los dirigentes agrícolas reclamaban por la contaminación. “Con la llegada de la fundición y refinería la agricultura se dañó, las lentejas primero se pusieron amarillas, luego se quemaron con el sulfato de cobre que caía en abundancia, hasta los alambres de púas se cortaban, los animales se enfermaban. Recuerdo que cazábamos conejos y al abrirlos eran verdes por dentro. También el agua se contaminó, llegó a las napas subterráneas. Luego detectamos que el mar también estaba dañado, ahí nos constituimos como agrupación ecológica y eso nos permitió acercarnos a la comunidad. En 1992, como grupo, le propusimos al alcalde de la época, Camilo Pérez, crear la oficina de medioambiente en la municipalidad. Trabajé en esa entidad y luego postulé a concejal. De eso han pasado 12 años”, resume.

Hoy desde su labor como concejal y pescador dice que la contaminación es crítica. “Aquí los proyectos se van modificando hasta que dan con la norma. Campiche, por ejemplo, estuvo un año detenida, pero el gobierno (de Bachelet) intervino para aprobarlo porque era parte de metas económicas; ahí va quedando mucha gente frustrada. Los dirigentes hacemos reclamos, pero en el gobierno central, independiente del color político, finalmente se deciden los proyectos. Y manda la economía. Uno gana recursos de protección, pero el consejo de ministros termina cortando, porque tiene que ver con planes de desarrollo a nivel país”.

Agrega que el gobierno central ve números, pero no personas.“Somos zona saturada desde 1993, pero el presidente Frei Ruiz-Tagle definió la bahía con un uso preferentemente portuario en 1998. Eso indicó ‘carguemos la mata a Quintero y Puchuncaví’, tenemos tantas empresas que una más que hará. Uno saca las cuentas que la planificación estaba desde entonces, y hay más proyectos que están en proceso de evaluación. Por ejemplo, una desaladora para llevar agua a Quillota, lo que traerá un aumento de sal en la bahía y afectará directamente a las especies que viven acá. Por otro lado, más industrias no necesariamente significa más dinero para nuestra tierra, porque la mayoría tributa en Santiago y si lo hacen acá no siempre es completa. Puerto Ventanas estuvo pagando por mucho tiempo una patente equivalente a un restorán. Lo sé como concejal. Así, preferimos tener un lugar más pobre, pero más sano”.

Lo mismo piensan en la agrupación Mujeres en zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví. En tres años han presentado varios recursos de protección por la norma de dióxido de azufre, cuyos índices superan lo permitido por la OCDE. Katta Alonso es una de sus dirigentas. “Las normas medioambientales que tenemos están hechas para las empresas y aquí nosotros tenemos 19 contaminando juntas. Urge una normativa especial para el territorio. El resto son puras aspirinas, estamos pidiendo una norma de arsénico que en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se eliminó para arreglarla, sin que todavía exista una nueva. Mientras, el arsénico sigue envenando vidas. Entre la fundición, la refinería de cobre y las termoeléctricas—cosa que creo que en África nomás hay un caso parecido— se produce una sinergia en la que los diferentes contaminantes equivalen a un cáncer seguro y eso está comprobadísimo”, señala.
Para la agrupación medioambientalista, la solución sería encapsular a las empresas como se hace en EE.UU. y Europa. “Al estar completamente cerradas, los residuos se transforman en energías renovables y eso se puede hacer porque hay tecnología. China ya lo está haciendo, imagínate lo atrasados que estamos mientras la gente se sigue enfermando”.

Katta Alonso acusa emisiones nocturnas y también manipulación de los registros.“Cuando hay peak, el registro desaparece inmediatamente del sistema. Lo que pasa es que en la noche emiten el doble que en el día. La nube nocturna se viene para acá (Ventanas) —no se pueden abrir las ventanas—, da la vuelta y en la mañana llega a Quintero. Todos sabemos que es así. Y estamos hablando del aire nomás. Por favor, metánse al mar, a la tierra, al humedal…”, pide.

Julio Ortiz, trabajador de la escuela La Greda (afectado en la última intoxicación a gran escala el 2015), reclama lo mismo. “Es en la noche cuando sucede la contaminación mayor. Desde mi casa en el alto se ve muy claro. Yo sufro de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Y eso me dio cuando llegué a vivir acá. Primero sentía un gusto raro en la boca y luego comenzaron los desmayos. Voy al consultorio, pero solo me dan paracetamol sin interesarse para nada en el origen de los síntomas. ¿Hasta cuándo van a dejar que respirar todo esto sea parte de la normalidad de nuestra ciudad?”.

Mientras cerrábamos este reportaje, el senador Francisco Chahuán pedía declarar zona de catástrofe a Quintero y Puchuncaví y la alerta amarrilla seguía encendida.

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María Monsalves y Julio Ortiz.