El que no aporta

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La discusión ha alcanzado proporciones insospechadas. Nos llenamos de teóricos, de expertos en el tema que nunca se han acercado al periodismo más que a través de la pantalla de su televisor. ¿Censura? ¿Malas prácticas periodísticas? ¿Discriminación? De todo un poco.

El “reportaje” de Contacto sobre la discriminación a las nanas tenía menos de periodismo investigativo que de cámara indiscreta. Poner a dos actrices –una caracterizada de nana, otra como su empleadora– a recrear una situación de maltrato en un supermercado, y luego entrevistarlas para que contaran lo que habían sentido, cuadra más en un programa como Videomatch que en uno como Contacto.
No justifico la censura que, al parecer, aplicó René Cortázar a la segunda parte del capítulo. El mismo que hizo algo parecido con el programa de Contacto (en su anterior formato) sobre falsos exonerados, y con Informe Especial cuando era mandamás de TVN. Historial –prontuario puede parecer una palabra más apropiada– tiene, pero en este caso le quedó en bandeja. Los procedimientos eran tan cuestionables, que el corte de la emisión quedó dando bote.

El uso de cámaras ocultas también queda en entredicho. Además de registrar situaciones derecha y artificialmente provocadas por actrices, muestran una realidad que ya no asombra a nadie a estas alturas. Recordemos los casos de las nanas en Chicureo –el instructivo de la piscina, la prohibición de circular por las calles de un condominio– y nos daremos cuenta de que de novedad este tema tiene poco o nada.
Tampoco, como ocurre en algunos casos, el reportaje denuncia un delito flagrante. Podremos tener reparos, y muchos, con la discriminación, pero mientras no esté vigente la nueva ley que por estos días se tramita, no constituye delito. No corre riesgo la ciudadanía. No debería haber alerta pública. No queda tan claro un bien superior que justifique el uso de medios de este tipo.

Creo que este caso partió mal. Un tema ya tratado, sin demasiada novedad. Mal enfocado en la forma de investigar. Eligiendo medios cuestionables, por no decir derechamente inapropiados. La censura de parte del directorio, o parte de él, parece sin duda inapropiado. Pero no más que el trabajo de edición, que debió prever las consecuencias de un reportaje de este nivel de factura. Todo a una semana de estrenarse el “nuevo” Teletrece, uno que prometía mayores niveles de compromiso con la investigación y denuncia…
Por último, y tal vez lo más grave, Canal 13 hizo patente que el clasismo que denunciaban está más vivo que nunca. De otra manera no se explica que las cámaras ocultas se hayan usado durante tanto tiempo sin cuestionamientos cuando se trata de denunciar a otros grupos, con menos poder de presión. Porque si el reportaje se hubiera tratado de denunciar a las mismas nanas, o a colegios públicos, tengo prácticamente la certeza de que nada de esto hubiese ocurrido. Como tantas otras veces.

Canal 13, y en especial Teletrece, queda mal parado. Porque pese al nuevo logo, a los nuevos conductores, al nuevo enfoque prometido, nos muestra que de nuevo tiene poco. Las dinámicas en los medios siguen siendo las mismas, y el cambio es pura cosmética. Ojalá el episodio sirva de algo, y en la discusión no se cometa el mismo error de quedarse en la apariencia y no entrar a los necesarios cambios de fondo.

>En Twitter: @Elquenoaporta

Hace dos semanas escribí sobre la asignación extra de 2 millones de los senadores. Pensaba –no recuerdo si lo escribí– que luego de los eternos negociados, de las promesas no cumplidas, del contratar a familiares y demás, con la asignación se daba el tiro de gracia a los políticos. Que no se podía estar más bajo en la percepción de la gente. Y sin embargo…

No pasaron dos semanas y en Arica reventó otro escándalo. Uno que involucra al alcalde, concejales, empresarios, funcionarios municipales… una máquina bien aceitada. Una que tiene a la municipalidad a cargo de dos concejales. Los otros seis, además del alcalde, imputados.
¿Los delitos que se les imputan? Corrupción, lavado de activos, negociación incompatible, malversación de fondos, fraude al Fisco, asociación ilícita, cohecho… casi nada. Al parecer, y según indica la investigación, uno de los empresarios pagaba a los concejales para que votaran a favor de sus empresas en las licitaciones. Otro tanto hacía con el alcalde. Las platas eran justificadas simulando compraventas de propiedades.

¿En qué momento nuestro país –nuestras ciudades, nuestras comunas, todo– llegó a ser manejado por esta gente? ¿Cuándo fue que esta supuesta tropa de delincuentes logró adjudicarse nuestros recursos para llenarse con ellos los bolsillos? A lo mejor fue hace siglos o hace décadas. Hace años, sin duda, ya que la investigación del caso de Arica tiene ya 5 años, por ejemplo. El punto es que, en algún momento, esto se nos anduvo yendo de las manos.
No hay mucho que hacer, la verdad. Los candidatos de lado y lado son más o menos lo mismo. La posibilidad de un candidato independiente de salir electo es mínima con el sistema actual. Mientras siga así, vamos a tener que aguantar a los candidatos hablándonos de su vocación de servicio público, esa que –salvo una que otra excepción que, espero, exista– ya no se ve. Esa que murió enterrada por los enormes beneficios personales que logran a través de sus cargos.

En el caso de Arica se habla de, a lo menos, 1.000 millones de pesos. Algunos dicen que son más de 3.000 millones. En cualquier caso es mucha plata. Mucha plata mal habida. Plata a cambio de favores, que generan al otro más plata. Más poder. Más posibilidad de sobornar. Más plata. Y así.
Mientras sea la plata lo que mueva las cosas, esto va a seguir igual. No es que critique el sistema en sí –creo que el trueque es poco práctico en la mayoría de los casos, y yo mismo trabajo por plata, claro– pero cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa por plata, la cosa cambia. Cuando no se duda en perjudicar a otro –a muchos otros– con tal de llenarse los bolsillos de plata, estamos mal.

Y estamos mal. Ese es mi diagnóstico de ciudadano de a pie. Estamos mal como sociedad. Está mal la clase política, sobre todo, de arriba abajo y de lado a lado. Hace dos semanas terminé confesando algo de asco. Lejos de pasar, la sensación aumentó. Y no veo que las causas vayan a ceder.

>En Twitter: @elquenoaporta

Voy a correr el riesgo de escribir sobre lo que muchos han escrito y hablado. Porque no puedo dejarlo pasar; y no porque mi opinión valga algo, sino por simple desahogo. Porque tengo rabia, como muchos.

Porque creo que ya perdieron la poca vergüenza que alguna vez tuvieron. Porque subir sus asignaciones en $2.000.000 mensuales (hoy, entre dieta bruta y asignaciones fluctúan entre poco más de 15 y 24 millones) me parece indecente. Sí, hablo de los Honorables Senadores, esos que se ganaron el título de Senadores por elección –con conocidas excepciones, claro– y el de Honorables por decreto.
Son los mismos Senadores que accedieron, luego de intensas negociaciones, a un incremento del sueldo mínimo que lo llevó de $172.000 a una pequeña fortuna: $182.000. Porque no había plata, dijeron.

Son los Senadores que se escandalizan en cada entrevista con la desigualdad de nuestro país. Con la dispar distribución de la riqueza. Muchos de ellos critican fuertemente al cruel mercado y al capitalismo. Otros ensalzan al mismo capitalismo y al mercado por sus mecanismos de autorregulación. Todos hablan desde las cómodas butacas de sus oficinas, pagadas con asignaciones que van entre 4 y 11 millones mensuales.
Son los que defienden vehementemente sus principios –perdonen que use esa palabra en este contexto– a través de Twitter (la red social que tuvo #senadoresladrones entre los temas más hablados durante 2 días). Aunque a veces uno duda que sean ellos y no un Smartphone que, de tan smart, tuitea solo. De otro modo no se explican los más de $800.000 mensuales que el Senador Rossi gasta en teléfono, por ejemplo.
Los Senadores que salieron en masa, de lado a lado –excepción notable de Carlos Bianchi– a condenar el “injusto ataque” y “descalificaciones” que sufrieron por aumentar en 2 millones sus gastos operacionales. Los que les permiten contratar especialistas para que los asesoren. Esos especialistas que, oh casualidad, muchas veces son parientes directos, amigos, vecinos… Cómo olvidar al entonces Honorable Senador Jaime Naranjo negando a su señora cuando le preguntaron si era su pariente. Con su respuesta –“¿pariente en qué sentido?” – dejó a Judas chiquitito.
Algunos –aparte de ellos mismos y su caradurismo– han salido a defender los niveles de ingresos de los Honorables. Que corresponde a la dignidad (sic) del cargo. Que el alza es necesaria para que puedan cumplir con su trabajo (sic). Que no están ahí por interés personal, sino por vocación de servicio público (sic). Podremos discutirlo, claro. Incluso uno podría lograr un acuerdo en los montos, pero parece ridículo (en realidad, quería decir inmoral, impresentable, obsceno y descarado, pero no me atrevo a ponerlo fuera del paréntesis) que sean ellos mismos quienes determinan sus sueldos. Y no me vengan con la vaina de que lo hace una comisión independiente.

Todo esto no hace sino lograr lo imposible: desprestigiar aún más a la (mala) clase política. A esa que en lo único que logra acuerdo –y con una rapidez impresionante– es en otorgarse beneficios. Que en lo único que se cuadran es en la defensa corporativa contra cualquiera que cuestione ese perverso sistema que los tiene subiéndose el sueldo a su sola discreción. A esa clase política que ha demostrado no sentir vergüenza propia, pero que sin embargo logra generar infinita vergüenza ajena. Y, ya que estamos, también algo de asco.

Hoy, como cada 29 de marzo desde hace 27 años, se conmemora el Día del Joven Combatiente. Con esta denominación se recuerda a los hermanos Vergara Toledo –Eduardo y Rafael– asesinados en 1985 por efectivos de Carabineros en Villa Francia. Es, sin duda, una fecha compleja. Una que nos recuerda malos años para nuestro país, que trae a la memoria miedos, persecuciones, enfrentamiento. Que revive viejas divisiones, conflictos aún no solucionados en nuestro país.

Creo que los hermanos Vergara Toledo merecen nuestro recuerdo. Incluso de los que, cuando fueron asesinados, no teníamos conciencia de lo que pasaba, ocupados en jugar con los autitos, las bolitas o el trompo. Tiempos en los que no existían las consolas que llenan las horas de los niños de hoy. En los que la televisión se limitaba a unos pocos canales de televisión abierta, controlados en sus contenidos y que rara vez –si alguna– podían informar lo que realmente pasaba.
Pese a que –insisto– merecen nuestro recuerdo y respeto, este día ya no se trata de ellos. Barricadas, encapuchados, bombas molotov, destrucción de propiedad pública y privada… suma y sigue. Del origen de esta conmemoración, una que otra nota en algún noticiario, entrevistando a la madre de los hermanos Vergara Toledo. Los que salen a la calle, en su mayoría, no tienen idea de qué se trata.

Hace varios años conversaba con algunos jóvenes de La Pincoya, población emblemática, junto a La Victoria y Villa Francia, cuando se habla de sectores conflictivos. “Lo que pasa –me contaban– es que los pacos nos pegan todo el año. Porque estamos en la plaza, porque vamos caminando, porque nos encontraron sospechosos. Por cualquier cosa. Vivimos arriesgándonos a que nos lleven detenidos, a que nos peguen. Pero hay dos días –sonreían mientras lo decían– en que los pacos no se atreven a entrar a La Pincoya. El Día del Joven Combatiente y el ’11’ sacamos todos los ‘fierros’ a la calle, y somos nosotros los que mandamos. La población en esos días es nuestra”.

Puede que alguna palabra no sea textual, discúlpenme la imprecisión, pero la cita es casi exacta. Lo sé porque se me quedó grabada. Esos días para ellos no se trataban de conmemorar nada, sino de liberarse de lo que vivían los otros 363 días del año. De tomarse una pequeña revancha. Era la válvula de escape a una vida de discriminación, de represión, de marginalidad. Una realidad que siguen enfrentando hoy, y lamentablemente es probable que sigan viviendo.

Es, creo, lo que pasa con todas estas fechas: van mutando, adecuándose a la realidad. Ya no se trata del asesinato de los hermanos Vergara. Tampoco del golpe de Estado. El Día de la Mujer ha ido variando, desde exigir su derecho a voto hasta igualdad laboral, pasando por una infinidad de (justas) demandas. Y así con cada “Día de”. Trato de recordar alguno que mantenga su sentido original, y no se me ocurre.

Durante estos días, algunos parlamentarios piden instituir el “Día de la Familia”. Sabemos en qué familia están pensando –basta con ver la filiación política de quienes lo proponen– pero confío en que, si se instaura, dentro de algún tiempo será el día que sirva para que las familias –todas las familias, tan diversas como son– salgan a la calle a celebrar. El día en que todos los modelos de familias sean valorados en su diversidad. Y ya nadie se acordará de que en su origen ese día buscaba justamente discriminar a algunas de esas familias. Tal como hoy son pocos, muy pocos, los que de verdad recuerdan a los hermanos Vergara Toledo.

Aborto terapéutico o no aborto terapéutico. Esa es la última discusión local, una que parece casi sacada de otro siglo. Porque son pocos los países del mundo –cinco, si no me equivoco, contando al Vaticano entre ellos– que no lo consideran legal.

Un dato más: Chile entró a este “selecto” grupo en las postrimerías de la dictadura, en 1989. Hasta ese entonces el aborto terapéutico era legal. La actual legislación al respecto es, como el binominal, herencia de aquellos tiempos.

No es un detalle. En los tiempos actuales, donde cada vez hay más conciencia de la necesidad de reconocer ciertos derechos básicos, discutir si la mujer tiene o no derecho a abortar aparece como una necesidad. La misma discusión –la idea de legislar– que se votó en contra en el Congreso. Que los parlamentarios de la Alianza y la DC votaron en contra, para ser precisos. Algo que parece impresentable a estas alturas. Porque lo que se votó en contra no fue la legalización del aborto –terapéutico o sin apellido– sino la sola posibilidad de discutirlo.

En la discusión aparecerán los argumentos. Que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, dicen unos. Que un embrión no es parte de su cuerpo, sino una vida independiente, replicarán otros. Que la mujer sólo “presta el cuerpo” a esa vida por nacer, como argumentó la senadora Ena Von Baer, relegando el rol de la madre a la de un envoltorio o simple depósito. Se debatirá, con seguridad, sobre cuándo comienza esa nueva vida. Si en el momento de la concepción, al nacer o en cualquiera de los puntos intermedios. Habrá diferentes posturas, pero una cosa es clara: hay que dar espacio a la discusión. No tenerle miedo.

Desde ya, negarse al aborto terapéutico me parece una locura. Cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el embrión no es viable ni tiene posibilidades de sobrevida, obligar a llevar ese embarazo a término me parece una tortura. Un recordatorio permanente de cosas que esa mujer probablemente quiere olvidar, y que con seguridad de todas maneras recordará siempre.
Que este es el primer paso para luego legalizar el aborto abiertamente, dicen quienes se oponen al aborto terapéutico. Es probable. Son, en su mayoría, los mismos que se negaban a una ley de divorcio cuando las nulidades –fraudulentas, casi todas– campeaban en nuestro país como la única forma de terminar en un matrimonio. Los mismos que alegan que la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual abre la puerta a la adopción de parte de estas parejas. ¿Y por qué no? ¿A qué le tienen miedo?

El miedo es al cambio. A lo distinto. A abrirse a la posibilidad de que otros, que no piensan como ellos, que no tienen sus mismas creencias, puedan casarse y separarse y adoptar y vivir de maneras que a ellos no les parecen correctas. “Vives a mi manera o no vives”, parecieran pensar. Igual que en los años de los cuales heredamos la prohibición del aborto terapéutico. Creo que ya no están los tiempos para esta manera de pensar. Iglesia y Estado se separaron hace ya algún tiempo formalmente, aunque en la práctica eso muchas veces no se note. Porque en un Estado laico de verdad, esto no debería pasar. La Biblia lo dice, si no me equivoco: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y las leyes son, o deberían ser, del César.

Desde hace ya muchos años, cada cierto tiempo nos toca espantarnos, patalear e indignarnos con algún proyecto que parece una mala broma. Recuerdo, sin profundizar demasiado y sin orden de ninguna clase, el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, el casino de San Antonio, Costanera Center, la Universidad San Sebastián en Bellavista, la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo… La lista es larga, y ahora la engrosa el mall de Castro, en Chiloé.

¿Qué tienen en común todas estas obras? La absoluta falta de escala. La desproporción, que trae consigo consecuencias a veces difíciles de prever. No hace falta ser arquitecto, urbanista ni nada parecido: es cosa de ver las fotos del mall –la obra que trae a la memoria las otras recién nombradas– para notar un impacto visual importante; para adivinar cambios relevantes en la vialidad de la zona; para suponer, sin temor a equivocarse, que el impacto en el comercio local va a ser fuerte.

También, dicen, hay aspectos positivos. Generación de empleos, mayor acceso a bienes y servicios en una zona que históricamente ha tenido problemas de conectividad. Son beneficios, es cierto. Necesidades, incluso. Pero, ¿no se podían satisfacer con un proyecto menos invasivo, menos violento con el entorno? Yo no estoy por negar el acceso de los chilotes a mayores alternativas de consumo, entretención, de lo que sea que un mall represente. Con lo que no estoy de acuerdo es con hacerlo a costa de destruir, en la práctica, un entorno único.

¿Qué viene luego? ¿Un mall entre los moais de Rapa Nui? ¿Uno en el Valle de la luna, para que los turistas que llegan a San Pedro de Atacama puedan comprar souvenirs? Parecen exageraciones, pero no están tan lejos de lo que pasa en Castro.

De un tiempo a esta parte, ver noticiarios se ha transformado en un suplicio. Los equipos de prensa de los canales nacionales –no haré distinciones aquí, aunque obviamente hay diferencias– parecen esforzarse por ahuyentar a la teleaudiencia. Y lo están logrando, creo.

Ya no se trata sólo de la duración del noticiario central, ese que antes terminaba puntualmente a las 22:00 para dar paso al informe del tiempo, que a su vez nos enganchaba al horario prime. Sí, influye que las noticias estén terminando alrededor de las 22:30, pero no es lo único. El problema principal es con qué se llena esa hora y media. El criterio de selección de las noticias.

Ya sabemos que hay notas y despachos inevitables. El precio de los pescados y mariscos en Semana Santa, el precio de la carne en Fiestas Patrias, las calorías de las empanadas, anticuchos, asados y chicha en la misma fecha, los tacos en los peajes cada fin de semana largo del año (recuerde eso de “masivo éxodo”), el alza de los pasajes de bus en fechas claves… la lista es larga, y creo que todos la conocemos.

Durante el verano, sin embargo, esta situación llega a límites absurdos. Notas sobre “masivos éxodos” cada dos semanas (“el recambio de veraneantes”, se le llama durante el período estival), consejos para el bronceado, carretes en el litoral, teams playeros, datos para dejar a su mascota mientras veranea, el concurso para encontrar un nuevo apodo para el futbolista de moda, notas de festivales varios (incluyendo qué comieron los animadores, claro), conflictos del reality o programa ancla del canal… suma y sigue.

No alego contra los realities, ni contra los programas de farándula o de baile. De hecho, veo varios de ellos. Pero porque elijo verlos, sé lo que debo esperar de ellos, aunque a veces me sorprendan. De los noticiarios, en cambio, ya no sé qué esperar. Porque de noticias, poco va quedando. No he hecho el ejercicio de medirlo, pero creo que con suerte se llega a media hora de información, no digamos fundamental, pero al menos con algún grado de importancia. El resto es relleno. Mal relleno.

Es cierto, el verano no suele ser generoso en información relevante. Demasiada gente de vacaciones, incluyendo a quienes generan las noticias y a quienes las cubren. Muchos estudiantes de periodismo en práctica aprovechando sus segundos de pantalla. Pero, ¿será necesario mantener o alargar la duración de estos programas si no hay contenido? Es como mantener conectado y viviendo artificialmente a alguien con muerte cerebral. No tiene mucho sentido.

Probablemente hay criterios económicos detrás de esto. Tener cifras de audiencia importantes hasta la madrugada no es mal negocio a la hora de vender avisaje, pero citando a los próceres de Aleste, hay un límite. Terminar el prime a la 1:30 no puede ser sano. No para los telespectadores que trabajamos al día siguiente, al menos.

Sólo queda esperar que algún canal se atreva a reducir su noticiario central a media hora, o algo así. Que sea un éxito, y que su rating se dispare. Que se llene de plata, y que arrastre a los demás canales a imitarlo. Que podamos, los adictos a la TV, acostarnos a una hora prudente sin perdernos demasiado. Amén.

Esta semana conocimos la multa que el TDLC impuso a las cadenas de farmacias SalcoBrand y Cruz Verde por el caso de colusión en los precios de cientos de productos: alrededor de US$19 millones a cada una. Lo más alto que permitía la ley, según se ha sabido. Y sin embargo…

Lo que puede parecer una cifra exorbitante –que lo es, para (casi) cualquier mortal– no debería preocupar demasiado a estas dos empresas, que de todos modos ya anunciaron que van a apelar el fallo. Porque si bien es bastante más alta que lo que pagó Farmacias Ahumada –la tercera cadena involucrada en el caso, y que a cambio de cooperar con la investigación logró una multa de US$1 millón–, ni se acerca a las utilidades logradas por las compañías a través de la (sucia pero común) estrategia de coordinar el alza en los precios.

Un poco más: acabamos de saber que luego de la colusión –que ocurrió a finales de 2007 y comienzos de 2008– alrededor de los 100 productos “coludidos” han subido un 35%. Por supuesto, y como siempre, las farmacias tienen una explicación. Alzas de los laboratorios, mayores costos operacionales, fin de la “guerra de precios” y un largo etcétera de excusas. El hecho es que las farmacias siguen ganando, y nosotros seguimos perdiendo.

Es que este tipo de prácticas resulta ser un buen negocio para las empresas, cualquiera sea el rubro. Si por alguna extraña razón los descubren, cosa que rara vez se da, la multa máxima no se acerca siquiera a los beneficios que lograron a costa nuestra. Con una (reducida) parte de lo que se ganó ilegítimamente, se paga la sanción. De penas para los ejecutivos que urdieron el engaño, ni hablar. ¿Cárcel? Eso es para delincuentes. Y ellos son empresarios, claro.

Un problema más: probablemente la multa la pagaremos todos nosotros, a través del alza en los mismos (y otros) productos con que ya nos perjudicaron antes. Si algo queda claro es que en este país rara vez pierden las empresas. ¿Los usuarios/ clientes/ciudadanos? Bien, gracias. Vaciando nuestros bolsillos para llenar los de un grupo que ya los tiene llenos, pero que siempre quiere más. Usted los conoce, son los (mismos) de siempre.

Hoy abusé de los paréntesis. Prometo no volver a hacerlo (en el corto plazo).

Durante los últimos días, uno de los grandes temas de debate ha sido el de las declaraciones de Inés Pérez, vecina del condominio de Chicureo que prohíbe en su reglamento que nanas, obreros, jardineros o cualquier trabajador transite a pie.

Los insultos fueron violentos. La difusión de sus datos personales, innecesaria y creo que hasta ilegal. La violencia apareció rápido. La de las declaraciones de la vecina, pero más la de muchos usuarios de las redes sociales que las emprendieron contra ella, pero también –cosa extraña– contra la gente que vive en Chicureo. Así, en general. Discriminación a quienes viven en el mismo sector en que se discrimina.
Más allá del desenlace del “caso Inés Pérez”, con la filtración de las declaraciones completas de la afectada, me quedó una sensación extraña. Es raro ver a la gente tratando de tomar la justicia en sus manos –en sus dedos, a través de sus teclados– más todavía sin tener toda la información necesaria.

Lo mismo ocurrió con el tuitero que hace algún tiempo saltó a la –triste– fama por hacer una página en la que subía fotos de mujeres gordas, las insultaba, se reía de ellas y las amenazaba. Hoy mismo alguien que no estaba de acuerdo con lo que hacía, como muchos de nosotros, lo reconoció en el metro. Y lo golpeó. El victimario, devenido víctima, subió el video a la web para que todos se enteraran.
La discriminación ha existido siempre. Sin ser un estudioso del tema, creo que es parte de la naturaleza humana, en mayor o menor grado. Aunque me alegra que se discuta el tema, porque es la única forma de luchar en su contra, no entiendo que se rasguen vestiduras por algo que se ve día a día, hace demasiado tiempo.
Una historia real: señora ABC1 que vive, claro, en el barrio alto. Contrata a una nana, pero su nombre –el de la nana– no le parece suficientemente (permítanme inventar un término) “nanesco”. Es demasiado parecido al de su hija. ¿Solución? Tratarla por un nombre que a ella le parece adecuado. Un nombre más acorde a su “condición”. Lo mismo hizo con su chofer.
De esto hace varios años. Tal vez todavía mantenga su costumbre de llamar a “la servidumbre” por nombres que, aunque no sean los suyos, le permitan diferenciarse de ellos. Parecerse sería demasiado riesgoso, demasiado incómodo. Los haría demasiado similares a ella. Justamente lo que buscaba evitar.

Esa nana, ese chofer, caminaban por la calle libremente. Desconozco si podían bañarse en la piscina. Pero eran discriminados en su propio nombre, en su identidad. Por un afán de diferenciarse de ellos, quien les daba trabajo les quitaba, en una suerte de intercambio perverso, dignidad. Eso es de una violencia difícil de asimilar, y sin embargo no se veía a simple vista.
La ley antidiscriminación es una necesidad, pero no va a solucionar el problema. La discriminación, los aires de superioridad, no se eliminan por decreto. Mientras haya gente que cree que por tener un nombre o un apellido determinado, o por vivir en uno u otro barrio, o por tener un nivel de ingresos determinado es mejor que otros, esto va a seguir pasando, con o sin ley.

Hace casi un año escribí por ahí un post sobre lo buenos que somos en Chile para utilizar eufemismos en vez de decir las cosas por su nombre. Lo hice a propósito de la ya olvidada detención de un “hombre de color” frente a La Moneda, pero el tema está hoy tan vigente como en esa fecha.

Nos sigue costando –y probablemente eso no cambiará– decir las cosas como son. Sin medias tintas, sin vueltas y construcciones lingüísticas para hacerle el quite a lo políticamente incorrecto. En tiempos en que la corrección política parece ser el bien supremo, no es fácil usar términos mal vistos. Podríamos ser tildados de intolerantes, de discriminadores.

Hoy, la discusión se centra en el cambio implementado por el Ministerio de Educación en los textos de estudio. No va más “dictadura”, que cede paso a un casi inofensivo “régimen militar”. Casi, digo, porque el cambio no es para nada inocuo. Ya habrá aparecido alguien con eso de que “el lenguaje construye realidades”, teoría que comparto. Pero en este caso es peor, porque se intenta, creo, hacer el proceso inverso: no se intenta crear una realidad –que a esta altura, creo que tenemos clara– sino destruirla. Suavizarla, si se quiere, relativizando a través del lenguaje su dureza.
Nos cuesta decir las cosas por su nombre, pero a veces es necesario hacerlo. Aunque las realidades que nombremos sean incómodas. Casi diría que especialmente si lo son, porque de esta manera las ponemos en evidencia y dificultamos que se olviden. El “nunca más”, tan manoseado, sólo es posible si tenemos claro lo que nunca más queremos vivir.

La dificultad para hablar de pobreza, remplazándola por gente en situación de pobreza; los indigentes, que ahora son personas en situación de calle; los presos convertidos por obra y gracia del lenguaje en personas privadas de libertad, son detalles al lado de un pronunciamiento o un régimen militar. Un golpe de Estado y una dictadura.

En un mundo cada vez más cuidadoso de no herir susceptibilidades, decir las cosas por su nombre no vende. Es mal visto. El problema es que ya no es tan fácil esconder la realidad, camuflarla, maquillarla. Las cosas son –o fueron, en este caso– como son. No caben relativizaciones ni salidas neutras. El lenguaje no es neutro. Ni siquiera los eufemismos, que buscan esa neutralidad, lo logran, porque reflejan la intención ya descrita de camuflar las cosas, de sacarle el poto a la jeringa.

Esta vez, me parece, la falla es más de fondo: es más políticamente incorrecto tratar de suavizar algo que en ningún caso fue suave que nombrarlo con la dureza que corresponde. El punto es que quienes decidieron el cambio –desconozco quiénes son exactamente– fueron incapaces de verlo. Creyeron que un “detalle” así pasaría desapercibido. Además de menospreciar la cada vez más potente “opinión pública” (confieso que detesto ese término, pero no encuentro uno mejor), refleja una desconexión enorme con esa masa crítica que cree que la posibilidad de avanzar y mirar al futuro depende en gran medida de asumir los conflictos, los errores y las atrocidades del pasado.
El lenguaje no es neutro. La historia tampoco lo es. No podemos tratar de tirar la basura debajo de la alfombra, porque es tanta que los montículos resultantes harán que tropecemos una y otra vez. Y ese no es el camino.