Un grupo de alrededor de 300 personalidades del cine mundial anunció la creación de un ambicioso plan de acción contra el acoso sexual  en Estados Unidos. La iniciativa, llamada Time’s Up Now (El tiempo se acaba ahora), supone un salto cualitativo del movimiento digital #metoo (yo también), que en los últimos dos meses logró exponer a hombres poderosos del espectáculo, periodismo y la política acusados de haber cometido abuso.

La propuesta, coordinada por varias organizaciones sociales, tiene como objetivo aterrizar en acciones concretas que deriven en cambios estructurales. Incluye, por ejemplo, la creación de un fondo legal, que ya tiene 16 millones de dólares, y de un grupo de presión en busca de objetivos legislativos y laborales.

Time’s Up Now intenta derrumbar el estereotipo de que este delito solo afecta a mujeres conocidas y vislumbrar que las mujeres menos poderosas son las que sufren mayores dificultades y represalias por alzar la voz. Asimismo, y en la búsqueda constante de transversalidad, este movimiento también ofrece asistencia a hombres víctimas de acoso.

“Debe terminar la lucha de las mujeres para entrar, para escalar en los rangos y simplemente para ser escuchadas y consideradas en puestos de trabajo dominados por hombres. Se ha acabado el tiempo para este monopolio impenetrable”, redacta una carta abierta publicada en The New York Times. 

Algunas de las que acompañan este colectivo son las actrices Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman, Rashida Jones, Emma Stone, Kerry Washington, Meryl Streep, Julianne Moore y Reese Witherspoon. También respaldan el plan de acción Donna Langley, presidenta de Universal Pictures; Shonda Rhimes, productora de las series Grey’s Anatomy y Scandal; y Tina Tchen, quien fue jefa de gabinete de la ex primera dama Michelle Obama.

Esta iniciativa cuenta con un fondo legal gracias a donaciones, para ayudar a mujeres con pocos recursos a costear las denuncias por acoso. Además promueve un proyecto de ley que penalice a las compañías que toleren abusos recurrentes de sus empleados, y otro que desaliente el uso de acuerdos judiciales secretos para acallar denuncias.